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Nueva carta de rectificación a «El Espectador»

Fuentes: Rebelión

Bogotá, 11 de Enero de 2022

Señora Fernanda Torres Tovar.

Señor Fidel Cano Correa.

Escribo esta carta buscando que el periódico El Espectador, su director y la periodista Fernanda Torres Tovar rectifiquen, con el mismo nivel de difusión, la información falaz contenida en el artículo titulado “¿Cuál es el frente del ELN que atacó al Esmad en Cali? Publicado en su portal web el día 9 de enero de 2022 y difundido masivamente en su edición impresa del día 10 de enero de 2022. En ese articuló se afirma a la ligera, demostrando la total ausencia de rigor investigativo y ética profesional, lo siguiente:

“El mismo año, el 17 de junio, en vísperas del Día del Padre, las autoridades reportaron la detonación de un artefacto explosivo en el baño de mujeres del segundo piso del Centro Comercial Andino, en el norte de la capital. La fuerte explosión, que se registró pasadas las 5:00 de la tarde, dejó tres mujeres muertas (una de nacionalidad francesa) y otras siete personas heridas. En ese entonces, la Fiscalía le atribuyó el atentado al Movimiento Revolucionario Popular (Mrp) y por esos hechos fueron capturadas diez personas, a quienes meses después se les comprobó que habían estado en campamentos del Eln recibiendo instrucción militar a cambio de brindar conocimientos académicos a los subversivos.” 

Hago parte del grupo de diez personas que fue señalado por la Fiscalía de haber cometido ese atroz atentado. Desde el 24 de junio de 2017, cuando fuimos capturados, no hemos hecho otra cosa que defender nuestra inocencia y denunciar el burdo montaje judicial, con fines electorales, que fabricó la Fiscalía de Nestor Humberto Martínez y que ha sido apoyado por innumerables medios de comunicación y funcionarios judiciales, violando desde antes de que iniciara el proceso judicial, todas las garantías y derechos que tiene cualquier persona ante un proceso penal.

Es preocupante que luego de cuatro años y medio, tres de los cuales pasamos injustamente privados de la libertad, sigamos siendo el “as” bajo la manga que se usa para poder llenar los vacíos investigativos, las necesidades políticas y los afanes electorales del gobierno y la Fiscalía. Este no ha sido el primer caso, ya hemos sido condenados sin juicio y se nos ha acusado sin sustento, ni fundamento cada vez que hay un atentado de interés mediático en el país. Incluso, por ligerezas similares cometidas por la revista Semana, esta se vio obligada a rectificar luego de que el Juzgado 29 penal del circuito con función de conocimiento fallara a nuestro favor una tutela.

Pero es más preocupante aún que periodistas, que se precian de ser profesionales y defensores de valores democráticos, renuncien a la investigación rigurosa, a la confrontación de fuentes y a la búsqueda de la verdad por “darle una mano” a la ya de por sí nula legitimidad del gobierno, la Fiscalía y la Policía sobre todo en una época preelectoral.  Pues terminan, queriéndolo o no, construyendo una versión falseada de la historia y de los hechos políticos que solo sirve para confundir a la opinión pública y la alejan, cada vez más, de una comprensión de la compleja sociedad colombiana.

Esta actitud acrítica frente a los comunicados oficiales de “inteligencia” y su difusión a ciegas, “presumiendo la buena fe” de instituciones que no se destacan por actuar con transparencia y honestidad, ha conducido a que en Colombia se terminen justificando y legitimando las acciones más antidemocráticas y sanguinarias. Desde la censura, los perfilamientos a la prensa contraria al régimen, el sabotaje y negación de los poderes públicos que no sean el ejecutivo, hasta las miles de masacres, el abuso policial, los múltiples montajes judiciales y los 6402 “falsos positivos”.

