En la pasada semana, al cumplirse los primeros cien días del Gobierno de Piñera, y en algunos de los casos con apenas unas horas de diferencia, el país tuvo oportunidad de atestiguar, o más bien experimentar en carne propia, el pleno despliegue de lo que significa un gobierno de derecha, incluida la irrefrenable sobre-exposición mediática […]
En la pasada semana, al cumplirse los primeros cien días del Gobierno de Piñera, y en algunos de los casos con apenas unas horas de diferencia, el país tuvo oportunidad de atestiguar, o más bien experimentar en carne propia, el pleno despliegue de lo que significa un gobierno de derecha, incluida la irrefrenable sobre-exposición mediática del Presidente, por más que ésta responda a un diseño deliberado, concebido con la precisa finalidad de ocultar esa evidencia.
Los hechos en cuestión son el proyecto de ley de reajuste del salario mínimo de 3%, por debajo de la inflación esperada; la insólita justificación de los despidos en el sector público; la cuarta alza consecutiva en el transporte público de Santiago; el trámite parlamentario del proyecto de ley de reconstrucción; las contradicciones entre el discurso de Piñera y lo que hacen sus ministros, y el circo mediático del Presidente, quién se trasladó a Dichato para disfrazarse de damnificado, pernoctada en mediagua mediante.
De entrada, y sin mediar diálogo con la CUT, reemplazado para el efecto por una «comisión de expertos», el Gobierno envió a trámite parlamentario un proyecto de ley que eleva el salario mínimo de 165 mil a 170 mil pesos, equivalente a un 3% de reajuste.
El revuelo que suscita anualmente la determinación de este indicador de referencia obedece a que el capitalismo rampante que tenemos por modelo de «desarrollo» asume crecientemente el salario mínimo como salario medio, y por tanto, disputa ferozmente hasta el último centavo, con el pretexto de que así defiende el empleo y por ende, combate a la pobreza; argumento no sólo pobre de solemnidad, sino de una refinada hipocresía.
Regateo miserable
El Ministro de Hacienda, que tiene sendos MBA y Ph.D. en Harvard, sabe positivamente que el empleo no depende del monto del salario, y menos del salario mínimo, sino de los ciclos de actividad de la economía.
Cuando el ciclo está en fase expansiva, el capital está dispuesto a contratar trabajo sin parar mientes en su costo relativo, pues lo asume integrado en el valor total de la mercancía, cualquiera sea su naturaleza, que necesita colocar urgentemente en el mercado, precisamente por imposición del frenético ritmo del ciclo.
A la inversa, cuando el ciclo entra en fase contractiva, el trabajo, con abstracción de su precio relativo, se transforma en una carga para el capitalista, y de ahí la obsesión del miope e insaciable empresariado nacional por «flexibilizar» aún más una legislación laboral entre las más flexibles del mundo. Eso es lo que explica la elevación de la tasa de desocupación y no el monto del salario mínimo, como ni el Ministro de Hacienda ni ninguno de los «expertos» puede ignorar. Pero eso no impide que repitan como un mantra que un aumento «excesivo» del salario mínimo afecta el empleo.
El punto donde no se equivocan el Ministro de Hacienda, los «expertos» y los empresarios es que el precio del trabajo y la tasa de ganancia tienen una relación de inversa proporcionalidad. A menor monto del salario, mayor es la tasa de acumulación y ganancia del capital, y de ahí el patético espectáculo que ofrecen en junio de cada año, cuando regatean migajas de un salario que apenas bordea la subsistencia.
Recorte salarial
Aprovechando la embriaguez de los chilenos con la marea roja, el gobierno encajó la cuarta alza consecutiva en el precio del transporte metropolitano, la cual, con respecto a enero, totaliza un 21,05% en horario bajo; un 25% en horario valle y un 21,7% en horario punta, con un promedio de 22,5% para los tres horarios.
Los cien pesos de diferencia en el horario medio, significan seis mil pesos para 60 viajes, o si se prefiere, 30 viajes de ida y vuelta, o sea, un viaje diario de ida y vuelta en un mes. En suma, el reajuste del salario mínimo ofrecido por el Gobierno, ni siquiera cubre el alza del transporte en el mes.
Eso sin considerar que a mayo, el IPC oficial alcanzaba 1,7%, lo que sumado el mes de junio, necesariamente elevado por la propia alza del transporte, el acumulado excederá fácilmente el 2%. Como el salario mínimo en proceso de fijación se extenderá hasta junio de 2011, se deduce que, una vez más, el gobierno decidió ajustar las variables de la economía por la vía del recorte salarial.
Lo mismo se desprende de la comparación de dos indicadores expresados como índice, ambos con 2009 como base 100. Mientras el índice del IPC alcanza 127, el de remuneraciones alcanza a 102. La diferencia es pérdida neta de poder adquisitivo del salario.
En el extremo opuesto de la ecuación el promedio de utilidades del primer trimestre de las sociedades anónimas que cotizan en bolsa alcanzó el 34%, por más que las diez primeras empresas del ranking expliquen la mitad de las utilidades y el 87% del incremento global.
En rigor, nada nuevo, porque el ajuste estructural se viene aplicando de modo invariable desde abril de 1975, partida de nacimiento del modelo neoliberal.
