Nuevos vientos están invadiendo corrosivamente la sociedad chilena. El letargo de los 20 años de transición pactada a la democracia no fueron suficientes para zanjar los problemas fundamentales del país, herencia directa de casi 17 años de dictadura militar. Las contradicciones inherentes de un sistema neoliberal probado, en que los resultados macroeconómicos arrojaron cifras exitosas, no se compadece con la agudización de la injusticia social en términos de inequidad flagrante consolidada durante los gobiernos de la Concertación, que habiendo logrado algunas mejorías en el plano social : previsión social, acceso a la salud, disminución de la pobreza, en ningún caso se planteó reducir la injusticia creada por la distribución de los ingresos, que cada vez fue superior e incompatible con un sistema de repartición de la renta del país, que fuese más de acuerdo a los intereses de la mayoría.
Muy por el contrario, las privatizaciones alcanzaron verdaderos records creando una riqueza insospechada en manos de algunos grupos económicos en detrimento del conjunto de la población.
La aplicación de una política económica de clase en favor de las oligarquías, como es sabido, no se hizo sólamente en el plano financiero sino acompañada de una vasta y sostenida operación comunicacional con carácter ideológico evidente que ayudaron a consolidar la dominación político-económica, social y cultural de una clase en el poder, en contra de los desposeídos.
El precio pagado por los chilenos es altísimo si se considera el grado de desmovilización, de pérdida de la conciencia de sus intereses, de la existencia de leyes laborales y represivas tendientes a aplastar la organización de las masas y de la represión ejercida sistemáticamente por el Estado frente a las reivindicaciones de los trabajadores y estudiantes principalmente, agregándose la persecución racista al pueblo Mapuche frente a todas sus reivindicaciones ancestrales y legítimas, reconocidas incluso por organismos internacionales. Cabe decir que en dos ocasiones, relatores especiales de la ONU se han pronunciado en favor de las demandas de los pueblos originarios en el territorio chileno.
Sin embargo, lo que se ha desencadenado -y ahora con mayor fuerza- es la violencia de Estado como método de » apaciguamiento » de las tensiones sociales. Ya en el pasado los liceanos fueron duramente reprimidos por atreverse a reivindicar una educación más justa y socializada, alejándose de los parámetros financieros que la rigen. Hoy en día, vuelven a salir a la calle a protestar contra la privatización de la educación y la respuesta que reciben son palos y lacrimógenas sin que medien diálogos y acuerdos propios a una democracia de verdad.
Pero lo más patético sigue siendo la encarnizada razón de Estado contra los Mapuche que al día de hoy alcanzan un número de 96 presos políticos, de los cuales 32 realizan una huelga de hambre desde el 12 de julio pasado. Sus reivindicaciones dicen relación con la demanda del cese de la aplicación de la ley antiterrorista instaurada en tiempos de la dictadura militar (que se aplicó durante todos los gobiernos de la Concertación) ; poner término a la injusta medida de juzgar los mapuche en tribunales civiles y militares a la vez, doblando las penas, lo que es en sí una aberración jurídica ; cumplimiento y respeto de la Convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas ; desmilitarización de la Araucanía, su territorio de origen, en el fondo, reconocer la existencia del pueblo mapuche con sus valores culturales y de propiedad territorial que hoy están libradas indiscriminada y abusivamente a las grandes empresas forestales y energéticas.
En un clima de tensión álgido y de persecución flagrante a los comuneros mapuche, 32 entre ellos decidieron llevar a cabo hasta las últimas consecuencias una huelga de hambre en los recintos penales de Temuco, Valdivia, Angol, Lebu y Concepción. Las autoridades gubernamentales después de 48 días no se han dignado a prestar la atención que esta acción merece. Más aún, deliberadamente han optado por desconocer la legitimidad de sus reivindicaciones y ningún gesto se ha hecho presente, ni siquiera con la visita del presidente a la región de la Araucanía. En este mismo instante todos los medios de comunicación están abocados a cubrir la situación de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad en una mina de Atacama, lo que reconforta de saberlos vivos y que las operaciones de rescate se emprendan con ahinco, pero no es justo ni digno de una » democracia » no referirse a la vida de 32 personas mapuche que están atrapados por el sistema que los oprime, los discrimina y los aplasta.en una profundidad que ya no se cuenta por metros.
Esas son las paradojas del Estado chileno, 20 años de recuperación de la democracia e incapaz -por opción política- de interesarse por los suyos, por el pueblo, por los que sufren en Chile. A ellos se les aplica el doble rasero, la zanahoria no basta, prefieren el garrote con el fin de estigmatizar a un pueblo y criminalizar sus luchas. Lo insoportable salta a los ojos y los ciudadanos del mundo debemos movilizarnos imperativamente para denunciar estos atropellos básicos a la condición humana. Decir BASTA a la violencia encubierta bajo forma de » orden » u otras patrañas, La conciencia universal no debe permitir estas fechorías institucionales que operan en toda impunidad, en circunstancias que el propio Estado chileno ha firmado diversos tratados y convenciones relativos a la defensa de los derechos humanos, que no respeta.
El domingo pasado se registró la muerte de un comunero mapuche que esperaba en su casa el veredicto de la justicia respecto a su inculpación. Alguna investigación tendrá que hacerse para determinar las causas de su muerte. Cabe decir que sólo en el gobierno de >Michelle Bachelet hubo cuatro asesinatos de mapuche Hoy, tenemos 32 personas que están al borde del colapso en su huelga de hambre, sin que autoridad alguna haya atendido la gravedad de la situación. Muy por el contrario, el silencio que se mantiene es deliberado, esperando que los mapuche depongan su ac ción. El gobierno de Piñera tendrá que asumir plenamente la responsabilidad del drama que se avecina si persiste en su indiferencia e indolencia que caracteriza a esta derecha arrogante e implacable en su política de discriminación étnica..
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