En los últimos días, se registra un incremento sustancial de las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el país. Desde la elección presidencial del pasado 17 de junio se han asesinado 22 líderes sociales, una persona cada día[1]. El panorama es bastante gris, pues mientras los grandes medios de comunicación se […]
En los últimos días, se registra un incremento sustancial de las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el país. Desde la elección presidencial del pasado 17 de junio se han asesinado 22 líderes sociales, una persona cada día[1]. El panorama es bastante gris, pues mientras los grandes medios de comunicación se han dedicado a cubrir ampliamente el mundial de fútbol y el gobierno nacional continúa negando la sistematicidad de este fenómeno[2] en un intento por invisibilizar los patrones comunes de la masiva vulneración a los derechos humanos que se está produciendo en el país, tras bambalinas se encuentra la cruda realidad que está marcada por el asesinato, solo en lo corrido de 2018, de 123 líderes y lideresas sociales según las últimas cifras de Indepaz.[3]
En los últimos días, se registra un incremento sustancial de las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el país. Desde la elección presidencial del pasado 17 de junio se han asesinado 22 líderes sociales, una persona cada día[1]. El panorama es bastante gris, pues mientras los grandes medios de comunicación se han dedicado a cubrir ampliamente el mundial de fútbol y el gobierno nacional continúa negando la sistematicidad de este fenómeno[2] en un intento por invisibilizar los patrones comunes de la masiva vulneración a los derechos humanos que se está produciendo en el país, tras bambalinas se encuentra la cruda realidad que está marcada por el asesinato, solo en lo corrido de 2018, de 123 líderes y lideresas sociales según las últimas cifras de Indepaz.[3]
La situación en el país, que concentra un tercio del total de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos ocurridos en el mundo en 2017 según Front Line[4], es tan alarmante que distintos organismos nacionales e internacionales han hecho llamados para que se atienda de manera urgente este proceso de exterminio que afrontan los líderes y lideresas sociales y populares. Y es que, desde finales del año 2016, según datos de la Defensoría del Pueblo, han sido asesinadas alrededor de 311 líderes y lideresas, fenómeno que afecta especialmente los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Córdoba, Nariño y Arauca, que concentran el 65% del total nacional y vienen manteniendo esta tendencia desde 2016[5], además del aumento de estos hechos en otros territorios como el Chocó o el César[6].
Especialmente crítica resulta la situación de los líderes de organizaciones campesinas, étnicas o comunales que participan en conflictos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, que concentran más del 80% de los casos este año, y más aún de quienes participan de la Cumbre Agraria que han recibido más de un tercio del total de los asesinatos, principalmente aquellos vinculados a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el movimiento político Marcha Patriótica. En la inmensa mayoría de estos hechos los autores son desconocidos, aunque en los hechos en los que hay información sobre los responsables, 9 casos son atribuidos a el Ejército y a la Policía, y 2 más a organizaciones paramilitares. Existe además también un preocupante registro de asesinatos de activistas populares en manos de fuerzas guerrilleras[7].
Lo anterior pone de manifiesto, por un lado, la debilidad en términos reales de la construcción del escenario de paz derivados de los acuerdos con la insurgencia de las FARC, situación que se viene agudizando con la victoria electoral del uribista Iván Duque a la presidencia y la conformación de un congreso donde será mayoritaria la coalición reaccionaria liderada por el Centro Democrático[8]; y, por otro lado, la imperiosa necesidad de los movimientos políticos y sociales de defender lo conquistado, así como buscar estrategias de autocuidado y protección colectiva que permita defender la vida de sus integrantes al tiempo que se continúan las luchas por los derechos sociales y la defensa de los territorios.
El posacuerdo: Entre el miedo y la esperanza
Los Diálogos de La Habana y la posterior firma de los Acuerdos del Teatro Colón significaron un punto de quiebre en la historia contemporánea del país. Supusieron una disminución sustancial del conflicto armado, la instalación de un programa de reforma social hoy bloqueado y una tímida apertura política, condiciones que derivaron en la conformación de un escenario de polarización política en el país, que está marcada por el desacuerdo sobre temas que pasan por la solución al conflicto armado interno, el problema de la concentración y el uso de las tierras, las estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos, los derechos de las víctimas y la multiplicidad de actores armados, sumado al tipo de justicia para juzgar quienes participaron de la guerra y el conocimiento de la verdad histórica y judicial.
