Recientemente, en el periódico británico Financial Times (17-10-19) [1] , el presidente de Chile Sebastián Piñera, afirmó que el país era un «oasis sudamericano» respecto de la situación de otros Estados del vecindario, sumidos en lo que definió como «populismo, demagogia y crisis política». Mencionó que en Chile había una democracia estable, un equilibrio macroeconómico, […]
Recientemente, en el periódico británico Financial Times (17-10-19) [1] , el presidente de Chile Sebastián Piñera, afirmó que el país era un «oasis sudamericano» respecto de la situación de otros Estados del vecindario, sumidos en lo que definió como «populismo, demagogia y crisis política». Mencionó que en Chile había una democracia estable, un equilibrio macroeconómico, empleo y una mejora creciente en los salarios. De igual forma, señaló su disposición para «hacer todo», en función de evitar caer en la situación sociopolítica de los países vecinos. Este discurso se venía testeando desde días antes en medios de comunicación nacional [2] , incluso se había presentado en espacios televisivos masivos, tales como matinales [3] ; y al parecer, ante la escasa o nula crítica y la resonancia complaciente de los grandes medios de comunicación nacional, se creyó conveniente posicionarlo en un medio global.
Paradójicamente, en el «oasis chileno» se experimenta -quizás- la peor crisis hídrica conocida. Como es sabido, la condición constitutiva de un oasis es la disponibilidad de agua, y justamente en la fantasía del oasis chileno, ni siquiera las personas en los diferentes territorios logran tener acceso digno a ésta. A diferencia de otras situaciones asociadas a procesos naturales, la principal causa actual de la crisis hídrica en Chile -sin negar la agudización que produce el cambio climático-, es un modelo económico y social: el neoliberalismo garantizado en la Constitución existente desde la Dictadura Militar [4] . Se han privatizado y mercantilizado las aguas, lo cual ha implicado procesos de concentración, especulación y despojo legal de los recursos hídricos a las poblaciones urbanas y rurales de todo el país. Esto viene siendo denunciado desde hace años por diversos movimientos sociales y estudios, sin embargo, las grandes patronales y no pocos políticos del establishment, han defendido férreamente al modelo neoliberal y a la administración del agua bajo estos términos.
No sólo se han privatizado y mercantilizado las aguas y el conjunto de los recursos naturales del país, sino que gran parte de los espacios de la vida, incluyendo todos los servicios sociales básicos: educación, salud, pensiones, transporte, vivienda, energía, entre otros. Esto ha implicado un flujo desmesurado e incesante de excedentes desde la sociedad y el Estado al sector privado, y por consecuencia, que la vida cotidiana de las personas sea sostenible únicamente en base al endeudamiento crítico para así, lograr tener acceso a los derechos sociales básicos. Entonces, mientras se promociona al mercado y al consumo como una forma de integración social, se perpetúan una serie de abusos que hacen que la gente viva y constate día a día desigualdad y precariedad, las que confluyen en una acumulación permanente de rabia y malestar. Este fenómeno está muy lejos de configurar una condición nueva, de hecho, los efectos han sido denunciados de múltiples maneras y en repetidas ocasiones, la pregunta era hasta cuándo se aguanta.
A pesar de las evidencias y los hechos indiscutibles, los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, sostenían la tesis de que Chile era una sociedad de «clases medias» (la única clase social que curiosamente distinguen), donde se habían alcanzado estados satisfactorios en el nivel de vida. Lo único que observaban eran deseos de acceder a través del mercado, a los bienes de consumo de forma rápida. Junto con ello, sólo veían movilizaciones que respondían netamente a motivaciones ideológicas, negando desvergonzadamente, la inestabilidad de la vida que existe producto de la privación de derechos básicos para la mayor parte de la población. Sin embargo, y contrariamente a las fantasías imaginadas, la precariedad de las condiciones materiales se encuentra al centro del malestar y la rabia.
Este 18 de octubre ocurrieron diversos hechos de manifestación social, convocados un día antes en las redes sociales, impulsados por los/as estudiantes, orientados a evasiones masivas en el pago del metro debido a una reciente alza, los que continuaron durante el día con la destrucción de varias estaciones de este medio de transporte, saqueos, barricadas y cacerolazos en distintos puntos de la capital.
