Dado el potencial del litio en el recambio energético mundial, el acuerdo resulta para no pocos observadores un salvavidas al negocio de Julio Ponce Lerou, quien está en proceso de transferencia de sus cargos empresariales a sus hijos, es decir, los nietos del dictador Pinochet.
Hace una semana fue publicado el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara que revisó el acuerdo entre SQM y Codelco. Pese a que el informe recomendó no seguir con dichas negociaciones, siendo aprobado por una contundente mayoría, hasta la fecha ni el gobierno ni el Ministerio de Minería han dado señales de acoger la solicitud de los parlamentarios.
La aprobación del informe fue de 10 votos a favor y una abstención.
Los parlamentarios calcularon tras escuchar a los varios invitados a la comisión que las actuales condiciones pactadas entre Codelco y SQM implican una pérdida potencial de más de 10.000 millones de dólares para el Estado chileno.
Una de las principales críticas es que la negociación se realizó sin licitación y se acordó un contrato directo con SQM.
“Hubo muchas cosas ocultas”- destacó el informe final.
Según comentó el presidente de la comisión investigadora y quien fue designado finalmente como informante ante el pleno de la Cámara, el diputado Cristián Tapia, “hasta el momento no hemos tenido ninguna señal o respuesta del Ejecutivo al tenor de lo planteado en el documento. Todavía nada de respuestas, todo ha sido muy hermético, pese a que los medios están dando recién la cobertura que no le dieron desde un principio”.
La comisión fue conformada a comienzos de diciembre del año pasado, luego de que el diputado Cristián Tapia reuniera 62 firmas de apoyo a la moción entre sus colegas. Al momento de la votación, 72 parlamentarios la apoyaron y hubo 2 abstenciones.
LA HISTORIA DEL POLÉMICO ACUERDO
Según se concluyó en el informe final de la comisión, compuesto de 45 páginas, el acuerdo que entrega hasta el 2060 el 49,99% de la explotación del Salar de Atacama a SQM en asociación con Codelco está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo.
El acuerdo en caso de concretarse reemplazaría el actual contrato entre Corfo y SQM que arrienda 16 mil hectáreas de pertenencias mineras en el Salar de Atacama hasta el año 2030, fecha en que dicho contrato caduca y la empresa de Julio Ponce Lerou está obligada ese año a tanto a devolver las pertenencias mineras, así como también la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama.
Dado el potencial del litio en el recambio energético mundial, el acuerdo resulta para no pocos observadores un salvavidas al negocio de Julio Ponce Lerou, quien está en proceso de transferencia de sus cargos empresariales a sus hijos, es decir, los nietos del dictador Pinochet.
También se destaca que se mantenga en el negocio del litio a una empresa se ha caracterizado por evadir millonarios impuestos o los pagos del arriendo de las pertenencias mineras. Ya en 2013, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectaron una subdeclarado $2.600 millones en impuestos. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago falló en contra de SQM y la obligó a pagar una deuda con el tesoro público que se eleva a US $ 1.100 millones, correspondiente al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) de los años tributarios 2017 y 2018, que SQM se ha negado a pagar.
Otra trampa de SQM ha sido en el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo, lo que fue detectado en 2014, cuando una revisión concluyó que SQM había determinado mal las rentas de arrendamiento del Salar de Atacama, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.
Una reciente investigación publicada por El Ciudadano, dio cuenta que pese a que las autoridades de Codelco y Corfo dijeron que la idea de negociar con SQM fue después de que se anunciara la Estrategia Nacional del Litio, por parte del presidente Gabriel Boric en abril de 2023, en la práctica el encargo de negociar directamente con SQM fue firmado el 30 de marzo del mismo año, es decir, la definición de entregar sin negociación el litio y el potasio a SQM estaba ya zanjada.
Según destacó el informe final de la comisión, se concretó dicha entrega “sin un acto administrativo formal ni acuerdo previo de los respectivos directorios”, ya sean de Codelco o Corfo, realizándose a través de un simple intercambio de cartas entre ambas entidades, delegándose a Codelco la calidad de “único representante del Estado” en una negociación que compromete la mayor reserva mundial de litio hasta el año 2060.
El dato desmiente lo aseverado por José Miguel Benavente, vice-presidente ejecutivo de Corfo, ante la Comisión Investigadora de que después de esa fecha se le encargó a Codelco “buscar” un socio privado para explotar litio en el Salar de Atacama.
Luego de esas definiciones al interior del gobierno, se anunció que se haría un acuerdo con SQM a través de la firma del Memorándum de Entendimiento, el que estuvo listo en diciembre de 2023, procediéndose a la firma del Acuerdo de Asociación en mayo de 2024.
LOS CÁLCULOS QUE NO CUADRAN
El acuerdo, presentado como una oportunidad estratégica para el país, ha sido cuestionado por expertos en minería, ecologistas y las comunidades indígenas lickanantay.
En el transcurso de la comisión fueron convidados a exponer los ministros de Minería, Aurora Williams; y de Economía, Nicolás Grau; además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; y el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quienes defendieron el acuerdo calificándolo de una gran oportunidad para que el Estado ingresara en la explotación del litio.
