Se terminó la tregua unilateral de navidad ordenada desde el 20 de noviembre del año anterior hasta el 20 de enero del año que se inicia. El cese al fuego de las Farc/EP se cumplió estrictamente en un 92% según la calificación de observadores independientes. Los eventos presentados fueron el resultado de las acciones ofensivas […]
Se terminó la tregua unilateral de navidad ordenada desde el 20 de noviembre del año anterior hasta el 20 de enero del año que se inicia. El cese al fuego de las Farc/EP se cumplió estrictamente en un 92% según la calificación de observadores independientes. Los eventos presentados fueron el resultado de las acciones ofensivas que mantiene la Fuerza Armada gubernamental. El éxito de la suspensión de acciones insurgentes refleja la cohesión y unidad de sus integrantes que acatan un mando político centralizado.
El Presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el país registró un alivio evidente con la caída los hechos de guerra y los eventos del conflicto armado interno. El ambiente de paz que se experimentó ha sido notable y millones de colombianos pudieron vivir en carne propia unas condiciones de vida tranquila.
Sin embargo, el mismo Jefe de Estado se niega a considerar un cese al fuego y de hostilidades bilateral inmediato, tal como se ha propuesto por los delegados plenipotenciarios de la insurgencia en la Mesa de Conversaciones en La Habana como mecanismo para fortalecer y legitimar los diálogos que se profundizan en el tema agrario con propuestas puntuales que se aproximan a un «consenso suficiente» para impedir que la ultraderecha paramilitar del binomio Uribe/Lafaurie bloquee el avance de las coincidencias entre los representantes de las partes.
Los argumentos del Primer Mandatario no son muy consistentes pero, por lo pronto, su determinación es la de continuar la Mesa en medio del conflicto que se va a reactivar y muy seguramente a profundizar en los días y meses que vienen.
Frente a tal hecho, las Farc han propuesto la regulación del conflicto con medidas puntuales que amortigüen los efectos de la guerra en la población civil, para que la misma ocurra con unos límites irrenunciables de respeto a reglas humanitarias, en una búsqueda inclaudicable de la dignidad humana.
Lo que se propone es la organización de un Tratado bilateral de regularización de la guerra, que incluya:
i) la cuestión del uso y empleo bilateral de explosivos y de operaciones de bombardeo indiscriminado en zonas densamente pobladas;
ii) el seguimiento a las denuncias de las víctimas;
iii) el tratamiento digno de los prisioneros políticos y combatientes de la resistencia revolucionaria en las cárceles;
iv) la no utilización por parte del Estado y sus fuerzas miltares de la población civil como escudos, dejando de ubicar ex – profeso bases militares y puestos de policía en el centro de bienes protegidos, plazas públicas, escuelas, centros de salud y caseríos;
v) la prohibición del uso de minas antipersona y kleimor que siembra el ejército alrededor de las bases y en desarrollo de operativos de combate; y
iv) la verificación de todo el proceso y de los acuerdos salidos del mismo, por parte de una Comisión encabezada por organismos internacionales, escogida por mutuo acuerdo.
En Colombia existe una guerra civil, inmensamente desproporcionada en medios y combatientes, degradada, y sucia por parte del Estado, y de lo que se trata es de colocar el tratamiento de este asunto en el campo del Ius In Bello (Derecho en la guerra), ya que sus disposiciones se aplican a todas las partes o actores del conflicto.
En dicho marco jurídico hay que implementar actos o gestos humanitarios como los indicados anteriormente y otros que permitan solucionar situaciones inmediatas o cuestiones puntuales, tales también como treguas de Semana Santa, entrega de cuerpos de combatientes (se han reclamado los caídos en el ataque al campamento del comandante Raul Reyes en el Putumayo, frontera con el Ecuador), devolución de bienes de la población civil, demarcación de zonas minadas y garantías de seguridad para el retorno de población desplazada.
Lo importante de todos estos actos de regulación adicionales enunciados es que no requieren ningún tipo de formulismo jurídico o protocolario (verificación), sino que se funda en el reconocimiento de las actitudes y posturas que frente a la humanización del conflicto tenga tenga cada actor armado y a la confianza que se establezca con los mismos. En la historia reciente del conflicto armado colombiano, han sido muchos los actos y gestos humanitarios que han nacido del diario acontecer de las comunidades y los grupos armados muchos de ellos sin la mediación del Estado y sus agentes.
La regulación del conflicto es el paso indispensable ante la decisión gubernamental de dar continuidad a la guerra.
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