La convocatoria tuvo eco en la población a partir del alza del pasaje del metro, pero se atribuye al encadenamiento de diversas situaciones que encolerizan a las personas de Chile: la impunidad de varios ejecutivos de empresas involucrados en evasión de impuestos; corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas; perdonazos tributarios a grandes empresas; las pingües ganancias de las administradoras privadas de las pensiones (AFP`s) y la salud (Isapres); colusiones empresariales para la fijación de precios en mercancías de consumo básico; represión policial al pueblo mapuche; negación de autonomías para los pueblos indígenas; zonas de sacrificio ambiental; crisis generalizada en el sistema público de hospitales; la desidia y altos emolumentos de los/as parlamentarios/as; abandono de la educación pública; innecesario involucramiento gubernamental en la crisis política de otros países sudamericanos; alto endeudamiento de la personas; bajos salarios; negligencia ante las demandas en temáticas de género; desigualdad social; alzas en el pago de la luz eléctrica; además de la impericia del gobierno para enfrentar el estallido social.
En el proceso de levantamiento generado a partir de esta ira, es importante hacer notar el imaginario colectivo que conlleva la acción de las masas. En dos de las acciones realizadas, se logra evidenciar cómo se develan y reconfiguran los símbolos involucrados en el proceso de revuelta. La primera acción refiere a que gran parte de los ataques, saqueos e incendios, no sólo en Santiago, sino que en gran parte de Chile [5] [6] , han tenido por objetivo principal instalaciones y edificios del gran capital (bancos, Isapres, AFP, cadenas de supermercado y retail, entre otros) y del Estado. Sin negar la existencia de episodios de ataques al pequeño comercio y vandalismo propiamente tal, no es la tónica de lo que ha ocurrido a la fecha. No se trata de justificar estos hechos, sino más bien comprenderlos en su sentido más profundo. A propósito de esta misma acción, existen tesis que plantean la existencia de montajes e intervención (o inacción) de las fuerzas del Estado para gatillar -con colaboración de los grandes medios de comunicación- el miedo en la población. No se ahondará en este punto, pero estas consideraciones sostienen que, a partir de esta acción, se busca justificar la fuerte represión desatada por las fuerzas armadas y de orden público que, en el escenario actual, ha incluido graves violaciones a los Derechos Humanos [7] .
La segunda acción que informa acerca de las razones del malestar construido colectivamente, guarda relación con el acaparamiento de agua que la gente le atribuye a la oligarquía del país. Al día siguiente de la primera noche de protesta en Santiago, aparecieron en las redes sociales imágenes del río Aconcagua lleno de agua, río que hasta la fecha y a propósito de la crisis hídrica, mantenía su cauce completamente seco. A partir de estas imágenes se difundió el relato de que los dueños de las cuotas de agua, habían reestablecido el flujo por el susto frente a las manifestaciones populares en la capital. Realmente, que el cauce llevara agua ese día, es parte de un acuerdo previo entre las 4 juntas de vigilancia del río, en el que la sección 1 y 2 deben abrir las compuertas entre el mes de octubre y noviembre durante los fines de semana [8] . Más allá de la veracidad del relato difundido en las redes sociales, la asociación que se genera entre la situación de las aguas del país y las movilizaciones sociales, dan cuenta que la apropiación de recursos naturales, forma parte de uno de los principales aspectos donde radica el malestar de las personas, quienes perciben una acentuada desigualdad en el acceso a bienes de uso público, tanto para los habitantes, como para las distintas especies que habitan los territorios.
Volviendo a lo ocurrido en las ciudades, la interpretación que hacen en un principio las autoridades es errónea. Conciben los hechos como meramente delictuales, invocando la Ley de Seguridad Interior y el Estado de Emergencia, además de la imposición del toque de queda en diversas provincias de Chile [9] . El presidente declara «la guerra en contra de un enemigo poderoso» [10] y son los militares los que controlan el orden público, algo inédito en el actual período postdictatorial. Días después, el gobierno ha reconocido su error indicando que no supieron interpretar las exigencias de la ciudadanía, pero la presencia militar de las calles se retira recién a la media noche del domingo 27/10, cuando se anula el Estado de Emergencia. El martes 22/10 se presentan pequeñas reformas y proyectos de ley -llamados por el gobierno «Agenda Social»- que no han dejado satisfechos a la población. Se trata de soluciones menores, muchas de ellas proyectos ya en trámite, y que no apuntan a resolver el problema de la desigualdad económica y la precariedad de la vida [11] .
