Conmemoramos el Día del Preso Político por la detención y asesinato del líder sindical Luis Carlos Cárdenas, perpetrado por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército el 15 de octubre de 1973, como parte de la campaña anti subversiva denominada Operación Anorí.
Rebelión, Sublevación, Sedición y Justicia
1. A quienes protestan y a los líderes sociales los procesan como aliados de las guerrillas o por presuntos actos terroristas; ni a luchadores sociales ni a los guerrilleros, el Estado les reconoce su estatus político, ¿a qué obedece esa negativa?
Una cosa es ser líder social y otra es ser guerrillero; puede haber comunidad de fines; les anima a ambos luchar por una sociedad incluyente, democrática, al servicio de las necesidades de la gente y los pueblos. En la medida que se agudiza el conflicto social y económico, al no resolver las causas del mismo, el Estado se empeña más en destruir esas expresiones reivindicativas de los movimientos sociales, aplicándoles las mismas modalidades bélicas que a la guerrilla; lo hace mediante la ley y por fuera de ella. Así como trata al rebelde como “terrorista” y busca eliminarlo dentro y fuera de la ley, ese mismo método lo usa el Estado desde los años setenta, para acabar con la organización social y las alternativas. Desaparece, asesina, masacra, amenaza, desplaza, y criminaliza. Lo hace acudiendo al mismo recurso: hace montajes, inventa cargos, compra testigos, chantajea, falsea pruebas.
No da prestigio al luchador popular ni permite que brille la luz de su causa, sino que lo acusa de delincuente común, de estar apoyando acciones que el régimen califica de “terroristas”, etc. Por eso no reconoce un status político, pues significaría reconocer la antidemocracia imperante y las causas sociales y económicas de esa lucha colectiva. El Estado no va a admitir que castiga por pensar diferente, o que encarcela por organizar y movilizar a la población inconforme. De ahí que no solo busca destruir los embriones de organización popular, sino reventar esas experiencias llevando a la cárcel a los líderes que sobreviven a la Guerra sucia.
2. Está en Proyecto de Ley una iniciativa para reglamentar la protesta social, que no limita la violencia policial, pero sí restringe y criminaliza en mayor grado la movilización, ¿qué significa este mensaje?
Cuando el Estado ve que sus estrategias de contención ya no sirven del todo, acude a una combinación de medios, como dar rienda suelta al paramilitarismo, a las masacres, sobre todo en lo urbano; como no ha podido amedrantar a los colectivos sociales, les impide manifestarse. O lo permitirá bajo un esquema de control lo más férreo posible. Como no puede suspender el derecho a la protesta, salvo que dicte normas de Estado de Excepción o de Conmoción Interior, refina su dispositivo penal y policial-militar, aparte del mediático, por eso prepara toda la batería represiva. Lo que acabamos de ver acá en Bogotá con la masacre de hace un mes, es la comprobación de un patrón de conducta, de unas órdenes impartidas, que fueron las de disparar contra los grupos de ciudadanos indignados por la brutalidad policial frente al asesinato de Javier Ordóñez.
Como el pueblo está sufriendo avalanchas de pobreza y corrupción, de la desfachatez de Duque y su política económica, para hacer más ajustes aprovechando la desgracia de esta pandemia, ya sabe que habrá más luchas sociales y confluencias, y por eso prepara el garrote con nuevos Códigos punitivos, que limitan al extremo la movilización a fin de que sea un carnaval, y no una expresión de lucha popular por la exigencia de derechos, para escenificar que acá la gente puede disentir gritando en las calles, pero no demandar en serio su cumplimiento. Buscan poner una camisa de fuerza a un cuerpo social que el régimen persigue disciplinar “a las buenas o a las malas”.
3. ¿Cómo se explica la represión penal a los guerrilleros y por qué son tratados como terroristas; cómo hemos llegado a esto?
