Las FARC fueron fundadas en 1964. En mayo pasado habrían cumplido 56 años de existencia. Pero, aunque esas FARC, con la firma del Acuerdo de La Habana pasaron a la legalidad, al mismo tiempo o poco después irrumpieron varias organizaciones armadas retomando su nombre; entre ellas las FARC-EP Segunda Marquetalia.
¿Son las aspiraciones de los guerrilleros de las distintas nuevas FARC las mismas de los hombres de Manuel y Jacobo?
Saludos para ti y para quienes tengan acceso a esta entrevista. Te respondo reafirmando que somos un proyecto que guarda continuidad con el de 1964. Es lo definido por quienes entre el 22 y el 24 de agosto de 2019 nos reunimos para realizar la Reunión Extraordinaria de Comandante FARC-EP La Lucha Sigue. Por eso en mayo pasado celebramos el aniversario 56 tomando lo ocurrido en agosto como un hito importante, refundacional, de reconstrucción, en la historia de más de medio siglo que tenemos como organización revolucionaria.
Referirme a estas fechas de aniversario me permite precisar que existe un trasegar de las FARC con la continuidad trazada por la Dirección histórica, entendida esta como el núcleo fundacional encabezado por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y Hernando González Acosta, respecto a la cual hay un relato más o menos consensuado y admitido por la militancia de uno y otra estructura del presente, hasta 2016, y que está consignado en los libros que sobre el tema escribió Arturo Alape tomando como fuente al comandante Marulanda Vélez, especialmente; lo plasmado por el mismo comandante en Jefe en sus Cuadernos de Campaña de 1964 y los textos escritos y publicados por Jacobo Arenas, entre los que se cuentan, Diario de la Resistencia de Marquetalia/, Cese al Fuego/, Correspondencia Secreta del Proceso de Paz /y Diálogos de Paz, Amigos y Enemigos, principalmente.
Se complementaría esta historia de origen con los documentos oficiales de las Conferencias y Plenos del Estado Mayor Central, hasta el momento en que se inician las conversaciones de La Habana, todo lo cual constituiría un primer bloque historiográfico genuinamente fariano, alrededor del cual puede haber otros documentos de terceros observadores o estudiosos de la temática. Pero evidentemente, existe otro escenario de debate de tal historia a partir del punto de quiebre y ruptura de la unidad interna de las FARC-EP, que se produce con los Diálogos de Paz de La Habana, con momentos diferenciados como lo son el de conversaciones propiamente dicho, el de acuerdo y firma del mismo y, finalmente, el de su fallida implementación.
En tal etapa se entremezclan visiones, posiciones políticas e ideológicas, que van diferenciándose y marcando ruptura, no solamente entre sectores de quienes adelantan las conversaciones sino también respecto a sectores que no admitieron la línea de adelantar el proceso de paz en los términos en que se desenvolvió. Así, entonces, los relatos sobre lo ocurrido en este escenario pueden ser coincidentes en el abordaje de algunos aspectos, pero contradictorios y de choque en otros, fundamentalmente en lo que concierne al asunto de la dejación de armas y la forma como asumir la reincorporación frente a los incumplimientos de los compromisos por parte del gobierno, lo cual conducirá al distanciamiento de un importante y amplio sector de la militancia, del conjunto del proceso al que consideraron traicionado por el Establecimiento.
Agregado a esto, hay un tercer escenario para la discusión y definición de la historia de las FARC-EP, que se expresa con el proyecto FARC-EP (Segunda Marquetalia), y que presenta específicos hitos refundacionales y prospectos de desarrollo político-militar de continuidad respecto a la organización originaria, conviviendo con proyectos paralelos representados por los sectores de las antiguas FARC, que no participaron del proceso de paz, pero que también se reivindican como continuadores de la organización originaria, y en ese plano van teniendo su propia dinámica de existencia.
Como Segunda Marquetalia, sintetizo en tres los aspectos fundamentales de nuestra lucha por la justicia social, desde el momento mismo de la fundación de las FARC-EP:
- La lucha por la tenencia y uso de la tierra, siempre aspirando a alcanzar la propiedad sobre la misma, con instrumentos y recursos para su explotación adecuada en equilibrio con la naturaleza;
- La satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, es decir de alimentación, salud, vivienda, educación, servicios públicos fundamentales, recreación y cultura;
- La superación de la desigualdad, la pobreza y la exclusión política. Todo ello en condiciones de dignidad, libertad y soberanía.