Lo anterior es patente al constatar que, a pesar de estos anuncios, las movilizaciones no amainan, sino que se fortalecen en cantidad y contenido; incluyendo entre estas, la histórica marcha del viernes 25/10 en Santiago con más de 1,2 millones de personas [12] . Marchas multitudinarias se han seguido autoconvocando en todas las principales ciudades del país [13] , incrementándose incluso después del cambio de gabinete acontecido el lunes 28/10. Hay aglomeraciones y marchas todos los días, lo que da cuenta de la profunda convicción de este levantamiento social, a pesar de la fuerte represión hacia la población en general. Sobre ello el informe del Instituto de Derechos Humanos del 29/10 [14] señala la interposición de 5 querellas por homicidio, 18 por violencia sexual, 92 por torturas de diverso tipo, además de 13 recursos de amparo y 10 querellas más. Igualmente, informa un total de 3.712 personas detenidas de los cuales 404 son niños, niñas y adolescentes. A su vez, se han registrado 1.233 personas heridas en hospitales, de las cuales destacan heridos por disparos de bala (37), disparos de perdigones (343), por armas de fuego no identificadas (282) y por balines (26), como también, 140 personas con heridas oculares. A su vez, la Fiscalía se encuentra investigando 23 muertes ocurridas durante el Estado de Emergencia [15] y al 26/10 había 20 personas desaparecidas durante el mismo período [16] .
La crisis del denominado «oasis», es de tal envergadura, que es esperable y deseable que este levantamiento reduzca su intensidad, sólo si es que se establece un proceso de elaboración de un nuevo pacto social, a través de una Asamblea Constituyente. La obviedad de que la única salida posible es un proceso constituyente se evidencia al revisar que esto ha sido reconocido, aunque sin referir explícitamente al mecanismo, por sectores importantes del Congreso [17] y de la Corte Suprema [18] . Por su parte, el gobierno trata de bloquearlo y dilatarlo, primero con negativas y luego con ambigüedades como las emitidas el 30/10 cuando señala que «no descarta ninguna reforma estructural», pero reconoce que no es prioritario [19] . Parece ser que su táctica es apostar a la represión y al desgaste de la movilización. El reciente anuncio que se cancelaba la realización en Chile de los publicitados encuentros de la APEC 2019 y COP-25 [20] , son una muestra que empiezan a dimensionar el carácter del levantamiento y su intento de agotarlo mediante las maniobras de desgaste/represión.
Ya finalizando, no es posible aventurar una conclusión en este documento, ya que es un escrito redactado al calor de los acontecimientos. Sin embargo, podemos enfatizar que, en la nueva constitución vía Asamblea Constituyente, es imprescindible que, al menos, se garanticen los derechos sociales sacando al mercado de los ámbitos de la vida económica, social y ambiental donde estos se materializan. Todo otro intento de acabar con este alzamiento social, ya sea de manipulación, de engaño o de represión, únicamente tendrá resultados de corto plazo.
Notas:
[1] https://www.ft.com/content/
[2] https://www.cooperativa.cl/
[3] https://www.theclinic.cl/2019/
[4] El cuerpo legal específico es el Código de Aguas de 1981.
[5] https://www.biobiochile.cl/
[6] https://www.biobiochile.cl/
[7] https://www.cnnchile.com/pais/
[8] Según destaca Rodrigo Mundaca Secretario General de MODATIMA (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente: http://modatima.cl/ ); y personal de la Dirección General de Aguas (servicio público) en una entrevista a CNN.
[9] Ver por ejemplo https://www.publimetro.cl/cl/
[10] https://www.cnnchile.com/pais/
[11] https://radio.uchile.cl/2019/
[12] https://www.concierto.cl/2019/
[13] Ver por ejemplo marcha en Valparaíso-Viña del Mar https://www.biobiochile.cl/
[14] Seguir datos actualizados de la institución en su cuenta en Twitter en https://twitter.com/inddhh?
[15] https://radio.uchile.cl/2019/
[16] https://www.eldesconcierto.cl/
[17] https://www.camara.cl/prensa/
[18] https://www.biobiochile.cl/
[19] https://www.biobiochile.cl/
[20] Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, versión 25 (COP-25). La APEC se realizaría los días 16 y 17 de noviembre y la COP-25 entre el 2 y 13 de diciembre.
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