Los vecinos de Caño Seco, los detenidos durante el asesinato, el campesinado, las organizaciones sociales, todos en Arauca sabían la verdad. Esta verdad popular, no obstante, no correspondía a la verdad oficial, la del establecimiento. La mentira era defendida a capa y espada por quienes a través de leyes y retóricas buscan desde ya escapar […]
Los vecinos de Caño Seco, los detenidos durante el asesinato, el campesinado, las organizaciones sociales, todos en Arauca sabían la verdad. Esta verdad popular, no obstante, no correspondía a la verdad oficial, la del establecimiento. La mentira era defendida a capa y espada por quienes a través de leyes y retóricas buscan desde ya escapar a la verdad y a la justicia que habrá de llegar: AUV, Francisco Santos, el desechado ex – ministro de Defensa y los mandos militares soltaron especies y versiones tan contradictorias como absurdas, se inventaron armas, huidas y combates con las víctimas.
En la realidad las víctimas «fueron colocadas en situación de indefensión e inferioridad por los militares antes de dispararles por la espalda». Según la fiscalía los militares actuaron «con propósitos criminales, amparados en la investidura militar y por orden de uno de ellos o por quien comandaba el operativo». Pero, realmente, en qué lugar, en qué momento y quién dio la orden de asesinar a los tres reconocidos dirigentes sociales araucanos?
Los testimonios y las pruebas técnico-científicas «permitieron descartar que los asesinatos hayan sido producto del pretendido enfrentamiento, los disparos se hicieron en la modalidad de corta distancia», es decir, las víctimas fueron ultimadas a quemarropa, además se evidenció manipulación en la escena del crimen con el fin de entorpecer la investigación. Un fiscal ético de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, ha calificado el acto investigado «como un crimen de guerra y de lesa humanidad».
Luego de practicar exámenes de absorción en las manos de las víctimas para determinar si habían efectuado disparos con las armas incautadas por el Ejército junto a los cuerpos, tal como lo afirmaron los militares, no se encontraron residuos que lo corroboraran.
La Fiscalía también determinó que «los tres sindicalistas fueron seguidos por los servicios de inteligencia del Ejército, adscritos a la Brigada 18, de tiempo atrás».
Alirio Martínez, vecino del Botalón, en zona rural de Tame, era el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Aduc); Leonel Goyeneche era directivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), en Arauca; y Jorge Prieto pertenecía a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de trabajadores hospitalarios de Colombia (Anthoc).
Este esclarecimiento se produce a pocos días de que la fiscalía ordenara la captura de los militares implicados en el asesinato de cinco campesinos, entre ellos un niño de seis meses, en el Municipio de Cajamarca. Las versiones militares hablaron también esta vez de combates y fuego cruzado. En esa ocasión el Estado colombiano, a través de los mismos funcionarios que criminalizaron a los líderes sociales araucanos, se inventaron unos hechos y construyeron una mentira, vendida como verdad al conjunto de la sociedad colombiana en los grandes medios de comunicación del establecimiento. La verdad oficial en los medios de comunicación oficiales, una sola moneda, aparentemente sin sello, con dos caras y un solo Estado mitómano.