A finales del mes de julio pasado, en Bogotá se encontraron más de 2000 delegados de organizaciones y sectores que han sido víctimas de Crímenes de Estado, para afirmar sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral, a la memoria y a la no repetición. El encuentro finalizó con una Audiencia precedida por […]
A finales del mes de julio pasado, en Bogotá se encontraron más de 2000 delegados de organizaciones y sectores que han sido víctimas de Crímenes de Estado, para afirmar sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral, a la memoria y a la no repetición.
El encuentro finalizó con una Audiencia precedida por el presidente de la Corte Constitucional, el ex magistrado Eduardo Cifuentes y el Defensor Nacional del Pueblo. Ante ellos una decena de casos se presentaron, expresando las diversas violaciones a los sectores sociales de desplazados, sindicalistas, indígenas, de mujeres, partidos políticos de oposición, periodistas, campesinos, jóvenes, afrodescendientes, LGTB, familiares de secuestrados y desaparecidos y otras víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad.
Los casos presentados, los testimonios expresados por los sobrevivientes, las víctimas y los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad de las diferentes regiones del país, mostraron los mecanismos de represión que han sido usados, la responsabilidad del Estado colombiano en la creación y desarrollo de la estrategia paramilitar, de su reingeniería, de las modalidades de ocultamiento, tergiversación e impunidad. Al tiempo, se dejó constancia de los daños causados, de los beneficiarios de estos crímenes y de la ausencia de esclarecimiento, verdad, justicia y reparación integral.
Adjuntamos la Declaración Central del Encuentro de Víctimas.
Bogotá, D.C. 3 de Agosto de 2007
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
«DECLARACION CENTRAL
Encuentro Nacional de Victimas de Organizaciones Sociales
300 Organizaciones, 2.200 delegados y delegadas pertenecientes a sectores desplazados, sindicalistas, indígenas, de mujeres, partidos políticos de oposición, periodistas campesinos, jóvenes, afro descendientes, LGTB, familiares de secuestrados y desaparecidos y otras Victimas de Crímenes de Estado, sesionamos en la Ciudad de Bogota los días 26, 27 y 28 de Julio, y luego de escucharnos en medio de la pluralidad social, política, territorial y étnica presente, pensamos que hemos logrado los objetivos que nos propusimos, esto es, hicimos visibles los derechos de las victimas pertenecientes a organizaciones sociales, logramos ejercicios de recuperación de la memoria, valoramos los impactos sufridos en los diferentes procesos de política alrededor de la verdad, la justicia, la reparación colectiva y la no repetición.
Este evento hizo posible escuchar las voces y el clamor de las victimas de comunidades Indígenas y Afros, de Sindicatos, Movimientos Estudiantiles, Sobrevivientes del Genocidio contra la UP, el PCC, A luchar y otras organizaciones de Oposición, de masacres como las ocurridas en El Salado, San Onofre, Curvarado, Mapiripan, San José de Apartado, Magdalena Medio, Cauca, Antioquia y Putumayo entre otras; conocer el trabajo organizativo que las comunidades vienen realizando en sus propias regiones y sus propuestas de reconciliación nacional.
A pesar que no existe una estadística precisa del numero de Organizaciones y Colectividades que han sido exterminadas o gravemente destruidas por el genocidio y los procesos de exterminio sistemático, las investigaciones realizadas por Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, Bancos de Datos, etc., demuestran que entre el periodo comprendido entre 1965 y 2006: Mas de cuatro millones de personas han sido desplazadas internamente o han debido buscar refugio político, se han cometido mas de 65 mil ejecuciones extrajudiciales, de las cuales mas de 5 mil corresponden al genocidio de la UP y el PCC y 2.515 eran Sindicalistas; 10 mil personas han sido detenidos desaparecidos y hoy sus cuerpos se encuentran sepultados en fosas comunes, mas de 6 millones de hectáreas de tierras fueran arrebatadas a comunidades campesinas y hoy se encuentran en manos de paramilitares y narcotraficantes.
La ejecución de estos crímenes no ha sido aislada, sino que han sido acciones sistemáticas y planificadas para la eliminación de sectores sociales y políticos que han llevado a cabo acciones de oposición o de reivindicación de esenciales y básicos derechos, y cuyos responsables han sido grupos paramilitares que han contado con el apoyo, complicidad y tolerancia de agentes estatales.
El encuentro parte de reconocer que en nuestro país hemos padecido una violencia histórica, la mayoría de las veces ejercida, patrocinada o tolerada por el mismo Estado, y que esta violencia no empieza y menos se explica exclusivamente por la existencia de un largo y degradado conflicto armado interno. Estamos pues convencidos de la responsabilidad de primer orden que ha tenido el Estado y sus grupos paramilitares en esta tragedia nacional. El evento encuentra que también que existe responsabilidad de grupos guerrilleros en actos de violencia.
Por ello estamos convencidos (as) de que la victimización de millones de Colombianos no puede explicarse solamente por la existencia del conflicto armado interno; otras dinámicas de orden social, económico (Megaproyectos) y político, también han victimizado a grandes grupos sociales, conflictos por la tierra, intereses políticos regionales, laborales, violencia sexual, etc., han sido tratados por el Estado de manera violenta.