El Estado capitalista por definición es la administración del monopolio de la fuerza y del derecho, para doblegar a los sectores populares y hacer más ricas a las élites; cuando surge la subversión armada, sea donde sea, los agentes de ese Estado ven que existen amenazas el orden establecido. En el caso de los regímenes cuya finalidad es mantener esa opresión social y económica, deben ver a qué medios acuden. Si se trata de un sistema que tiene los compromisos formales de un Estado que llaman de Derecho, tenderán a capturar y desarticular con la ley a esos alzados en armas, y por supuesto a repeler por la vía armada y de inteligencia esos brotes rebeldes.
En Colombia durante los años setenta y parte de los ochenta, predominó el uso de una legislación penal que venía de décadas atrás, incluso antes de generarse el actual conflicto. Era claramente represiva, pero admitía hablar de delito político y que a esos guerrilleros se les asumiera como actores político-militares a los que había que detener y juzgar. Por supuesto proliferaron cientos de torturas y desapariciones forzadas, así como de asesinados fuera de combate, pero mantuvieron la definición de que eran opositores políticos. Se les juzgó en tribunales militares a muchos.
En la mitad de los ochenta y en los noventa hubo otro tipo de juicios, y de ahí para acá, para ser, cada vez más, tratados como “terroristas” y tipificar sus acciones como delincuencia común. En esta labor se encompincharon el Congreso, los Gobiernos de turno y casi toda la judicatura, para cerrar filas en defensa de un Estado que iba en ascenso a una estrategia criminal y de no resolución dialogada del conflicto. Ahí contaron con académicos, medios de comunicación y asesores extranjeros, de Estados Unidos y de Europa. Era y es su visión de la Guerra. Por eso su afán de deslegitimar o desacreditar al revolucionario.
4. Los seguidores de Uribe han propugnado por calificar a los narco paramilitares de sediciosos; ¿es posible darles este reconocimiento político?
La intención de hacer de los paramilitares un aparente actor militar y político distinto del Estado y de las élites, es algo que está en la propia raíz del paramilitarismo desde los años sesenta, y más cuando se le dieron siglas para calificarlos como “auto-defensas campesinas”, cuando no eran más que un brazo de la inteligencia militar, de los terratenientes y ganaderos, y por supuesto luego de los ejércitos de narcos, que sabemos son los padres biológicos de Uribe y toda esa generación de políticos, así como de empresarios que dieron todavía más alas a esos grupos criminales.
Para esa apariencia, el régimen buscaba dar status políticos; lo intentaron en los noventa en unas cuatro campañas para eso y luego con la negociación interna de Uribe en 2005 con los jefes narcos bajo la Ley de Justicia y Paz, que prometió tratarlos como “delincuentes políticos” bajo el cargo de “sedición”. Era tan aberrante esa idea, que incluso Magistrados de posición conservadora en las Cortes echaron para atrás esa pretensión, y Uribe les quedó mal con ello a los narco paramilitares. Pero luego ese objetivo, sin llamarlos así, lo han venido cumpliendo de otras maneras. Eso por una intencionalidad política perversa, de impunidad estructural y distorsión de la memoria histórica.
Desde otra esquina, en sus oficinas en Bogotá, el CICR, aplicando fórmulas simples, sin bajar a la realidad en los territorios ha dicho que en Colombia hay 5 conflictos, uno por cada fuerza armada existente. Con eso se están tendiendo en el CICR una trampa, y los primeros que caerán son quienes busquen que cumplan compromisos humanitarios, bandas que son apéndices del sistema, que están motivadas por razones mafiosas y que coordinan sus acciones sicariales con las Brigadas militares.
5. Bajo la jurisdicción de la JEP siguen líderes sociales presos, así como integrantes de las extintas FARC, mientras militares responsables de atrocidades han salido de la reclusión especial que gozaban, ¿qué balance hacen de esta experiencia de Justicia Transicional, frente a lo que jurídicamente es el alzamiento o la rebelión?
