A mayo remontan las primeras movilizaciones de los estudiantes chilenos por una «educación gratuita y de calidad». Lo curioso del caso es que el desgaste no se ha hecho sentir aún, a pesar de las presiones crecientes del gobierno. El movimiento ya ha repercutido sobre el nivel de popularidad de Sebastián Piñera, uno de los […]
A mayo remontan las primeras movilizaciones de los estudiantes chilenos por una «educación gratuita y de calidad». Lo curioso del caso es que el desgaste no se ha hecho sentir aún, a pesar de las presiones crecientes del gobierno. El movimiento ya ha repercutido sobre el nivel de popularidad de Sebastián Piñera, uno de los más bajos conocidos por un presidente desde la caída de la dictadura, y en el relanzamiento de la protesta social en el país. Y sigue teniendo efectos fuera de fronteras.
El siguiente informe comprende una crónica «desde dentro» de un movimiento que de todas maneras busca nuevos aires, y la descripción de una de las consecuencias de la inequidad del sistema educativo chileno: el «exilio» de estudiantes hacia Argentina.
Andrés egresó en 2010 de la Universidad Bernardo O’Higgins como profesor de educación física, deporte y salud. La carrera le llevó cuatro años, hoy tiene 24 y una deuda de 60 mil dólares por pagar. Sus planes de vida se condicionan fuertemente: tenía la ilusión de viajar unos meses para «abrir un poco la cabeza» pero no puede darse ese lujo; de alguna manera tiene que encontrar la forma de pagar las cuotas del préstamo que solicitó para costear sus estudios universitarios. «Mi familia solventó mi educación durante el básico y secundaria, ahora quiero valerme por mí mismo, pero es difícil arrancar con menos 60 mil, entro al mundo laboral ya endeudado», cuenta Andrés a Brecha en medio de la marcha del jueves 14.
Su situación es muy parecida a la de un millón y medio de estudiantes universitarios chilenos que se hartaron de seguir pagando por su educación.
Hasta 2006 muy pocos estudiantes de las clases media y baja se aventuraban a hacer una carrera universitaria, y el medio más a mano eran las becas del Estado, que sólo llegaban a una parte de la población. Actualmente el resto de los estudiantes puede recurrir a dos tipos de créditos: uno otorgado por el Estado con un interés del 2 por ciento, cuyas cuotas se descuentan del salario (5 por ciento de éste) durante 12 años (lo que supone el 50 por ciento del costo total de la carrera) pero que sólo se otorga a estudiantes de la educación pública; y un segundo crédito, dirigido a estudiantes de la educación privada (la mayoría), llamado Crédito con Aval del Estado (cae), por el cual el estudiante se endeuda con la banca privada por un préstamo que se amortiza a los dos años del egreso con un interés del 6,4 por ciento y que se paga en su totalidad. Con este nuevo mecanismo las familias que antes no podían acceder a la educación lo hacen, y las universidades permiten ingresar con puntajes más bajos. La forma de selección de los estudiantes se relaja desde el momento que el Estado aparece como un respaldo a la banca privada, lo que deriva en una multiplicación de instituciones universitarias.
Con este panorama la preocupación de Andrés se ve menor frente a la realidad de Ileana, su compañera de marcha, que está finalizando la carrera de medicina (unos nueve años) gracias a este segundo tipo de préstamo. Su carrera le cuesta cerca de 1.700 dólares mensuales. «Sé que cuando termine la universidad tengo que salir inmediatamente a trabajar. Adiós al sueño de la casa propia, del auto y los planes de familia, por lo menos en un futuro inmediato.» La posibilidad de la educación pública está presente en ambos casos, pero saben que las oportunidades son mejores egresando de una institución privada.
