Los liderazgos sociales y comunales juegan roles importantes en el funcionamiento de la democracia local y la construcción de paz; este rol cobra aún más importancia de cara a las elecciones regionales de 2019. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país sigue siendo crítica; las constantes y crecientes agresiones […]
Los liderazgos sociales y comunales juegan roles importantes en el funcionamiento de la democracia local y la construcción de paz; este rol cobra aún más importancia de cara a las elecciones regionales de 2019.
La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país sigue siendo crítica; las constantes y crecientes agresiones y asesinatos, aunado a la sistematicidad de los hechos, evidencian la política de extermino que ejecuta el Régimen contra los movimientos sociales.
Clamor internacional por el derecho a la vida
Este sábado 13 de julio, la ONU culminó su visita de tres días en Colombia, en la que exigió al Gobierno «cortar por lo sano los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros» [1], según INDEPAZ desde la firma del Acuerdo han asesinado más 700 líderes sociales y 135 excombatientes.
Estas exigencias no son nuevas en ocasiones anteriores organizaciones internacionales han hecho el mismo llamado:
El Relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los defensores de derechos humanos, Michel Forst en su visita en noviembre de 2018 afirmó: «Me han horrorizado, consternado las versiones de los campesinos, afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan, sin poder decir el nombre de los victimarios» [2].
Igualmente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las ONU en la presentación del Informe en junio de este año, aseguró que: «Se sigue observando que el Estado llega solamente a través del Ejército, por lo que este debe desarrollar tareas que no son propias de su responsabilidad institucional» [3].
La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, señaló en febrero de este año: » El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios» [4].
Secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Bruno Duffé, en su visita a Colombia en febrero de 2019, indicó que: «la represión y la violencia contra un gran número de miembros de la sociedad colombiana es un suicidio organizado, hay un tipo de genocidio social y político operando. No es posible hablar de democracia» [5].
Varias personalidades defensoras de derechos humanos, entre ellas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y decenas de instituciones dijeron que: «hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del Estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios (…)» [6].
La persecución no logra detener la lucha social
Pese a las constantes amenazas los líderes de los Montes de María en Bolívar y los del Norte del Cauca, han manifestado que no abandonaran los territorios y al Gobierno su protección.
Líderes del Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Toma , denunciaron amenazas en su contra, dentro de los líderes amenazados están Francia Márquez, Alexis Mina, Nifer Díaz, Clemencia Carabalí, Alfredo Bonilla, Erley Ibarra, César Cerón, Lisifrey Arará, y Luis Armando Vargas.
Andrés Chica defensor de derechos humos de la A sociación Cordobexia, manifestó que actualmente se encuentran 72 lideres amenazados en el Departamento de Córdoba.
Con panfleto amenazan a 35 personas en San Onofre, Sucre; entre los que se encuentran defensores de derechos humanos y Teódulo Cantillo aspirante a la Alcaldía.
Dalia del Carmen Molina es una lideresa social y promotora cultural, pertenece al Consejo comunitario afro del Cofuso en Fonseca, Guajira; se ha opuesto abiertamente a los procesos Minero-Energéticos en su región. Por ello viene siendo víctima de amenazas e intimidaciones.
José Leandro Chavarría Castrillón de 23 años, excombatiente formaba parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, Ituango; fue asesinado el pasado 16 de julio.
Arbey Ramón , tesorero del comité de carretera en Miramar municipio La Montañita, Caquetá; fue asesinado el sábado 20 julio cuando iba para una reunión del comité.
José Rodolfo Ortiz Castillo de 72 años, perteneció al Frente 15 de las FARC, se acogió al Acuerdo de Paz y se dedicaba a la agricultura; fue asesinado con arma de fuego en su casa el 15 de julio, en Puerto Tejada, municipio de Solano, Caquetá.
Notas
[1] Preocupación de la ONU por el asesinato de los líderes. https://www.france24.com/es/
[2] Informe de la ONU: «Ser defensor de derechos humanos en Colombia es de alto riesgo» Diario azvision 06 Diciembre 2018.
[3] ONU: llama la atención sobre situación de líderes sociales en el Caribe. El Espectador. 11 junio de 2019.
[4] «El asesinato de líderes sociales no es una prioridad del gobierno Duque»: Amnistía Internacional. El espectador, 7 Feb 2019.
[5] «Colombia sigue en el camino de la guerra» Bruno Duffé, enviado del Vaticano. Colombia Informa. 3 de marzo de 2019.
[6] Repudio y llamado internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia. Resumen Latinoamericano. Junio 10 de 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.