Esta violencia se ha ejercido por décadas contra Organizaciones Sociales y Políticas con el propósito de eliminarlas del escenario político Nacional, los casos de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, el Sindicalismo, el Campesinado, y las Organizaciones Indígenas y afro descendientes son apenas una muestra de este propósito, al que se suma la invisibilizacion que han padecido las victimas dando como resultado un sistema político y social profundamente autoritario y excluyente.
La impunidad como constante histórica en nuestro país constituye un obstáculo de primer orden para instaurar la democracia, pues ha permitido que movimientos políticos y sociales hayan sido prácticamente eliminados y que comunidades Indígenas y afro descendientes hayan sido perseguidas severamente. Los factores estructurales de dicha violencia no han sido removidos, por ello estamos convencidos que sin superar la impunidad, no podrá el país salir del ciclo de violencia.
Estamos convencidos que la lucha que adelantamos por el logro de la Verdad, la Justicia y la reparación, permitirá avances importantes en el logro de los derechos de las victimas y la democratización del país; sin embargo la mejor garantía de los Derechos de las victimas y del establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, se lograra dándole fin al actual conflicto armado. Por ello no compartimos la tesis según la cual puede darse una transición mientras subsista el conflicto. El Acuerdo Humanitario, la Solución política al Conflicto Armado, el desmonte total de los grupos paramilitares y la puesta en marcha de profundas reformas institucionales, sociales y económicas son condiciones esenciales para obtener garantías de no repetición y por ende la posibilidad de la reconciliación nacional.
Para los participantes en este encuentro el modelo y la aplicación de la Ley 975 de 2005, mal llamada de «justicia y paz» se encuentran en una profunda crisis. Desde tiempo atrás muchas organizaciones habíamos advertido sobre el fracaso de este marco jurídico y sus instrumentos, en primer lugar porque sus propósitos de logro de la Verdad, la Justicia y la reparación aun no muestran resultados importantes, en segundo lugar, porque es un proceso diseñado en beneficio de los victimarios y, por el contrario, las victimas han sido excluidas y silenciadas, en tercer lugar, este proceso aun no empieza a responsabilizar a empresarios y altos mandos militares comprometidos en la extensión del paramilitarismo en el país; en cuarto lugar, porque las estructuras paramilitares no se han desmontado; hay continuidad, rearme o creación de nuevas estructuras paramilitares: diversos informes y fuentes registran que actualmente en Colombia operan 65 grupos paramilitares al menos en 26 Departamentos del país ( incluido Bogota), lo que mantiene en grave riesgo la seguridad y los derechos de las victimas; en quinto lugar, el fenómeno de la parapolítica, no es un hecho del pasado, en las elecciones locales de octubre muy probablemente se mantenga el control político de cientos de Municipios por parte de alianzas entre políticos, paramilitares, mafias del narcotráfico, terratenientes, empresarios y transnacionales. Las últimas declaraciones del Presidente Uribe confirman que no hay una renuncia del gobierno al paramilitarismo.
Las Investigaciones adelantadas por la Corte Suprema y la Fiscalía en lo que se ha denominado la «parapolítica», que no es otra cosa que la confirmación del Terrorismo de Estado denunciado desde hace varios años, así lo demuestran: cerca de 30 Dirigentes políticos detenidos, entre ellos nueve Congresistas, dos Gobernadores, cinco Alcaldes, el ex Director del DAS Jorge Noguera Cote, así como ex parlamentarios, Concejales, Diputados, ex Mandatarios y funcionarios investigados o con ordenes de captura, evidencian los vínculos de los paramilitares en todas las Instituciones del Estado. Sin embargo, el Estado continúa negando su responsabilidad en la conformación y consolidación del paramilitarismo.
Queremos rechazar enfáticamente la intención del Gobierno Nacional al querer presentar un proyecto de ley para convertir en delincuentes políticos a los paramilitares, como bien lo ha señalado la Corte Constitucional y recientemente, el pasado 11 de julio, la Corte Suprema de Justicia «los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto, alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto de delito político…De lo dicho se sigue que quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, su extradición esta permitida y, por regla general, no podrán acceder al servicio publico y si llegasen a ser elegidos a alguna Corporación Publica, se encontrara en causal de perdida de la investidura por subsistir la inhabilidad derivada del antecedente penal que surge de la comisión de un delito que apareja pena de prisión».
Para las Organizaciones de Victimas asistentes al encuentro, esta conducta del Gobierno Nacional dejaría en total impunidad miles de crímenes cometidos por estos grupos, y de paso le permitiría a los parapoliticos, empresarios, latifundistas y otros actores del establecimiento evadir sus responsabilidades penales, garantizando con ello la casi total impunidad y por ende la perdida de los derechos de quienes sufrieron las consecuencias de la violencia.
El Encuentro resalta en pleno el papel de la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, por cumplir su papel Institucional en la garantía de los Derechos de las Victimas y el ejercicio independiente de sus funciones, y al tiempo manifestamos nuestra preocupación por la injerencia del Gobierno en el nombramiento de los Magistrados.
Por ultimo, el Encuentro de Victimas se compromete a impulsar la Agenda común para la movilización compartida entre los diferentes sectores Sociales y políticos, para superar la impunidad y lograr los Derechos de las victimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, y para ello, el Comité de Impulso que preparo este Encuentro, continuara trabajando en la movilización social y política contra la impunidad y por los derechos de las victimas.
Bogota, Julio 28 de 2007″