La lucha por una Nueva Constitución entró nuevamente al ruedo a partir del cónclave de los partidos de gobierno realizado recientemente. Uno de los puntos principales de acuerdo fue dar inicio a un proceso democrático, participativo e institucional para formular una nueva Constitución el año que se nos viene. El debate, como ha sido la […]
La lucha por una Nueva Constitución entró nuevamente al ruedo a partir del cónclave de los partidos de gobierno realizado recientemente. Uno de los puntos principales de acuerdo fue dar inicio a un proceso democrático, participativo e institucional para formular una nueva Constitución el año que se nos viene. El debate, como ha sido la tónica, se sigue centrando en el mecanismo para llegar a una nueva Carta Magna.
Desde ICAL hemos planteado hace bastante tiempo la necesidad y posibilidad de una Asamblea Constituyente, como acto legítimo del poder constituyente originario que propone una nueva Constitución como fruto del debate nacional y refrendado en un plebiscito. Precisamente este es el debate que propone la colación de gobierno a la sociedad chilena para el 2015, y en el que se verán enfrascados tanto en la discusión interna (en donde el único consenso que existe es el de la necesidad de una nueva Constitución) como en la oposición de derecha, donde la sola idea de Constitución parece un disparate.
Sin embargo, uno de los debates que no puede quedar ausente en este proceso tiene que ver con los contenidos de esa Nueva Constitución.
¿Es posible que una nueva Constitución aprobada por Asamblea Constituyente sea similar a la actual logrando únicamente corregir su ilegitimidad de origen? Sí. Las tensiones propias de este proceso pueden inclinar la balanza hacia distintos lados dependiendo de la claridad de las ideas y la correlación de fuerzas no solo entre el poder que surge y busca consolidarse frente a aquel que se extingue y busca prolongarse, sino de constantes tiras y aflojas hacia uno y otro lado por fuerzas que buscan profundizar tanto rupturas como continuidades del proceso.
En ese sentido, la claridad de ideas en este debate es clave. ¿Cuáles son los contenidos de esa nueva constitución? ¿Esos contenidos buscan dar cuenta de un orden social y económico distinto al que defendió y sostuvo la vieja constitución de 1980? ¿O buscan únicamente corregir su ilegitimidad de origen? ¿O solo debilitar aún más al modelo neoliberal corrigiendo algunos aspectos que no pudieron ser trastocados durante 20 años de transición?
Este creemos que es uno de los debates inevitables respecto a cualquier proceso constituyente, bajo el mecanismo que sea, y será clave para definir si efectivamente el desarrollo de la discusión apunta hacia una nueva etapa en la historia del país, tal como lo han hecho gran parte de los momentos constituyentes en nuestro país.
Y dentro de ese debate, la disputa por el carácter de la democracia que debiera estar contenido en la Nueva Constitución es uno de los aspectos trascendentales para definir una nueva arquitectura social, política y económica para el país.
Desde el término de la dictadura, la reconstrucción democrática llevada a cabo por los gobiernos de la Concertación se hizo bajo el manto de la Constitución de 1980 y las reformas constitucionales de 1989 pactadas con la dictadura.
Esta reconstrucción heredaría de su etapa dictatorial una concepción restringida de la democracia, como régimen político electoral. Constituyéndose como una democracia elitista, caracterizada hasta ahora por elite política que junto a diseñadores de políticas públicas y operadores políticos son los protagonistas de la acción y las decisiones políticas.
Esto ha provocado una enorme desafección por la democracia en nuestro país. De acuerdo a los resultados del último Latinobarómetro 2013, la valorización por la democracia en nuestro país se ha mantenido intacta desde el término de la dictadura (entre un 50% y un 60%).
En el interés por la política, Chile se ubica en el último lugar junto con Perú (precisamente los países que muestran más altas tasas de crecimiento). Y finalmente, un bajo porcentaje (10%) cree que la distribución del ingreso es justa. Los mismos resultados del Latinobarómetro muestran que los países que tienen más alta valoración por la democracia y más interés por la política precisamente son aquellos en que la gente piensa que hay una redistribución más justa de la riqueza.
Estos resultados dan cuenta del tipo de democracia que ha sido hegemónica hasta el día de hoy en nuestro país y en gran parte de los países occidentales desde el término de la guerra fría. Una democracia liberal representativa que descansa en las autoridades electas democráticamente quienes son los que se hacen cargo de administrar la política.
Este tipo de democracia ha buscado estabilizar la tensiónentre democracia y capitalismo, a través de la priorización de la acumulación de capital por sobre la redistribución social. Limitando así la participación ciudadana tanto individual como colectiva, con el objetivo de no «sobrecargar» demasiado el régimen democrático con demandas sociales que pudiesen poner en peligro esta prioridad de la acumulación por sobre la redistribución.
La extensión de este tipo de democracia ha traído como consecuencia una enorme degradación de las prácticas democráticas, causando efectos evidentes tanto en la baja participación política, el aumento del abstencionismo y una enorme crisis de representatividad reflejada en el hecho de que los ciudadanos se consideran cada vez menos representados por aquellos a los que eligieron. Y precisamente eso es lo que ha pasado en nuestro país.
Esta crisis de la democracia hegemónica ha provocado a la vez una reapertura del debate democrático en muchos países de nuestro continente. Y que se ha expresado también en la emergencia de movimientos sociales y políticos que disputan el significado de la democracia, dotándose de nuevas Constituciones a través de procesos participativos, uno de cuyos ejes es el tema de la distribución de la riqueza.
Este es uno de los debates que creemos necesario producir en nuestro país cuando hablamos de Nueva Constitución. Los datos del Latinobarómetro demuestran que la desafección de la ciudadanía por la democracia y la participación tiene que ver precisamente con el hecho de que ya no resuelve los principales problemas y necesidades de la mayoría de la población al no estar en el centro de su quehacer el problema de la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, creemos que una Nueva Constitución propia de un nuevo orden social y económico, debe volver a dotar a la democracia su elemento redistributivo y superar el carácter procedimental e instrumental propio de la vieja Constitución, reducida a mecanismos electorales y de participación débil e instrumental.
Es decir, entender la democracia también como la capacidad de los gobiernos de asegurar las condiciones fundamentales para la existencia de sus ciudadanos. Un sistema democrático que asegure más participación efectiva y protagónica en las decisiones político-públicas que afectan la vida de nuestra sociedad: pensiones decentes, salud digna, educación equitativa, un marco de acción más amplio a los trabajadores, ordenamiento territorial equitativo, derechos humanos, etc.
Solo de esa manera la democracia tendrá más sentido para las vidas de los chilenos y chilenas, una democracia que efectivamente ponga en tensión al modelo neoliberal y redistribuya nuestras riquezas, es decir, una democracia para las mayorías, una verdadera democracia participativa y protagónica. Esos son parte de los elementos que creemos deben contener una nueva Constitución.
El debate está abierto.
(*) Encargado Área Desarrollo Social y Participación, ICAL
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