Las guerrilleras y guerrilleros de ayer y los de hoy tienen esas mismas aspiraciones, porque se trata de metas planteadas como necesidades que no han sido resueltas para las mayorías en Colombia. Antes que darles solución a los problemas que se derivan de su insatisfacción, se han profundizado.
El orden capitalista engendra el carácter antagónico entre distintos sectores sociales, políticos y económicos en Colombia. Y eso no ha cambiado desde la época de fundación de las FARC-EP. En su seno descansa la conflictividad violenta emanada de los procesos de acumulación, signados por la variable de la apropiación violenta de la tierra en muy pocas manos.
Por ponerle sólo un ejemplo, en nuestro país más de 40 millones de hectáreas están en manos del latifundio ganadero. Eso equivale a más de un tercio del territorio nacional, generando fenómenos de praderización, de daño al medio ambiente y desplazamiento forzado, por decir lo menos. Mientras del 100 por ciento de la gente que trabaja en el campo al menos la mitad no tienen tierra y del resto son menos del 50 por ciento los que tienen titulación. Por eso, un aspecto central de cualquier solución política al conflicto pasa por la realización de una reforma rural integral que incluya no solamente aspectos de explotación agropecuaria sino de reconfiguración territorial, geoespacial en favor de la gente del común.
-¿El regreso a la lucha armada es la confirmación de que el proceso de paz fracasó?
-El regreso a las armas de muchos de quienes se involucraron o nos involucramos en construir un acuerdo de paz con el gobierno, es un indicador muy diciente de la inexistencia de la paz en Colombia, pero no es su causa.
Recordemos que el fallido proceso de paz de la Habana es uno de los tantos que ya han fracasado en nuestro país, pero así este que nosotros adelantamos y derivó en un Acuerdo hubiese tenido menos perfidia de la que ha sufrido y nosotros estuviéramos en la legalidad, otras fuerzas insurgentes seguían activas con razón. La traición del establecimiento al proceso del que nosotros participábamos, es una razón más para mantenerse en rebeldía. Pero por sobre todo ello, está la conflictividad social que surge de la falta de justicia social, del incremento creciente de las desigualdades por cuenta de la mezquindad de una clase oligarca que persiste en mantener sus privilegios extremos a costa del bienestar de la mayoría de sus compatriotas, sólo para satisfacer las exigencias insaciables de un imperio decadente como el yanqui y sus propias extravagancias.
-Después de varios procesos de paz fallidos, seguís pensando que el camino de la negociación es posible o pensáis tomar el poder por las armas?
-Ni antes ni después de las conversaciones y la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, la dirigencia genuinamente fariana ha pensado que existe un único camino para establecer la justicia social y la paz con dignidad, libertad y soberanía en Colombia. Sabemos sí, que históricamente las transformaciones a las que aspiramos se producen con revoluciones que generalmente son violentas porque así lo imponen quienes detentan el poder, pero siempre aspiramos a que se produzca una salida dialogada. Y ese diálogo deberá ser entre adversarios, cualquiera que sea su calidad.
Nosotros deberemos prepararnos para la guerra con una oligarquía que ha demostrado ser mezquina, sanguinaria y tramposa; pero es deber nuestro procurar el menor derramamiento de sangre buscando una salida lo menos cruenta posible. Quizás la salida política negociada parezca una ilusión, pero su búsqueda la entendemos como un deber al que no le vamos a hacer el quite.
-Ustedes rompieron con el partido FARC, liderado por Timochenko. Cual es la relación que mantenéis con los ex-guerrilleros de base a lo largo del país?
-Tomamos un camino diferente obligados fundamentalmente por la traición gubernamental al Acuerdo, pero también nos distanciaron posiciones políticas que no compartimos porque creemos que se apartan de nuestra concepción raizal bolivariana y comunista. Este es un problema de índole político que debería no enemistarnos al punto de romper cualquier posibilidad de acercamiento, coordinación o convergencia como puede ocurrir con respecto a cualquier otro partido, organización política, o social, o movimiento real de lucha.
