El lamentable impase de intenta iniciar un proceso “político-judicial” contra el presidente colombiano G. Petro, por parte de la institución constitucional creada por la Constitución de 1991, denominada Consejo Nacional Electoral (CNE), elevándole cargos por una presunta violación a los llamados “topes”, o limites establecidos en la financiación de la campaña electoral que lo eligió presidente y que el presidente Petro definió como un golpe de Estado en su contra, despertando un inmediato e importante el apoyo y la solidaridad internacional y una parte de la movilización social; ha demostrado, una vez más, las contradicciones irresolubles emanadas de la nefasta confusión entre las superestructuras jurídico-política e ideológica de la formación social colombiana, que contienen y mueven varias de las instituciones creadas por la actual Carta Magna de los colombianos en 1991.
El actual Consejo Nacional Electoral de Colombia o CNE, es heredero legítimo y directo (con algunas modificaciones superficiales y de nombre) de la institución constitucional Gran Consejo Electoral, creado en 1888, por la Constitución reaccionaria, autoritaria y clerical de 1886, elaborada por la inteligencia prodigiosa del patricio cartagenero Don Rafael Núñez, versificador, entre otros bellos poemas, de los versos organizados en 11 estrofas del Himno Nacional de Colombia, que todos los colombianos de cualquier edad nos sabemos de memoria.
El Gran Consejo Electoral Nuñista, estaba compuesto por seis miembros con su respectivo suplente para un periodo de un año: Dos por el senado. Dos por la cámara de representantes y dos, por la presidencia de la república. Institución más política, no podría concebirse, ni ser.
La Constitución de 1991, tomó del gran Consejo Electoral del 88, los 103 años de “resabios y marullas” excluyentes de las oligárquicas dominantes en el Poder en su esencia politiquera y, conservándole hasta su nombre, le asignó modificaciones funcionales a nueve magistrados, elegidos por el senado mediante un complicado sistema de cifras repartidoras, por un periodo de cuatro años reelegibles; hasta transformar el antiguo ente Nuñista, en una poderosa y omnipotente institución constitucional autónoma moderna:
Un incontrolable híbrido electoral, político- administrativo-judicial de vigilancia, inspección y control, con funciones financieras, sobre las transparentes elecciones realizadas en la democracia colombiana.
Basta mirar detenidamente la imagen que el mismo CNE elaboró sobre sus funciones (ver en https://www.cne.gov.co/la-entidad/acerca-del-cne) en donde el diseñador gráfico desarrolló su talento para graficar cada una de las 11 funciones asignadas por la Constitución vigente; con lupas, mazo judicial, megáfono, urnas electorales, credenciales, papel y lápiz, y sobre todo con la mano pródiga ofreciendo la infaltable la “bolsita” de dinero.
El 30 de agosto del 2022, día histórico para el país, 285 senadores y representantes del parlamento colombiano en pleno, eligieron y dieron posesión a 6 Honorables magistrados y 3 honorables magistradas (total 9), que los representaron políticamente, mostrando a su vez el talante del sancocho político dominante en Colombia:
Dos de las damas representantes del Petrismo y la otra del Santismo, los demás señores (para no decirles “manes”), dos, del partido liberal, uno del partido conservador, uno de la alianza verde, uno del Uribismo, y por último, el “inefable” personaje político feminicida Lorduy del Llerista Clan Char, quien, a su vez, fue designado por los magistrados posesionados como presidente y vocero de la institución.
A quienes se les puede sumar, un delegado de las extintas Farc, designado por la Corte Constitucional en 2017, después de la firma del Acuerdo de paz de la Habana/16, quien como “convidado de piedra, pero activo”, puede participar en las deliberaciones y grandes transacciones financieras de dicho ente, aunque sin derecho al voto.
Cuando el 8 de septiembre del 22, el presidente Petro, como buen parlamentario que fue, posesionó a estos magistrados, sabía a qué y a quienes se enfrentaba, y por eso los invitó a que lo acompañaran en su “reforma electoral y, le dieran garantías”. Con airecito de adulación les dijo: “Hoy pueden ustedes enriquecer el CNE o, si llegan a la conclusión, y la sociedad colombiana piensa lo mismo, cambiarlo por una institución más garantista. Está en sus manos que este Consejo Nacional Electoral, que hoy inicia, pueda ser el mejor, y yo espero que sea el mejor, con garantías para la oposición”, https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/08/presidente-petro-posesiono-a-los-magistrados-del-cne-y-los-invito-a-participar-activamente-en-la-reformar-electoral,
Con semejante poder en sus bolsillos, todos los pelechadores del embrollo electoral en Colombia, del centro, de la derecha y de la extrema derecha, que le legitiman, legalizan y explotan el Poder dominante y se agrupan en la llamada “oposición”. A quienes una verdadera reforma (no demagógica) del poder electoral colombiano perjudicaría en sus grandes intereses, solamente estaban a la espera de la ocasión para sacarle el “tamal guardado” al presidente, e iniciar la ofensiva contra quien los amenazaba de palabra.
