La Memoria Histórica y los derechos humanos viven un momento clave con el cambio del «cero euros» de Rajoy al desbloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez
Asumir la búsqueda de los desaparecidos forzados. Es el mandato atado a los derechos humanos que España incumple a más de 80 años del inicio del franquismo. Solo el Gobierno Zapatero, y a medias, asumió la tarea. Y en los últimos años un puñado de regiones que han tomado el timón poniendo dinero para localizar y exhumar fosas comunes del franquismo.
Abren la caja Cataluña, Andalucía, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, Aragón, Canarias y Castilla y León. Cierran el grifo Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En algunos casos el árbol de la Memoria da frutos al hilo de los cambios políticos favorecidos por las urnas en el año 2015. La situación era límite en 2013, cuando solo Andalucía y País Vasco mantenían subvenciones.
Las autonomías con presupuesto propio asumen los trabajos arqueológicos en fosas y cunetas como un deber del Estado en el sentido que apunta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Para coordinar acciones ante la pasividad del Estado nació la Red Interautonómica de Memoria Histórica que en marzo de 2018 reunía a 14 comunidades autónomas. Solo faltaron Madrid, Murcia y Canarias. La cita se repetirá en unos meses.
Todo, en un momento clave para la Memoria Histórica que ha pasado de la bandera del «cero euros» de Mariano Rajoy a las claves que quiere desbloquear Pedro Sánchez. Como precedente estatal aparece el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que aprobó la Ley de Memoria Histórica en 2007 y activó unos 5,9 millones de euros para proyectos de búsqueda de tumbas ilegales. Mientras, incluso la justicia argentina ha facilitado la recuperación de 105 asesinados por los golpistas. Ahora, la nueva Dirección General de Memoria Histórica apunta en esta dirección requerida por la ONU: abrir las fosas para cerrar las heridas.
Andalucía
Andalucía pone sobre la mesa más de 5 millones de euros para abrir fosas y cunetas en el periodo 2019-2022. Las intervenciones arqueológicas partían en los últimos ejercicios de 238.000 euros en 2017 que subieron a 413.223 en 2018. El marco presupuestario crece con el Plan Andaluz de Memoria Democrática, primer programa a largo plazo de la región que acoge casi un tercio de las tumbas ilegales del país: 708 con 45.776 víctimas en su Mapa de Fosas.
Euskadi
El ‘ Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil’ tiene como objetivo localizar los 80 enterramientos del mapa (20 en Álava, 28 en Bizkaia y 32 en Gipuzkoa). Antes, desde 2002, se habían realizado 22 exhumaciones. El presupuesto superó el medio millón de euros el primer año y el actual los dos millones aunque el área Memoria, Convivencia y Derechos Humanos no engloba solo las políticas memorialistas. Las cifras señalan 8.652 republicanos muertos (casi 6.300 en el frente) y 6.400 franquistas (764 fusilados). El proyecto camina con la colaboración con la sociedad Aranzadi, que no descarta que aparezcan más sepulturas a raíz de las investigaciones.
Islas Baleares
El Parlament balear aprobó la Ley de Fosas en 2016 por unanimidad (también el PP votó a favor). El texto diseña las primeras exhumaciones públicas con el Plan de Apertura de fosas que este año actúa en diez casos con un presupuesto de 480.600 euros: Alaró, Calvià, Sencelles, Marratxi, Llucmajor, Santa Maria, Deiá, Figueretas, además de dos pozos y la segunda fase de Porreres y Montuïri. Las asociaciones memorialistas localizan 54 enterramientos en las islas. La Comisión Técnica de Personas Desaparecidas y Fosas aprobó la propuesta de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, única asociación presentada al concurso público abierto por la Administración balear para realizar los trabajos arqueológicos.
Cataluña
El Govern balear y la Generalitat acordaron, precisamente, ampliar la relación institucional para cooperar compartiendo gastos en búsqueda de fosas. Un mes antes, en junio de 2017, quedaba abierta la primera de las 20 que Cataluña atacaría con un presupuesto de 800.000 euros del Plan de Fosas 2017-2018. La aplicación del artículo 155 llevó el desconcierto aunque finalmente no afectó a las exhumaciones en la región pionera en asumir por ley la apertura de fosas comunes del franquismo. El Mapa de Fosas catalán registra 503 tumbas geolocalizadas (235 confirmadas). Desde 1999 se han hecho 18 actuaciones con 57 personas recuperadas y otras 66 en superficie con recogida de restos óseos de 164 víctimas. El proyecto de Cataluña va aparejado a un Programa de Identificación Genética.
