Indignados, usados, humillados. Así se sintió Ana Cortez, vocera de la Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, luego de que se enterara de que de los 164 casos que presentaron apenas 34 calificaron. La negligencia y falta de voluntad política son, según la agrupación, las razones que […]
Indignados, usados, humillados. Así se sintió Ana Cortez, vocera de la Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, luego de que se enterara de que de los 164 casos que presentaron apenas 34 calificaron. La negligencia y falta de voluntad política son, según la agrupación, las razones que explican que no calificaran personas que nacieron producto de las reiteradas violaciones que sufrieron sus madres en los centros de tortura, o que de una misma familia calificara un hermano sí y otro no.
¿Cómo nació la agrupación?
Cuando en el informe Valech aparece el Anexo de «Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en cautiverio». En este anexo había 102 personas, cuestión que nos sorprendió porque cada uno de nosotros pensaba que su caso era único.
¿Cuál fue tu reacción al conocer que había otros ex menores que habían vivido lo mismo que tú?
Me comencé a preguntar cuáles eran las historias de los demás, quiénes eran, dónde estaban, qué hacían hoy. Y empezamos a contactarnos para conocernos y ver qué podíamos hacer juntos. Y ahí nos dimos cuenta de que la gran mayoría no estaba en el Informe Valech. Luego, el 24 de diciembre, se promulgó la ley de reparaciones que en su artículo 15 dice que los testimonios van a ser secretos hasta los próximos 50 años. Eso nos provocó a todos una desazón atroz porque no fuimos a declarar por la plata, sino porque queríamos que se hiciera público lo que había pasado con los niños y niñas. Además, fue decepcionante darse cuenta de que ni siquiera trabajaron esos testimonios para sacar alguna conclusión relevante del tema. Pero nuestra sorpresa fue mayor cuando nos dimos cuenta de que no se nos consideraba como víctimas de tortura sino como meros acompañantes de nuestros padres en los centros de tortura, cárceles y ratoneras, y por eso no teníamos derecho a las mismas reparaciones.
¿Qué acciones emprendieron?
Al percatarnos de que la gran mayoría de los exmenores estaba fuera del informe, nuestro eje cambió radicalmente, pues concordamos que era fundamental que se reabriera la comisión para que recogiera los testimonios de todos los que quedaron fuera y que nos reconociera a todos como víctimas de tortura propiamente tal. Nos reunimos con la comisión y nos dijeron que reconocían este error porque no esperaban que fueran ex menores a declarar. La primera solución que dieron fue revisar los 28 mil casos para ver dónde había niños involucrados, lo cual ya excluía a aquellos cuyos padres que por distintas razones no declararon. Esta solución no se implementó. Después, nos informaron que sólo iban a revisar los casos de las mujeres, que son el 10 por ciento del total, lo cual restringía aún más el universo, y ya en mediados de enero nos dijeron que tampoco tenían tiempo ni recursos para revisar esos 2 mil 800 casos de mujeres y se nos planteó que nosotros recabáramos la información para luego pasárselas a ellos.
¿A quién le plantearon el problema?
A María Luis Sepúlveda (Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión) que nos dijo que evaluarían en marzo para darnos una respuesta con la condición que nos quedásemos callados y que por nada del mundo fuésemos a la prensa a contar lo que se estaba haciendo.
¿Por qué aceptaron mantener en silencio esto?
Porque creíamos que estaban buscando una solución a este problema y que no querían que los medios de comunicación entorpecieran el trabajo. Nos pidieron que confiáramos, pero en todas las oportunidades que nos reunimos nos repetían que por favor no dijéramos nada a la prensa. Nosotros aceptamos esta condición no solamente porque pensábamos que nos podían ayudar, sino porque en ese momento aún no dimensionábamos de la magnitud del problema.
¿Se reunieron con alguien más?