Fuimos pingüinos
El anterior movimiento estudiantil en Chile fue el de los llamados «pingüinos», estudiantes de secundaria a punto de pasar a la universidad y preocupados por la situación crítica que enfrentarían. Surgido en 2006, el movimiento, pese a su capacidad de movilización, fracasó. El proyecto de discusión fue guardado en un cajón por la presidenta socialista Michelle Bachelet, y todo se solucionó con reuniones cerradas con los principales actores del conflicto. Muchos de los que hoy están presentes en la movilización estuvieron en las de 2006 y no quieren que vuelva a suceder lo mismo.
Los dirigentes estudiantiles Giorgio Jackson y Camila Vallejo son las caras más visibles de estas movilizaciones. Sus discursos coinciden con los propósitos de los estudiantes, y su capacidad para trasmitirlos ganó la simpatía del resto de la sociedad chilena. Los líderes del movimiento se han enfrentado constantemente a acusaciones de promover la violencia en las manifestaciones y de ser agentes políticos del Partido Comunista (Camila Vallejo es militante del Partido Comunista). Ellos son celosos guardianes de su propia independencia. La Concertación se vio tentada en un primer momento de «coparlos», pero «el pudor o realismo político» les impidió acercarse al movimiento social, «porque en parte ellos estuvieron en el gobierno desde 1990 hasta 2010 y son responsables de lo que está sucediendo hoy».
La semana pasada los estudiantes pidieron que se les garantizaran cuatro puntos para iniciar un diálogo formal con el gobierno de Sebastián Piñera: postergar el plazo para cerrar el primer semestre del año, congelar los proyectos de educación que se discuten en el Congreso, transparentar el diálogo y que no se entreguen más recursos a las universidades que lucran. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, se negó rotundamente a postergar el cierre del primer semestre de estudios y a congelar los proyectos que se discuten en el Congreso. Y el martes 19 Piñera anunció que «lamentablemente» unos 70 mil estudiantes, el 2 por ciento de la matrícula de secundaria, perderían el año. «Tengo que pensar en el resto», y «ya es hora de que los estudiantes se pongan a trabajar», dijo el presidente. La respuesta de los jóvenes fue una nueva marcha, ayer jueves, en la que insistieron en que no se dejarían dividir. «Todos queremos estudiar y trabajar: para eso estamos acá, en la calle, para que nos sea posible hacerlo», dijo Camila Vallejo.
Buen negocio
En Chile cualquiera puede fundar una universidad, y por esta razón nacen centros educativos a cada instante. Así lo explicaron a Brecha los docentes de la Universidad Alberto Hurtado Marcos Fernández y María Teresa Rojas. Los dos coinciden en que la educación en Chile está «mercantilizada» y apunta al enriquecimiento de algunos. A pesar de ser docentes de institutos privados («empresas», se animan a decir), son conscientes de que es necesario un cambio del sistema y que esta es una buena oportunidad.
Según explica otro profesor, Alberto Harambour, de la Universidad Diego Portales, en Chile una ley de 1981 prohíbe expresamente que en la educación superior haya lucro, y establece que todos los ingresos deben ser reinvertidos. Pero la ley incluye una cláusula que es como una invitación a burlarla: permite la creación de «sociedades espejo» que habilitan al rector de una universidad a ser además -por ejemplo- dueño de una inmobiliaria que le arriende el edificio a la universidad a un precio muy superior al del mercado. Y así también con la prestación de servicios. El mecanismo ha conducido a que cada vez más empresarios deseen hacerse cargo de centros educativos, de los que extraen un buen lucro. El negocio es tan visible y rentable que a principios de 2009 el grupo estadounidense Apollo compró la universidad privada chilena uniacc en 40 millones de dólares, y lo mismo sucedió con un fondo de inversión canadiense (KKR), que compró la Universidad de Las Américas, y parcialmente la Andrés Bello, ambas con la mayor cuota del «mercado» de la educación universitaria privada. Cada universidad privada tiene sus planes de estudio. Es «el mercado» el que unifica sus ofertas. «Las reglas de la oferta y la demanda hacen que todas enseñen más o menos lo mismo», dice. La única carrera que tiene regulados sus contenidos es medicina: el Colegio Médico establece que antes de que un médico ejerza debe aprobar una prueba con los principales contenidos necesarios para la práctica.
