Preocupante, muy preocupante la racha de asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de activistas políticos que está estremeciendo a Colombia en los últimos días. Desde La Habana, nuestra solidaridad y condolencia a los familiares y amigos de Marisela Tombe, Klaus Zapata, William Castillo, Alexandre Oime y Milton Escobar, las víctimas más recientes […]
Preocupante, muy preocupante la racha de asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de activistas políticos que está estremeciendo a Colombia en los últimos días.
Desde La Habana, nuestra solidaridad y condolencia a los familiares y amigos de Marisela Tombe, Klaus Zapata, William Castillo, Alexandre Oime y Milton Escobar, las víctimas más recientes de la intolerancia y el paramilitarismo, que se pavonea desafiante e impune contra la buena marcha del proceso de paz. Si el Establecimiento no combate resueltamente el fenómeno paramilitar, estaría contribuyendo con su indiferencia a configurar la guerra sucia del post-conflicto, principal amenaza a nuestra reconciliación.
No puede proclamarse como Estado Social de Derecho un régimen que sigue tolerando el accionar criminal del paramilitarismo y la permanencia de la concepción contrainsurgente del enemigo interno. En lo que va corrido del mandato de este Gobierno, según el programa somos defensores han sido agredidos 2.244 defensores y defensoras de Derechos Humanos, de los cuales 1.687 recibieron amenazas, al menos 346 fueron asesinados, 206 fueron víctimas de atentados, 131 detenidos arbitrariamente, 29 judicializados y 16 desaparecidos.
Preguntamos: ¿Cómo puede ocurrir esto en medio de un proceso de paz que avanza hacia la firma del Acuerdo Final?. Exigimos una respuesta precisa y coherente, no declaraciones vagas. No se pueden dar más largas al desmonte del fenómeno del paramilitarismo, si realmente queremos el fin de la guerra y la no repetición.
Solicitamos a la oficina del alto comisionado para la defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, tomar atenta nota de estos hechos y ponerlos en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La Mesa debe abrir a las organizaciones sociales y populares sus puertas para que aporten fórmulas que en el marco de la discusión el Fin del Conflicto, contribuyan al desmantelamiento de la impunidad y el paramilitarismo.
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