En medio de este panorama, encontramos, por un lado, al uribismo y los sectores más retardatarios y guerreristas que han impulsado discursos de odio no solo anticomunistas o contra las guerrillas sino también contra todos aquellos sectores y comunidades que no se enmarquen en un orden transversalizado por el autoritarismo y el terror. Así, en el país todavía hay muchos que se aferran a la promesa incumplida de seguridad y confianza sostenida por el ex presidente Uribe Vélez, siendo apoyado no solamente por las recientemente reunificada burguesía colombiana[9], sino también por otros grupos pertenecientes a las capas medias y los sectores empobrecidos de la población, que, bajo el velo del miedo hacia lo diferente y lo otro, prefieren apoyar «el que diga Uribe».
Por otro lado, tenemos una gran variedad de posiciones y apuestas reunidas en torno a la defensa de los Acuerdos de Paz y un creciente sentimiento anti uribista liderado por la socialdemocracia, pero no exclusivo de ella. Este bloque diverso y contradictorio, ha jugado sus cartas a través de la construcción de un discurso y un sentimiento signado por el anhelo de un cambio social aún vago y brumoso, pero que reconoce en el uribismo un obstáculo real para avanzar así sea mínimamente en aspectos que refieren a la democratización de las instituciones, el desarrollo de políticas con enfoque de género, la restitución de tierras o la defensa de derechos sociales básicos. Vale la pena resaltar que se entiende al uribismo como obstáculo real no solamente en términos de oposición política sino como la posibilidad de volver a legitimar la persecución, las amenazas y el asesinato de todas aquellas que luchan y se oponen a todos aquellos proyectos, políticas y lineamientos que atentan contra la vida digna, nuestros territorios y la madre tierra.
Duque y el uribismo: Retos para los movimientos políticos y sociales
Así, en medio de un ambiente electoral crispado por el miedo y la esperanza, el pasado 17 de junio, Iván Duque por el Centro Democrático ganó las elecciones presidenciales, y aunque el uribismo está debilitado, se posicionara nuevamente en el poder ejecutivo, contando además con una mayoría en el Congreso. Pero ¿qué ha significado esto hasta el día de hoy? Ad portas del cambio de gobierno, el Centro Democrático ya empezó a consolidar sus apuestas, ejemplo de ello, son las fuertes modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en acuerdo parlamentario con las fuerzas que hasta hace poco integraban la Unidad Nacional, que elimina el enfoque de género en los Acuerdos de Paz y le confiere un tratamiento especial a las Fuerzas Armadas, lo que sin duda va a significar impunidad; sin contar la anunciada inclusión en el próximo gabinete ministerial de joyitas de las más rancia ultraderecha nacional.
Los grupos contrainsurgentes de derecha, armados por sectores de la burguesía y las Fuerzas Armadas, que expresan el fenómeno del nuevo paramilitarismo, han entendido el panorama político nacional como favorable para dar desarrollar su política del terror y agenciarla sin mayor tapujo. Al igual que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos supuso un gran aumento de los crímenes de odio racial y la actividad de los grupos xenófobos, y la victoria de Mauricio Macri en Argentina y la asunción de Michel Temer en Brasil supuso una ofensiva contra las conquistas populares por parte de los defensores de la Operación Cóndor y las últimas dictaduras cívico militares, la victoria de la Duque en Colombia supondrá un aumento de la violencia contra los líderes y lideresas sociales, y un empeoramiento del asomo de genocidio político contra la izquierda y los movimientos populares que se viene experimentando desde finales del santismo.
Si las amenazas y los asesinatos han incrementado en los últimos dos años, en las últimas semanas se ha disparado de forma alarmante. Lo más preocupante es que la cifra pareciera ir en aumento. No más en los últimos días se hizo pública una amenaza a través de una llamada telefónica a Deyanira Ballestas, profesora en San Pablo, Bolívar, así como otras a través de panfletos y llamadas a tres estudiantes de la Universidad Nacional sede Palmira, o aquellas que salieron a la luz en el marco de las jornadas de concentración desarrolladas el viernes 06 de julio que denunciaban y rechazaban el asesinatos a líderes y lideresas sociales[10]; y en lo que llevamos del mes de julio, han sido asesinados 10 líderes y lideresas sociales[11]: Iván Lázaro (Puerto Libertador, Córdoba), Luis Barrio Machado (Palmar de Valera, Atlántico), Santa Felicinda Santamaría (Quibdó, Chocó), David Mejía Prieto (La Montañita, Caquetá), Margarita Estupiñán (Tumaco, Nariño), Ana María Cortés (Cáceres, Antioquia), José Fernando Jaramillo Oquendo (Ituango, Antioquía), Ancizar Cifuentes Vargas (Chaparral, Tolima), Alexander Castellanos Triana (Cartagena del Chairá, Caquetá) y Fernando Gómez (Guacarí, Valle del Cauca). Esto, sin contar los 7 jóvenes que fueron masacradas en hechos aún por esclarecer en Argelia, Cauca o los tres luchadores sociales asesinados en Ituango, Antioquia en las últimas semanas.
