Ni la impunidad ni las víctimas son la causa de la guerra

¿Cuál debe ser la columna vertebral de las conversaciones que se adelantan en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia?

La pregunta surge por la insistencia del presidente de la República, la jerarquía católica, el Procurador general, la cúpula militar, dirigentes de partidos políticos y organismos internacionales (Parlamento europeo, Amnistía Internacional), de pretender desviar hacia temas secundarios, el tema central – causas – que dieron origen a la guerra entre el pueblo colombiano y el gobierno de la oligarquía/jerarquía católica. La paz no es dejación de las armas y acciones de guerra ni reparación de las víctimas ni mucho menos plantear el tema de la impunidad. La paz es solucionar los gravísimos problemas sociales, económicos, políticos de las mayorías nacionales víctimas de la opresión clasista de la oligarquía/jerarquía católica/latifundista, que dan origen a la guerra. Ello constituye la columna vertebral de las conversaciones de paz. La otra vía es repetir la Leyenda de Sísifo: alcanzar la cumbre de la paz, para rodar de nuevo por la pendiente de la guerra, como ha venido ocurriendo en Colombia durante 200 años de vida republicana. Si no se solucionan las causas de la guerra, es imposible alcanzar la paz estable y duradera. Es repetir el fracaso de acuerdos anteriores de paz, tanto en Colombia como en Centro América.

En las últimas semanas se ha colocado en la mesa de conversación el tema de «víctimas y victimarios«, unido al tema de «impunidad y reparación de las víctimas». Ambos dirigidos a la guerrilla y no al Estado, origen de toda violencia. La violencia nunca se origina en las mayorías nacionales (obreros, campesinos), la violencia tiene su origen en el Estado dominado por la clase oligarca/jerarquía católica/latifundista. El Estado ejerce la dictadura de la oligarquía (1%) sobre las mayorías nacionales (99%). Lenin decía, «el Estado es la clase». Toda violencia se genera en el Estado y encuentra rechazo en la sociedad (mayorías nacionales), víctima directa de la violencia del Estado.

El derecho a la rebelión de las mayorías nacionales (Artículo de la Constitución Nacional, Resolución de la ONU, Convenio de La Haya de 1907), contra la violencia que ejerce el Estado, es lo que le da beligerancia al enfrentamiento armado, cuyo origen es:

Primero, el reclamo pacífico de reivindicaciones sociales (cumbre agraria 2014): tierra para el campesino, salario para el obrero, seguridad social, democracia, salud, educación, vivienda, trabajo estable.

Segundo, cuando esas reivindicaciones sociales en lugar de ser atendidas y solucionadas por el Estado, las reprime por la violencia que lo caracteriza, estalla la guerra que, desde hace 67 años, padece el pueblo colombiano. Si toda violencia se origina en el Estado ¿Quién es el victimario? Victimario no puede ser quien ejerce el elemental derecho a la defensa, el derecho a la vida. Víctimas de la violencia del Estado son los guerrilleros que han tenido que empuñar las armas, como mecanismo de defensa, para proteger la vida. Caso de la Unión Patriótica que creyó en la participación cívica, no empuñó las armas y sus máximos dirigentes y activistas fueron asesinados. Aquellos de la Unión Patriótica que empuñaron las armas – Simón Trinidad – o aquellos que tomaron el camino del exilio – Joaquín Pérez Becerra – salvaron la vida.

Si la Constitución Nacional establece el derecho a la rebelión contra el Estado opresor ¿Dónde está la ilegalidad de las FARC y el ELN (pueblo en armas, Ejército del Pueblo), que lucha contra la opresión del Estado? Ilegal es la actuación del Estado que debe velar por la paz interna en cumplimiento del mandato constitucional. Pero hace lo contrario, en lugar de promover la paz, genera múltiples formas de violencia: masacres, asesinatos, desapariciones, fosas comunes, despojo de tierras, «falsos positivos», paramilitarismo, bombardeo de zonas campesinas, fumigaciones con glifosato, millones de desplazados hacia las ciudades, otras regiones o países vecinos. Colombia tiene la mayor cifra de desplazados por causa de la violencia del Estado. Según informe de la ONU, el 80% de la violencia (ejército, policía y paramilitares), la genera el Estado y 20% la guerrilla. ¿Quién es el victimario?

