Desde que comenzara la aplicación de políticas intensivas de ajuste en España en mayo de 2010, cada una de las medidas de desmantelamiento de los derechos laborales y sociales ha venido defendida, por los sucesivos gobiernos que la han aplicado, sobre la base de la evitación de un mal mayor: la intervención de la soberanía […]
Desde que comenzara la aplicación de políticas intensivas de ajuste en España en mayo de 2010, cada una de las medidas de desmantelamiento de los derechos laborales y sociales ha venido defendida, por los sucesivos gobiernos que la han aplicado, sobre la base de la evitación de un mal mayor: la intervención de la soberanía del país por parte de agentes externos. Semejante argumentación contiene la extraña maniobra de intentar justificar precisamente aquello que en teoría se estaría evitando: la aplicación de medidas de castigo extremadamente dolorosas para la población y que conducen a un desastre social.
«Nuestro objetivo es derrotar al bipartidismo para acabar con la alternancia, disputando la hegemonía al neoliberalismo en la sociedad y en las instituciones. No queremos ser ni una izquierda subalterna ni una izquierda solamente resistente» (de la Resolución aprobada en la X Asamblea Federal de IU)
Cuando el documento político para la XIX Asamblea de IULV-CA habla de «gobierno de resistencia», lo hace para declarar su compromiso, precisamente, con aquello de lo que el documento federal rechaza: ese carácter de la «resistencia» falta de iniciativa. El gobierno de resistencia que se defiende en el documento andaluz no alcanza siquiera al carácter de una protesta, en el sentido de esto no va conmigo sino que se revuelve en una incómoda formulación de la resistencia (gestión de los daños) que, para mayor desgracia, ni siquiera en todo su minimalismo es realizable.
Las perspectivas de minimización de daños pasan por la corrección posible de la aplicación de la ortodoxia neoliberal, sea por imperativo o por voluntad propia, por parte del gobierno de la Junta de Andalucía; esto es, por la posibilidad de alimentar y atender a la parte social del sustrato social-liberal que define al actual gobierno andaluz. Y esa posibilidad sólo puede materializarse en un margen de maniobra determinado por la disponibilidad de recursos y a la capacidad de obtenerlos a partir de la marcha de la economía andaluza. Las dimensiones de ese margen tendrán que definirse atendiendo a la realidad social y económica de Andalucía. Todo ello, haciendo un esfuerzo por aceptar la mayor de que ahí se marque el límite de la orientación estratégica de una fuerza transformadora de izquierdas.
Sostenemos que la idea social-liberal, orientadora del pacto de gobierno PSOE-IULVCA, consiste fundamentalmente en un intento de corregir, a través de políticas sociales de alcance más o menos limitado, las consecuencias escandalosas de la brutalidad de las durísimas políticas de austeridad recetadas por la troika. Pero esa misma austeridad (asumida en el acuerdo de gobierno andaluz mediante la aceptación de la ortodoxia presupuestaria), unida al desmantelamiento de los sectores productivos propios como consecuencia del modo de integración europeo, elimina igualmente las posibilidades de su propia corrección, al suprimir las bases materiales que posibilitarían tal cosa. Semejante sueño social-liberal es un engaño en el marco presente, y las pretensiones de realismo posibilista que se pretenden expresar en declaraciones de intenciones como las de la «minimización de daños», se revelan paradójicamente como los más irrealistas de los propósitos, los más deficitarios de análisis de las posibilidades que ofrece la realidad material.
Hay que preguntarse qué posibilidades de salida a esta situación hay dentro del marco actual de la UE. El diseño de la Europa de Maastricht y el euro reservaba a los países del sur, sobre todo España, Portugal y Grecia (PEGs) un papel marginal, subalterno y dependiente que provocó un proceso de concentración económica dejando inutilizadas y marginadas regiones y energías productivas que podían encontrar un papel importante en la cooperación con áreas externas a la Unión Europea. Impuso una división del trabajo que inhabilitaba a estas regiones para impulsar nuevas formas de cooperación económica [1]. Para Andalucía, como para el conjunto de los países, la integración en la UE ha supuesto una importante desindustrialización sin compensación alguna. Se impulsó un crecimiento económico sostenido en el endeudamiento para el desarrollo de dos sectores especialmente vulnerables a las crisis financieras: el turismo y la construcción. Es decir, precisamente todo lo que estalla en 2008. La pérdida del último instrumento para proteger la propia industria, la posibilidad de devaluación de sus monedas, dio como resultado una explosión del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, que tuvo que financiarse a través de un mayor endeudamiento con el exterior.
