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No dan tregua contra los líderes sociales

Fuentes:

Siguen sin escuchar los llamados de hacer una tregua en el Conflicto Interno, que han hecho el Papa Francisco, el Secretario General de la ONU y múltiples organizaciones colombianas, porque siguen cayendo líderes, opositores y ex combatientes.

Desde el 6 marzo, día en el que se conoció el primer caso de un infectado de COVID-19 en el país, han asesinado 13 líderes sociales y 4 excombatientes de FARC; además de la masacre perpetrada en las cárceles el pasado 23 de marzo, que dejó como saldo 23 muertos y 83 heridos.

La labor de los líderes sociales beneficia a toda la población, su labor organizacional por un lado es una única respuesta a la ineficacia de las instituciones estatales, toda vez que sus acciones están encaminadas a garantizar un modo de vida digno de las comunidades.

Pese a la admirable labor e importancia de los líderes sociales, el régimen los estigmatiza, los persigue, los judicializa, y a través de fuerzas oscuras como las ‘Águilas Negras’ los asesinan y  amenazan, de esta manera impide la conformación de fuerzas alternativas que lideren las transformaciones sociales que el país requiere.

Tregua para combatir unidos al COVID-19

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, el 23 de marzo pidió a los Estados del mundo decretar un Cese de Operaciones Militares, para hacer frente de manera más efectiva a la pandemia del COVID-19, Guterres afirmó:

«La agresividad del virus ilustra la locura de la Guerra. Por eso, hoy pido un Alto al Fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de ‘poner en encierro’ los Conflictos Armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas» [1].

Al igual que la ONU, más de 120 comunidades del país en una carta abierta dirigida al Presidente Duque, exigieron un Cese de Operaciones Militares para poder centrarse en mitigar la propagación del COVID-19.

Las comunidades afirman: “necesitamos un Estado Social Ambiental y de Derecho que consolide una paz transversal e integral, que con esta crisis dimensione la importancia de un país incluyente, sin corrupción, en cooperación con toda la humanidad” [2].

La misiva de las comunidades se centra en 5 medidas urgentes:

1.- Informar a todo su personal de la pandemia COVID-19 y las consecuencias para sus vidas y las de quiénes están en contacto con ellos.

2.- Formarles en los mecanismos de prevención.

3.- Permanecer quietos en sus lugares de acuartelamiento sin realizar operaciones ofensivas.

4.- Retirar su personal de nuestros entornos o comunidades y ubicarlos a distancias que impidan expandir el virus.

5.- Abstenerse de convocar a algún tipo de reunión obligatoria.

Haciendo caso omiso de lo solicitado por la ONU y las comunidades más afectadas por el conflicto, el régimen colombiano ha aprovechado la Cuarentena, para continuar con el exterminio de los líderes sociales, sin importar que estos están haciendo frente a la emergencia sanitaria con iniciativas propias ante la desprotección gubernamental [3]. 

Continúa Guerra contra los líderes

Jhon Restrepo, Director dela Corporación Casa Diversa en la Comuna 8 en Medellín, adelanta un trabajo investigativo acerca de las victimas LGBTI del Conflicto Armado; el 26 de marzo hombres ingresaron a su vivienda y lo atacaron con arma blanca ocasionándole graves heridas. 

Jani Silva, ha sido varias veces amenazada de muerte junto a otros tres líderes del departamento del Putumayo. La Comisión de Justicia y Paz denunció que fue descubierto un plan para asesinarla en uno de los recorridos que realiza entre la Zona de Reserva Campesina (ZRCPA) y la ciudad de Puerto Asís.

Omar y Ernesto Guasiruma, líderes del resguardo del Cañón de Las Garrapatas del pueblo Embera; fueron asesinados el 23 de marzo en el corregimiento de Naranjal, Bolívar, Valle del Cauca, atentado en el que también quedaron dos indígenas heridos.

Carlota Isabel Salinas Pérez, integrante de la Organización Femenina Popular (OFP); fue asesinada el 24 de marzo en San Pablo, Bolívar.

Wilder García de 18 años, indígena Awá perteneciente al Resguardo Tortugaña, Telembí; fue asesinado el 26 de marzo en su vivienda en las inmediaciones del Rio Pipalta en Barbacoas, Nariño.

Alejandro Carvajal de 20 años, campesino perteneciente a la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM); fue asesinado el 26 de marzo por trapas del Batallón de operaciones terrestres N°9, adscrito a la II División del Ejército estatal, en la vereda Santa Teresita, Sardinata, Norte de Santander.

Yina Paola Sánchez Rodríguez, lideresa social de Montelíbano, Córdoba, denuncia que, sin hacerle las pruebas adecuadas en el centro de salud del corregimiento de Tierradentro, erradamente la diagnosticaron con COVID-19, con esa excusa el Clan del Golfo la amenazó de muerte junto a su familia y ha sido estigmatizada por demás pobladores, pese a que se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo desde el 24 de marzo.

Ivo Humberto Bracamonte Quiroz de 42 años de edad, ex concejal, actualmente dirigía el noticiero virtual NPS y era oriundo del municipio de Ayapel, fue asesinado el 18 de marzo cuando se encontraba en una cancha del barrio Betrania de Puerto Santander, Norte de Santander.

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[1] Guterres pide un alto el fuego mundial de todos los conflictos. Noticias ONU, 23-04-2020.

[2] Llamado al presidente Duque, máximo comandante FFMM. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 18-03-2020.

[3] Comunales organizan retenes en municipios y corregimientos. Rebelión, 27-03-2020. 

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