Sin embargo, los cálculos entregados ante la comisión no cuadraban y, en el caso de Pacheco, se inflaron las supuestas ganancias. Así cuando fue convidado a exponer, el presidente del directorio de Codelco, estimó ganancias para el fisco basándose en un precio del litio a 20 mil dólares la tonelada, cifra que está bastante por debajo del actual precio del mineral. Según Morgan Stanley, la misma consultora que Pacheco cita como asesora de la cuprífera, el valor del litio se mantendrá por debajo de los US$15.000 por tonelada hasta el 2030, causado por un exceso de producción que mantiene un superávit en los mercados.
El acuerdo también implica aumentar la cuota de extracción de 165 mil a 300 mil toneladas anuales de litio, decisión que no se ha acompañado de estudios ambientales previos y no se estimó de qué manera esta aumento de la producción influye en el stock de litio disponible en los mercados mundiales, lo que mantiene el precio a la baja.
Tampoco cuadran las estimaciones sobre el supuesto valle productivo que se generaría en caso de convocar a una licitación. El cálculo más exagerado fue dado por el mismo Pacheco, quien sostuvo cuando fue convidado a la comisión investigadora que sacar a SQM implica tardar cinco años en volver a producir litio.
Al momento de ser convidado Eduardo Bitran, en calidad de ex representante de Corfo y actual director de Codelco, éste dijo que eran 3 años de valle productivo; en tanto, en una sesión posterior, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que serían sólo 18 meses.
“Ni siquiera las propias autoridades tienen claridad respecto al alcance y urgencia de este acuerdo. Lo que sí sabemos con certeza es que entrega el 50% de las utilidades a una empresa privada como SQM, que además mantiene una deuda de mil millones de dólares con el Estado por concepto de impuesto específico a la minería”- sostuvo el diputado Tapia.
LA PÉRDIDA PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO
Una estimación reciente de la pérdida para el fisco calcula en 5.600 mil millones de dólares lo que se entregaría a SQM. Fue entregada en una de las últimas sesiones de la instancia fiscalizadora por el economista Camilo Lagos Miranda, quien participó en la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en Cochilco hasta el año 2017.
Lagos recuerda que estamos hablando del salar más rico y con mayores reservas de litio en el mundo con el costo de producción más barato. “Sólo recursos del Salar de Atacama podrían sostener la demanda mundial por varios años. Es la joya del país”.
Las conclusiones de Lagos también dejaron en ascuas los cálculos del gobierno. Planteó 4 puntos, los cuales son:
1) Un error estratégico de origen: ante la amenaza de bache productivo hecha por SQM, el Estado entregó el 49,9% de la principal riqueza de litio del país. La decisión se tomó desde el miedo y no desde la estrategia de largo plazo.
2) La falta de licitación provocó que no se echó a correr a SQM, lo que la hubiera obligado a mejorar la propuesta. “No se le hizo competir y había muchos con quienes competir, lo que significa que se podía haber ofertado en mejores condiciones”- sostuvo Lagos.
3) Subsidio al incumbente: el Estado prefirió pagar 5 millones por evitar una pérdida de 4 mil millones. Esto no tiene explicación económica. Ante el temor a esa pérdida, entregaron ese monto en subsidio a una empresa privada, lo que daña la imagen de Chile ante inversores extranjeros.
4) Se producirá una pérdida histórica por la falta de visión estratégica: “han primado visiones de corto plazo por una visión de Estado a largo plazo, como generar recursos frescos entre los años 2025 y 2027, calculados en US$ 1.700 millones según el ministro Grau, pero poniendo en riesgo a nuestra principal riqueza”- finalizó el economista.
Para Lagos “el acuerdo en un negocio muy favorable para SQM, con una pérdida estimada para el tesoro público que podría superar los 10.000 millones de dólares”.
El economista también criticó la falta de licitación y la escasa transparencia en las negociaciones, así como la ausencia de una estrategia de Estado clara y de largo plazo.
Una visión crítica también la tiene el geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), José Cabello, quien considera se trata de un pésimo negocio para el Estado. A partir de su experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera de BHP Billiton, considera que no se debiera haber entregado más del 20 por ciento a un socio que aporte con procesos de manufactura del litio y transferencia tecnológica.
El geólogo comentó con El Ciudadano que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento (…) Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán. Entregar más del 20 por ciento del litio es un regalo”.
EL SILENCIO DEL EJECUTIVO
Pese al emplazamiento de los parlamentarios, ni el ministerio de Minería ni el Ejecutivo liderado por Boric se han pronunciado en la última semana sobre la demanda de la Comisión Investigadora de la Cámara.
El acuerdo también enfrenta serios problemas de inconstitucionalidad. El economista y abogado Julián Alcayaga, invitado también a la comisión investigadora, contó que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional que no ha sido abolida. “El Estado es el que tiene las reservas sobre el litio, es un derecho constitucional en todos los yacimientos donde se encuentra-sostuvo Alcayaga-, por lo que el acuerdo Codelco SQM es inconstitucional. Se necesita una ley. Naturalmente siendo inconstitucional todos los chilenos tenemos derecho a hacer una demanda de nulidad”.
El diputado Tapia, por su parte, señaló que los próximos pasos es la revisión del informe final de la comisión investigadora en el pleno de la Cámara de Diputados y la entrega que harán tanto al Ministerio de Minería como la Contraloría General de la República.