En días pasados la declaración del rompimiento del cese unilateral del fuego por parte de las FARC, después de cinco meses en los cuales se vieron avances en el desescalamiento del conflicto en las zonas que estaban en medio de la confrontación y ante un gobierno que decide ordenar dar de baja de manera desproporcional […]
En días pasados la declaración del rompimiento del cese unilateral del fuego por parte de las FARC, después de cinco meses en los cuales se vieron avances en el desescalamiento del conflicto en las zonas que estaban en medio de la confrontación y ante un gobierno que decide ordenar dar de baja de manera desproporcional a miembros de esa insurgencia, nos deja sin esperanzas de paz a las comunidades campesinas, mineras e indígenas que veíamos en este cese un paso más hacia el camino de la paz y de nuevo nos ubica en medio de la guerra.
La zona del Nordeste Antiqueño está compuesta por 10 municipios entre ellos Remedios y Segovia, en los cuales la Corporación Cahucopana desarrolla un trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos junto con las comunidades campesinas; donde opera el Batallón Calibío de la décima cuarta Brigada del Ejército Nacional, Batallón de Infantería No.42 «Batalla de Bombona» y el Batallón Especial Energético y vial N°8 del Ejército Nacional, también se encuentra la Multinacional Anglo Gold Ashanti y la empresa Zandor Capital -filial de la Gran Colombia y los grupos paramilitares «Urabeños», «Rastrojos» y «Héroes del Nordeste» lo que genera una disputa territorial en términos del poder del capital. En estos lugares apartados de las grande urbes se vive con más fuerza el rigor de la guerra, por ello el día 22 de mayo a la media noche se escuchan bombardeos, en la madrugada del día 23 ametrallamientos y se empezaron hablar de daños y posible desplazamiento de los habitantes de las veredas Panamá 9, Cancha de Manila y el sitio conocido como Mina Nueva, jurisdicción del municipio de Remedios, aunque los medios masivos de comunicación afirman que los ataques contra la insurgencia se efectuaron en el municipio de Segovia, las comunidades que habitamos la zona después de una comisión de verificación conformada por miembros de la juntas de acción comunal y de líderes y campesinos pudimos confirmar esta información.
Esta comisión pudo evidenciar el daño efectuado por las bombas y los ametrallamientos indiscriminados que dejaron daños en varias parcelas, sin víctimas civiles, pero lo que aún persiste es el temor y la necesidad que contemplan los campesinos de desplazarse por miedo a que estos artefactos caigan sobre sus casas, que se reactive la modalidad de ejecuciones extrajudiciales como ha sucedido en ocasiones anteriores, que continúe la estigmatización o que sigan viendo personas encapuchadas detrás de sus viviendas, sin poder desplazarse tranquilamente por sus territorio, zozobra que aumenta con el desembarco de ejército que sigue haciéndose. Lo más paradójico es que mientras se sigue prolongando el conflicto armado las comunidades campesinas seguimos buscando alternativas para aportar a la construcción de la paz territorial, para cumplir con este objetivo se tiene programado el Encuentro Territorial por la paz y la participación de las comunidades en los acuerdos preliminares surgidos de la mesa de diálogos de la Habana a realizarse los días 28 y 29 de mayo en el municipio de Remedios, se espera la participación de organizaciones de la Coordinación Agrominera y comunidades de otros municipios del Nordeste Antioqueño, para así fortalecer las propuestas comunitarias como parte de la construcción territorial de la paz con Justicia social.
Debido a la coyuntura se hace necesario mostrar las realidades de los habitantes de las veredas afectadas, los estragos que dejan las acciones indiscriminadas del ejército y emprender acciones para permanecer en el territorio y hacer respetar nuestros derechos ante el Estado, en este sentido se convoca desde el día sábado 30 de mayo al Tribunal Permanente por la paz y la vida digna que estará conformada por miembros de organizaciones de derechos humanos, líderes y lideresas de la región, miembros de Acción Comunal y habitantes del municipio de Remedios quienes nos dirigiremos al lugar de los hechos, vereda Panamá 9 (Mina Nueva) donde se recogerán testimonios y denuncias de los habitantes, a su vez hara parte de otra serie de acciones como espacios asamblearios a cargo de los equipos regionales, comisiones de verificación y cada una de las reuniones que se tengan en las diferentes veredas.