Hoy, las únicas señales de corrección de ese desequilibrio en la balanza señalan a la depresión de la demanda interna, lo que no construye bases para la recuperación. Desde el ingreso en la UE, las políticas regionales y de cohesión han ido paliando de alguna manera los desequilibrios inducidos entre centro y periferia, sin embargo no han sido orientadas al desarrollo de una base productiva interna y sostenible sino en muchos casos, más bien, a incrementar la situación de dependencia, por ejemplo, el caso de la financiación de vías para el transporte privado en lugar de inversiones en el sistema ferroviario. La Comisión Europea ha programado una reducción del 5% para las políticas de cohesión en el Presupuesto de 2014-2020. Y se esperan incluso nuevas reducciones. Además, dicho Fondo se redistribuirá a favor de las regiones ricas y «en transición», categoría, esta última, de la que ha sido «descendida» Andalucía al haberse reducido su nivel de convergencia con Europa como consecuencia de la crisis.
Concluimos, por tanto, que no hay margen de maniobra posible para la implementación de correcciones paliativas significativas a las medidas de austeridad que están conduciendo a Andalucía a una auténtica involución social y política, hacia el subdesarrollo. La hipótesis de mantenimiento de los ingresos y de activación económica necesaria para el gasto en corrección de desigualdades sociales (es decir, la idea toda de «resistencia» que maneja el documento para XIX Asamblea Andaluza) es una hipótesis falsa. No hay perspectiva visible de estabilización de la situación económica y, por tanto, tampoco de la situación social, cuya dinámica tiende a una progresiva degradación si no hay un cambio radical en los planteamientos. Ante este desgobierno, es de temer que la única vía de estabilización posible para los que mandan sea la de la «estabilización política de la crisis», a través de salidas más o menos autoritarias o de grandes acuerdos o pactos de elites que vayan contra la sociedad. IULV-CA tendrá que determinar en lo inmediato su forma de relación política con la sociedad en este contexto en Andalucía, y definir si la apuesta consiste en formar parte de un «frente común» como alianza social y política en defensa de los de abajo, o de una manera trágica se acaba siendo un componente pasivo de esos procesos de «estabilización «.
Recuperar la soberanía, y con ella las posibilidades de una salida a la crisis favorable a las gentes comunes y corrientes (conviene aclara de qué se está hablando cuando se habla de «salir de la crisis») pasa por el replanteamiento del lugar asignado a Andalucía dentro de la configuración actual de la Unión Europea [2]. La crisis de la llamada «integración atlántica» obliga a mirar a otros espacios de integración y a buscar, también, en lo regional, el impulso de «frentes comunes» sustentados sobre los paralelismos en el desarrollo histórico de los territorios, la identidad de los problemas adquiridos y la necesidad de afrontarlos en común como única alternativa de superación. Sería ese, y no la mera gestión de los daños, el marco de posibilidad para una primavera mediterránea como reclamaba recientemente Tsipras.
La XIX Asamblea de IULV-CA debería ser un espacio para el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo y transformación para Andalucía, para la búsqueda de alternativas reales a la situación actual, alternativas que pasan necesariamente por el planteamiento de todas esas cuestiones, por el impulso a un frente euromediterráneo que busque (mas allá del proyecto Atlántico )una redefinición de la división territorial del trabajo en base a
1) Semejanzas en el desarrollo histórico de los países del sur más castigados por su situación periférica [3]. Los modelos aplicados en ellos de «modernización destructiva» sin desarrollo interno y a costa del desmantelamiento de sus sectores tradicionales, esto es, de sus formas de vida y trabajo orientadas a espacios locales y regionales, para facilitar la «invasión» de la producción centroeuropea, espoleada por la moneda común, y la condena al desarrollo, como única posibilidad de crecimiento, de los sectores menos expuestos a la competencia extranjera pero más destructivos y especulativos, como la construcción. En definitiva, el modelo que trajo al sur las tasas de crecimiento más altas de toda Europa y ahora, una vez hundido, con la misma rapidez, las tasas más altas e insoportables de desempleo, de depresión social y de descomposición política.