Otra forma de agudizar la violencia es permitir la injerencia de militares de Estados Unidos en la guerra, con 7 bases militares instaladas en territorio colombiano, dotadas de la mejor tecnología militar. La Corte Constitucional dictaminó la ilegalidad de dichas bases militares y tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, permanecen indolentes ante la sentencia de la Corte. Esta injerencia estadounidense transforma la guerra interna en guerra de liberación nacional por la soberanía nacional y contra el invasor extranjero.

Lo ocurrido hace doscientos años entre los pueblos americanos y el imperialismo europeo, cuyas monarquías ejercían la violencia, produjo el estallido social, la guerra de las mayorías americanas contra el Estado monárquico. Esa guerra tuvo sus prolegómenos en rebeliones que se sucedieron en diferentes regiones de América: comuneros de Paraguay; 112 rebeliones campesinas en Perú, la más notable la de Túpac Amaru; La Rebelión Comunera de El Socorro en Colombia. Todas comenzaron por simples solicitudes de reivindicación social, desoídas y reprimidas por el Estado (Virrey), lo cual provocó la guerra y, ante el avance incontenible del ejército comunero, el Virrey propuso conversaciones de paz, se firmaron acuerdos, se violaron los acuerdos y el Estado (la monarquía/jerarquía católica), impuso la violencia. Esa historia se ha repetido en Colombia, una y otra vez, durante 200 años y hace de la guerra actual, la continuación de guerras anteriores por cuanto sus causas nunca han sido eliminadas.

Al finalizar la guerra de independencia de las nacientes republicas americanas, los protagonistas (Morillo, La Serna, Canterac y demás jefes realistas), no fueron llevados ante un Tribunal para sentenciar su castigo o «impunidad» ni para «resarcir a las víctimas.» De igual manera ha ocurrido en cada país con las guerras habidas contra la opresión de la clase en el poder: guerra de la Federación en Venezuela; la llamada Revolución Mexicana (1911); las guerras en Centroamérica: Sandino, Farabundo Martí; la guerra de los barbudos de la Sierra Maestra; la guerra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); las guerrillas liberales en Colombia (1949-1953). En casi todas, los acuerdos de paz se incumplieron y los jefes guerrilleros fueron asesinados a mansalva por orden del Estado: Zapata y Pancho Villa; Sandino y Farabundo Martí; Guadalupe Salcedo y jefes guerrilleros. Siempre privó la impunidad del victimario: el Estado.

Sentar a los comandantes guerrilleros de las FARC y el ELN en el banquillo de los acusados es tan igual a sentar a Bolívar y los próceres que se rebelaron contra la violencia de la monarquía/jerarquía católica (La Inquisición). Es sentar en el banquillo de los acusados a Zapata, Villa, Sandino, Farabundo, Fidel, Raúl, El Che, Daniel Ortega, Dilma Rosseff, Pepe Mujica y todos los que han empuñado las armas contra la violencia del Estado. Los comandantes de las FARC han sido muy claros en su posición: «no hemos venido a esta mesa de conversación a negociar una celda en una cárcel, sino, a pactar la solución de las causas de la guerra para ponerles fin y alcanzar la paz estable y duradera.» 

Según Amnistía Internacional: «la columna vertebral de este proceso debe ser el tema de las víctimas, especialmente el derecho de las víctimas a la verdadera justicia y la reparación. Colombia tiene una clara responsabilidad de respetar el derecho internacional y los derechos humanos.» Dixi Amnistía Internacional.

Vale preguntarle ¿Y cuál es el derecho de las víctimas? El derecho de las víctimas comienza por solucionar las causas que provocaron la guerra, es decir, las causas que provocan las víctimas.

La actitud de Amnistía Internacional es la misma asumida por el presidente Santos, la jerarquía católica, el Procurador, la cúpula militar, jefes de partidos políticos, el Departamento de Estado, la Comunidad europea, de pretender desviar las conversaciones hacia objetivos secundarios. La Ley de la contradicción dice que, en un conjunto de contradicciones, priva la contradicción principal. Y en toda guerra social, la contradicción principal está en la causa y no en los efectos. El tema de las «victimas» es efecto de la guerra, es un tema a posteriori, que no puede atenderse hasta tanto no se solucionen las causas de la guerra: fábrica de víctimas. De manera que, la columna vertebral de las conversaciones no son, la «impunidad ni víctimas y victimarios«, como sugiere Amnistía Internacional, sino, las causas de la guerra.

