Allanados los roces electorales, se viene la ofensiva empresarial en el plano laboral. Uno de sus frentes dice relación con el desempleo juvenil. Osvaldo Andrade, militante socialista y nominado por Bachelet como futuro Ministro del Trabajo, adelanta que su prioridad básica será el combate a este flagelo. El coro no se hizo esperar: un grupo […]
Allanados los roces electorales, se viene la ofensiva empresarial en el plano laboral. Uno de sus frentes dice relación con el desempleo juvenil. Osvaldo Andrade, militante socialista y nominado por Bachelet como futuro Ministro del Trabajo, adelanta que su prioridad básica será el combate a este flagelo. El coro no se hizo esperar: un grupo de gremios comerciales e industriales adelantan la pauta que deberá seguir Andrade para maniobrar la política del Gobierno. Entre la hoja de ruta que se ha comenzado a demarcar está la flexibilización del empleo juvenil y la regulación de la explotación laboral infantil. Neoliberalismo, al fin de cuentas.
A explotar la infancia!
Una de las mayores preocupaciones del empresariado se refieren al desempleo de la franja que va de los 15 a los 19 años de edad. En este rango, al menos en las cifras, el desempleo aparece con un «alarmante» 23,8%. Si bien, en los porcentual, la alarma parece justificada, lo central se está obviando. El tema fundamental es la existencia e indirecta legitimación del trabajo infantil. Chile suscribió en 1999, durante gestión concertacionista, la Concención sobre los Derechos del Niño. Un punto crucial fue asumir que el trabajo infantil «surge principalmente bajo condiciones económicas marcadas por la pobreza«. Un informe del Ministerio del Trabajo establece que en Chile el 64% de los niños que trabajan pertenecen al 40% más pobre de la población.
De esta forma, la orientación que Bachelet imprima a su gestión estará supeditada a los dictámenes que le impriman personajes como Jorge Prieto, presidente de los Hoteleros de Chile, quien le confesó a La Segunda en la nota citada que le preocupaba la autonomía empresarial, ya que «a mayor regulación, mayor cesantía». El emplazamiento del nivel entre los 15 y los 19 años de edad es tramposa, ya que iguala a mayores de edad con adolescentes cuyos derechos son cubiertos por la Convención organizada por UNICEF. El año 1990, Chile se compromete a «derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual o social» (Art. 32).
Fuerza de trabajo joven, por pocos pesos
Andrade, quien ya fuera cuestionado por Ana Bell, presidenta (s) de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó a la opinión pública que su estrategia está basada en dos ejes: por una parte, se subsidia la cotización previsional de los jóvenes y, en segundo término, se subsidia la modalidad de contrato por horas. Estas medidas no hallaron mayores reparos en le empresariado, pero sí fueron respaldadas con otras propuestas para fortalecer su «consistencia». Es así como plantean «relativizar» el salario mínimo y eliminar el pago de indemnizaciones por despido a los novatos.
Rafael Cumsille, presidente de la asociación microempresarial CONAPYME, sostiene que la única solución «es tomar medidas flexibilizadoras». Si bien coincide en la contrata por horas, plantea que el Estado debiese subsidiar la menos por un año tal modalidad «modernizadora», ya que es el tiempo que demora la calificación de la mano de obra novata. En pocas palabras, el contrato por horas se ajustaría a las necesidades empresariales en cuanto a reducir el costo de la mano de obra, a la par que permitiría una lata rotativa que haría disminuir -en el papel- el número de jóvenes desempleados.
En un tono «benevolente», Eduardo Browne, vicepresidente de ASEXMA no coincide en relativizar el salario mínimo, sino usarlo de referencia al momento de calcular el pago proporcional de cada hora trabajada. Seguramente esta será la mirada que la gestión bacheletista le imprima a su política laboral.
Esclavizados = silenciados
La ofensiva empresarial y gubernamental ataca primeramente al espectro juvenil en la medida que se le relaciona con otras áreas de alto riesgo. La recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la cual permite en un corto proceso, encarcelar a menores de edad, es parte de la estrategia represiva neoliberal. Los hechos recientes en Francia dan gritos de alerta sobre probables estallidos sociales en nuestro país. A ello se suma la preocupación que en la misma orientación manifestaron personajes como Felipe Lamarca, Juan Claro y la propia Democracia Cristiana.
La reforma al sistema crediticio en la educación superior, excluyente por excelencia, se suma a esta ofensiva neoliberal. Se apunta a menguar las expectativas vitales de las nuevas generaciones, reduciendo su espectro de posibilidades a la explotación descarnada o la fuga autodestructiva. Una sutil forma de inducir a aceptar silenciosamente el modelo, atrapando el tiempo y las conciencias en base a las extremas necesidades materiales de los jóvenes.
Las fuerzas progresistas, en este contexto, deben articular formas unitarias de protesta y movilización, las cuales sean capaces de evidenciar la estrategia represiva de todas estas medidas gubernamentales-empresariales. De no ser así, en pocos más, el trabajo de menores de 15 años será regulado, flexibilizado y tolerado como una normalidad propia de los tiempos. Hoy, al menos, ya se les puede poner entre rejas. Neoliberalismo, al fin de cuentas.