La necesidad de la convergencia y su búsqueda son un conjunto de orden estratégico, solamente que nosotros actualmente operamos en la ilegalidad y eso no nos permite tener ningún vínculo o relacionamiento formal ni con la facción que lidera Timochenko ni con ninguna otra porque sencillamente estaríamos sometiendo a la gente a los peligros del terrorismo de Estado y el macartismo que imperan en Colombia. Con los exguerrilleros guardamos afectos nacidos de una historia de lucha compartida, agregando los afectos que en general tenemos respecto al pueblo colombiano explotado y vilipendiado, al cual nos debemos y por el cual luchamos presentándoles una propuesta que aspiramos que abracen sea vinculándose a nuestras filas, a nuestras estructuras, o sea también desde la legalidad defendiendo propósitos que nos aproximen como lo pueden ser la búsqueda de la justicia social o la defensa de la soberanía.
-Cual es la sensibilidad general de los ex-guerrilleros sobre el proceso de paz.
-En general es notorio un desencanto respecto a las grandes expectativas que había de transformar el país en beneficio de los más desfavorecidos, al menos logrando sentar las bases de la reforma rural, de la reforma política y de otras conquistas menores. Pero nada de eso se ha dado. Ni siquiera lo más elemental que es el desarrollo de un proceso decente de reincorporación económica, política y social. Hay además temores por el terrorismo de Estado que se está sufriendo, por los asesinatos contra dirigentes comunitarios y excombatientes por centenares; militantes farianos han sido acribillados alrededor de 250 desde la firma del Acuerdo. Según Indepaz, dirigente comentarios van más de 730 asesinados.
Más allá del desencanto hay total o parcial perdida de credibilidad en el instrumento del diálogo y los acuerdos, porque es notorio que son fácilmente vulnerados, sin que exista una garantía de solución a los incumplimientos. Por ello el regreso de muchos, muchos excombatientes y la vinculación de nuevos insurgentes a la lucha armada, pero sin duda también hay en otros muchos excombatientes, militancia política y simpatizantes de la solución política al conflicto, una honesta, valerosa, arriesgada y respetable posición de persistir en la defensa de lo pactado, así que la sensibilidad no es una sola sino que existen diversas sensibilidades, valoraciones y reacciones.
-¿Y sobre el regreso a la opción armada?
-Como tú dices, es una opción y no es la única. Es además un derecho legítimo; el derecho que tienen los pueblos a rebelarse con la fuerza frente a regímenes tiránicos como el que ha tenido Colombia durante toda su era republicana. Esta opción entraña además un derecho a la legítima defensa grupal, colectiva, de personas que no quieren enfrentar el terrorismo de Estado, la guerra sucia del establecimiento, su criminalidad inveterada con los solos pechos desnudos y una concepción de martirologio.
Sabemos que la lucha de clases entraña también un problema de orden militar que no podemos soslayar, sino que debemos asumir para que así sea menos doloroso y traumático, para poder llegar a un escenario de negociación que acabe con la confrontación que nos imponen los oligarcas.
Hasta el momento van 238 ex-guerrilleros asesinados. ¿Quien está por detrás de la aniquilación de estas mujeres y hombres?
-A esta pregunta ya he respondido varias veces, y quiero repetir que sin negar que pueda haber causas específicas para uno u otro caso en particular, que respondan a asuntos personales o que no tengan nada que ver con la violencia política que se padece en el país, lo esencial está en que las muertes son producto de la acción y omisiones sistemáticas del Estado. Reiteraría algo de lo dicho en otras entrevistas, en cuanto a que tanto los asesinatos de dirigentes comunitarios como de exguerrilleros, muchos de los cuales son también dirigentes, son víctimas sistemáticas del terrorismo de Estado.
Antes he dicho que asistimos a un reforzamiento de la violencia sistemática institucional y para-institucional; es decir, un reforzamiento estatal de la Doctrina de la Seguridad Nacional y Enemigo Interno, que deriva de la famosa “paz con legalidad” del gobierno de Iván Duque y que está encaminada a adelantar un proceso de pacificación represiva de los territorios estratégicos. Actúan con la excusa de la “seguridad interna”.
Ahora se inventaron las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), coincidentes con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que son los espacios piloto para iniciar la reincorporación de los excombatientes. Estos espacios para la paz, entonces se están usando para experimentar el reforzamiento de una estrategia contrainsurgente de aislamiento del territorio y copamiento militar del mismo, al tiempo que se contribuye a la recomposición del paramilitarismo, con un propósito evidente de acelerar la expansión del modelo de acumulación que articula cadenas legales e ilegales de valorización de capital.