La JEP está siendo un escenario más de esa vieja historia en la que el derecho penal de este Estado antidemocrático se ha cualificado para, primero: castigar la rebelión, desacreditarla, descomponiendo su realidad fáctica y jurídica, burlando los imperativos y la conexidad del delito político, tratando como acciones “terroristas” actos que no lo son, y que el Derecho Internacional de Guerra o el DIH no prohíben, por ejemplo las operaciones insurgentes relacionadas con capturas de enemigos, sabotajes o bajas en combate, que son consustanciales al alzamiento armado. Y segundo: para expiar pocas culpas tratando algunos casos de agentes del Estado como cabos sueltos, como “manzanas podridas”, dándoles beneficios diversos, eximiendo a las cúpulas políticas, empresariales y militares por el terrorismo de Estado, que hoy está en plena efervescencia. Ninguna garantía de no repetición se ha adoptado seriamente.
La doctrina sigue, la impunidad, los mecanismos de encubrimiento, los pactos con potencias extranjeras como EEUU y la OTAN, el paramilitarismo, el sicariato, etc. La JEP ha servido para eso, es su naturaleza, y por eso no debe extrañarnos que en ella se trate como victimarios netos a los ex insurgentes. En la JEP los para-empresarios se salvaron, los Generales, Ministros de Defensa y Presidentes no serán llamados por cadena de mando conforme a la doctrina y jurisprudencia más avanzadas. Eso lo firmó las FARC consciente y voluntariamente, sin engaños del Estado. De esos errores deben aprender todas las expresiones de lucha del pueblo para pensar a futuro otros derroteros y no otras derrotas.
Criminalización, Genocidio y Lucha Carcelaria
6. A 22 años de que la Corte Constitucional declarase el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario, y a 2 años de que emitiera el Auto T-267 de 2018, que define los mínimos constitucionales asegurables en infraestructura y servicios públicos con perspectiva de género, ¿qué consideraciones hacen respecto de la situación del sistema penal y carcelario vigente?
En primer lugar debe aclararse que la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) se dio en razón a las luchas de las personas privadas de la libertad y sus familias, evidenciando las ignominias que viven dentro de las prisiones. Además, las decisiones de la Corte declaran que existe una negación sistemática de derechos, derivada de problemas estructurales que imponen al Estado en su conjunto adoptar un plan estratégico para su superación. Problemas que no son propios o predicables exclusivamente del sistema penitenciario, sino que parten de una política criminal reactiva y populista, que tiende cada vez más a institucionalizar el derecho penal no como última sino como primera razón y consecuencia de ello, a naturalizar la privación de la libertad como regla general. En este sentido, la sentencia llama a replantear el modelo de criminalización primaria que ha hecho carrera en Colombia y que responde a una política de Estado más represiva y que usa el derecho penal y la cárcel como instituciones disciplinantes, de castigo y ocultamiento de la pobreza por un lado y el disenso o la resistencia por el otro.
Lo anterior se acompasa con un problema serio de acceso a la justicia, que lleva a que no se tenga realmente condiciones y garantías de un juicio justo e imparcial. Adicional a que hay una creciente tendencia (en cabeza de la Fiscalía y los jueces de garantías) a usar la detención preventiva como pena anticipada en desatención de principios del derecho liberal que hablan del carácter excepcional y de la necesidad y proporcionalidad de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Debemos pensar en todos los factores que inciden en la independencia judicial, sobre todo, cuando se trata de casos que se adelantan contra quienes son considerados “enemigos” del Estado: líderes sociales o rebeldes.
Pese a que han transcurrido cerca de 7 años desde el momento en que se volvió a declarar el ECI en el sistema penitenciario, el Gobierno aún no cuenta con un plan estratégico de superación. Espacios como la Comisión de Seguimiento de la sociedad civil a la Sentencia T-388 de 2013, han realizado denuncias a través de sus distintos informes a la Corte Constitucional, pero nada cambia.
