El Concejo de Bogotá aprobó por mayoría de votos -29 a favor contra 6-, la realización de la consulta popular que convocará a todos los bogotanos para conocer si están de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá. No fueron pocos los obstáculos que se lograron superar. […]
El Concejo de Bogotá aprobó por mayoría de votos -29 a favor contra 6-, la realización de la consulta popular que convocará a todos los bogotanos para conocer si están de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá.
No fueron pocos los obstáculos que se lograron superar. Conceptos jurídicos, trabas y trapisondas legalistas para dilatar la discusión, pronunciamientos públicos y calculados del Registrador Delegado para lo electoral de que no existen recursos fiscales para realizar la consulta popular el próximo 25 de octubre y claro, la fuerte resistencia de élites económicas y políticas que pugnan por mantener ese tipo de «fiesta» que basa su esencia en martirizar los toros de lidia.
Ahora continúa el proceso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Éste organismo judicial decidirá la viabilidad jurídica de la Consulta aprobada. Nos enfrentamos a un escenario donde el ciudadano del común queda a expensas de la decisión de un grupo de magistrados a los que intentarán presionar los taurinos que no cejarán en su empeño de impedir la expresión democrática de las mayorías ciudadanas que rechazan esta actividad violenta y sangrienta.
El triunfo conseguido en el Concejo Distrital es fruto -principalmente- del trabajo denodado y persistente de las organizaciones animalistas y de los concejales, que por encima de los intereses políticos defendimos la democracia. Igualmente el triunfo es de la Administración Distrital que recogió este sentir ciudadano y presentó la iniciativa de consulta popular ante el Cabildo Distrital.
Es evidente que los defensores de la tauromaquia en Colombia tratarán de refugiarse en el concepto de «minorías culturales» para impedir la realización de la consulta popular pero la Constitución Política en el Art. 13 define que la protección a las minorías se da por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y en ninguna de ellas tienen cabida los taurinos.
Y en ese sentido, es importante entender que la cultura como parte de la vida social que es, evoluciona y avanza. Algunos aspectos de las culturas humanas que violan los derechos humanos, de los seres vivos y de la naturaleza, o tradiciones y costumbres que atentan contra la dignidad humana, deben ser abolidos y prohibidos en beneficio del conjunto de la sociedad.
Se debe precisar que la consulta popular, como mecanismo de participación ciudadana, es un derecho establecido en el Art. 103 de la Constitución Política de Colombia y ratificada en las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015 para garantizar la más amplia participación ciudadana en asuntos importantes para la Nación, los departamentos, los municipios y las localidades. Y en esa dinámica, es fundamental entender que abolir prácticas de muerte y tortura de la vida social y cultural colombiana es un paso de máxima importancia para avanzar como sociedad en la construcción de democracia y convivencia.
Debe prestarse atención por parte de la Alcaldía a todas aquellas personas dispuestas, en el caso muy probable del triunfo en las urnas del «NO» a las corridas de toros, a buscar alternativas laborales diferentes al toreo y a labores afines o complementarias del mismo. Si se pudo con los «zorreros» con mayor razón se puede hacer con los trabajadores de la tauromaquia. Créditos, capacitación, trabajo decente y emprendimiento se ponen al orden del día.
La muerte y la tortura deben ser erradicadas de cualquier práctica o costumbre tradicional. ¡No más cultura de muerte y tortura!
Yezid García Abello, Concejal de Bogotá por Alianza Verde.
Blog de la autora: https://yezidgarciaconcejal.
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