¡No aflojen, cabros!

Frustración e indignación produjo la propuesta que entregó el ministro de Educación, Felipe Bulnes Serrano, a los estudiantes universitarios y secundarios y al Colegio de Profesores. Se esperaba mucho más, un documento que estuviera a la altura de la magnitud y complejidad del problema y que se hiciera cargo de abordarlo a fondo, para iniciar […]

Sin embargo, no fue así. El gobierno ni siquiera intentó situarse por encima de sus compromisos ideológicos y de los intereses económicos que representa para asumir el liderazgo patriótico y la visión de futuro que reclama la mayoría del país que apoya al movimiento estudiantil. Prefirió dejar las cosas tal como estaban antes del cambio de gabinete y ahora, se encuentra hundido hasta el pescuezo en el pantano que cada día se hace más espeso con la incorporación de variados contingentes a la protesta social liderada por los estudiantes. Desaprovechando la oportunidad de enfrentar de una vez por todas un problema que se ha convertido en insoluble tanto para los gobiernos de la Concertación como de la derecha, el ministro Bulnes prefirió proponer esbozos de soluciones en algunos temas e ignorar otros que son sustanciales en la demanda estudiantil. Como es habitual, se intenta levantar falsas expectativas a través de la consagración constitucional de principios que, según inveterada experiencia, permanecerán incumplidos. A la vez se esquivan las exigencias específicas de los jóvenes universitarios y secundarios. Las movilizaciones de estudiantes y profesores -que han concitado el apoyo de millones de ciudadanos-, están alcanzando su máxima tensión. El 9 de agosto se anuncia un paro nacional que sin duda convocará un apoyo multitudinario. La intención del gobierno, en vez de hacerse eco del reclamo nacional por una educación pública y gratuita, intenta desgastar al movimiento estudiantil para desactivar la creciente protesta social que desencadena la lucha estudiantil. La propuesta del ministro de Educación trata de «emborrachar la perdiz», valiéndose de un juego politiquero, para derrotar a los estudiantes en la mesa de negociaciones y sacar el conflicto de las calles.

Demandas como eliminar el lucro en la educación, la desmunicipalización de los colegios y una clara hegemonía de la educación pública, han caído en oídos sordos. Igualmente la necesidad de una reforma tributaria y de la renacionalización del cobre como fuentes de financiamiento para una política educacional que inicie un cambio igualitario en beneficio, sobre todo, de los sectores más empobrecidos. Nada dice la propuesta del gobierno sobre estos temas. Incluso los grandes empresarios -con evidente oportunismo- han declarado su disposición a considerar una reforma tributaria dado el objetivo superior que se busca. Los 4.000 millones de dólares en seis años que el gobierno ofrece para el conjunto de la educación chilena (a razón de unos 650 millones de dólares anuales), resultan insuficientes para un sistema que abarca desde la educación preescolar hasta la formación terciaria, incluyendo la educación técnico-profesional que se encuentra en estado casi terminal. El ministro Bulnes, junto con reconocer la demanda de un financiamiento adicional a esos 4 mil millones de dólares, ha sostenido que el gobierno no puede acceder, porque arriesgaría «sensiblemente» metas prioritarias en educación, vivienda y combate de la extrema pobreza. El argumento es engañoso. Precisamente porque existen otras necesidades urgentes, se hace necesaria una reforma tributaria y gravámenes efectivos a las ganancias de las transnacionales del cobre, para atender necesidades vitales como educación, extrema pobreza, salud y vivienda, particularmente en las zonas afectadas por el terremoto. El gobierno busca salidas a medias y echa mano a medidas de contención de la protesta estudiantil con promesas y declaración de intenciones que dejan en pie el esquema impuesto por la dictadura militar que convirtió la educación en un «bien de consumo», como ha hecho suyo en un lapsus de sinceridad el presidente de la República.