En materia de política criminal primaria, el recrudecimiento de las penas o la creación de nuevos delitos, sigue siendo una constante. A manera de ejemplo, se tiene la reciente aprobación de la reforma constitucional que introdujo nuevamente la prisión perpetua, la cual se prevé, será extendida a delitos diferentes a los inicialmente incorporados. También se han creado nuevos tipos penales como el abigeato (reforma promovida por Fedegan), o el de asesorar (incluso defender) a quienes se les considera parte de grupos armados organizados; casos en los cuales se duplicaron los términos de la detención preventiva, la cual puede llegar a ser hasta de cuatro años. Es decir, se sigue materializando la política de tramitar a través del derecho penal, toda una serie de conflictividades sociales. El Estado lo que hace es no resolver problemas sino agrandarlos al criminalizar, esto significa que a las prisiones seguirán llegando cada vez más personas, degradando aún más el sistema, problema que se agrava si se tienen en cuenta otras problemáticas como la privatización de servicios y del sistema penitenciario, que convierte en negocio, la garantía de derechos y a la población carcelaria en sí misma.
Otra reflexión a la que nos convoca la declaratoria del ECI tiene relación con el tratamiento penitenciario, marcado no solo por la carencia de condiciones dignas de reclusión, sino por la idea de la cárcel como escenario de segregación y castigo; una mezcla letal, que convierte a los privados de libertad en una población altamente vulnerable a prácticas como la tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes; sin ningún tipo de control estatal o social. A esto se suma, la falta de espacios de trabajo o estudio con vocación integradora, que les permita a las y los sentenciados, proyectar su vida en libertad. En suma, la situación carcelaria sigue siendo caótica y el camino transitado por el Estado para la superación de los problemas estructurales identificados por la Corte, es errático y sin posibilidad de concretar los estándares mínimos en materia de derechos humanos.
7. Los motines de marzo en las cárceles del país por las pésimas condiciones para afrontar el Covid-19 dejaron 23 reclusos asesinados y 83 heridos, presionando a Duque a emitir el decreto 546 de emergencia carcelaria; de abril a la fecha sigue la crisis humanitaria, ¿cómo analizan esta situación?
La masacre que perpetró el Estado el 21 de marzo, no es más que la aplicación de un modelo represivo contra las expresiones de inconformidad de los sectores populares. Un modelo que no contempla la apertura al diálogo para dar solución a las causas que generan las reclamaciones de la gente, sino que adopta la fuerza (incluso letal) como primera y única opción. Es exactamente la misma manera de tratar la protesta social en las calles. Quienes se muestran inconformes, son tratados como enemigos, la protesta es entendida no como una posibilidad de abrir espacios democráticos y de participación, sino como un asunto de orden público, como algo peligroso para el statu quo. Un tratamiento que da cuenta del miedo de las clases dominantes hacia las mayorías empobrecidas y excluidas.
8. Al pueblo que está tras las rejas, a sus familiares, a los trabajadores de las cárceles y al movimiento popular de solidaridad, ¿ustedes como defensores de Derechos Humanos que mensaje les envían?
Lo primero es animar, hacer un llamado a ampliar y elevar la iniciativa de organización popular alrededor de la población privada de la libertad, y a entenderla como parte las luchas por la transformación de la sociedad. Generar reflexión sobre la razón de ser y la naturaleza de la cárcel y el derecho penal imperante, para poder replantear todo el sistema de valores y principios que se privilegian y reproducen desde el poder hegemónico. Por eso mismo, extendemos este llamado a todos los sectores del movimiento popular, para que alimenten las justas luchas que se gestan desde dentro y fuera de las prisiones. Mientras persista este régimen y su lógica de terror, es preciso defenderse, tomar conciencia, movilizarse, buscar articulaciones para hacer más fuerte la lucha popular.