Hablar es gratis
Lo novedoso es la autonomía del discurso y su predominio sobre el mundo real, producto, entre otras variables, de la abrumadora concentración del sistema de medios de comunicación, en poder de la derecha.
Una observación cuidadosa muestra que estos caballeros no sólo tienen explicación para todo, sino que invariablemente se escudan en el arbitraje de «expertos» que nadie sabe quién les concedió el título.
En el caso del alza del transporte, lograron meter la mula de que obedece a los frescos que no pagan. El Ministro de Transporte agregó escueto: «la comisión de expertos determinó esta alza para equilibrar el déficit del sistema».
Lo mismo para la fijación del salario mínimo. La respectiva comisión de expertos determinó ese monto después de ponderar variables como inflación, ciclo económico y productividad. Pero el reajuste resultó tan mezquino, que fue rechazado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, incluido un independiente de derecha, sin perjuicio de que tres diputados de la UDI adelantaron su oposición en sala.
Piñera comprometió, en el discurso del 21 de mayo, un ingreso familiar de 250 mil pesos. Pero como hablar es gratis y el papel aguanta todo, se ufanó de haber » dado pasos gigantescos en la implementación del ingreso ético familiar», en el balance de sus primeros cien días de gobierno.
Sólo que, según parece, esos pasos pasan por medidas burocráticas, tales como «un instrumento nuevo, focalizado y eficaz para ayudar eficazmente a esos tres millones de chilenos que siguen viviendo en condiciones de pobreza», una reformulación de la ficha de protección social y la creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social, antes que por incrementar el ingreso de los pobres.
Esa irritante irresponsabilidad en el abuso del discurso aparece en todo lo que toca el gobierno, que borra con el codo lo que escribe con la mano.
El Ministro de Salud aseguró a dirigentes del Frente de Defensa de la Salud Pública, que sacaría el complejo Barros Luco-Trudeau y Exequiel González Cortés de la lista de hospitales concesionables. De eso incluso hay una grabación. Pues bien, a los dos días, declaró a la prensa que esos eran los primeros hospitales del programa de concesiones.
Piñera sorprendió a la cátedra con el anuncio de la eliminación del 7% de cotización de los jubilados. Al poco andar, el director de Fonasa dijo que el beneficio consistía en una reducción parcial, para los mayores de 70 años con pensiones menores de 150 mil pesos.
Sobre la extensión del postnatal a seis meses, la ministra del Sernam se encargó de aclarar que sólo se trataba de «adaptarlo y flexibilizarlo».
En la sesión especial de la Cámara de Diputados, Lavín justificó los despidos en el Ministerio de Educación, aduciendo un excesivo número de periodistas y abogados, en circunstancias de que la mayor parte de los despidos corresponde a supervisores.
Sin embargo, no pasaron dos días antes que Piñera, quién se comprometió a que no habría despidos por motivos políticos en la administración pública, -lo cual también está grabado- saliera a desmentirlo, con el argumento de que los despidos correspondían al «vaciamiento de operadores políticos», los que serán reemplazados por «innovadores y emprendedores».
Obviamente, esos «innovadores y emprendedores» son los funcionarios que la derecha está contratando para reemplazar a los despedidos.
Lo propio sucedió con el trámite del proyecto de ley de reconstrucción.
Con ese histrionismo apuntalado con lugar común que ya le es característico, Piñera parafraseó a Frei Montalva, en cuanto a que no se humilla quién pide por la patria, y a caballo de esa frase llamó a aprobar la extensión de la invariabilidad tributaria por otros ocho años, a las grandes transnacionales del cobre.
En la discusión en la sala, los senadores de la derecha adujeron que la medida permitirá recaudar 700 millones de dólares en los próximos tres años, y cinco mil millones hasta 2025.
Probablemente cierto. Pero una media verdad es frecuentemente más equívoca que una mentira completa.
Lo que no dice ninguno de estos caballeros es que el incremento de las ganancias que la ampliación de la invariabilidad tributaria permitirá a las grandes transnacionales del cobre, es correlativo a las pérdidas que con ello experimentará el erario nacional.
¿Quién los autoriza a jugar así con el patrimonio de todos los chilenos?
Cuatro años eternos
Esto tampoco es novedad, pues esté en el ADN de la derecha: implacable con los pobres y avasalladora con los débiles; complaciente con los grandes intereses y sumisa con los poderosos.
Encima, Piñera simula que durmiendo una noche en una mediagua, y parloteando en jerga mundialera, los problemas desaparecen porque somos todos graaaaandes y todos somos uno.
Pero no se come con explicaciones ni se construye con discursos.
Si después de 35 años de aplicación de un modelo económico, la media estadística del desempleo no baja del 10% y se considera que un sueldo mínimo de 185 mil pesos es excesivo, quiere decir que no sirve, y hay que cambiarlo.
El problema es que hay un gobierno de derecha, y peor aún, elegido en comicios inobjetables desde el punto de vista democrático.
Por más que Piñera haya sido obtenido aproximadamente el 25% de los habilitados para votar, igual está donde está por voluntad de los chilenos.
¿No querían gobierno de derecha? Pues ahí lo tienen, desplegado en todo lo que significa.
Por fortuna, no hay mal que dure cien años. Por virtud de la paradoja, la propia ambición de Piñera no estuvo ausente en la reducción del período presidencial a los actuales cuatro años, que a juzgar por lo que ha sucedido en los primeros cien días, igual se harán eternos.