En este caso, por el afán de dar respuesta a una pregunta tan ambiciosa para una investigación de dos días, la periodista y quienes revisaron su material periodístico omitieron hechos tan definitivos e importantes (para nada difíciles de encontrar, pues bastaba mirar el  propio archivo de El Espectador y los artículos producidos por otros colegas) que harían sonrojar a un estudiante de primer semestre de comunicación social y periodismo, lo que necesariamente pone en entredicho, si no anula, el conjunto de la información y las afirmaciones hechas en el artículo:

En primer lugar, hasta el día de hoy NINGUNA autoridad judicial ha confirmado las afirmaciones arbitrarias que hicieron al momento de nuestra captura funcionarios de alto nivel del gobierno colombiano en rueda de prensa (Juan Manuel Santos, Juan Carlos Pinzón, Néstor Humberto Martínez.) Frente a nuestra responsabilidad en el atentado del Andino. Pero, por otro lado, hay un hecho que inquieta bastante, y que, por dejarse de lado sin criterio ni valor por la verdad, facilitó la masificación del montaje. Las hipótesis del clan del golfo y las pesquisas iniciales que identificaban a sospechosos de acento extranjero en el baño cargando paquetes inusuales con sus respectivos retratos hablados, fueron desechadas sin más y todos los titulares se concentraron en recalcar nuestra participación.

Por otro lado, la señora Fernanda Tovar hace referencia a un segundo proceso judicial omitiendo por completo las circunstancias en las que este fue abierto y que lejos están de “comprobar” algún tipo de responsabilidad penal de ninguno de nosotros. Por lo que es imperativo ponerla al tanto, ya que ni se interesó por averiguarlo, de que pasado un año de nuestra detención un juez de la República ordenó nuestra libertad. El 24 de agosto de 2018.

Tres días después, a la salida de los centros de reclusión donde nos encontrábamos, para evitar materializar las ordenes de libertad emitidas por el juzgado, fuimos recapturados por un nuevo montaje judicial: esta vez el delito que se nos imputó fue el de rebelión. Acciones todas calificadas por la Corte Suprema de Justicia como “cuestionables estrategias que ha desplegado la fiscalía general de la Nación para mantener privados de la libertad a los coacusados, más allá de los términos legalmente establecidos para ello” (ver: STP 10966-2021 Mg ponente Hugo Quintero Bernate.)

En este cuestionado segundo proceso, por si hay dudas la Fiscalía tuvo que presentar tres veces escrito de acusación, pues al no tener sustento probatorio alguno, más allá de testigos falsos y testimonios contradictorios, le tomó más de seis meses fabricar burdamente una acusación afirmando que estuvimos en campamentos del ELN. Sin embargo, en este segundo proceso tampoco ha habido NINGÚN FALLO JUDICIAL que confirme las mentiras de la Fiscalía.

Por lo que cualquier persona decente se debe preguntar ¿De dónde puede la señora Fernanda afirmar en su artículo que “meses después se COMPROBÓ” mi visita y la de los demás procesados a campamentos del ELN para recibir instrucción militar?

El tiempo ha demostrado el tamaño de los montajes y la mezquina intención que desde el inicio tuvo la Fiscalía. Usar la presión mediática y la prolongación de la detención para desgastarnos física y mentalmente y conseguir autoincriminaciones. La ausencia de pruebas y las artimañas jurídicas han terminado dilatando el proceso penal, por lo que llevamos más de un año defendiendo nuestra inocencia en libertad. Triste que no sea solo ante los jueces, sino que aún debamos continuar defendiendo nuestro buen nombre y nuestra presunción de inocencia frente a poderosos medios de comunicación como El Espectador. Que termina haciéndole el juego a la estrategia fraudulenta de la fiscalía para llevar a buen término su montaje y exponiendo una vez más nuestra integridad y nuestra vida al publicar afirmaciones tan delicadas sin ningún atisbo de rigurosidad.

Atentamente,

Andrés Mauricio Bohórquez Flórez

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.