2) Los problemas que ahora tienen que afrontar al devenir en pesadilla el sueño de la convergencia nominal que se había estado desarrollando gracias a ese modelo especulativo: el pago de la deuda y la ausencia de una base productiva capaz de afrontar la situación de catástrofe social. Durante los años de crecimiento del PIB, en los tres países ha ido creciendo también el déficit de la balanza por cuenta corriente, pues ese crecimiento se ha basado en el desmantelamiento simultáneo de las bases productivas.
3) La imposibilidad de que los PEGs (y otros países más del área) puedan enfrentarse por separado a las políticas de austeridad. La exigencia de renegociar la deuda y de forzar un cambio, pasa igualmente por la necesidad de acumular el peso político y económico necesario, así como el uso de su valor geoestratégico, para el logro de una buena posición negociadora, la cual es inaccesible para cada uno de los interesados en solitario.
Retos de ese proceso negociador serían la reducción y cancelación de la deuda, el cambio del papel del BCE en relación a la misma, el incremento del Presupuesto de la UE en favor del sur, la posibilidad de abordar una salida conjunta del euro como «muro de protección» y, sobre todo pero en relación con todo lo anterior, la recomposición de ese «sector tradicional», es decir, la activación de los recursos locales que produzcan para el consumo interno y sean una fuente de trabajo estable y de calidad, en áreas tan importantes como la alimentación, los cuidados o la producción de energía mediante fuentes renovables implantadas en el territorio.
Andalucía, por su volumen de población, su disponibilidad de recursos, su situación estratégica, el lugar que se le ha reservado dentro de la distribución de funciones en la UE y su imposibilidad para salir de esta situación dentro de las reglas del juega establecidas, está llamada a jugar un papel fundamental en una iniciativa de este tipo, que permita una nueva organización de la economía al servicio de las necesidades humanas y ecológicas y una reapropiación de la democracia. Pero hay otro aspecto esencial: semejante desafío es sólo posible a través de cambios en las relaciones de fuerzas políticas que permitan que las mayorías lleguen al gobierno. Y hoy, una configuración de ese tipo es pensable en Portugal, en Grecia y en España, dada la crisis de legitimidad de los grandes partidos que han sostenido el consenso sobre la integración de los respectivos países según el modelo antes apuntado. Apostar por un cambio real implica la obligación de romper con acuerdos orientados al mantenimiento de la «estabilidad capitalista» y trabajar en la perspectiva de una amplia alianza social, política y cultural que permita que la mayoría se haga hegemónica con un programa alternativo y de salida a la crisis en favor de las poblaciones, y que tenga en perspectiva un análisis serio de la realidad en la que nos encontramos. La alianza con el PSOE en Andalucía esconde la renuncia a la idea de Alternativa, porque se desconfía de las propias fuerzas, de la capacidad política para construir un proyecto mayoritario. Continuar con esta política, en plena crisis de régimen y de Estado, es conducir a la izquierda real, social y política a un callejón sin salida. Y a la población andaluza a la negación de cualquier horizonte de esperanza en la política democrática y en la transformación social. Quién convocará entonces las esperanzas y los sueños en el imaginario de las clases populares castigadas por la crisis, es una cuestión de cuyo resultado tendrán que responder en su idea quienes hoy se niegan, con todas las consecuencias, a plantearla conscientemente.
Fuentes:
[1] Andalucía el Mediterráneo y Europa. Corriente Crítica Convocatoria por Andalucía. Tesis para el debate en la XVII Asamblea Andaluza de IU LV-CA (http://www.iujaen.org/pdf/tesis.pdf)
[2] Armando F. Steinko, http://www.cronicapopular.es/2013/03/portugal-espana-y-grecia-en-busca-de-una-salida/
[3] Manuel Monereo Pérez. Eurofascismos. La rebelión del Sur. De la crisis a la revolución democrática. Ed. Viejo Topo. 2013.
Francisco Sánchez del Pino. María Dolores Nieto Nieto. Asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén
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