La «paz total» como estrategia del gobierno para erradicar definitivamente la violencia de la sociedad colombiana es un gran acierto del presidente Gustavo Petro.
La misma ha ido mostrando paulatinamente cada uno de sus componentes para abordar las manifestaciones específicas y regionales del conflicto social y armado con sus diferentes actores como expresión de distintos fenómenos sociales, políticos, ideológicos, históricos, territoriales, étnicos y criminales.
Las reformas a la Ley 418 de 1997 (ver https://razonpublica.com/ley-orden-publico-la-paz-total/) que se tramitan con mensaje de urgencia en el Congreso de la república con importantes avances, sin duda, serán una plataforma institucional adecuada como marco legal de referencia de los diálogos y acuerdos que se logren con las guerrillas revolucionarias (Farc EP, Eln, Nueva Marquetalia y EPL) de base marxista, leninista, camilista y maoísta que hacen presencia en el territorio y en las fronteras.
Una nueva ley penal pretende fijar las reglas de sometimiento de las estructuras criminales (Urabeños, Rastrojos, Pachencas, Zotas, Espartanos, Milagrosa, Caparros, Flacos, Palustres y otros), ligadas al negocio internacional del narcotráfico y al nacional del microtráfico, la corrupción y el desplazamiento de campesinos para despojarlos de sus tierras.
Sin embargo, hay un problema muy grave que seguirá gravitando en los avances de la Paz total. Me refiero al neoparamilitarismo diferenciado como hecho político y militar asociado con el poder de las Fuerzas Armadas y de las elites oligárquicas, que lo utilizan para sostener con la violencia los privilegios y las estructuras de dominación sobre la sociedad y el estado tal como claramente lo demuestra Samuel Huntington en su obra clásica «The Soldier and the State», que recomiendo retomar por la vigencia de sus consideraciones analíticas (Ver chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.press.umich.edu/pdf/0472109693-em.pdf.).
Como bien es sabido, los paramilitares surgieron en Colombia en febrero de 1962, luego de una visita al país del General William P. Yarborough, (1962), director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragg Carolina del Norte en USA), encargado de revaluar la estrategia militar de Estados Unidos en Vietnam, Argelia y Cuba, quien redactó un Suplemento Secreto al Informe de su visita que se refería a la creación de organizaciones de «tipo antiterrorista» y para la «lucha anticomunista», en los siguientes términos: «debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después».
En ejecución de esta estrategia contrainsurgente, y respaldada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, el 27 de diciembre de 1965 el gobierno del presidente Valencia expidió el Decreto 3398 (luego Ley 48 de 1968 durante el gobierno de Lleras Restrepo) que permite a las Fuerzas Militares organizar la «defensa nacional» y la «defensa civil», y entrenar y dotar de armas de uso privativo a habitantes en zonas de resistencia guerrillera y organizar grupos armados de Autodefensa coordinados por el Ejército Nacional, con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación y los apoyara en la lucha contrainsurgente, es decir estas normas fueron el fundamento legal para la promoción y organización de las autodenominadas «autodefensas» o paramilitares. Normativa que fue declarada inexequible o inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 1989. Desde 1969 se emitieron una serie de Manuales y Reglamentos de Contraguerrilla por el Ejército colombiano, los cuales demostrarían la creación de grupos paramilitares bajo la aprobación del gobierno colombiano, en la perspectiva analítica de Huntington.
Posteriormente estas autodefensas como las del Magdalena Medio, las de Urabá, Córdoba, los Llanos, Cundinamarca y Valle del Cauca mutaron en las conocidas Convivir, creadas durante el gobierno de Ernesto Samper (1995), que seguidamente darían pie a la masificación de los grupos paramilitares liderados por los hermanos Castaño y acompañados por las facciones de la ultraderecha involucradas con las mafias del narcotráfico como las vinculadas con el uribismo y el Centro Democrático.
Tales grupos paramilitares y sus bloques aparentemente fueron desmovilizados en el año 2005 y sometidos a las Ley de justicia y paz (o Ley 975) que otorgo beneficios judiciales a grupos involucrados en masacres, desplazamientos, despojos de tierras y en delitos de lesa humanidad.
Aun así, reapareció un fenómeno de similares características en los años posteriores (2006-2022) que ha sido denominado como neoparamilitarismo en el que se han involucrado cientos de paramilitares, militares, políticos y otros funcionarios públicos. El neoparamilitarismo contrainsurgente sigue siendo el brazo armado y violento de las elites regionales (políticas, empresariales y militares) para conservar sus privilegios en todos los órdenes sociales.
Grupos neoparamilitares son los Urabeños, los Rastrojos, los Paisas, los Caparros, los Pachencas, los Puntilleros, los Cuchillitos, los Centauros, los Carranceros, los Pradas, los Flacos, la Oficina de Envigado, la Cordillera y otros que será necesario caracterizar a propósito de la Paz total, que son promovidos activamente por batallones, brigadas y Fudras del ejército, no obstante los limitados cambios ocurridos recientemente en las Fuerzas Armadas después de la posesión del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto.
Los jefes de este neoparamilitarismo ya se conocen. Hay varios nombres: Siopas, Chiquito Malo, Gonzalito, Palustre, alias el Mono, Coronel Mira (Cartago), Toto (Quindío), Jorge 40, los Prada (Aguachica), Don Antonio, Diego Vecino, Ramon Quintero RQ, Rodrigo Flechas, Macaco y su hermano, Juan Sin Miedo (GZuluaga), Jorge 40, hijos de Ramon Isaza, Jorge Pirata (Pacho, Cundinamarca), AGasca, Nebio Echeverry (Guayabero), el Gurre (Granada, Meta), Don Antonio (Barranquilla), Juancho Dique, Ismael (San Andresito de Bogotá en la Jiménez con 20) y otros que ya están saliendo a la luz pública, que, de la mano del uribismo, están reorganizando en Antioquia, Urabá y el Meta nuevas redes del neoparamilitarismo.
Desafortunadamente los actuales líderes de la paz total están ignorando esta grave problemática que seguramente afectará los diálogos y negociaciones en curso con los distintos grupos guerrilleros, porque así se determinen treguas bilaterales o multilaterales el ejercito continua con sus operativos y ofensivas manipulando este nefasto neoparamilitarismo que ya causa estragos en los territorios del Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, Catatumbo, Córdoba, Choco, Antioquia y en la frontera con Venezuela, provocando incidentes con muertes de soldados como el ocurrido hace varios días en Argelia Cauca.
Sin erradicar ese neoparamilitarismo los avances de la paz total se complican y dilatan.
Nota. Muy seguramente las Mesas de diálogos y negociación que se conformen con las guerrillas del Eln, las Farc EP, la Nueva Marquetalia y el Epl van a requerir nuevos estudios del fenómeno de la violencia que ojala no repitan los documentos de los denominados violentólogos y más bien retomen la línea de los trabajos de Monseñor Guzmán, de Umaña y de Fals Borda (1960), sustentados hoy en las epistemologías del sur, en los estudios complejos de la pobreza, en los análisis filosóficos transdisciplinarios y en los saberes de las comunidades locales. Los “estudios locales” deberían ser la ruta a seguir en estos casos, para eludir los documentos de expertos académicos bogotanos desconectados de los territorios y llenos de teorías que son resultado de trabajos de escritorio descontextualizados.
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