El acoso desatado en el Estado español hace que la Comisión Internacional de Verificación vea «extremadamente difícil, si no imposible» seguir con su trabajo. La situación es inédita: Ram Manikkalingam constata que «no existe precedente alguno» de rechazo institucional al desarme de «un movimiento armado con 50 años». Los poderes españoles en conjunto se están […]
El acoso desatado en el Estado español hace que la Comisión Internacional de Verificación vea «extremadamente difícil, si no imposible» seguir con su trabajo. La situación es inédita: Ram Manikkalingam constata que «no existe precedente alguno» de rechazo institucional al desarme de «un movimiento armado con 50 años». Los poderes españoles en conjunto se están alineando con el PP, lo que abre a su vez una auténtica sima con la opinión pública vasca.
Ram Manikkalingam ha intervenido en intentos de solución pacífica en Sri Lanka, Irlanda e Irak: Ronnie Kasrils, en Sudáfrica, Palestina o Sahara; Satish Nambiar, en Cachemira, Croacia, Bosnia y también Sri Lanka; Chris Maccabe, sobre todo en Irlanda, pero además en Sri Lanka, Kosovo y Tanzania. Se trata, en todos los casos, de conflictos armados más virulentos que el vasco. Con este bagaje a sus espaldas, los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) no pueden ocultar su asombro ante la respuesta española al paso dado por ETA con el inicio del desarme.
Su portavoz, Ram Manikkalingam, lo reflejó en una nota emitida el martes, a la vuelta de su paso por la Audiencia Nacional. Sus conclusiones no tienen desperdicio: «No existe precedente alguno, ni otro ejemplo, en ningún lugar del mundo, en que un movimiento armado como ETA, con un historial de 50 años a sus espaldas, se haya ofrecido a emprender un proceso de poner sus armas, municiones y explosivos fuera de uso y eso no reciba el aval positivo de las instituciones formales».
Manikkalingam decidió explicarlo públicamente tras constatar que se generalizaban los intentos de menospreciar el paso de ETA y el trabajo de los verificadores, retorciendo para ello filtraciones de su declaración en la Audiencia Nacional española. Por tercera vez, tras hacerlo ya el viernes en Bilbo y el domingo ante el tribunal especial, el profesor de la Universidad de Amsterdam recordó que «por primera vez en 50 años, ETA se ha comprometido a poner sus armas fuera de uso de manera verificable y ha señalado que este es un primer paso en un proceso unilateral de poner fuera de uso operativo la totalidad de sus armas, municiones y explosivos». Insiste en que «existe una oportunidad genuina» y denuncia que «los debates y discusiones sobre cómo se llevó a cabo la primera puesta fuera de uso y sobre la cantidad de armas y material inutilizados olvidan el objetivo de fondo».
Fernández vuelve a la carga
Pero a estas alturas está claro que el afán de los verificadores en explicar su labor y hacer pedagogía de la paz no tiene recorrido en Madrid. Si en un primer momento cabía pensar que el intento de minusvalorar e incluso ridiculizar el inicio del desarme era iniciativa de los sectores más ultras, el Gobierno del PP lo ha abanderado y ha conseguido que casi todos los portavoces políticos y medios lo hagan suyo sin rechistar.
Ello abre a todas luces una sima enorme entre las opiniones públicas española y vasca, que sí entiende el mensaje de los verificadores y los apoya. Por contra, el Ejecutivo español no deja de lanzar andanadas, aunque sea incurriendo en contradicciones evidentes. Así, el ministro del Interior, que el jueves en París y el viernes en Madrid asumió a regañadientes que el paso de ETA era «positivo», vuelve ahora al discurso más duro: «Esto es un proceso de disolución, no de paz», dijo el martes. Y también: «No se negocia, se les derrota».
«Vamos a culminar este trabajo consiguiendo la disolución definitiva de ETA y la entrega total de armas, y mientras no lo haga seguirá siendo una banda terrorista y la Policía y la Guardia Civil seguirán actuando», añadió Jorge Fernández Díaz.
Para la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, el vídeo difundido el viernes con el primer sellado e inventariado de arsenal de ETA es «una tomadura de pelo», «un mal sainete», «un vodevil» y «una falta de respeto a la inteligencia del pueblo español».
El PP deja además que sus portavoces más lenguaraces se vengan arriba. Es el caso del eurodiputado Carlos Iturgaiz, que tras mucho tiempo sin relevancia mediática alguna se ha dirigido ahora a su propio Gobierno para pedirle una orden que impida entrar al Estado español a los verificadores. Plantea «detenerlos, interrogarlos y expulsarlos» por estar «a las órdenes de ETA». Iturgaiz asegura creer incluso que «así ocurriría en cualquier país del mundo».
Desde el PSOE se aprecia cierta incomodidad, aunque no se defiende a los verificadores. Su secretario de Organización, Óscar López, se limitó ayer a apuntar que «es mejor ir hacia adelante que hacia atrás».
Los agentes vascos perseveran
Además de denunciar la actitud de Madrid, la nota de Manikkalingam tiene otro subrayado que inquieta en Euskal Herria y que ya adelantó en el Carlton: los verificadores no creen que vayan a poder seguir con su labor en estas condiciones. «Es extremadamente difícil, si no imposible, ayudar», confiesa. Por ello, pide a gobiernos, líderes y ciudadanos que «decidan si se deben definir maneras en que se pueda asegurar que ETA continúa de forma unilateral un proceso irreversible de poner fuera de uso operativo la totalidad de sus armas».
Hasier Arraiz, presidente de Sortu, coincidió en Radio Euskadi en el diagnóstico de que «ETA poco más puede hacer sin unas mínimas garantías». Pero abogó por «agudizar la imaginación» y mantener el liderazgo del proceso de paz desde Euskal Herria.
Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia de Lakua, se declaró esperanzado en poder llegar «hasta el final» porque «existen condiciones». «Hay alternativas y las vamos a buscar», aseguró. También dijo, tras hablar con los verificadores en Madrid, que estos desean seguir trabajando por encima de dificultades y obstáculos.
Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, recalcó que en Euskal Herria «es un clamor» el apoyo a los verificadores y les animó a continuar.
Eurodiputados vascos instan a Bruselas
La Comisión Europea (CE) fue interpelada anoche en el Plenario por el europarlamentario de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, que remarcó la «muy buena noticia» del viernes. Tildó de «decepcionante» la reacción de Madrid y París y planteó que «la Unión no se puede quedar cruzada de brazos».
«Si entre sus objetivos fundamentales está salvaguardar la paz en Europa, no tiene excusa para no involucrarse activamente y ayudar al cierre ordenado del último conflicto armado en Europa. Y cuanto antes, mejor», subrayó Irazabalbeitia.
Por su parte, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha llevado al Parlamento Europeo la persecución a los verificadores, a través de una pregunta que requiere un posicionamiento de la CE. No obstante, es previsible que esta responda con su manual habitual, al que recurrió la vicepresidenta Vivianne Reding, preguntada anteayer en Barcelona: «Es un tema interno, no nos corresponde».
Bilbao recuerda que «la UE se implicó activamente en el proceso irlandés desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, que recomendaba crear una comisión de desarme». Destaca que esta trabajó después «sin que ninguna instancia judicial tuviese la peregrina idea de citarlos a declarar para ver dónde, cómo y con quién se entrevistaban».