Canarias
Las Islas Canarias quedaron convertidas en un «laberinto de terror». El Mapa de Fosas atestigua esta cartografía de la barbarie con 21 localizaciones pero fueron asesinadas más de 5.000 personas: la gran fosa canaria está en el mar. El Parlamento regional aprobó su propia ley de Memoria (febrero de 2018) activando tambien un banco de ADN y un censo de víctimas. La colaboración institucional saca adelante los proyectos, caso del pozo de Tenoya o de la fosa de Vegueta con el aporte de 15.000 euros de la Corporación insular y otros tanto del Cabildo de Gran Canaria, ademas de la participación de técnicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Comunidad Valenciana
Abrir unas 300 fosas documentadas en tierra valenciana con un coste de casi 4,5 millones de euros. Es un objetivo clave de la ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana ( aprobada en febrero de 2017). El Gobierno valenciano asume los costes de exhumación e identificación genética sin prescindir del apoyo de otras administraciones, caso de la Diputación de Valencia en la fosa de Paterna. Lejos quedaron los tiempos en los que Rita Barberá pedía 45.000 a la familia de un ejecutado para recuperar sus huesos, como contó eldiario.es.
Extremadura
Una de las regiones más castigadas por el terror: los golpistas asesinaron en suelo extremeño a unas 13.200 personas. La mayor parte en Badajoz. Hasta 2017 habían aparecido 341 víctimas en 24 exhumaciones y la administración regional ponía 79.000 euros sumados a los 24.000 de las diputaciones. Con la futura ley memorialista la Junta de Extremadura podrá actuar de oficio en las fosas y este mismo año el ente provincial de Cáceres aportó 40.000 euros para sacar a 48 víctimas de la mina Terría. Como ejercicio diferenciador están los campos de trabajo de verano para jóvenes voluntarios de entre 18 y 30 años participan en trabajos arqueológicos.
Navarra
El plan navarro de exhumaciones ha recuperado 68 cuerpos en la presente legislatura en 16 intervenciones en fosas. Navarra aprobó en 2013 una pionera ley regional de Memoria. La norma insta a asumir la apertura de fosas, una tarea a cargo de las arcas forales que sin embargo quedó atascada en la legislatura anterior. El Gobierno foral puso sobre la mesa 200.000 euros entre 2016 y 2017, mientras el presupuesto del servicio de Memoria y Convivencia recoge 50.000 euros en 2018 como subvenciones a entidades locales. Las víctimas navarras están actualizadas en el Mapa de Fosas y el Fondo Documental.
Aragón
Casi 1,5 millones de euros da este año el Gobierno de Aragón a ayuntamientos para localizar a desaparecidos forzados, aunque las entidades memorialistas afean el retraso en las subvenciones. La ley aragonesa no incluye en su memoria económica un presupuesto determinado para los trabajos en fosas comunes. «Es imposible cuantificar el gasto» hasta la realización de un estudio global, refiere el texto. El marco legal sí tendrá una novedad: es la primera región que asume el «traslado de restos localizados de aragoneses asesinados y enterrados fuera». En el Mapa de Fosas tiene un millar de localizaciones con al menos 8.500 víctimas mortales.
Castilla y León
Por sorpresa, el Gobierno del PP de Castilla y León anunció 100.000 euros para subvenciones destinadas a abrir fosas comunes. Fue este mismo año y mediante un decreto que dejó insatisfechas a las víctimas. Hasta ahora, las intervenciones corrían de manos de asociaciones, como en la búsqueda en Soria del amigo de Machado y en el cementerio de Valladolid. El franquismo dejó en la comunidad unos 14.500 asesinados.
Madrid
En Madrid está la mayor fosa común de España, el Valle de los Caídos. Ahí yacen 33.833 cadáveres de los que 12.410 son de personas desconocidas. Los enterramientos son un caos de huesos aunque resiste la esperanza de las víctimas de Franco, cuya propia exhumación sería rápida y ‘low cost’. La mayoría de víctimas en fosas fueron trasladadas a Cuelgamuros y solo hay intervenciones en Brunete, Alcalá de Henares o Ciempozuelos, según el Mapa de Fosas estatal. O en Arganda del Rey, con la primera exhumación tras solicitud familiar en 2014. No hay plan de actuación regional y de las 3.000 ejecuciones documentadas, la mayoría fueron en el cementerio de la Almudena.
