El miércoles de la semana pasada se dio a conocer que «la Intendencia de la Región del Biobío en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, elaborarán un Plan de Apoyo Social para auxiliar» a pescadores que acrediten sufrir los efectos económicos de la rebaja de la cuota de pesca de sardina y anchoveta. […]
El miércoles de la semana pasada se dio a conocer que «la Intendencia de la Región del Biobío en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, elaborarán un Plan de Apoyo Social para auxiliar» a pescadores que acrediten sufrir los efectos económicos de la rebaja de la cuota de pesca de sardina y anchoveta.
Sin duda constituye un logro, aunque relativo, pues no están fijadas las condiciones de este «apoyo social» ni tampoco está prevista la participación de pescadores en su diseño. Por otra parte, su nombre ya adelanta el carácter con que este plan va a ser implementado, indicando que se expresará en bonos de pervivencia para el grupo que acredite «estar afectado».
Los «bonos» para los trabajadores de la pesca han tenido una trayectoria que se inicia cuando se empezaron a sentir los efectos de la sobreexplotación y se han vuelto más recurrentes en tanto ésta ha provocado el colapso o disminución de más pesquerías. Este proceso comenzó luego de la merma de captura de jurel en 1996 y ha persistido hasta ahora, cuando no se ha podido pescar sardina y anchoveta de acuerdo a lo esperado, simplemente porque no existen poblaciones adultas de las cuales la industria reductora a harina pueda sacar provecho.
Lo crítico de esta situación es lo que se omite del debate público, que es la inexistencia de un Plan de Pesca Sustentable que recupere las poblaciones de peces y establezca regímenes y métodos de pesca garantes de sustentabilidad. Actualmente, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca definen cuotas de captura a partir del cálculo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el cual ha mostrado su ineficacia. Un caso, es lo ocurrido en la presente temporada de captura de sardina y anchoveta en que la Subsecretaría estableció cuotas de captura a partir de los valores del año 2014, sin que tuvieran correpondencia con la biomasa existente en marzo de 2015. Es muy probable que el cálculo del RMS no haya integrado los efectos del aumento de cuota de captura de 2014 bajo el pretexto de «pesca de investigación» o las consecuencias de la contaminación vertida por plantas de celulosa y termoeléctricas en el hábitat de estos peces, la costa.
De este modo, se perpetúa una política pesquera que sigue abultando resultados nefastos para la calidad de vida de la población, pero funcionales a empresarios que si no quedan peces emprenderán nuevos negocios, tal como lo ha hecho la familia Lecaros Menéndez que, a través de la marca San José, ahora comercializa, junto con jurel, arroz. El último informe del «Estado de las principales pesquerías chilenas», publicado en marzo, declaró que de las 38 pesquerías estudiadas, 8 califican en un «estado de plena explotación», es decir, las que se encuentran en el falaz equilibrio del RMS, muestra de ello es el caso de sardina común, que desde Valparaíso a Los Lagos, figura en esta categoría. Junto a éstas, se le concede a 8 pesquerías el estado de sobreexplotación y a otras 8 el de colapso o agotadas, entre ellas la merluza común o pescá’.
La diferencia entre el necesario Plan de Pesca Sustentable y este «Plan de Apoyo Social» es que el primero entiende a los trabajadores de la pesca como imprescindibles para el aprovisionamiento de un alimento fundamental en nuestra dieta y por ello en su actividad debe utilizarse un criterio precautorio, sin poner en riesgo la reproducción de las poblaciones de peces. Un Plan de Pesca Sustentable también debería propiciar la asociatividad y el mejoramiento de la calidad de vida, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad costera en las labores de procesamiento y distribución de pescado, conformándose cooperativas que sustituyan al empresariado y su actual control de la captura, proceso y distribución de los productos marinos.
Estos proyectos que aspiran a pescar para vivir, no tienen cabida en la política pesquera actual manejada desde la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) que ve a los trabajadores como a cualquier instrumento, sólo considerables en tanto sirvan y a las poblaciones de peces como mercancías a su disposición para a ser extraídas. Hoy, la Ley de Pesca aprobada en el 2012 muestra su total ineficacia para cumplir los objetivos declarados por su impulsor, Pablo Longueira, pero además fue develada la forma en que se aprobó: a punta de sobornos a la corrupta clase política. Hace tiempo es el momento de replantearse la política de administración pesquera. Se han perdido muchas oportunidades y cada vez quedan menos.