Precisamente en los momentos en que el gobierno de Michelle Bachelet y la Concertación han desplegado denodados esfuerzos por ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin tener autoridad moral para ello, las fuerzas represivas del Estado chileno, con motivo de conmemorarse un año más del despojo, genocidio y saqueo […]
Precisamente en los momentos en que el gobierno de Michelle Bachelet y la Concertación han desplegado denodados esfuerzos por ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin tener autoridad moral para ello, las fuerzas represivas del Estado chileno, con motivo de conmemorarse un año más del despojo, genocidio y saqueo sufrido por los pueblos originarios latinoamericanos, a manos de la barbarie de la corona española con la llegada de Colón y sus esbirros, en la zona de la Araucanía en el sur de Chile, se ha desatado nuevamente una brutal represión contra el pueblo originario mapuche.
En los momentos en que se desarrollaban una serie de acciones a favor de los presos políticos mapuches, en un nuevo aniversario del descubrimiento de América, la policía militarizada chilena desencadeno una violenta represión en contra de los manifestantes en la localidad de Lleu Lleu, Tírua y Cañete, al momento del cierre de esta nota, no se conocía la nómina de detenidos.
Al respecto y como en otras oportunidades la sección chilena de Amnistía Internacional (AI) solicitó el viernes al Gobierno el reconocimiento y protección de las comunidades indígenas del país y la ratificación del convenio de la OIT, que les favorece, al cumplirse el 517 aniversario de la barbarie que significo el descubrimiento de América.
AI pidió también a las autoridades «asegurar el debido proceso y garantías en el juzgamiento de presos y presas de origen indígena», así como «ratificar sin más demora el Convenio 169 de la OIT».
El Convenio de la OIT promueve la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios, al garantizar el respeto de su identidad social, cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones, que no han sido respetadas hasta ahora por el Estado chileno.
En su comunicado, Amnistía Internacional afirmó, asimismo, «con extrema preocupación el deterioro de las relaciones entre las autoridades y algunas comunidades mapuches».
El organismo de trascendencia internacional denuncia específicamente la situación de la comunidad de Temucuicui, en la provincia de Malleco, cuyos integrantes, según AI «han sido víctimas de numerosas situaciones de hostigamiento durante el presente año».
Dirigentes de Temucuicui denunciaron recientemente «constantes maltratos» de los aparatos represivos chilenos «contra los niños de la comunidad en los múltiples allanamientos que ésta ha sufrido en los últimos dos años».
De acuerdo al comunicado de Amnistía Internacional, las denuncias de integrantes de la comunidad no han sido investigadas exhaustivamente y hace hincapié en que éstas se indaguen y se conozcan sus resultados, respetando así los derechos humanos de los pueblos originarios chilenos.
Mientras tanto en declaraciones vertidas para la prensa local, el ex juez Juan Guzmán ha calificado a los diversos dirigentes mapuches detenidos por el Estado chileno, de presos políticos, los que se encuentran en las cárceles de Traiguén, Victoria, Lautaro y Angol.
Para el destacado jurista, los chilenos le deben al pueblo mapuche honestidad, corrección y nuestros propios medios para luchar y denunció que durante la actual administración la represión, hostigamiento y persecución política y policial contra las comunidades mapuches, sus comuneros y dirigentes se han agudizado.
Los presos mapuches han sido víctimas de la brutal violencia policial, de la invención de delitos y de los fiscales que en vez de sancionarlos por hechos comunes les aplicaron la Ley Antiterrorista 18.314 promulgada por la dictadura, precisamente esa legislación permitió condenar a los que hoy están recluidos. Esto implica una abierta discriminación y una manera de torcer la ley con tal de tenerlos callados y con temor. Eso es una forma de terrorismo estatal frente a actos de protesta o demanda social legítimos, manifestó el ex magistrado.
De allí que las diversas organizaciones nacionales de promoción de los derechos humanos junto a los organismos internacionales pertinentes, han reiterado que el Estado chileno y el gobierno de centro derecha de la Concertación, no tienen autoridad moral para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hasta que estos sean plenamente reestablecido en el país.