En ese contexto es que se producen los asesinatos de los que estamos hablando. Las regiones más afectadas por los asesinatos están dentro de la delimitación de las zonas que cubren los 170 municipios PDET, a los cuales se les está aplicando el tratamiento criminal de la Política de Defensa y Seguridad (PDS), que no es otro que el de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional. Y a los asesinatos le suman falsos positivos como el que protagonizó Timochenko, a fin de adelantar campañas tendientes a mostrar que los hechos de sangre son producto de la división interna de las FARC.
Este caso lo pongo especialmente de presente porque lo que hicieron con esos muchachos excombatientes; me refiero a Carlos Andrés Ricaurte y Gerson Moisés Morales, fue una infamia. Los supuestos salvadores del exjefe guerrillero lo que hicieron fue torturar y asesinar a personas que seguían creyendo en el proceso. Ahí usted puede darse cuenta que una de las razones que ha apresurado la decisión de retomar el camino de las armas, es la guerra sucia, el terrorismo de Estado, y que las explicaciones que se dan conjugando lenguaje de orden público, hablando de “zonas rojas” donde imperan grupos criminales anarquizados, con pugnas por control territorial, que de paso victimizan al Estado, no hacen sino tratar de ocultar la responsabilidad del régimen.
–Algunas fuentes dicen que se tratan de asesinatos ejecutados por disidentes de las FARC.
-Ya he dicho que puede haber casos que no necesariamente obedezcan a la marcha del terrorismos de Estado, pero no tengo elementos para afirmar que las muertes de excombatientes o dirigentes comunitarios sea producto de políticas trazadas por organizaciones “disidentes”. No considero eso posible si es que bajo esa denominación estás incluyendo a quienes en este momento por estar alzados en armas no pertenecen al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común pero vienen de las raíces marulandistas. Y sobre eso, hay varias organizaciones que enarbolan el nombre y las banderas de las FARC-EP del comandante Manuel, que tienen sus propias direcciones y voceros y seguramente ellos podrán responder con sus argumentos y con más detalle a esta pregunta tuya.
En lo que respecta a las FARC-EP, Segunda Marquetalia, ninguna muerte ha sido ordenada por estructura alguna nuestra. No es esa nuestra política por profundas que sean las contradicciones. Estas deben darse en el plano de las ideas y no en otro. Entonces aprovecharía para reiterar que en el sonado atentado contra Timochenko, que hasta donde se sabe fue un falso positivo, no tuvimos que ver absolutamente en nada. Y agregar que se alcanza a advertir en estos procedimientos, una extraña maniobra tendiente a estigmatizar aún más a quienes siguen alzados en armas por un lado, y al mismo tiempo una especie de treta tendiente a restarle confianza al componente de exguerrilleros y personal de la UNP que no marchan con el oficialismo gubernamental y el timochenquista.
Nadie debe dudar que la guerra sucia gubernamental está en marcha y no es nada novedoso como método de opresión en nuestro país, por eso ahora lo que haría sería un llamado radical a que la gente no se deje matar en estado de indefensión. Hay que seguir peleando, resistir, no abandonar por ningún motivo los sueños de cambio y de búsqueda de paz con justicia social, y precisamente ese es el espacio que queremos brindar en las filas de las FARC-EP, Segunda Marquetalia o decirles a quienes se sientan perseguidos, que la lucha clandestina y armada es absolutamente legítima sin importar la organización por la que opten, siempre que ella reivindique los intereses populares.
-En este proceso de regreso a la opción armada, hubo una dispersión de grupos que son acusados muchas veces de abandonar el ideario político y abrazar actividades económicas ilegales. Que retrato se puede hacer de las diferentes organizaciones que siendo herederas de las FARC-EP siguen actuando con las armas? Hay diferentes motivaciones detrás de ellas?
Es muy prematuro hacer caracterización de todas las agrupaciones que reivindican el nombre de las FARC-EP. Pero lo que se puede afirmar con certeza, es que la mantención de las condiciones de desigualdad, miseria y exclusión política que generaron la violencia política en Colombia, por cuenta del Bloque de Poder Dominante, justifican plenamente el ejercicio del derecho legítimo a la rebelión armada, independientemente que una organización insurgente u otra decida tomar el camino de la lucha política abierta, desarmada.
