No hay democracia si gobiernan los mercados», decíamos hace pocos meses, cuando empezaba a estallar el ciclo de movilizaciones ciudadanas que ha conmocionado la vida política en todo el Estado y reordenado la agenda y las formas de la política, cuestionado la legitimidad de un sistema representativo que gobierna a espaldas de los ciudadanos, imponiendo […]
No hay democracia si gobiernan los mercados», decíamos hace pocos meses, cuando empezaba a estallar el ciclo de movilizaciones ciudadanas que ha conmocionado la vida política en todo el Estado y reordenado la agenda y las formas de la política, cuestionado la legitimidad de un sistema representativo que gobierna a espaldas de los ciudadanos, imponiendo sacrificios a quienes más sufren la crisis y no han tenido nada que ver en su origen, legislando en favor de banqueros y especuladores.
El régimen de la partitocracia y los mercados, para demostrarnos que teníamos y seguimos teniendo razón al cuestionar este sistema que no es democrático porque no responde a los intereses del pueblo, ha dado una vuelta de tuerca más a la situación: el PSOE, en acuerdo con el PP – como estamos acostumbrados en las grandes cuestiones, los partidos mayoritarios del r€gimen van de la mano – , ha decidido implantar una reforma de la CE para limitar el nivel de endeudamiento del estado poniendo un techo al gasto público. Una reforma rápida y por la espalda, como los mejores criminales. Como todas las reformas legislativas que ha implantado en los últimos tiempos el gobierno (desde la reforma del mercado de trabajo hasta el Pacto del Euro), ésta no ha sido votada por los ciudadanos, pues no estaba incluida en programa alguno. Como todas las reformas legislativas que ha implantado en los últimos tiempos, se mantiene y profundiza la ortodoxia neoliberal que es precisamente la que nos ha llevado a la crisis: el abandono de una lógica social por parte del estado, su entrega a los mercados, a los intereses privados y a la especulación.
La utilización falsa y manipuladora que de los conceptos económicos hacen los mercados y sus portavoces profesionales, la élite política europea, confunde a los ciudadanos. La crisis de la deuda a la que nos enfrentamos no tiene su explicación directa en el déficit de las cuentas públicas, como repiten machaconamente los periódicos y la clase política, sino en el aumento de la prima de riesgo sobre la deuda española debido a la falta de crecimiento y a la especulación que tiene lugar en los mercados financieros. Lo indignante no es que los estados se endeuden para financiar el bienestar de sus ciudadanos: lo indignante es un sistema que permite que agencias de calificación e inversores privados, que atienden sólo a sus beneficios económicos, especulen con las condiciones de vida materiales de millones de ciudadanos europeos y los derechos fundamentales que tantas luchas ha costado consolidar: primero fueron a por Irlanda y Portugal, arrasaron con Grecia, ahora se ciernen sobre Italia y España.
La reforma constitucional pactada por la partitocracia es antidemocrática porque no sólo no ha sido votada sino que se encuentra, desde el primer momento, contestada por miles de ciudadanos que llevan meses en las calles luchando contra los recortes sociales impuestos por los mercados. Limita las posibilidades de futuras generaciones y ahonda en el recorte de los derechos de todos, pues limitar la inversión pública, que no es un gasto sino una herramienta para garantizar derechos, se traduce en menor inversión en educación pública, en sanidad, en pensiones, en garantías sociales.
No es la Constitución de los jóvenes. Ni la hemos diseñado, ni ahora nos permiten participar para reformarla. Sólo el 50% de la población de este país ha votado esta Constitución, pactada con la dictadura franquista en un proceso constituyente poco democrático por contar con la amenaza, velada pero constante, del ejército sobre las cabezas de los constituyentes. Bien se encargaron de blindar temas fundamentales dentro de la misma, y de limitar las posibilidades de ejercicio político por parte del pueblo. Resulta que la CE era intocable cuando era el Pueblo quien exigía una reforma que realmente garantice los derechos fundamentales que en ella se recogen, como el derecho a la vivienda o a un trabajo digno. Resulta que ante las exigencias de mercados y especuladores la CE sí que se puede reformar, sin debate público, sin estar recogida en ningún programa político, sin que ninguno de los 46 millones de personas de este país la voten. A nte este nuevo ataque, lo tenemos claro, sólo nos queda la lucha. Hacemos un llamamiento a la movilización contra este golpe de mercado con el que los partidos del r€gimen antisocial tratan definitivamente de hipotecar nuestras vidas y de cerrar la posibilidad de la construcción de alternativas políticas más allá del dogma neoliberal, constitucionalizando la precariedad y las agresiones públicas como el único modelo posible de convivencia política y social. Porque tenemos derecho a decidir.