No importa la gente, importan otras cosas en el caso San Andrés

Para nosotros la patria es América, sentencio Bolívar en 1826 y convocó a formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligara sus partes entre sí y con el todo. Bolívar propendía por ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Logró comprender a profundidad que sólo por la libertad de todos los pueblos podía forjarse la propia libertad y que sólo pensando en términos continentales podría desarrollarse nuestra América y que no es posible construir un país libre en un continente sometido.

Hoy América sigue siendo un nuevo mundo pero con la su grandeza fragmentada, sometida al arbitrio de las certificaciones de derechos y las listas de amigos o enemigos que emiten los Estados Unidos. Los gobiernos han cambiado el interés de la nación por el interés de la globalización del capital y S an Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos que conforman un archipiélago en el caribe son un buen ejemplo para indagar por las posibilidades de una americana unida por sus propios intereses, no dividida por los mandatos del capital. El archipiélago contiene parte de la memoria perdida de sus esclavos, de sus rituales, de sus modos de vivir borrados por el paso del capital y de la guerra, de la llegada de contrabandistas y narcotraficantes, por el olvido de todos los gobiernos. Antes del archipiélago, cien años atrás, un pedazo de la gran patria americana representada por Panamá fue desmembrada de Colombia y convertida en una caricatura de república soberana, sometida por el imperio a la condición de territorio libre para el paso de mercancías de un lado del mundo al otro, de fortaleza ideal para formar a los mejores dictadores, torturadores y exponentes de la guerra sucia en la escuela militar de las Américas y en un maravilloso paraíso financiero. Formación para la guerra y enclave financiero han caminado juntos durante un siglo en el pequeño espacio territorial. Cuando Panamá fue arrebatada no había organismo alguno de litigio internacional que impusiera una ley, había solamente dispositivos de guerra que impusieron la fuerza del más poderoso, nadie reclamó. Hoy ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia el estado colombiano pretende poner al país a hablar de la guerra internacional y ocultar el desangre interno que no cesa mientras se habla de la paz como salida.

Del anhelo de convivencia luego del cruel impacto provocado por la barbarie nazi surgieron como mecanismos de arbitramento las cortes de justicia y los tribunales internacionales con capacidad de maniobra ante la injusticia y orientadas a evitar salidas de guerra a conflictos entre países, especialmente ante la amenaza latente de reconquistar o descolonizar territorios. Mas allá de considerar su funcionamiento o calificar sus decisiones las cortes son un resultado de las apuestas por la paz, representan una estrategia de dialogo para superar y dirimir conflictos mediante litigio y no con el ruido de las armas y los estados que han suscrito los pactos de derechos de los pueblos, pero adicionalmente los tratados específicos de respeto y reconocimiento de la jurisdicción de las cortes no pueden alentar la guerra sobre la diplomacia. Desacatar sus fallos o sencillamente crear confusión sobre su acatamiento, desestimar las decisiones o justificar verdades a medias para omitir su cumplimiento aparte de irresponsable crea sospechas de los reales motivos del desacato, pero a la vez envía un mensaje de cierre a las puertas del litigio e invocación a la resolución de controversias hacia adelante por vía de la confrontación. Desacatar u omitir un fallo de la corte pone en cuestión el carácter civilista de un estado y deja en evidencia su espíritu bélico, señala como horizonte la guerra, produce inseguridad jurídica y tiende a provocar desconfianza sobre el uso de herramientas jurídicas en múltiples aspectos. Sobreponer la fuerza de los hechos a las razones del derecho, en nada beneficia la consolidación del estado de derecho y amenaza a la misma mesa de conversaciones de paz entre el estado y la insurgencia. Declarar el desacato al derecho internacional y declarar que la corte es el enemigo (como lo hizo la canciller colombiana), resulta lesivo para cualquier salida que pretenda ser negociada, pone en claro el talante de fraude de la clase en el poder cuando las cosas no resultan conforme a sus intereses.

