Tal como lo habíamos acordado en la Mesa de Diálogos, estamos en la construcción de un inédito e innovador Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Nunca antes en un proceso de paz se había decidido poner en marcha, con el protagonismo de las víctimas, un sistema con la pretensión de consolidar la […]
Tal como lo habíamos acordado en la Mesa de Diálogos, estamos en la construcción de un inédito e innovador Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Nunca antes en un proceso de paz se había decidido poner en marcha, con el protagonismo de las víctimas, un sistema con la pretensión de consolidar la paz y la convivencia, ofrecer verdad exhaustiva a la sociedad, reconocer públicamente las responsabilidades de todos los involucrados en el conflicto, reparar los daños causados, garantizar el cumplimiento de la obligación del Estado de acabar con la impunidad y construir las imprescindibles medidas que garanticen la no repetición de la violencia política y del conflicto.
Estos son objetivos irrenunciables de una Justicia restaurativa para el post acuerdo, que a todas luces, si realmente se quiere la reconciliación y la convivencia, debe estar desligada de anacrónicas concepciones medievales vengativas, como el ojo por ojo y el diente por diente de la ley del Talión, lo cual conlleva anteponer la paz como derecho síntesis y el bienestar de las futuras generaciones, sobre cualquier otra consideración.
Dentro de nuestra concepción garantizar la justicia restaurativa, debe significar la conquista de la aplicación de una justicia distributiva que vaya más allá de lo meramente correctivo y apunte a crear nuevas condiciones de existencia dentro de la senda del buen vivir.
Para encontrar entendimiento respecto a los mencionados asuntos, la Mesa decidió la creación de una comisión integrada por los connotados juristas Juan Carlos Henao, Álvaro Leyva, Enrique Santiago, Manuel José Cepeda, Diego Martínez y Douglas Cassel. Todos han expresado su plena disposición a trabajar en función de tan loable propósito, contando con el apoyo de otros profesionales del derecho, lo cual es garantía de que en este campo lograremos un acuerdo consistente que blindará jurídica y políticamente el proceso de paz.
Está claro que al lado del protagonismo de las víctimas, la esencia del Sistema Integral es la verdad aportada por todos, de tal manera que viene a ser la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un mecanismo de primer orden para la resolución del conflicto, el cual deberá ponerse en funcionamiento en el término más corto posible.
Sin duda la tregua unilateral declarada por las FARC y la decisión del cese de bombardeos que en correspondencia anunció el gobierno dentro del marco de desescalamiento del conflicto, desencadenaron este nuevo ambiente de confianza que ha permitido agilizar las conversaciones y avanzar en nuevos consensos.
No obstante, estimamos que falta coherencia entre lo que ocurre en la Mesa y lo que sucede en el territorio nacional. Debiera el Estado considerar un cese unilateral al hostigamiento contra líderes políticos y sociales de oposición, porque no puede ser que en pleno desarrollo del proceso de paz se escale la persecución, el encarcelamiento y la muerte.
Mientras en La Habana se habla de Reforma Rural Integral, con la excusa de recuperar tierras de las FARC se despoja a campesinos que son legítimos tenedores de predios baldíos. Mientras se habla de amplia participación ciudadana y expansión de la democracia, se cierran los espacios para el ejercicio de las libertades en Colombia. ¿Quién le dio licencia a la Fiscalía para prejuzgar y enjuiciar a través de los medios, haciendo del debido proceso y del derecho a la defensa un rey de burlas? Aunque parezca una paradoja, habrá que buscar un indulto para tanto inocente judicializado.
Pero no solo hay cacería de brujas para encarcelar, sino para hacerle imposible la vida a los labriegos; actualmente los campesinos del Catatumbo son objeto de la más cruda represión. Los operativos militares que incluyen ametrallamientos y fumigaciones aéreas con glifosato sobre sus tierras, no cesan.
Esta es la respuesta a los acuerdos que había pactado el gobierno en Tibú con sus organizaciones de base.
Para colmo de la insensatez, en una especie de reedición del exterminio de la UP, la Marcha Patriótica acumula ya 102 de sus militantes asesinados, alrededor de 300 encarcelados, más decenas de judicializados. Es claro que el Fiscal, como si estuviera en competencia con el Procurador, camina en contravía del proceso de paz.
A pesar de esta cruda y desalentadora realidad, no queremos dejarnos embargar por el pesimismo, y es por eso que llamamos a reflexionar más en la forma de profundizar los importantes avances logrados en la Mesa de Diálogos de La Habana. Aunque advertimos cierta flexibilización en las anacrónicas posturas punitivistas del Estado, no se pasa todavía, de manera decidida, a una práctica consecuente. Y esto no se logra, sin duda, profundizando las iniciativas legislativas neoliberales o marchando a contracorriente de los acuerdos parciales. Lo que urge es poner freno ya a la represión institucional, al paramilitarismo, a la desidia frente a las exigencias de las pobrerías que reclaman condiciones dignas de vida, justicia social, y cerrar la brecha de la desigualdad.
Si el discurso gubernamental considera que nos encontramos ad portas del fin del conflicto, ¿cómo es que esta certeza no se traduce en una nueva distribución del gasto público que resuelva las necesidades básicas insatisfechas del pueblo?. No se pueden utilizar argumentos como la caída de los precios del petróleo y el oro, o la crisis exportadora, una época de vacas flacas, mientras por una parte se sostienen inflexibles gastos de funcionamiento y de servicio de la deuda, y por otra un gasto militar de 30 billones de pesos anuales -más de diez mil millones de dólares.
Tamaña contradicción nos demuestra la validez de nuestra insistencia en que no es posible una verdadera paz con justicia social sin los cambios estructurales que la nación requiere.