Píldora para la memoria En Colombia, en las décadas de 1980 y 90 las guerrillas crecieron de forma considerable en número, territorio, capacidad política y militar; convirtiéndose en una opción de vida para los desposeídos y una amenaza para los intereses del imperio estadounidense, la burguesía y el Estado. Los EEUU y el gobierno colombiano […]
Píldora para la memoria
En Colombia, en las décadas de 1980 y 90 las guerrillas crecieron de forma considerable en número, territorio, capacidad política y militar; convirtiéndose en una opción de vida para los desposeídos y una amenaza para los intereses del imperio estadounidense, la burguesía y el Estado.
Los EEUU y el gobierno colombiano para contrarrestar el auge de las organizaciones revolucionarias diseñaron y aprobaron varias estrategias legales e ilegales.
Entre las legales las más conocida fue el «Plan Colombia» [1], hoy llamado «Plan Paz Colombia», [2] con el pretexto de combatir el narcotráfico, brinda presupuesto, asesoría militar, aeronaves, equipos, armamento de guerra, de inteligencia y otros, que se utilizan en la lucha contrainsurgente, agresiones físicas y psicológicas a la población.
Las ilegales, se iniciaron en 1987 cuando narcotraficantes, terratenientes y militares en unidad, apoyo y coordinación; contrataron al mercenario Israelí Yair Klein, [3] para que en la zona de Puerto Boyacá (Magdalena medio) entrenara en las más horrendas e inhumanas prácticas de tortura, un grupo inicial de 60 hombres bajo el mando de Fidel Castaño.
Cumpliendo el plan estratégico, ese grupo de mercenarios dio origen a lo que conocemos como los paramilitares; luego esas bandas se convirtieron en una Federación, agrupadas en las «Autodefensas Unidas de Colombia» [4] (AUC). Comenzaron su accionar criminal infundiendo miedo y terror a civiles, en Antioquia en los municipios de Segovia, San Carlos, el Urabá; extendiéndose por bloques en el resto del país.
Con la excusa de combatir a las guerrillas los paramilitares cometieron 2.505 masacres con un saldo de 14.660 víctimas [5] , entre ellas 7 millones de desplazados y mas de 6.5 millones de hectáreas de tierras despojadas actas para la producción agropecuaria. [6]
Desplazamiento aplicado para que las tierras despojadas pasaran a manos de terratenientes, trasnacionales, empresarios en su mayoría políticos o familiares; para destinarlas a los monocultivos especialmente los biocombustibles, la ganadería intensiva y la extracción de recursos naturales. Para los narcotraficantes fue la monopolización del negocio en el control de los cultivos y la creación de rutas, como parte la financiación de sus grupos paramilitares y concluir con el plan de la contrarrevolución.
Los llamados «territorios liberados» devastados y desolados por la maquinaria de guerra contrainsurgente, fueron repoblados con el fin de eternizar el control territorial y realizar sin resistencia social y política los grandes negocios para lo que los habían destinado.
Todo ello con la cooperación del Estado colombiano y los Estados Unidos, tal y como lo han hecho en otros países como Nicaragua y Afganistán.
El pacto para legalización del paramilitarismo
En año 2001 se firmó un pacto histórico: «el pacto de Ralito» [7], que fue la alianza de la clase política tradicional con el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, para consolidar el proyecto político de las AUC, con el objetivo «refundar nuestra patria» y de firmar un nuevo contrato social.
En complicidad con la Registraduría Nacional, a través de la corrupción con recursos del negocio del narcotráfico y la intimidación con su estructura paramilitar; la coalición políticos – narcos- AUC, logró imponer desde concejales hasta el presidente, para sumar escaños electorales y controlar desde allí las tres ramas del poder. Lo que se conoció una parte como la parapolítica. [8]
En el año 2002, la sociedad organizada denunció la crisis humanitaria ante organismos internacionales, recibiendo respaldo y rechazo que presionó al mayor gestor y promotor de las bandas paramilitares Álvaro Uribe Vélez, para que aprobara la ley 728 y los decretos necesarios para que en noviembre de 2003 se iniciara el supuesto desarme y desmovilización.