María Teresa Rojas dijo a Brecha la desigualdad entre los egresados de distintas universidades, y en algunas ocasiones baja la calidad de la educación.» Para obtener más cantidad de estudiantes («clientes», ironizan los tres docentes), las universidades bajan los requisitos de ingreso y las exigencias en los cursos. «El sistema está pensado de tal forma que si un estudiante abandona sus estudios universitarios quien debe costear la deuda que generó es la propia universidad. Por lo tanto se genera lo que denominamos ‘titulación oportuna’, en la cual los centros de estudio buscan de todas las formas posibles que los estudiantes egresen, y si es en la menor cantidad de años, mejor.»
La tierra se mueve
En la jornada de paro del 24 de agosto, una ruidosa marcha de jóvenes llegó a la intersección de Andrés Bello y el puente sobre el río Mapocho. Se trataba de jóvenes estudiantes de la Pontificia Universidad Católica que se dirigían a Las Condes, uno de los barrios más ricos de Santiago. Era la hora de la merienda y descanso de cientos de trabajadores de la construcción de un imponente edificio. De repente, un joven dirigente estudiantil lanzó la clásica consigna de los universitarios de izquierda: «¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante!». Los obreros de la construcción se mostraron sorprendidos, pero después de sonrisas y comentarios comenzó el vitoreo con cascos al aire. Una estudiante en bicicleta llenó el ambiente con el allendista «¡El pueblo unido jamás será vencido!». Todos los puños se levantaron. Una elegante señora acompañada de su mucama, en la otra vereda, apuraba el paso mirando con asombro. Uno de los logros de las movilizaciones es que han sabido trascender al estudiantado, llegando tanto a los sectores populares como a una clase media que se ha ido pauperizando a medida que se profundiza su nivel de endeudamiento.
Las movilizaciones estudiantiles comenzaron hace más de tres meses. Las consignas han cambiado para evitar el estancamiento, dice Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile. En las calles de Santiago, estudiantes de los liceos «en toma» solicitan dinero para «aguantar» y la mayoría de la población complementa su contribución con palabras de aliento. Un caceroleo masivo en varios barrios fue reflejo del apoyo. «Esta vez la familia de clase media está doliente, acompaña la movilización porque está endeudada y ve que esta realidad no se cambia sin una participación popular», sostiene María Teresa Rojas. Todo un progreso.
Luego del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el 24 y 25 de agosto, el gobierno comenzó a preocuparse por la amplitud de las movilizaciones estudiantiles. Y empezó una campaña para intentar dividir y debilitar el movimiento que se fue extendiendo a los docentes e incluso a personal jerárquico de algunos centros educativos.
A los rectores que habían mostrado cierta simpatía por los estudiantes movilizados, la prometida inyección de 4.000 millones de dólares suplementarios en el sistema educativo bastó para calmarlos. Están ahora llamando a los jóvenes «a la calma» y a «negociar». Los estudiantes movilizados sostienen que las nuevas partidas anunciadas por el gobierno, así como la reducción de los intereses de los préstamos, aun si son avances, poco significarán si no son acompañadas de un cambio de fondo del «modelo educativo».
Por otro lado, el gobierno chantajeó a los estudiantes con que si no vuelven a clase antes del 10 de octubre y se enganchan en un programa especial de exámenes no sólo perderán el año sino que serán responsables del despido de docentes y del cierre de universidades. Un joven consultado por Brecha en la marcha del jueves 14 explicó: «No nos inscribimos en este programa porque estamos luchando por una educación de calidad, y el gobierno en vez de eso nos inventó una artimaña para salir rápido. Lo que nosotros queremos es cursar este año de nuevo, pero en otras condiciones».