Una vez que el tándem Zapatero-Chacón presentó públicamente su «plan estrella» sobre vivienda, gran parte del debate ha girado en torno a si éste es (y/o en qué medida) copia del establecido en 2004 siendo Trujillo ministra del ramo. Esa falsa discusión no hace sino obviar el meollo del asunto y dificultar la observación del […]
Una vez que el tándem Zapatero-Chacón presentó públicamente su «plan estrella» sobre vivienda, gran parte del debate ha girado en torno a si éste es (y/o en qué medida) copia del establecido en 2004 siendo Trujillo ministra del ramo.
Esa falsa discusión no hace sino obviar el meollo del asunto y dificultar la observación del hecho de que dichas medidas dejan intacto el fondo del problema, ya que éste no es superestructural, que se pueda arreglar con dos o tres leyes o con un paquete de disposiciones, sino estructural, que exige un cambio de raíz de la política de vivienda, junto con el de política fiscal, presupuestaria y económica, cambio que sería inasumible por el Régimen dada su naturaleza.
Veamos. Las estrellas del plan que dicen lucir más son:
a) ayuda de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos máximos de 22.000 euros y durante un máximo de 4 años;
b) deducción de un 10.05 % en la cuota estatal del IRPF para el inquilino arrendatario, sin límite de edad, con unos ingresos máximos de 24.000 euros netos;
c) deducción fiscal para los propietarios de pisos que los pongan en alquiler a menores de 35 años: 100 % de exención para los ingresos obtenidos por ello.
Las tres medidas tienen como objetivo, apunta el Ministerio, promover el alquiler. Las dos primeras actúan sobre el inquilino; la tercera sobre el propietario.
Habría mucho que comentar, mas el objeto de estas notas es centrarse en lo que creemos esencial. Lo primero que se pone en evidencia es que si van a dar ayudas, bien directas («a»), bien indirectas («b»), es porque el alquiler va a seguir estando alto (el alquiler medio, ahora, es de 720 euros/mes).
Es más, las ayudas directas posiblemente lo encarezcan (todos sabemos lo que pasa en un pueblo o ciudad cuando toca la lotería), lo que resulta harto jugoso para los propietarios, que a su vez, hemos visto, van a tener exenciones fiscales. No sólo se siguen enriqueciéndose los mismos a costa de las clases populares sino que lo harán en mayor cuantía, y esto a costa del erario público (se calcula que sólo la primera medida citada supondrá unos 68.385 millones de pesetas).
En modo alguno, por lo tanto, cumple el objetivo señalado y sí el de fomentar la especulación de grandes y pequeños propietarios. Fomentar realmente el alquiler implicaría muy especialmente crear un potente parque público de viviendas alquilándolas la administración a unos precios asequibles para las familias trabajadoras, nunca superiores al 15-20 % de su salario, lo que atacaría directamente a la especulación. Tampoco podemos olvidar que hay en España 3 millones de viviendas vacías y otros 3 millones semivacías. La vivienda como bien y servicio público, que debiera ser, exige que todo este parque inmobiliario se ponga a disposición de los ciudadanos y para ello debe hacerse lo contrario de lo que se quiere: gravar todas esas viviendas, de forma que la carga impositiva sea mayor cuanto mayor sea el número de viviendas vacías en posesión.
Ayer anunciaban los medios de comunicación (¿?) que el Euribor sube en septiembre al 4.72 %. Y con él, de nuevo, las letras a pagar por las hipotecas. ¿Este «plan estrella» va a impedir esto? ¿Va a solucionar el endeudamiento generalizado de los ciudadanos (88 % del PIB); va a romper las cadenas que nos atan a los bancos? ¿Se va a impedir que la gran burguesía haga recaer la crisis financiera en ciernes, que ya actúa sobre ese Euribor (1), sobre las espaldas de los trabajadores? La respuesta a las tres cuestiones es que no.
Ahora bien, ¿podría el Ejecutivo de Zapatero dar solución a estos problemas? La respuesta sigue siendo negativa. Y lo es porque con nuestro endeudamiento los bancos ganan mucho dinero y ya sabemos lo amigos que son los señores Botín (nunca mejor nombre para un usurero) y el talentoso Zapatero; porque el modelo económico asentado por los distintos gobiernos de la Monarquía es altamente especulativo y no productivo lo que le hace más sensible a esta crisis, producto del sistema capitalista, que deja sentir ya sus efectos sobre el aumento del Euribor; porque «Es una crisis avivada y consentida por los bancos centrales» «Y es una crisis de las que podrían evitarse con otras políticas y con otros objetivos sociales» (2). Estas otras políticas y objetivos sociales pasan por que la vivienda sea de hecho un bien social y por la intervención sin complejos de la administración en la economía, de manera que tenga un importante control sobre los medios de producción en lo que a viviendas se refiere: disposición y control, en primer lugar, del suelo (3) y de toda suerte de infraestructuras, entre ellas de empresas públicas de vivienda, que permitan construir, por ejemplo, el parque de viviendas en alquiler mencionado arriba. Pasa también por hacer del Banco de España y, en general, de la banca unos servidores de los ciudadanos y no al revés como se viene haciendo.
Se entenderá fácilmente que este tipo de políticas no caben en el angosto Régimen monárquico.
El problema, pues, persiste (pero claro, hay que hacer gestos populistas; lanzar medidas electoralistas). Con el plan estrella la vivienda sigue siendo una mercancía con la que obtener plusvalías. Mientras la vivienda, bien en compra, bien en alquiler, esté sometida al mercado, a la ganancia rápida, a la especulación inmobiliaria (promovida por las distintas administraciones, constructoras y bancos), que se enseñorea por las tierras de España, este problema crónico de nuestra sociedad tendrá difícil solución. No olvidemos tampoco la corrupción, consubstancial a aquélla, que como cáncer tiene metástasis por todos los territorios del Estado (4). ¿La erradicará el plan de la ministra?
Ya para terminar traemos aquí el anuncio de la señora Chacón de un segundo paquete de medidas encaminadas a desahuciar a los inquilinos morosos, que aparte de injustas (una resolución, a sabiendas, de manifiesta injusticia por parte de empleados públicos el diccionario lo define como prevaricación), pues la morosidad no es, en general, una cuestión subjetiva de impago voluntario para fastidiar al propietario sino una cuestión objetiva de falta de poder adquisitivo, supondrán una burocratización mayor de la administración con los costes de ello derivados. Este desahucio, por lo expuesto hasta aquí, sería bien recibido por nuestra parte si recayera sobre los inquilinos de la Zarzuela, de la Moncloa y de esos magníficos y bonitos edificios que son los bancos.
La vivienda, como muchas otras, en definitiva es una cuestión de clase, y convenimos con Engels en que «Para acabar con esta escasez de vivienda (digna y asequible) no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante» (5).
Notas:
(1) «Esa diferencia tan grande (entre los tipos de interés -4%- y el Euribor -4.72 %) no responde tanto a las expectativas de nuevas subidas de tipos como a las tensiones de liquidez que han sacudido el mercado financiero» (EL País, 27/9/07).
(2) Juan Torres López, «Diez ideas para entender la crisis financiera».
(3) Torres López (id.) apunta que «Se calcula, por ejemplo, que los bancos han adquirido la mitad del suelo urbanizable puesto a la venta en España en los últimos quince años».
(4) El País de fecha 24 de septiembre del presente se despachaba en primera plana con este titular: «El fiscal alerta de que la corrupción se expande por la costa andaluza».
(5) F. Engels, «El problema de la vivienda». El paréntesis es nuestro.