Hace algunas semanas, una noticia tal vez ya olvidada, se coló por las rendijas de los medios de comunicación: grandes violadores de derechos humanos vieron rebajadas sus penas, acogiéndose a una ley que consagra ese beneficio. Efectivamente, existe una ley que permite rebajar penas a los condenados que durante el cumplimiento de sus condenas, hayan […]
Hace algunas semanas, una noticia tal vez ya olvidada, se coló por las rendijas de los medios de comunicación: grandes violadores de derechos humanos vieron rebajadas sus penas, acogiéndose a una ley que consagra ese beneficio.
Efectivamente, existe una ley que permite rebajar penas a los condenados que durante el cumplimiento de sus condenas, hayan observado buena conducta, permitiéndoseles recortar dos o tres meses por cada año cumplido.
Lo cierto es que la existencia de esa ley y de esos beneficios refleja la incomprensión y desconocimiento que existe en la sociedad chilena de las violaciones de los derechos humanos, que necesariamente por su particular naturaleza debieran tener un tratamiento distinto. No por nada, son delitos en que el delincuente es el Estado.
Cuando esos ilícitos constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra deben tener un punto de vista completamente distinto a los denominados delitos comunes. Así es al menos en el mundo más desarrollado, donde se distingue entre el genocidio y el robo común y corriente.
En esas sociedades, ese enfoque distinto es una realidad, los delitos contra los derechos humanos, han alcanzado el rótulo de «imperdonables», por ello es que -a diferencia de lo que acontece con los delitos comunes, en que se pueden aceptar prescripciones y amnistías- no ocurre lo mismo con los de lesa humanidad o graves crímenes de guerra.
Sin embargo, todo indica que estamos uniformados como país, en el concepto de la macroeconomía, pero tenemos un disenso enorme en la conceptualización de delitos contra la humanidad.
Es por ello que se nos aparece como incomprensible el que midamos con el mismo parámetro a los militares genocidas y violadores de derechos humanos chilenos, con el NN que arrebató por sorpresa, el colgante de una mujer en la multitud del Paseo Ahumada.
En los hechos, desde cualquier perspectiva moral que se asuma, es imposible equiparar la conducta de los genocidas con la de los rateros. Sin embargo, en la práctica, bajo el presupuesto de la buena conducta, las rebajas de penas son iguales para unos y otros.
Los que hicieron desaparecer personas, los que ejecutaron a compatriotas en la más absoluta ilegalidad y arbitrariedad, cumplen condenas en recintos especialmente acondicionados, con TV cable, Internet, teléfonos, horarios de visita a discreción, alimentación sugerida por nutricionistas, asistencia médica, cabañas individuales, agua caliente, dietas especiales, lugares habilitados para recibir sus visitas comunes y conyugales, espacios abiertos cubiertos de flores y césped para pasear y reflexionar acerca de sus vidas y proyectos, con un trato acorde con sus graduaciones militares, sin mayores restricciones y controles exhaustivos sobre sus visitantes, más parecen casas de reposo que cárceles.
Ninguno de ellos vivirá a la intemperie. Nadie teme ser violado o violentado por su ocasional vecino. Son, verdaderamente, un paraíso, más si se lo compara con la forma en que cumplen sus penas los presos de la Penitenciaría de Santiago. Ahí no se sabe si alguien alcanzará a cumplir su condena, porque la muerte siempre le acechará, ya sea en una riña o en un motín. Allí nadie está libre de mantener su virilidad incólume. Nada está asegurado en ese lugar. No hay confort ni fineza en la forma de vivir. Es, simplemente, la ley de la selva, la de supervivencia extrema. Internet, TV cable, agua caliente, lugar para una dieta especial, privacidad para una cita conyugal son verdaderas utopías, que nunca cristalizarán.
Ahora bien, mantener una buena conducta, un comportamiento incólume en esas condiciones, viviendo en el infierno mismo, es simplemente pedir lo imposible.
Esas circunstancias parecieran ser que no fueron consideradas por la Comisión Judicial de Rebaja de Penas, puesto que es evidente que se está cometiendo una enorme injusticia que es imprescindible remediar, salvo que sea lo mismo hacer desaparecer personas que hacer desaparecer un colgante en el cuello de una mujer.
En definitiva, no es lo mismo tener buena conducta en el infierno que tenerla en el paraíso.
Nelson Caucoto Pereira es abogado de Fasic