Tras el proceso de paz entre Gobierno y FARC-EP, hubo sectores de nuestra organización que desconfiaron de la palabra del gobierno y por eso no se vincularon al mismo, o desistieron al momento de percatarse el engaño que entrañaba el acuerdo de dejación de armas, y otros alcanzamos a vivir la temprana traición de la implementación. Todos tenemos identidad ideológica y política incuestionablemente. Pero todos estamos en procesos de reconstrucción que tienen complejidades, porque se desenvuelven en medio de la guerra y de las crisis propias que trajo nuestra división interna.
Esta etapa deberá ser superada y quienes somos revolucionarios, tenemos el deber de tomar el camino de la unidad para poder enfrentar con mayor fortaleza a un enemigo pertinaz, sanguinario y muy poderoso que es el Estado colombiano como instrumento de los Estados Unidos al que está subordinado. Las actividades contra el régimen, enfrentar la guerra que nos han impuesto durante décadas utilizando ingentes recursos para aniquilarnos, nos obligan a fortalecernos política y militarmente, para lo cual también requerimos de recursos que no nos los va a dar el establecimiento, ni las ONGs, ni la comunidad internacional, ni procedimientos cobijados por la legalidad. Como en toda guerra de resistencia, independencia, liberación, antitiránica, etc. los recursos que se han utilizado son ilegales.
–Siendo que hay otras estructuras que siguen movidas por razones políticas, hay algún tipo de contacto o posibilidad en el futuro de reorganización y unidad?
-Sí. Como le dije, no se trata solo de una necesidad sino de un deber de revolucionarios, buscar caminos de aproximación, de unidad o al menos de coordinación para avanzar hacia la conquista de propósitos de emancipación como los que nos inspiran a todos y nos identifican con los anhelos de justicia social con las mayorías. Eso de la unidad es un asunto de orden estratégico, vital, para las FARC-EP, Segunda Marquetalia.
-¿Hay también una reactivación de las estructuras civiles políticas como el Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia?
-Sí la hay. En la llamada Reunión Extraordinaria de Comandantes que realizamos exactamente hace un año para relanzar el proyecto FARC-EP, con el signo específico distintivo de Segunda Marquetalia, como ya te dije en mi primera respuesta, nos refundamos como un proyecto que expresaba continuidad con las antiguas FARC-EP marulandistas y bolivarianas. Digamos que en lo fundamental las estructuras que existían antes del fallido Acuerdo fueron también refundadas, de tal manera que hoy en día tenemos un renovado Partido Comunista Clandestino, un Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, estructuras de milicias y frentes de masas.
Todavía no en la dimensión de antes, pero sí dentro de una dinámica de mayor depuración derivada de la experiencia vivida y de la necesidad que se nos impone de acentuar la compartimentación frente a la agudización del terrorismo de Estado. Paso a paso vamos creciendo, cualificando y tratando de coordinarnos con el movimiento comunista internacional. Entonces, en este primer aniversario del relanzamiento podemos decir que en todos los planos mencionados, el balance es positivo, y lo principal es que ya hemos logrado hacer el despliegue fundamental de nuestra pequeña gran organización guerrillera.
Se que había una propuesta histórica de las FARC de substituir la producción de la hoja de coca por otros productos agrícolas en el acuerdo de paz. ¿Eso está siendo cumplido?
-Lo pactado en materia de narcotráfico fue violado desde el momento mismo en que inició la implementación del Acuerdo. El mismo gobierno de Santos insistió en mantener la política venenosa, nociva, de las fumigaciones por encima de la política de sustitución que es la que contempla el Acuerdo, vinculada a la política de Reforma Rural Integral.
Luego Duque terminó de hundir tanto la Reforma Rural como la política de sustitución, reactivando la llamada “guerra contra las drogas”, la represión inhumana contra la gente humilde del campo como ocurre en El Guayabero y Catatumbo, entre tantos ejemplos denunciados en las redes sociales; es decir que asistimos a la reconfiguración de la fracasada versión gringa de la lucha antinarcóticos, que incluye las erradicaciones forzosas y las fumigaciones aéreas.
Hoy en día, la proliferación de los narco-cultivos sigue siendo el producto de la negativa a darle tratamiento de orden social al problema. El tratamiento militarista en términos de problema de orden público, desatendiendo la solución de las necesidades que empujan a las inmensas pobrerías del país hacia las economías ilegales, está en la esencia del fracaso.