En la respuesta del gobierno a los estudiantes abundan los planteamientos declarativos sin importancia práctica ninguna. ¿Qué tiene de importante, por ejemplo, que se eleve a «rango constitucional» el derecho a una educación de calidad respaldada por el Estado? ¿Ha servido de algo que la educación figure como obligación preferente del Estado en los números 10 y 11 del artículo 19º de la Constitución impuesta por Pinochet? ¿De qué ha servido -asimismo- proclamar que la educación universitaria no tiene fines de lucro? Diversos mecanismos que ahora se proponen (Subsecretaría de Educación Superior y Superintendencia) pretenden fiscalizar a los agentes privados que participan en la educación. Se trata de una fiscalización cuando menos peligrosa, porque, ¿quién fiscalizará a los fiscalizadores? Las prácticas de corrupción mediante las subvenciones escolares a los sostenedores de colegios aprobados por el Ministerio de Educación, que se han cuoteado entre la Concertación y la derecha, han llegado al extremo de condonar las sanciones a quienes violaron la ley con malos servicios, suplantación de alumnos, no pago a los profesores, etc. El asunto de fondo es que el objetivo de los sostenedores de colegios es el lucro, y por eso les interesa pagar lo menos posible a los profesores y gastar el mínimo en los alumnos para apropiarse del resto de la subvención que les entrega el Estado. No se puede asegurar que estas prácticas detestables no sigan ocurriendo. Tampoco la disminución del interés del crédito otorgado con aval del Estado a los estudiantes -que bajaría de 7 a 4 por ciento- terminará con el agobio de las familias, que seguirán haciendo prodigios para costear una educación mediocre o francamente mala, considerada una de las más caras del mundo. La propuesta del gobierno a los estudiantes en síntesis sólo se propone ganar tiempo, descomprimir las presiones de la movilización callejera y aislar a los estudiantes; o, eventualmente, abrir negociaciones que se prolongarían indefinidamente.

La propuesta ha sido evaluada a fondo por los estudiantes y profesores. Las resoluciones que ellos tomen con autonomía deben ser respetadas. La independencia de los movimientos sociales se encuentra amenazada por sectores políticos desprestigiados, especialistas en pescar a río revuelto. En estudiantes y profesores recae la responsabilidad de impedir que se utilice su movimiento para fines subalternos, ajenos a sus intereses y aspiraciones. Esa responsabilidad debe ser asumida sin las interferencias ni las tutelas que trata de imponer el oportunismo partidario. Las exigencias de los jóvenes estudiantes, que han logrado acumular una enorme fuerza, vigorosa y pacífica, creativa y dotada de profunda intuición acerca del futuro democrático que necesita la nación, deben ser atendidas por el gobierno. La magnitud alcanzada por la protesta social -y en particular estudiantil- merece soluciones trascendentes e históricas, no parches ni macuquerías politiqueras como las que se ofrecen desde La Moneda y el Parlamento. De la firmeza de los estudiantes -haciendo uso de sus derechos ciudadanos- depende abrir paso ahora a reivindicaciones democráticas que el pueblo anhela desde hace años. Los jóvenes -los que se creía que no estaban «ni ahí»- están dando una lección de civismo. La protesta social por tanta desigualdad e injusticia, estaba latiendo en lo profundo de la sociedad chilena. Se está manifestando a diario en forma pacífica y valiente. Ese sentimiento que dice basta a la injusticia, se aglutina en torno al movimiento estudiantil y a su defensa de la educación pública. Es visible el temor que la protesta social provoca a los dueños de este país, a sus medios de comunicación, a sus parlamentarios, a sus ministros… Hacía muchos años que las clases dominantes de Chile no veían desafiados sus privilegios y su poder por tan amplios sectores populares. Eso lo han conseguido los estudiantes. El resto del país se los agradece y les apoya.

¡No aflojen, cabros!

edición Nº 739, 5 de agosto, 2011 [email protected] www.puntofinal.cl www.pf-memoriahistorica.org