DIAGONAL : ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Son todas similares ? JULEN ARZUAGA : Las acusaciones de la mayoría de esos casos, relativos a disidencia política, son de pertenencia. Por una simple cuestión. Garzón empezó a trabajar estableciendo graduaciones, adjudicando los delitos de pertenencia y colaboración por lo que él consideraba diferentes responsabilidades dentro de estos […]
DIAGONAL : ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Son todas similares ?
JULEN ARZUAGA : Las acusaciones de la mayoría de esos casos, relativos a disidencia política, son de pertenencia. Por una simple cuestión. Garzón empezó a trabajar estableciendo graduaciones, adjudicando los delitos de pertenencia y colaboración por lo que él consideraba diferentes responsabilidades dentro de estos movimientos. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que el tipo penal de colaboración exige individualizar en qué hecho concreto ha consistido esa colaboración -dejar un coche a un miembro de ETA, dar una cantidad de dinero-. Al encontrar que no existían tales hechos dio un salto llegando directamente a la acusación de pertenencia, un tipo penal mucho más ambiguo, etéreo, por el que, según la interpretación judicial de los últimos tiempos, perteneces a la estructura de una organización armada, igualmente etérea, con una estructura difusa, inconcreta, que se expande o reduce, y además, perteneces sin ejercerlo, incluso sin saberlo, solamente por una proximidad ideológica a sus postulados. Pertenencia es lo que nos adjudican a nosotros. Todas las peticiones son idénticas, con idéntica calificación penal.
D. : ¿Es otra vez una investigación basada en ‘informes policiales’?
J.A. : Sí, la base de la acusación es nuestra conexión con Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna y la interpretación de que, a su vez, estas asociaciones pertenecen a ETA. Los documentos sobre los que se apoya la investigación son los resultantes de los registros de las oficinas de Gestoras y secuestrados en el registro ilegal de nuestro despacho de abogados, siempre tamizados, traducidos, manipulados, reinterpretados por los «expertos policiales». Es el estilo ya conocido, acusaciones genéricas sobre actividades que o no son delictivas, pero retorciendo las palabras aparecen como tales -por ejemplo colaborar con el sostenimiento económico de los presos políticos- o hechos que siendo ilegales no aparecen individualizados, como por ejemplo la acusación de «aprovechar la sensibilidad que suscita la presunta vulneración de los derechos de los presos de ETA para realizar captaciones que regeneran la estructura operativa de ésta». ¿Quién, cuándo, cómo llevó a cabo esa captación ? Todas las personas acusadas han trabajado en el amplio colectivo del Movimiento Pro Amnistía vasco, en el que hay diferentes expresiones. Todos somos, o al menos hemos sido, portavoces públicos, responsables de diferentes áreas, coordinadores de diferentes territorios… 30 años de actividad y denuncia, 30 años organizando a las víctimas del terrorismo de Estado, a los torturados, a los familiares de presos…
D. : En la primera sesión del juicio oral habéis renunciado a ejercer la defensa jurídica. ¿Por qué?
J.A. : Está claro que no afrontamos un juicio ordinario. La actividad que cada uno de nosotros ha desarrollado dentro del movimiento pro amnistía siempre ha sido pública y transparente, nunca nos hemos escondido para mostrar nuestra opinión, en el ejercicio de nuestros derechos políticos más elementales. Incluso aún sabiendo que esa opinión de denuncia haya sido habitualmente incómoda para quien la ejerce. Es por eso que no vamos a permitir que juzguen el ejercicio de nuestros derechos políticos. Nos condenarán, porque el guión político redactado por el PSOE exige que así sea. ¿Alguien piensa que tenemos alguna posibilidad, en términos jurídicos, después de los esfuerzos que se hicieron en el caso Haika-Segi o del caso 18/98 ? ¿Recordamos su efecto ? Esto ya está ensayado. En este juicio sólo tenemos la oportunidad de que se conozca nuestra actividad y nuestra opinión sobre la represión del Estado y en concreto la que ejerce este tribunal. Por eso el primer día de juicio anunciamos que renunciábamos al ejercicio de la defensa jurídica.
D. : Pero contestar la legitimidad tribunal no evitará sus decisiones…
J.A. : El Estado tiene diferentes instrumentos para ejercer la represión. Si históricamente ésta se llevaba a cabo por medio de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en los últimos tiempos es evidente el papel represivo primordial que ha adoptado el poder judicial en general y la Audiencia Nacional en particular. La intervención en política de este tribunal ha tenido un impacto en los derechos civiles y políticos de las personas sometidas a ella. Creo que ya nadie ve en este tribunal excepcional sino un martillo de herejes, un instrumento de represión a la orden de las últimas estrategias y necesidades del Estado. Han sido tan numerosas las declaraciones en contra de este tribunal, del Parlamento de Vitoria, de juristas internacionales, de la sociedad vasca… pidiendo su disolución, que no podíamos, que no queríamos -siendo además los primeros que lo hemos hecho- quedarnos nuevamente en una denuncia más. Queríamos llevar a la práctica ese rechazo con nuestra actitud, negándonos a defendernos en términos de juicio clásico, renunciando a aportar pruebas, a discutir informes, a realizar periciales y, en suma, a participar en una farsa judicial que otorgue algún tipo de credibilidad democrática a dicho tribunal. Por eso también hemos reducido los testigos de la defensa de 218 a 14.
La batalla ideológica y política en este juicio no es la legalidad del movimiento pro amnistía sino la ilegalidad de la represión. Hemos dado un paso más en la deslegitimación de ese tribunal y ahora toca ver cómo articulamos su rechazo, qué fuerzas acumulamos dentro y fuera de la Audiencia Nacional para terminar con su acción represora de primer orden. En ese objetivo esperamos encontrarnos con todos aquellos que consideran que este tribunal, lejos de administrar justicia, aplica la venganza política.