NHMN, las iniciales que utilizaba Jorge Enrique Pizano (QEPD), auditor de Aval en el consorcio con Odebrecht, para referirse a Néstor Humberto Martínez Neira, también pueden significar No Hay Moral Ninguna. Al menos, en el fiscal NHMN, no hay ninguna moral pública, en tanto garantía de los intereses generales sobre los particulares y de la […]
NHMN, las iniciales que utilizaba Jorge Enrique Pizano (QEPD), auditor de Aval en el consorcio con Odebrecht, para referirse a Néstor Humberto Martínez Neira, también pueden significar No Hay Moral Ninguna. Al menos, en el fiscal NHMN, no hay ninguna moral pública, en tanto garantía de los intereses generales sobre los particulares y de la ley sobre el crimen. Dicha moral pública está extraviada en la Fiscalía desde hace por lo menos 16 años.
La Fiscalía, concebida como institución clave y líder en la persecución del delito y la criminalidad organizada, ha sido uno de los mayores fiascos de la Constitución del 91. No tanto por su diseño normativo, que la adscribe a la rama judicial (artículo 249 CP) para prevenir así su conversión en un instrumento de persecución política por parte del Ejecutivo, sino por la dinámica política de nuestros más agudos conflictos, en donde la fusión de la política con el crimen es cada vez más ostensible y visible. Al punto que ha convertido dicha institución en una coartada perfecta para perpetuar la impunidad. Basta pasar revista a los últimos fiscales y la función que han cumplido al frente de la misma.
La Fiscalía General como coartada institucional para la impunidad
El exfiscal Luis Camilo Osorio, postulado por el entonces presidente Andrés Pastrana, cumplió a la perfección su papel de encubridor de los más atroces crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares desde el 2001 al 2005. A tal punto, que hoy se encuentra subjudice por su criminal complicidad, como se puede verificar en «Exfiscal Luis Camilo Osorio de nuevo bajo la lupa» (Verdad Abierta).
Luego, para garantizar un tránsito sin sobresaltos en la aplicación de la ley 975 de 2005, fue nombrado fiscal general Mario Iguarán, quien como viceministro de Justicia estuvo encargado del diseño de dicha norma -eufemísticamente conocida como ley de «Justicia y paz»- junto a su jefe, el ministro Sabas Pretelt, posteriormente condenado por cohecho impropio en el célebre escándalo de la yidispolítica, que cambió el articulito para la reelección de Uribe.
Salta a la vista el sutil entramado de criminalidad institucional que desde entonces se fue tejiendo, consolidando la paradoja de una casi perfecta impunidad legal y política, pues propició una reelección presidencial alcanzada mediante la comisión de un grave delito contra la administración pública, por el cual fueron condenados los entonces ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt por la Corte Suprema de Justicia. Indirectamente, entonces, tuvimos un presidente ilegítimo, en tanto ilegal, pero también muy popular (de allí su «Estado de opinión», superior al Estado de derecho), pues su Presidencia se alcanzó gracias a la comisión de dicho delito.
Y cuando los máximos comandantes de la AUC empezaron a desentrañar en sus versiones ante la Fiscalía la fina y sangrienta red de complicidades y crímenes cometidos en alianza con numerosos congresistas -la mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno del presidente Uribe- entonces éste decidió extraditarlos a Estados Unidos con el pretexto de que eran narcotraficantes (toda la nación sabía que lo fueron desde el comienzo), dejando sin justicia ni verdad a miles de familiares de víctimas desaparecidas y desmembradas por las AUC.
Reveló así Uribe su curiosa concepción de la ética y la justicia, según la cual es más grave narcotraficar que descuartizar, masacrar y asesinar, pues, como lo ha demostrado el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares fueron responsables de 1.166 masacres, el 58,8%, frente a 343 cometidas por la guerrilla, el 17,3% y de 8.903 asesinatos selectivos, el 38,4%, frente a 3.899 de la guerrilla, el 16,8%, quedando la mayoría de estos crímenes impunes hasta la fecha [1].
La anterior escandalosa impunidad, sustentada en la falta de verdad y de justicia, es la que hace hoy tan imprescindible la existencia de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad, tan temidas por el Centro Democrático, que no desperdicia ocasión para desinformar y tergiversar la responsabilidad histórica que dichas instituciones tienen, ante la incompetencia y complicidad de los mencionados fiscales generales y del sistema judicial, salvo contadas actuaciones de las altas cortes frente a la parapolítica.
La más vergonzosa evidencia de la incompetencia del sistema judicial oficial es que, después de 33 años de los hechos del Palacio de Justicia, todavía no sepamos lo que realmente sucedió y prevalezca, desde la cúpula presidencial, un silencio sepulcral. Belisario Betancur honraría su estirpe de humanista y salvaría su imagen de estadista si se animara a contarle a la Comisión de la Verdad lo que realmente sucedió. Porque lo más significativo de esta coyuntura nacional es que, por primera vez en nuestra historia política, tímidamente se asoma la verdad ante los ojos de todos y de las víctimas irredentas.