En lo que concierne a las FARC-EP Segunda Marquetalia, la posición frente al problema de la proliferación de los cultivos de uso ilícito y del narcotráfico, está más o menos planteada en el Acuerdo de La Habana. Al menos su cumplimiento sería una buena base de inicio, pero ligándolo con el conjunto de las soluciones sociales y en particular con la Reforma Rural Integral, agregando una política de tratamiento penal diferencial que no atropelle a las familias rurales que terminan involucradas en esas economías más como víctimas que como cualquier otra cosa.
Se les acusa de estar involucrados en el narcotráfico. ¿Cuál es la posición de FARC-EP Segunda Marquetalia sobre este tema y como piensan comportarse en relación a los productores de coca y terratenientes?
-No somos narcotraficantes, somos revolucionarios estigmatizados y usados como mampara del establecimiento para ocultar sus conductas mafiosas y proseguir una guerra de acumulación de territorio y de recursos estratégicos en favor de las trasnacionales y en especial en favor de Estados Unidos, que entre otras cosas es por antonomasia la cueva del narcotráfico.
Pero le recuerdo que el narcotráfico además de ser un problema social que cruza al conjunto de la sociedad colombiana corrompiendo su economía, sus costumbres, tradiciones y cultura, entre otros espacios, es un problema de Estado que involucra también y sobre todo la corrupción de sus instituciones. Esto es inocultable. Pero además habría que precisar que no se trata de un problema local o nacional sino transnacional, de un macro negocio capitalista que con otras economías ilegales toca no menos de cinco punto del Producto Bruto Mundial.
En Colombia uno de los espacios más contaminados es el capital financiero, pero reitero que esto dentro de un entramado que toca al conjunto de las instituciones, de tal manera que colocar a las guerrillas como chivo expiatorio no resuelve nada, es un mero asunto de propaganda contrainsurgente que equivocadamente se vuelve a repetir por parte de un gobierno gansterizado como el de Iván Duque, que no termina de aclarar sus vínculos con el narco Ñeñe Hernández, con Memo Fantasma y otros fantasmas raizales de la mafia uribista.
Ligando con la respuesta a su pregunta anterior, le reiteraría que nuestra posición en busca de una solución, retomando una antigua propuesta de Manuel Marulanda Vélez, no como jefe de un cartel de narcos sino de una organización rebelde, quedó planteada en los debates de La Habana y plasmada en el traicionado acuerdo de paz. Esta solución vincula cultivos de uso ilícito, producción y comercialización de drogas, proponiéndose principalmente asumir y tratar el consumo con un enfoque de salud pública; la persecución estatal debe dirigirse contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la comercialización.
Debe haber en el tratamiento al problema de las drogas un reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, y se deben promover procesos completos y concertados de sustitución de cultivos de uso ilícito por otros cultivos alternativos, implementando además políticas de tratamiento penal alternativo para los campesinos que como ya dije son más que todo víctimas de este tipo de economías. Por ello insistimos en que cualquier política seria, debe estar vinculada al desenvolvimiento de la reforma rural integral, tal como se explica en lo acordado respecto a los puntos 1 y 4 de lo que fuera la Agenda de los Diálogos de La Habana, todo lo cual, si se observa bien, está construido sobre las demandas históricas del movimiento social popular colombiano.
-¿Cómo analizáis las acusaciones de Nicolás Maduro de que Colombia está detrás del intento de incursión armada en Venezuela?
-Para saber que Colombia está involucrada en un plan de incursión armada mercenaria o de cualquier otro tipo contra Venezuela, no haría falta que lo diga el Presidente Nicolás Maduro. Ese es asunto cada vez más evidente y que se ha expresado desde mucho antes de la era Duque Márquez.