No es la primera vez que atentan sobre la permanencia de las comunidades en el territorio
Los hechos de ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, infracciones al DIH por el no respeto del principio de distinción, los hostigamientos, amenazas y señalamientos a los pobladores de la región por parte de la fuerza pública, conjunto el abuso de autoridad y la extralimitación de sus funciones evidenciadas en las intimidaciones y amedrentamientos, se suma al hecho de patrullar con desmovilizados y encapuchados en la región, quienes de manera irresponsable señalan de auxiliadores de la guerrilla a las personas, apareciéndose en sus casas y generando temor y zozobra a las comunidades. Todos estos hechos que se han presentado a lo largo de los últimos meses en la región del nordeste, no es la primera vez que suceden. Desde el nacimiento de CAHUCOPANA, fruto de la necesidad de las comunidades de defender a vida y la integridad de los pobladores, quienes desde principios del 2000 se vieron inmersos en una ola de violencia dirigida por grupos paramilitares en concomitancia con la fuerza pública de la región, la fuerza pública ha jugado un papel determinante tanto en los hechos de amenazas e intentos de desplazamiento de los pobladores de la región, como en los asesinatos de los pobladores per se. Tal como es el caso de las 16 ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2008 que al día de hoy se están esclareciendo.
Así mismo, los bloqueos de la entrada a región de alimentos y medicinas son acciones hechas por la fuerza pública o grupos paramilitares bajo el argumento que toda posible mercancía llevada por el campesinado podía ser para la insurgencia, acciones a partir de una estigmatización que al día de hoy persiste con una manera directa cuando miembros del ejército, en el marco de operativos «militares» que realizan en los caseríos y viviendas civiles, señalan de auxiliadores de la guerrilla a miembros de la Corporación, tal como le ocurrió a Fanny del Socorro, habitante de la vereda Dos Quebradas, lugar donde se encuentra un proyecto productivo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, y sitio donde el paso de pobladores y grupos armados legales e ilegales es común.
Para esta ocasión se realizan acciones militares por parte del Ejército en donde se da de baja a un insurgente de las FARC, acción que pone en riesgo la vida e integridad de menores que estaban a escasos metros del insurgente al que le fueron propinados los disparos. Posterior a los hechos, el Ejercito arribó a la casa de la señora Fanny del Socorro a realizar requisas, entraron a todas las habitaciones, sacaron pertenecías y junto con esto, procedieron a señalarla de estar auxiliando a la guerrilla, la amenazaban diciéndole que «se había salvado del primero y segundo asalto, pero que del tercero no se iba a salvar.»
Anteriormente, en este mismo lugar el día 27 de octubre de 2011, siendo las 11:05 de la noche, aviones pertenecientes al Ejército Nacional descargaron cinco bombas de alto poder las cuales cayeron a escasos 1.000 metros de la vivienda, produciendo altos daños psicológicos a la familia y al bien civil, situación que hasta el momento no ha sido investigada por las autoridades. De igual forma ocurren con los ametrallamientos indiscriminados. Si bien en la región se han presentado muchos casos que han sido documentados por la Corporación, un caso significativo fue el de la indígena María Omaira Nayaza González, perteneciente al resguardo indígena Tagual la Pó, ubicado en esta región, el día 31 de octubre de 2014 producto de disparos indiscriminados realizados por militares que dicen haber visto «guerrilleros de civil» en el caserío. Como este caso, encontramos muchos otros denunciados desde 2004 hasta hoy, donde se involucran hombres, mujeres en estado de embarazo y menores, algunos heridos ante los hechos, otros sin impactos físicos pero si psicológicos.
Ante estas situaciones reiteradas, las organizaciones y comunidades realizamos la exigencia del respeto al principio de distinción, donde el ejército el cual históricamente para acercarse a las comunidades presupone que todos los habitantes hacen parte de la insurgencia de una u otra manera. Esto se ha profundizado con el hechos del acompañamiento por parte de desmovilizados a los operativos militares, los cuales de una manera irresponsable y extralimitándose en sus funciones, realizan señalamientos sobre los habitantes quienes temen por sus vidas (debido a las amenazas que esto desencadena) y por su libertad. Esta situación se había presentado en noviembre de 2007 a uno de los líderes de la región y miembro de CAHUCOPANA, Pedro Samudio habitante de la vereda Caño Tigre , y al cual a lo largo del 2015 se le han aparecido en su vivienda dos veces actores armados. La primera, encapuchados sin identificar, cuestión que fue alertada al líder por la comunidad debido a que este no se encontraba en la vivienda y la segunda por parte de miembros de la fuerza pública que interrogaron a su esposa debido a que en esta oportunidad.
Notas:
Desertores de la guerrilla patrullan con el ejército e intimidan a campesinos. En: http://www.prensarural.org/spip/spi…