El desacato del fallo deja ver también un interés político que puede ser más relevante que todo lo demás, se trata de poner a la sociedad colombiana en contra de las decisiones del derecho. Esta iniciativa resulta especialmente favorable al expresidente Uribe y a su equipo de gobierno, (muy activos en convocar al desacato, al desprestigio de la corte y la inutilidad del derecho, abogando por declarar la guerra a quien sea). Uribe es observado de cerca por otras cortes internacionales también de justicia como la Corte Penal Internacional, que resultarían paralelamente invalidadas al emitir un juicio de condena contra él. Las cortes que miran a Uribe y su gobierno lo hacen por demandas sobre asuntos de responsabilidad criminal del estado de profunda importancia como las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que las mismas cortes internacionales ya han calificado como política de estado, el bombardeo en territorio extranjero, referido al caso Raúl Reyes en ecuador, las fumigaciones con glifosato en la zona de frontera del ecuador, el espionaje a opositores por parte de la inteligencia del estado (chuzadas a altas cortes nacionales), cientos de casos de desaparición forzada y vínculos con el paramilitarismo.

Socialmente parece claro que no hay ningún interés por los raizales de los que se desconoce todo, su cultura, su pensamiento, sus modos de actuar, sus deseos, sus lógicas, pero sobre los que se pretende justificar el desacato. Tampoco hay interés por las condiciones de vida de pescadores o humildes habitantes que históricamente han sobrevivido en sus distintas generaciones discriminados, excluidos, despojados y o y esclavizados. No son los raizales y los nativos los que le interesan al estado, son las reservas de diversidad que puedan ser convertidas en recursos económicos, que en todo caso cada vez están mas cerca de ser tomadas por las transnacionales, las mismas que reciben incentivos por explotar, a las que se ofrece confianza inversionista y condiciones de paz, las mismas a las que poco importa la gente, a las que no les importa si el titular de la soberanía es Colombia o Nicaragua, como no les importó hace mas de cien años si panamá era de Colombia o una republica soberana.

Jurídicamente la Corte Internacional de Justicia, fue convocada para revisar un caso de litigio territorial y dar su veredicto, las partes no solo confiaban en el mecanismo, estaban plenamente informadas de las decisiones que podría tomar y de las obligaciones de su cumplimiento. No hubo sorpresas en la decisión tomada. Ahora en cambio de buscar réditos políticos y ganancias electorales y fortalecer la impunidad, la decisión podría convertirse en la mejor excusa para que otra vez se piense en la grandeza de américa unida, para que Colombia y Nicaragua pongan en claro que en la época de defensa del planeta y de la madre tierra, inclusive por encima del derecho, de las cortes y de las riquezas esta la humanidad, la gente y se propongan recuperar la memoria del archipiélago cuyos primeros habitantes fueron indígenas miskitos en el siglo XVII, luego pobladores procedentes de las Islas Bermudas y esclavos traídos por el imperio. En 1786 España y Gran Bretaña finalizaron el conflicto con un tratado afirmando la soberanía española sobre las islas. La disputa de los imperios Español y Británico por la hegemonía en el caribe convirtió a los esclavos en botín de guerra. Tras las guerras de independencia en 1822 el archipiélago fue incorporado al territorio Colombiano como Cantón de la provincia de Cartagena.

El primer gobernante que visitó el archipiélago fue Rojas Pinilla que instauró una verdadera dictadura en contra de la cultura propia en el archipiélago y en nombre de la soberanía colombiana «desalojó familias de sus terrenos para dar paso a nuevas construcciones, el cementerio público fue convertido en parque, los cementerios familiares clausurados para construir sobre de ellos el primer hotel», en 1959 promulgó la ley 127 de declaratoria de puerto libre. El XXI, muestra un empobrecimiento general de la población, – nativos – raizales-inmigrantes y no se ha escuchado a la comunidad raizal frente a lo que se considera una constante lesión a su dignidad, a su supervivencia y el desconocimiento de sus derechos. Los raizales piden respeto y reconocimiento y el estado parece preocupado por ofrecerles leyes (mientras desacata otras) y porque el archipiélago siendo parte de Colombia no este absorbido por la guerra y las clases populares empiecen a conocerla, a vivirla en paz.

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