Por primera vez estamos viendo, entre atónitos e indignados, que el fastuoso ropaje institucional con que se ha recubierto nuestra espuria democracia está tejido en realidad con puntadas de mentira y canutos de impunidad, siendo sus aclamados protagonistas unos consumados sastres de la impostura, la violencia y la injusticia.
La Fiscalía General como coartada para la criminalidad empresarial
Durante la administración de Eduardo Montealegre, la Fiscalía fue sospechosamente ineficiente en la investigación del billonario desfalco a la salud pública realizado por la desaparecida EPS SaludCoop, para la cual coincidencialmente el fiscal Montealegre había prestado numerosas asesorías legales entre 2001 y 2010 que le reportaron honorarios por cerca de 3,7 mil millones de pesos, según investigación adelantada por el portal «Los irreverentes» [2]. Y ahora estamos frente a una situación similar en la relación de NHMN con el poderoso grupo financiero Aval y la forma sinuosa y selectiva como la Fiscalía adelanta la investigación contra Odebrecht y sus relaciones con Corficolombiana en el saqueo del erario.
Con el agravante de que este billonario entramado de corrupción ya ha cobrado la vida, en forma más que sospechosa, de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. De las conversaciones privadas entre Pizano y NHMN queda absolutamente claro que el actual fiscal conocía de los delitos cometidos por Odebrecht, además de su diligente actuación como abogado de Aval para lograr una transacción entre estas dos importantes y emblemáticas empresas, que le reportó a Aval el reembolso de cerca de 33 mil millones [3]. Pago realizado seguramente con dineros defraudados al Estado colombiano y que NHMN no revela, amparándose en el secreto profesional y en una cláusula de confidencialidad.
En otras palabras, el interés privado de Aval y Odebrecht, con sus reservados e inexpugnables acuerdos empresariales, por encima del interés público y la legalidad. Un típico comportamiento mafioso. Algo así como una impunidad legalizada e institucionalizada a favor de la cúpula directiva de Aval y Odebrecht. Y frente a esta actuación del fiscal NHMN, el presidente Duque considera que: «El fiscal general a raíz de esto ha puesto la cara. Vi que le dio una entrevista a Juan Roberto Vargas, vi que sacó una carta pública y yo creo que él tiene que seguir mostrando a la opinión pública esos argumentos, que yo creo los ha presentado oportunamente».
Declaración presidencial que niega radicalmente su supuesto compromiso en la lucha contra la corrupción, pues está contemporizando con la impunidad y la ilegalidad, además de ofender el sentido común de todos los colombianos que repudiamos ese sometimiento del interés general a los buenos negocios y acuerdos secretos entre Aval y Odebrecht con nuestros dineros y el concurso profesional del abogado NHMN.
Lo que sobresale en este recuento de las vicisitudes de la Fiscalía General de la Nación y sus máximos responsables, empezando por los presidentes nominadores o legitimadores de los fiscales generales, es que la han convertida en una institución-coartada para garantizar la impunidad de los más temibles y criminales poderes de facto que dominan la vida política nacional, tanto los ilegales como los empresariales. Los últimos fiscales generales han sido alfiles encubridores o abogados defensores de dichos poderes de facto, con el respaldo directo o indirecto de los respectivos presidentes: Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque.
Bien se puede parafrasear a García Márquez en su proclama «Por un país al alcance de los niños», diciendo que en la Fiscalía «cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad», porque la han dirigido «leguleyos de manos maestras para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo». De allí que el problema no se resuelva con la renuncia de NHMN, pues la Fiscalía es hoy una pieza clave para garantizar esta especie de régimen político electofáctico en que vivimos.
Un régimen de complicidades criminales en el cual gobiernan los poderes de facto, encubiertos por una densa bruma de legalidad y una corrupta continuidad electoral [4], que garantiza plenamente la inmunidad e impunidad política de sus máximos responsables, debido a esa creciente simbiosis institucional de la política con el crimen y de la indolencia, el cinismo o la ignorancia ciudadana que periódicamente lo ratifica y legítima.
Notas:
[1] Para mayor información sobre los otros responsables, consultar: «Informe general» del Centro de Memoria Histórica.
[2] Ver: «Los contratos de Montealegre».
[3] Ver: «Corficolombiana responde a revelaciones de Jorge Pizano» (Revista Dinero).
[4] Somos el único país de América Latina en que la justicia no ha avanzado en la investigación de los generosos aportes a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, como en la presencia del senador Duque en Brasil, acompañando a Zuluaga en la asesoría publicitaria de Duda Mendonca, pagada por Odebrecht, ver: «Iván Duque, testigo de reunión de Zuluaga con ‘Duda’ Mendonça».