En momentos en que el país avanza en la definición de los consensos sobre los cambios necesarios para permitir un proceso de paz justo y sostenible, es una necesidad urgente reformar las normas que rigen la actuación de la Fuerza Pública mediante un proceso de deliberación democrática que involucre a todos los sectores de la […]
En momentos en que el país avanza en la definición de los consensos sobre los cambios necesarios para permitir un proceso de paz justo y sostenible, es una necesidad urgente reformar las normas que rigen la actuación de la Fuerza Pública mediante un proceso de deliberación democrática que involucre a todos los sectores de la nación.
La discusión apresurada del Código frustró la posibilidad de apuntalar la paz en una reforma democrática y consensuada de estructura y funcionamiento de la institución policial de cara a consolidar la construcción de un proceso de paz sostenible basado en la ampliación de la democracia, la incorporación de nuevos sectores a la vida política, y la garantía efectiva de derechos fundamentales sin exclusiones.
Teniendo esto en cuenta, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos -plataforma que agrupa a 265 organizaciones sociales y de derechos humanos- recibe con preocupación la aprobación del Proyecto de Ley No. 99 de 2014 que dicta un nuevo Código Nacional de Policía puesto que dicho código otorga nuevas facultades discrecionales a los miembros de la Policía que ponen en peligro la vigencia de derechos y libertades fundamentales.
Algunas de estas facultades que ponen en peligro las libertades fundamentales son la posibilidad de ingreso a domicilio sin orden judicial y la imposición de medidas discrecionales por sus agentes, el traslado por protección o para procedimiento policivo por razones no estrictamente delimitadas ni sujetas a control, la imposición de sanciones como resultado del procedimiento verbal policivo, y la posibilidad de que los mismos policías escojan el uso de la fuerza que cause menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Estas prerrogativas conllevan retrocesos en la protección de los derechos fundamentales y dan amplias facultades a una institución que no ha emprendido aún un proceso de depuración interna ni de reestructuración administrativa ante las prácticas que han conllevado graves casos de corrupción y de violación de derechos humanos.
La CCEEU reconoce que el Código recogió algunos de sus aportes y del movimiento de DDHH para el ejercicio de la protesta socia como el reconocimiento de la legitimidad de las protestas espontáneas, la penalización de la obstrucción a la protesta social, la prohibición de hacer estigmatizaciones y falsos señalamientos a los convocantes y participantes de la movilización social, así como la consideración del uso de la fuerza y de la policía antimotines como último y excepcional recurso ante la existencia de graves amenazas a la vida y a la integridad.
Sin embargo, a pesar de este avance en el tratamiento de la protesta social la CCEEU considera que el nuevo Código de Policía no avanza en el proceso de desmilitarización de la Policía Nacional, que a nivel operativo ha consolidado no solo una cadena de mando jerarquizada, sino la aplicación del fuero penal militar, que a su vez, ha deformado su papel y precipitado procesos de corrupción y dinámicas intensas de violación de derechos e impunidad en el transcurso del conflicto armado interno y la violencia socio política.
La reestructuración de la Policía Nacional demanda una discusión amplia sobre la doctrina que inspira su actuación y su relación con los ciudadanos, su concepción como órgano de vocación civil independiente orientada a garantizar las libertades y derechos ciudadanos como condición para una convivencia pacífica , la superación de los conflictos ciudadanos, y ubicado por ello funcionalmente por fuera de la dependencia del Ministerio de Defensa, asuntos estos que no fueron abordados en la expedición del nuevo Código de Policía.
Por esta razón, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, buscará junto con otros sectores sociales y políticos demandar la inconstitucionalidad del nuevo Código, con miras a propiciar una nueva oportunidad para que se puedan abordar las reformas urgentes que el país demanda de la institución policial para un escenario de construcción de paz en Colombia.