Las acciones judiciales en contra del ex dictador Augusto Pinochet continúan viento en popa, los abogados de causa de derechos humanos y el Servicio de Impuestos Internos, han presen- tado sendas querellas criminales por sus cuentas secretas en el banco Riggs y por fraude al fisco respectivamente. Los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz, fueron […]
Las acciones judiciales en contra del ex dictador Augusto Pinochet continúan viento en popa,
los abogados de causa de derechos humanos y el Servicio de Impuestos Internos, han presen-
tado sendas querellas criminales por sus cuentas secretas en el banco Riggs y por fraude al
fisco respectivamente.
Los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz, fueron los patrocinantes de la denuncia que
permitió iniciar un proceso contra el ex dictador, luego que una investigación del Senado
estadounidense dio a conocer que Pinochet había mantenido en forma secreta, millonarias cuentas en el banco Riggs, por montos que oscilaron en alrededor de 100 millones de dólares
de acuerdo a los declarado al banco por el propio Pinochet. La acusación, a la que posterior-
mente se sumó el Consejo de Defensa del Estado, determinó que la Corte de Apelaciones de
Santiago designara al ministro de fuero Sergio Muñoz para investigar el enriquecimiento
ilícito de Pinochet y familia.
En declaraciones a la prensa local la abogado Carmen Hertz señalo que «lo evidente es el
enriquecimiento ilícito de un funcionario público que no ha sido y no ha podido razona-
clemente justificarlo porque Pinochet y su entorno, como todos sabemos, ha dado versiones
distintas. Ha dicho que es fruto de una vía de ahorro, lo cual se demuestra con cifras en la
mano que es imposible, tendría que ser mago de las finanzas y darle la receta a todos los
chilenos», afirmo Hertz.
Mientras tanto el Servicio de Impuestos Interno, que depende directamente del Ministerio
de Hacienda, reconoció que presentó ante el juez Muñoz una querella contra Pinochet por
un presunto delito de fraude al fisco, en el marco de la presentación de declaraciones a la
renta falsas o maliciosamente manipuladas.
Las dos querellas son producto de la información obtenida, al producirse el descubrimiento
de las cuentas secretas en el banco Riggs. El fraude del ex dictador ascendería a dos o tres
millones de dólares, ahora, de acuerdo a lo establecido por la legislación chilena, para este
tipo de delitos se establecen penas que van desde pagar una multa de entre un 50 por ciento
a un 300 por ciento del valor del fraude hasta una pena de cárcel desde los 541 días a los
cinco años.
Ahora todos los antecedentes recopilados por el SII establecerían que existirían presun-
ciones claras de ciertas irregularidades por parte de Pinochet, lo que debe conducir inevi-
dablemente a la solicitud de un nuevo juicio de desafuero. Ello debido a que al ex dictador
perdió su inmunidad de ex jefe de Estado, por encontrarse involucrado en los crímenes de
la «Operación Cóndor». La presentación de las querellas se ha producido después de que
Pinochet fuera nuevamente sometido a exámenes médicos, por decisión del juez Juan
Guzmán, quien lleva el caso relacionado con la coordinación desarrollada por los apara-
tos represivos de las dictaduras del cono sur en la década de los 70.
Los abogados querellantes sostienen que el artículo 9 de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, reconocida por Chile, «define el enriquecimiento ilícito como el
incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto
de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no puede ser justi-
ficado razonablemente por él».
Ahora estas nuevas acciones judiciales, una vez más entran a complicar la situación jurídi-
ca del ex dictador, puesto que ahora no sólo tiene que enfrentar denuncias por violaciones
de los derechos humanos, además tendrá que responder por los delitos de malversación
de fondos públicos, cohecho y nuevas solicitudes de desafuero.