Con los senadores Foxley y Naranjo, quienes se mostraron consternados y conmovidos, pero como única solución nos dijeron que presentáramos los casos que recopiláramos ya que nos se podía reabrir la Comisión debido a que estábamos en período eleccionario. Lo curioso fue que ellos también nos pidieron que por favor guardásemos silencio. Tenían pavor de que se destapara esto. En cuanto al tema de que la Ley de reparaciones no nos reconoció como víctimas de tortura, acordaron con María Luisa Sepúlveda que una solución posible para que los exmenores fueran reconocidos era pasar la mayor cantidad de gente del anexo de menores al listado de víctimas para que recibieran las pensiones y los demás beneficios, pero que iban a quedar algunos casos necesariamente en el anexo.
¿Por qué?
La respuesta fue ridícula: porque no podía quedar el anexo vacío. Para que todos los exmenores tuvieran el reconocimiento de víctimas de tortura y tuvieran derecho a las mismas reparaciones, había que eliminar el artículo quinto (que habla de los exmenores) y que ahí podíamos tener igualdad. Y por qué no se revisa entonces la ley, les dijimos: porque estamos en año electoral y la Ley no puede volver al parlamento en un año electoral.
¿Qué hicieron ustedes?
Comenzamos a reunirnos con todas las agrupaciones relacionadas con derechos humanos y presentamos una carta que fue acogida y leída en la 61 Sesión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. En ella, si bien reconocíamos el valor ético del informe, denunciábamos que estaban dejando a los niños y niñas fuera, y que la ley de reparación no contemplaba a los ex menores como víctimas de tortura y por eso no les entregaban las mismas reparaciones. Desde ese momento comenzamos a informar mediante las distintas agrupaciones de derechos humanos que la Comisión iba a seguir recibiendo casos de exmenores y que nosotros por nuestra parte seguiríamos recabando casos, incluyendo una breve descripción de las circunstancias en que habían sido secuestrados o torturados. Cuando empezamos a recibir los relatos, constatamos que la mayoría de los ex menores habían sido realmente torturados.
¿Cuándo dicen «realmente torturados» quieres decir físicamente?
Así es, y a pesar de eso muchos no calificaron. Por ejemplo, entre los casos de menores en gestación, hay uno que quedó fuera a pesar de que su madre fue salvajemente torturada en la Academia de Guerra de la FACH y que como consecuencia su hija nació con desnutrición y sorda de un oído. A eso nos referimos con físicamente torturados, porque la prensa utiliza eufemismos y la gente piensa que a los menores no se les ejerció directamente violencia. Sin ir más lejos, a esta mujer le decían cuando la estaba torturando que los golpes no eran para ella, sino que para su hija, y le ponían electricidad en el vientre sabiendo que estaba embarazada. También hay casos de menores que nacieron en cárceles y otros que estuvieron ya más grandes detenidos con sus padres o solos en calabozos, niños y niñas que estuvieron detenidos en sus casas y fueron violentados sicológica y físicamente y hasta abusados sexualmente.
¿En todos estos ejemplos hay personas que no calificaron?
En todos, lo que es escandaloso. El 15 de marzo entregamos 70 casos más, que sumado a los 50 anteriores ya daban 120. Ahí tuvimos la penúltima reunión con María Luisa Sepúlveda que estaba muy a la defensiva. Le planteamos que teníamos 70 casos más y que queríamos que los recibieran. Ella nos dijo que lo que podían hacer era reconocer que habían cometido un error al no considerar a los hijos que fueron mencionados por sus padres en la primera etapa, por lo que sólo serían reconocidos aquellos casos en que los padres estuvieran reconocidos por la Comisión Valech. Pero a esas alturas nosotros ya habíamos empezado a darnos cuenta de que algunos hijos e hijas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos habían pasado por lo mismo que nosotros. Y sus padres, por razones obvias no estaban en el Informe Valech.
¿Entonces si al padre de un ex menor lo mataron y por lo tanto no estaba en el informe Valech no podía calificar aunque se les haya torturado?