La oportunidad se les fue dando: primero, el implacable cerco mediático y parlamentario a que ha sido sometido el gobierno del pacto histórico, que realmente lo ha debilitado y desgastado seriamente en sus realizaciones prometidas, habiendo frenado en el parlamento la casi totalidad de sus reformas dejándolas a nivel de demagógicas. Segundo, la proximidad del año electoral para elegir nuevo mandatario, que prácticamente ya comenzó, y tercero, la culminación de una larga investigación hecha dentro de las competencias y funciones del CNE, que deliberadamente ha confundido al candidato presidencial con la figura del presidente (en Colombia con inmunidad constitucional absoluta llamada fuero), con el fin de acusar al candidato presidencial Petro, así como al gerente de su campaña y a otros miembros de su equipo, “de la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.
…la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares)”.
Esos aportes los hizo la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.
Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también “el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)”. https://efe.com/mundo/2024-10-08/consejo-nacional-electoral-campana-petro/
Esta deliberada utilización de las contradicciones surgidas de la confusión de fueros, competencias constitucionales, administrativas, sancionatorias, financieras (en dólares) y hasta judiciales, que contiene la tan defendida pero agotada Constitución politica de Colombia promulgada en 1991; fue LO que el presidente Petro llamó Golpe de Estado. Y en eso transcurre la enervante realidad politica actual en Colombia.
La revista Semana punto com, que ha tomado periodísticamente la bandera electoral más amarilla biliosa y agresiva posible de la llamada oposición de la derecha y de la extrema-derecha, contra la autodenominada izquierda progresista y su gobierno “reformista” encabezado por el presidente Petro; inicia el ataque con un articulito, tan sesgado como exhaustivo en el sesgo y en tropel agitacional. Sin embargo, después de haber mirado bien las competencias constitucionales y jurídicas, las recusaciones y los plazos hasta la conformación del futuro nuevo gobierno en 2026, hubo concluido que la última palabra ( de llegarse a dar) sobre este delicado asunto, la tendría á la institución politica, también constitucional, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes (que algunos prefieren llamar de “absoluciones”).
En el penúltimo párrafo, el periodista semanal no pudo obviar la contundente realidad histórica y concluyó así:
..“No es la primera vez que un presidente enfrenta cargos en el CNE por asuntos relacionados con la financiación de su campaña. Lo mismo ocurrió a finales de los años noventa con Ernesto Samper, que se salvó porque el Consejo de Estado dejó sin piso las resoluciones de la época que fijaban los topes electorales. Todo esto ocurrió, aunque se comprobó que la campaña de Samper fue financiada por el cartel de Cali. En el caso de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, el CNE se abstuvo de abrirles investigación por la entrada de dineros de Odebrecht. El gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, terminó condenado en medio de un acuerdo en el que aceptó haber recibido dineros de la multinacional de los sobornos. Zuluaga está hoy enfrentando una acusación en la que el principal testigo en su contra, Daniel García Arizabaleta, entregó grabaciones que muestran la entrada irregular de dineros de Odebrecht a su campaña” …. https://www.semana.com/politica/articulo/no-incendien-el-pais-los-cargos-contra-petro-desataron-una-peligrosa-confrontacion-que-puede-llevar-a-colombia-a-un-punto-de-dificil-retorno/202422/.
Todos los casos mencionados, todos, ubicados en la neblina entre lo jurídico, lo político, lo administrativo, lo financiero, lo judicial y lo constitucional, etc, (como se desprende del párrafo citado) para suerte de la democracia y de los colombianos de bien (por aquello de la secular enredadera jurídica santanderista dominante durante siglos), han terminado en la impunidad.
No es por azar que la sabiduría popular y el sentido común enseñan que quien NO conoce o ignora la Historia, la repite. Es decir que, todas las cosas tienen su historia, la cual no conviene desconocer. El agregado del gran filósofo alemán Hegel y que inspiró a su alumno Marx, fue decir que dialécticamente unas veces esa repetición se da como tragedia y otras como comedia.
Corresponde a cada quien hacer esta valoración, sobre todo en el caso colombiano que comentamos.
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