La ficticia desmovilización sirvió para que grandes narcotraficantes legalizaran su accionar delictivo, los jefes paramilitares que pretendieron contar la verdad de sus orígenes y su cooperación con la fuerza pública, políticos y empresarios; fueron extraditados a los EEUU, sin rendir cuentas ante la justicia colombiana por las violaciones y crimines de lesa humanidad, no hubo reconocimiento a las víctimas ni garantías de no repetición. Revictimizando a los desplazados y desaparecidos que aún continúan siendo buscados por sus familiares.
Sin embargo, parte de la información dada por los jefes paramilitares, logra involucrar al presidente Álvaro Uribe junto a su hermano Santiago Uribe, información que a su vez es utilizada por el Gobierno estadounidense para manipular a sus intereses al jefe del partido de gobierno Centro Democrático.
Pero ni el paramilitarismo ni el narcotráfico se acabaron, solo cambiaron de nombre y mandos. El desplazamiento, expropiación, asesinatos y masacres entre otras acciones continúan en coordinación, complicidad y apoyo estatal.
Los militares colombianos son sus cómplices. Desde la época del entonces procurador general de la nación Horacio Serpa Uribe quien definía esta relación como «una forma simplista de pensar que los enemigos de mis enemigos son mis amigos», práctica que no ha cambiado, sino que han tomado medidas y mejorado la coordinación para evitar ser implicados.
Nueva temporada paramilitar 2019
No contentos con el poder que tienen en el país, aprovechando el desarme y desmovilización de las FARC, vuelven a arreciar su accionar para tratar de adueñarse de los territorios estratégicos que no controlaban, para los planes extractivistas, de infraestructura y reposicionamiento de las trasnacionales, monopolios y empresarios nacionales.
Ahora sus objetivos o blancos militares principales no son las guerrillas, sino las organizaciones, líderes y personas que se oponen a estos intereses o se convierten en amenazas a los poderes políticos locales, regionales y nacionales.
En todo el accionar de una u otra manera siempre se hace en coordinación y complicidad de la fuerza pública y otros organismos del estado, con el apoyo de trasnacionales, empresarios y políticos entre otros. Para esto lo hacen de varias formas:
Para sus acciones ejecutadas por ellos mismos de forma encubierta, lo hacen a nombre de «las Águilas Negras» sobre todo en las ciudades y cascos urbanos. En comunas o barrios de conflicto se asocian y coordinan con bandas de narcotraficantes y delincuenciales, para que a cambio de «dejarlos trabajar» u operar extorsionando, con el microtráfico y otros negocios, cuyo lucro reparten, hagan control territorial y proporcionen inteligencia.
En zonas rurales donde hay presencia y control de bandas narcoparamiltares, coordinan proporcionándoles información y seguridad para que avancen y consoliden nuevos territorios y sean ellos quienes ejecuten las tareas de guerra sucia.
Debido a lo anterior y mientras el estado no se deslinde de esas prácticas que con su accionar afecta al pueblo y saque la violencia de la política, será muy difícil lograr esa tan anhelada y necesaria paz para Colombia.
Notas
[1] https://www.telesurtv.net/news/Que-es-realmente-el-Plan-Colombia–20160128-0078.html
[2] https://www.telesurtv.net/opinion/Santos-Trump-y-el-Plan-paz-Colombia-20170518-0047.html
[3] https://elturbion.com/?p=1690
[4] https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/view/352
[6] http://www.forjandofuturos.org/noticia_interior.php?id_ent=739
[7] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2362702
[8] https://www.semana.com/on-line/articulo/guia-practica-para-entender-escandalo-para-politica/84455-3
Manuel Sánchez (Colombia). Maestro en ciencias políticas. Investigador y analista de conflictos armados y Máster en Geopolítica. [email protected]
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