El gobierno de Lagos y la Concertación, junto a sus socios de la derecha, vienen con una política ofensiva de reprimir y criminalizar a todos los que salgan a luchar y enfrentar la democracia para ricos, a los trabajadores, los estudiantes, los mapuche. Este hecho puede verse claramente en la nueva ley de control de […]
El gobierno de Lagos y la Concertación, junto a sus socios de la derecha, vienen con una política ofensiva de reprimir y criminalizar a todos los que salgan a luchar y enfrentar la democracia para ricos, a los trabajadores, los estudiantes, los mapuche. Este hecho puede verse claramente en la nueva ley de control de armas que se votó en el Congreso, la que apunta -entre otras cosas- a endurecer «las sanciones para quienes sean sorprendidos portando o utilizando bombas molotov» (Mercurio de Valparaíso, 08/05/05), y que contempla que quién sea sorprendido sólo portando una molotov, por ejemplo, podría ser condenado hasta 10 años de cárcel, salvo en el caso de que se pudiera «presumir fundadamente que su posesión o tenencia estaba destinada a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a los de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará únicamente una multa de 11 a 57 UTM» (Mercurio de Valparaíso, 08/05/05), y será dictada por la Fiscalía Militar. Además de esto, carabineros podrá realizar controles aleatorios para revisar e identificar a los posibles portadores de bombas molotov, y se utilizará «apoyo de imágenes y filmaciones, de modo de entregar a la justicia la mayor cantidad de pruebas en contra de estudiantes o encapuchados» (El Sur, Concepción, 12/05/05) El objetivo de esta ley busca específicamente criminalizar las luchas, como por ejemplo las que está dando el movimiento estudiantil en este momento contra la ley de financiamiento del gobierno y la derecha, intentando ganar una base de apoyo en el rechazo a la delincuencia de amplios sectores de la población. Lo que se está intentando es igualar la resistencia y lucha a los planes de hambre, miseria y privatización de los partidos políticos patronales, a la delincuencia, según las propias palabras del gerente de proyectos de la Fundación Paz Ciudadana, para quién está iniciativa «se enmarca dentro de una estrategia global que contemple trabajo policial y políticas de prevención» contra la delincuencia. (Mercurio de Valparaíso, 08/05/05). Además de esto, en la misma ley se propone que la «uniformada podrá ingresar a estos planteles de educación superior sin necesidad de solicitar permiso a las autoridades académicas» (El Mercurio 12/05/05) en caso de «delito flagrante». El director subrogante de carabineros, Nelson Godoy, reconoce abiertamente que la universidad no es autónoma, e insta a los padres a hacerse responsables de sus hijos.
Los rectores, por su parte, han planteado la necesidad de acatar esta decisión. Como dice Raúl Navarro, rector del Pedagógico, «Los que lanzan bombas son activistas, y va a haber un perjuicio enorme. Los encapuchados saben cómo correr y pasar piola de la policía», en tanto Riveros, de la Chile, el supuesto «amigo de los estudiantes», explica que «una bomba incendiaria es un arma y, por ende, su uso debe ser sancionado» (El Mercurio 12/05/05). Estos últimos meses, este aumento de la represión contra los estudiantes ha venido también de parte de rectores y la justicia patronal. Recordemos la querella que había interpuesto Riveros contra los estudiantes de la Chile por organizar una toma el año pasado, o las sanciones y sumarios en la universidad de La Frontera contra los estudiantes los que, que coincidencia, eran los dirigentes reconocidos de carreras combativas. O los estudiantes detenidos por luchas en estas últimas manifestaciones contra la ley de financiamiento universitario. En Iquique, por ejemplo, varios de los estudiantes detenidos quedaron citados para la Fiscalía Militar, lo mismo en Arica y en Concepción Está claro el objetivo de esta ley: amedrentar a los que luchan, los que se opongan a las políticas del gobierno y la derecha, al servicio de los empresarios. La democracia para ricos utiliza una vez más sus mecanismos para defender sus intereses, ya sea la justicia patronal, la creación de la ANI (Agencia Nacional de inteligencia) hace unos meses atrás, o la rebaja de las penas a los jóvenes, que se propone hasta los 14 años, junto a la represión y el castigo a los que luchan.