La conspiración en la que Colombia es azuzada como perro de presa por su amo yanqui para desestabilizar a Venezuela, ha sido permanente desde que el chavismo llegó al poder. Se puso en evidencia, por ejemplo, con la confesión pública que al respecto hizo a principio de 2009 Rafael García, lugarteniente de Jorge Noguera, Director del entonces aún existente Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
García explicó cómo su jefe en el año 2003 creó un grupo clandestino al que le dieron la misión de infiltrarse en Venezuela con la excusa de ubicar miembros de la subversión colombiana refugiados en aquel país. Este grupo operaba desde Norte de Santander y la Guajira con pleno apoyo de Departamento Administrativo de Seguridad. Las operaciones clandestinas dentro de Venezuela, las orientaba su director Jorge Noguera coordinando con los paramilitares del llamado Bloque Norte en un plan dirigido a desestabilizar al gobierno venezolano. Por entonces, sectores de la oposición venezolana, sobre todo del denominado Bloque Democrático, propusieron que apoyarían las actividades de narcotraficantes y paramilitares colombianos en Venezuela, a cambio de que estos los apoyaran en derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
Para principio de década la oposición venezolana diseñó un plan para Boicotear el aparato productivo venezolano; adelantar una ofensiva contra el gobierno de Chávez en los medios de comunicación; asesinar líderes del gobierno para crear zozobra en el país; asesinar al Ministro del Interior y de Justicia Jesse Chacón, al Fiscal General Isaías Rodríguez, al Vicepresidente José Vicente Rangel y al Presidente Chávez.
Todo esto lo confesó García diciendo, además, que era el enlace de Jorge Noguera con el Bloque Norte, sirviéndose de mensajeros como el entonces senador Jorge Castro Pacheco, hermano de Augusto “Tuto” Castro Pacheco, uno de los hombres de mayor confianza del paramilitar Jorge 40. En la cabeza de la estructura criminal estaban también, según lo precisó García, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Fernando Londoño Hoyos y la entonces Ministra de Defensa, actual Vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Mas recientemente, los choques diplomáticos que en sintonía con Washington genera el Gobierno de nuestro país son descarados en sus afanes intervencionistas. Evidentemente el Gobierno colombiano, por ejemplo, jugó contra el país hermano, actuando como marioneta principal dentro de la opereta del conciliábulo del llamado “Grupo de Lima”.
La cancillería de nuestro país sostiene desde la posesión de Duque como Presidente, una ferviente campaña para deslegitimar y derrocar al Presidente Nicolás Maduro, especialmente desde el tablado de la OEA contando con personajes lacayos de Washington como Luis Almagro.
El Gobierno colombiano, en todo esto, hace parte de los planes del Pentágono y el Comando Sur para aplastar la Revolución Bolivariana. Y tal afirmación tampoco es necesario que la haga el gobierno venezolano para saber que es verdad, porque está consignado en el manual “Venezuela Freedom 2 Operation”, que de manera específica establece el objetivo de derrocar al Presidente Nicolás Maduro mediante una operación militar que patrocinaría la Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos y tendría el respaldo de la OEA. Todos los confabulados seguirán intentando concretar su objetivo, tal cual se vio con el despliegue de aventuras como la del frustrado desembarque de mercenarios contra-revolucionarios por La Guaira, etc.
-¿Tienen constancia de maniobras militares dentro de territorio colombiano, entrenamiento militar o preparación para ese tipo de acciones?
-La política guerrerista antivenezolana es gubernamental, no es algo personal del presidente Duque. Creo que todo lo que le he dicho es constancia de las intenciones hostiles contra la República Bolivariana de Venezuela. O usted alguna vez había visto tanta agresividad en la frontera común utilizando como cortina y factor de desestabilización supuestas acciones humanitarias, como ocurrió con la protagonizada en el puente internacional y áreas aledañas de Cúcuta, incluyendo conciertos, manipulación de artistas y de conciencias con medios de comunicación corporativos que alentaban el derrocamiento, el golpe de Estado y la violencia en general contra un país que lo que ha hecho es prestarse para que en Colombia se adelantara un proceso de paz?. De verdad que si Venezuela estuviera en una actitud pendenciera tendría suficientes razones para reaccionar, porque el gobierno colombiano irresponsablemente ha generado innumerables causas para iniciar una confrontación.
–El gobierno de Iván Duque les acusa de colaboración con Nicolás Maduro. ¿Qué hay de cierto en eso?
-No creo que Venezuela necesite de la colaboración de una organización insurgente respecto a la cual su gobierno lo que ha hecho es alentarla a pactar la paz con el régimen al que enfrenta. Y agréguele a esto, que las FARC-EP, Segunda Marquetalia, apenas están iniciando una etapa de reconstrucción de sus estructuras y de su despliegue en función de los cambios políticos y sociales que con urgencia requiere Colombia, y en ello una de las líneas trazadas por nuestra Dirección es trabajar por la hermanación de los países bolivarianos, y no por que se suscite una guerra de la que lo único que saldría sería devastación y más lutos para ambos pueblos, los cuales al fin de cuentas son uno mismo.