No podía, como tampoco aquellos que sus padres no quisieron declarar por razones personales o por convicciones políticas. Todos esos casos, nos dijo María Luisa, no calificarían, y lo único que podía modificar eso era ampliar el plazo de recepción de antecedentes de la Comisión para que estos casos fueran considerados «por sí mismos». Nosotros siempre tuvimos claro que muchos no iban a quedar, pero les decíamos a todos que era importante declarar y hacer público esta situación. Finalmente, el 31 de marzo presentamos como agrupación los últimos 44 casos, lo que hizo un total de 164 casos dentro del plazo legalmente estipulado. Si bien sabíamos que algunos casos no iban a ser acogidos, teníamos la esperanza de que la magnitud del problema hiciera reaccionar a las autoridades, porque legalmente prolongar el mandato de la Comisión Valech dependía exclusivamente de la voluntad política del Presidente de la República. Es cosa de que él hubiese dicho que si bien el trabajo de la Comisión ha sido excelente, se ha encontrado con una situación que no estaba considerada inicialmente y que ameritaba ampliar el plazo para el funcionamiento de la comisión. Bastaba con que se hubiese hecho eso para que esta situación no tuviera la magnitud de escándalo que hoy tiene.
¿Cómo califican la calidad y competencia de quienes recibían los testimonios?
Los comisionados eran altamente calificados, como Elisabeth Lira, la misma María Luisa Sepúlveda, pero quienes estaban a cargo de recoger los testimonios no tenían criterio, ni estaban preparados. Los formularios que utilizaron para recabar los relatos de los ex menores eran los mismos que utilizaron con los adultos, a ése nivel de improvisación se llegó. Entonces nos preguntaban, por ejemplo, qué militancia teníamos a los cinco años, algo totalmente ridículo e impresentable.
¿Cómo tomaron la revisión final del informe presentada la semana pasada?
Si bien temíamos que quedaran muchos fuera, el informe fue una sorpresa, porque calificaron apenas 34 de los 164 casos de los presentados por nosotros, más otros 52 que no conocíamos. Hay gente que la recibieron incluso a fines de abril y hay otros que fueron en febrero y no les recibieron los antecedentes. Pero uno de los casos que más me duele es el de una persona que nació víctima de las reiteradas violaciones sufridas por su madre y que durante el embarazo se le torturó sistemáticamente. A esa persona, que luego nació en el mismo centro de detención, logramos convencerla de que declarara con la convicción de que quedaría porque así lo ordena el mandato de la Comisión. Fue y presentó entre sus antecedentes, los informes de su terapeuta, pero increíblemente no quedó. El punto es que esta persona tiene ficha en varios organismos de derechos humanos donde consta que nació de las violaciones de su madre. Otro punto importante es que su madre está reconocida por la Comisión Valech, o sea que era un caso de los que ellos mismos dijeron que iban a calificar sí o sí. Pero no calificó.
¿Por qué piensan que esa persona, por ejemplo, no haya quedado?
Porque ni siquiera leyeron los testimonios que entregamos. Cuando vi que no había calificado, le llamé y se derrumbó. Le pregunté si alguna vez le llamaron a declarar, y me dijo que nunca lo hicieron. Todo esto confirma que la calificación o no de los exmenores dependió hasta último momento del criterio del funcionario que recibió el caso, lo que es impresentable.
¿Qué personas o instituciones, distintas a las relacionadas a los derechos humanos, los han apoyado?
Ninguna. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados nos ha citado cuatro veces al parlamento y en todas las ocasiones suspendió las reuniones a última hora. Nos sentimos nuevamente humillados y torturados, aunque nos sentimos plenamente apoyados por todos los organismos de derechos humanos.
¿Cómo les parece el tratamiento que le ha dado la prensa?