El cumplimiento de los acuerdos de paz comienza por la eliminación de las causas de la guerra: tierra para los campesinos (Reforma Agraria), reivindicaciones laborales, salario, educación, salud, vivienda, trabajo estable y democracia. Si estas causas no se solucionan, de que sirve hablar de «impunidad, víctimas y victimarios«. En lugar de hablar de financiamiento para «resarcir a las víctimas» ¿Por qué no hablar del financiamiento para darle solución a los problemas sociales, causa de la guerra, solución en la cual están incluidas las víctimas?

«Colombia tiene la democracia más antigua de Latinoamérica«, dicen los altos jerarcas del gobierno. ¿Puede el gobierno colombiano hablar de democracia? ¿Qué clase de democracia existe en un país en el cual, desde hace 67 años perdura una guerra interna? La guerra y sus causas constituyen la negación de la democracia. Los gobernantes colombianos proclaman una y otra vez, «en Colombia, existe la democracia más antigua de Latinoamerica«. ¿Se refieren a la democracia que comenzó con el asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre, el destierro de Bolívar, que prosiguió con el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el asesinato de los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica: Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, senadores, diputados, munícipes y 5.000 de sus militantes? ¿Se refiere a los cientos de líderes veredales, municipales, campesinos, obreros, sindicalistas, periodistas y activistas de organizaciones que surgen para la defensa de los derechos humanos? ¡Asesinados! ¿Se refiere a las masacres realizadas por el ejército y sus paramilitares, las fosas comunes, como, La Macarena, con más de 2000 cadáveres hallados junto a una base militar? ¿Se refiere a los «falsos positivos» ideados por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos? ¿Es esta la «democracia» de la cual se ufanan los gobernantes y que durante 200 años ha existido en Colombia?

¿Se puede hablar de democracia en un país invadido por una potencia extranjera y con 7 bases militares instaladas en territorio colombiano, desde las cuales se realizan acciones de guerra (bombardeos) contra zonas campesinas? ¿Se puede hablar de democracia en un país que carece de soberanía por cuanto la presencia de un ejército extranjero, invasor, en su territorio, lo convierte en colonia estadounidense?

La dejación de las armas no es cuestión que le compete sólo a las FARC y ELN, debe comenzar por la expulsión de las 7 bases militares, la eliminación de los paramilitares (ahora denominados con el eufemismo, Bacrim) y la solución de las causas de la guerra. Única forma de alcanzar la paz.

Si se acata el Estatuto de Roma (derecho internacional), los gobiernos colombianos deben ser llevados ante un Tribunal para ser juzgados por sus horrendos, monstruosos crímenes contra el pueblo colombiano y países vecinos (bombardeo a Sucumbíos, Ecuador). Por haber alentado la guerra durante 67 años, sin intentar buscar la paz como se lo impone la Constitución Nacional.

Los intentos de paz siempre han tenido su origen en los movimientos guerrilleros. La guerrilla ha luchado para alcanzar la paz. Ha sido su objetivo fundamental, conquistar la paz y eliminar las causas de la guerra. Los guerrilleros no son una fuerza armada masoquista que le encanta vivir en las dificilísimas condiciones de vida de la selva; duras condiciones que hacen del guerrillero un ser extraordinario por sus convicciones y mística revolucionaria. Pregúntenle al general Rubén Darío Alzate Mora.

¿En dónde está la gran barrera contra la paz? La gran barrera contra la paz está en la solución de los problemas, origen de la guerra, lo cual trae la pérdida de privilegios de clase de la oligarquía/jerarquía católica/latifundista, por una parte. Y por la otra, la implementación de la democracia, negada al pueblo colombiano durante 200 años.

Las consideraciones de Amnistía Internacional referidas a la paz en Colombia, producen hilaridad. Están fuera del contexto.

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