Castilla-La Mancha
Timoteo Mendieta. El nombre escenifica la dignidad de las víctimas del franquismo. Y también las trabas que sufren: desde las multas del Ayuntamiento de Guadalajara a tener que abrir fosas bajo tutela internacional. Pero Ascensión Mendieta recuperó a su padre y logró un entierro justo y «multitudinario». El trabajo arqueológico fue realizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) con fondos donados por un sindicato noruego y del Premio Derechos Humanos de la Abraham Lincoln Brigade Archives (ALBA) de Nueva York. Castilla-La Mancha no tiene plan de actuación en fosas. El mapeado del terror vislumbra posibles actuaciones futuras.
Cantabria
Durmiendo el sueño de los justos. Así están las exhumaciones en Cantabria, donde hay unas 150 fosas con 2.500 asesinados por la violencia sublevada. Casi no ha habido intervenciones arqueológicas hasta ahora. El propio PSOE calcula en unas 7.000 las familias afectadas e impulsa un proyecto de ley que asumirá el deber del Estado. Pero, hasta entonces, no hay presupuesto designado para abrir sepulturas como reclaman los colectivos de víctimas. Y el Mapa de Fosas (realizado en 2010) no aparece en la web del Gobierno cántabro.
Asturias
Las grandes fosas de la represión franquista en Asturias están en los cementerios de Oviedo y Gijón. El Mapa de Fosas recoge 200 con miles de víctimas censadas. El Principado activó su primera línea de subvenciones en 2017 pero solo para proyectos de investigación y difusión. No hay plan de búsqueda de desaparecidos forzados.
Galicia
La ARMH ha realizado 18 intervenciones arqueológicas en suelo gallego para recuperar a 53 víctimas. Son trabajos a pulmón, sin dinero público, como en el cementerio de Castroncelos en A Pobra do Brollón o por la asociación memorialista gallega con el batallón ejecutado en O Acevo. Doce de las 49 fosas en la región siguen sin abrir según el mapa oficial. No hay proyecto regional de exhumaciones, aunque el Parlamento de Galicia, con mayoría absoluta del PP, sí reconoció como «fascista» el franquismo.
La Rioja
El Foro por la Memoria abrió en 2006 la tumba ilegal de Viguera y la ARMH sacó once víctimas un año después en Fuenmayor. En Logroño había dos fosas, una desaparecida y otra con diez personas trasladadas al Valle de los Caídos. Y está sin intervenir la sepultura colectiva de la Barranca de Lardero que albergaría en torno a 500 asesinados por los golpistas y en cuyo entorno llegaron a aparecer pintadas fascistas.
Región de Murcia
El cementerio de Espinardo sintió la ejecución de más de mil republicanos. Allí hay al menos cinco fosas. En 1979, y todavía sin rigor científico, muchos familiares realizaron una de las primeras exhumaciones de la Transición. Otra tumba acoge a unos 120 voluntarios de las Brigadas Internacionales. Los golpistas también mataron en Cartagena, Lorca, Caravaca, Totana, Mazarrón… Seis fosas reconocidas. No hay proyecto para rescatar los restos óseos que quedan bajo tierra. Como caso singular está la tumba de un embalse franquista.
Ceuta y Melilla
Un ‘bosque’ de columnas crece justo en el mismo lugar donde una fosa común albergaba 156 cadáveres. El monumento está en el cementerio de Santa Catalina de Ceuta e incluye todos los nombres de los asesinados. En la población africana murieron un total de 268 personas tras el golpe de Estado fascista. En Melilla habría otra fosa común, trasladada al Valle de los Caídos según el Mapa de Fosas del Gobierno de España. La urbe melillense tiene una estatua de Franco en las calles, otra más del dictador cedida por Defensa y borró las pruebas de la represión al rehabilitar la primera cárcel franquista. Las ciudades autónomas también tienen su propia Memoria Histórica.
Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-autonomas-Espana-dinero-franquismo_0_787421692.html