Hay mucha desinformación y están publicando las declaraciones de la Comisión como si fueran verdades absolutas. Hay radios que se han negado a recibir la vocería pues lo que quieren son testimonios, sangre. Lo que nos da rabia es que se quiera llenar páginas con nuestro dolor. Desde marzo que venimos publicando testimonios para que la gente se sensibilice pero no bastó, y ahora los medios se molestan y nos cierran también las puertas porque no queremos darles casos concretos. En el fondo tanto el Gobierno como la Comisión están utilizando a la prensa para desinformar y confundir a la opinión pública.
¿Qué les parece que José Antonio Gómez haya dicho que se siente dolido con su actitud? Nosotros estamos el doble de dolidos. No nos dejaron alternativa que presentar recursos de protección en contra del Presidente de la República. Venimos planteando el tema desde diciembre con cartas desde el Presidente hasta los diputados y senadores. Se nos ha ignorado y ahora nos dan con la puerta en la carta.
¿Qué acciones piensan seguir haciendo?
Seguir con las denuncias a nivel internacional, ir a tribunales chilenos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ocupar todos esos espacios. Pero hay que decir otra cosa: tuvieron que pasar 14 años para que algo que sucedió durante 17 años, que fue la tortura sistemática por parte del Estado, se abriera un espacio. ¿Cuál fue ese espacio, ese plazo? Seis meses. Obligar a las personas para que retomen sus historias de dolor y que en tan poco tiempo declaren, es no entender las huellas que deja la violencia en quienes la sufrieron. Además, a los torturadores se les está dando 50 años de IMPUNIDAD garantizada, que es el plazo que se estableció para hacer públicos todos los testimonios. Es vergonzoso.
Lagos dice que es hora de mirar el futuro.
Pero es que este no es un tema del pasado, sino del futuro, porque si esta generación no es capaz de asumir la responsabilidad histórica que tiene de garantizarle al país que atrocidades como esta nunca más se van a repetir, lo mínimo que se puede hacer es conocer la verdad completa, no a medias. Cuántos, cuándo, cómo, en qué circunstancias y quiénes torturaron. Sobre todo quienes. Porque la justicia no es algo que la sociedad chilena se pueda saltar así como así. En países como Alemania hasta el día de hoy abren plazo para que todos quienes se sienten afectados por la Segunda Guerra Mundial vayan a dar sus testimonios, porque entienden que si no se recoge la historia esto puede volver a ocurrir, y a mí nadie me va a decir que Alemania es un país que no avanza y que no mira hacia el futuro. Justamente, como queremos avanzar hacia el futuro, es que hay que reconocer y reparar a todas las víctimas de tortura. Por eso creemos que no debe existir plazo para declarar, sino crear una instancia como la que hay en países como Alemania, por ejemplo.
¿A esta altura qué valor le otorgan al informe Valech?
Es un primer paso, pero no debe ser un cierre al tema. Para nosotros como agrupación, el informe ha ido perdiendo cada vez más validez, puesto que se ha transformado en una más de las tentativas que ha hecho la Concertación para terminar con el tema de los derechos humanos. Es indignante. Nosotros pusimos la sangre y los muertos y ellos son los que gobiernan ahora. Es de una ignominia atroz. Estoy furiosa, porque cuando recién empezamos con este tema no teníamos idea de su envergadura, y después de haber reunido los cientos de casos que tenemos no es posible que el gobierno no tome cartas en el asunto para reparar la tremenda INJUSTICIA que se está cometiendo al dejar mucha gente fuera por simple negligencia o descriterio.
¿Tienen esperanza de que finalmente se les reconozca?
Por supuesto. Primero hubo un informe Rettig, luego hubo una Comisión de Verdad y Reconciliación, luego hubo que formar una Mesa de Diálogo y ahora hay un Informe Valech. Nosotros esperamos que haya una nueva instancia que permanezca en el tiempo para recopilar los testimonios y reparar a las víctimas.