Sin duda, el panorama es bastante negativo para todas aquellas personas que apuestan por otras alternativas de vida. Por lo anterior, es urgente empezar a construir estrategias que, por un lado, blinden a los movimientos políticos y sociales, protegiendo de forma integral tanto a sus integrantes como a sus procesos organizativos. Se hace urgente luchar por la construcción de programas de protección estatal bien equipados y financiados, bajo el control de las propias organizaciones comunitarias, así como el desmantelamiento pleno y definitivo de los grupos paramilitares y la persecución de los empresarios, terratenientes, jueces, policías y miliares que los financian, amparan y organizan. Se hace urgente denunciar y visibilizar la sistematicidad de este fenómeno, derrotando la operación de ocultamiento que este gobierno ha sostenido y solo se profundizará en el gobierno entrante. Se hace necesaria la solidaridad entre las organizaciones sociales y populares de los más diversos sectores a nivel nacional, así como de otras organizaciones y movimientos a nivel internacional. Se hace necesario un mayor acompañamiento de los movimientos urbanos hacia los movimientos rurales, quienes hasta el momento se han visto más afectados[12]. Se hace necesario seguir fortaleciendo la esperanza por sobre el miedo para defender nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros territorios.
¡Nos están matando! ¡Basta de asesinatos a líderes y lideresas sociales!
¡Basta de persecución y amenazas a la izquierda y los movimientos populares!
¡Arriba las que luchan!
Grupo Libertario Vía Libre
Referencias bibliográficas
[1] Indepaz, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica. Separata de actualización. Informe especial: Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 2018. En Indepaz.org.co. Link: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Se…8.pdf Recuperado 08/07/2018
[2] Hace unos días el ministro del Interior, Guillermo Rivera, insistió en que esta situación no es sistemática y que, por el contrario, obedece a circunstancias diversas en cada una de las regiones. Para más información: https://www.lafm.com.co/politica/gobierno-insiste-que-a…ticos Recuperado: 06/07/2018
[3] Indepaz, Separata de actualización. Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 2018. En Indepaz.org.co.
[4] El Espectador. Asesinatos de defensores de DD.HHH en Colombia. Enero 9 de 2018. Pág. 1
[5] Indepaz, Separata de actualización. Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 2018. En Indepaz.org.co.
[6] Nicolás Marín Navas. Un violento comienzo de año para los líderes sociales. El Espectador. Febrero 1 de 2018. Pág. 2-3
[7] Indepaz, Separata de actualización. Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 2018. En Indepaz.org.co.
[8] Para un análisis de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio puede revisarse nuestro texto Perspectivas libertarias sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Link: https://grupovialibre.org/2018/06/23/perspectivas-liber…mbia/ Para una revisión de las elecciones de marzo a Cámara y Senado puede consultarse Perspectivas sobre las elecciones legislativas de 2018. Link: https://grupovialibre.org/2018/03/16/perspectiva-sobre-…2018/
[9] Grupo Libertario Vía Libre. Perspectivas libertarias sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Junio 23 de 2018.
[10] El Espectador. Amenazan a líderes sociales en plena ‘Velatón’. Julio 7 de 2018. Link: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/amenazan…98798 Recuperado 07/07/0218
[11] Es importante resaltar que posiblemente está cifra se encuentra desactualizada pues cada día salen nuevas noticias sobre amenazas y asesinatos en el país.
[12] Algunas de estas demandas, que provienen de los movimientos sociales y populares, las desarrollamos en Grupo Libertario Vía Libre. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras-2018. Link: https://grupovialibre.org/2018/03/08/dia-internacional-…2018/ Recuperado 08/07/2018
Fuente original: http://anarkismo.net/article/31066