Una nueva categoría está emergiendo entre los discursos y reflexiones de analistas de América Latina: la denominada «nueva diplomacia del Sur». Ésta aludiría a un nuevo modelo de resolución de conflictos internos, donde el nivel de autonomía a la hora de plantear soluciones es creciente y menos dependiente de los designios del imperialismo. El autor […]
Una nueva categoría está emergiendo entre los discursos y reflexiones de analistas de América Latina: la denominada «nueva diplomacia del Sur». Ésta aludiría a un nuevo modelo de resolución de conflictos internos, donde el nivel de autonomía a la hora de plantear soluciones es creciente y menos dependiente de los designios del imperialismo.
El autor analiza las principales claves que han marcado la resolución de la crisis que enfrentó a Ecuador, Venezuela y Nicaragua con el Gobierno de Álvaro Uribe a raíz del ataque aéreo del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, que se saldó con 22 guerrilleros muertos.
La configuración del definido por Jalife Rahme como «orden hexapolar», que paulati- namente iría sustituyendo al orden unipolar hegemonizado por Estados, favorecería el surgimiento de esta «nueva diplomacia del Sur». El reciente conflicto multilateral entre Colombia, Ecuador, Venezuela, y Nicaragua, sería un buen ejemplo de ello.
La madrugada del pasado 1 de marzo, el Ejército colombiano penetró en territorio ecuatoriano, violando su soberanía nacional, y ejecutó a una veintena de guerrilleros de las FARC que en ese momento estaban dormidos. La masacre, en la que asesinaron a Raúl Reyes, el portavoz internacional de las FARC, fue justificada posteriormente por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, en una declaración oficial, donde concluyó diciendo: «esta lucha es por la felicidad de los niños».
Los objetivos, obviamente, eran otros: algunos explícitos y otros implícitos. El objetivo más inmediato era torpedear el acuerdo humanitario con la guerrilla, en un momento en el que los gestos unilaterales de las FARC (liberación de rehenes) y la exitosa mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, habían colocado a la Administración Uribe contra las cuerdas. Abortar el acuerdo humanitario, permitía, a su vez, el logro de otro fin: frenar cualquier avance que coadyuvase al establecimiento de las bases para un futuro proceso de negociación y paz en Colombia.
Pero más allá de estos objetivos más o menos explícitos, existían otros implícitos de carácter más perverso y de largo alcance. El primero de ellos era intentar legitimar la doctrina de «guerra preventiva y derecho a la injerencia en países limítrofes», al estilo de la política de hechos consumados de EEUU en Irak y Afganistán, y del Estado sionista de Israel en Oriente Medio. No por casualidad, en estos días, personalidades como Hugo Chávez acusaban a la Casa Blanca de pretender convertir a Colombia en el «Israel de América Latina».
El otro objetivo oculto, y posiblemente el más preocupante, era desencadenar un conflicto bélico que desestabilizase la zona andina, precisamente el área de la región que se ha convertido en vanguardia de los cambios más profundos, con los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador a la cabeza.
La sombra de Washington se proyectaba nítidamente. Parecía además, que el Ejecutivo venezolano hubiera «picado en el anzuelo», mandando tropas a la frontera y advirtiendo de una eventual guerra en caso de producirse un hecho similar en su territorio. La escalada era evidente, y algunos expertos en política internacional manifestaban que una guerra sería el escenario ideal para los intereses de EEUU.
Por todo esto, quedaba meridianamente claro que la labor primordial era desactivar esta grave amenaza. A partir de aquí, se producen los primeros movimientos de la emergente «diplomacia del Sur». En primera instancia, se recurre a la institución oficial, la históricamente denostada Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA, que hace décadas fuera bautizada como el «Ministerio de Colonias de los Estados Unidos», no «condenó» a Colombia, aunque sí certificó que se había producido una violación de la soberanía ecuatoriana. En resumen: una de cal y otra de arena.
La presión de EEUU hacía algunos países todavía se hizo notar. De cualquier manera, aquella OEA que avaló el derroca- miento de Arbenz en Guatemala en 1954, que expulsó a Cuba en 1962, y que miró para otro lado durante la invasión a Panamá en 1989, hace un tiempo que dejó de estar bajo el control absoluto de Washington. La elección de Insulza en 2005 supuso la primera vez en toda la historia del organismo en que no triunfaba el candidato impuesto por la Casa Blanca.
Sin embargo, tuvo que ser el Grupo de Río, donde EEUU no tiene presencia, el que presionó con más tenacidad a Colombia para que retrocediese en su estrategia de injerencia y aceptase el mecanismo de la prohibición de violar territorios vecinos. El papel de Brasil y Argentina, unido a la práctica conciliadora de Venezuela, fueron claves.
Por consiguiente, se vislumbran dos logros significativos. Por un lado, la comunidad latinoamericana rechaza categóricamente la doctrina de «guerra preventiva y derecho a la injerencia en países limítrofes», limitando en gran medida la estrategia colombo-estadouni- dense. Y, por otro lado, más allá de los hipócritas pero obligados apretones de manos escenificados en la Cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, se ha conseguido evitar un conflicto bélico en la región, de consecuencias potencialmente muy dañinas para los procesos de cambio en Venezuela y Ecuador. La «nueva diplomacia del Sur», se puede apuntar un tanto.
Sin embargo, es preciso señalar que esto no significa que el Gobierno de Uribe haya dejado de ser el mayor obstáculo para la paz con justicia social en Colombia, ni uno de los mayores escollos para el proceso de integración latinoamericana.
A su vez, este acontecimiento vuelve a evidenciar que el avance de la «nueva diplomacia del Sur» depende de la superación de instituciones caducas como la OEA y de la creación de una nueva herramienta, bautizada por algunos como la Organización de Estados Latinoamericanos.