«Mi tristeza e impotencia son enormes… No puedo comprender que Daniel fuese atacado por su homosexualidad. Sólo pido justicia y que nos ayuden a conseguirla», dice conmovida Jacqueline Vera, madre de Daniel Zamudio, joven de 24 años golpeado por presuntos neonazis el pasado 3 de marzo. Daniel falleció el 28 de marzo a consecuencia de […]
«Mi tristeza e impotencia son enormes… No puedo comprender que Daniel fuese atacado por su homosexualidad. Sólo pido justicia y que nos ayuden a conseguirla», dice conmovida Jacqueline Vera, madre de Daniel Zamudio, joven de 24 años golpeado por presuntos neonazis el pasado 3 de marzo. Daniel falleció el 28 de marzo a consecuencia de la brutal golpiza.
En el Parque San Borja, lugar donde atacaron a Daniel, se efectuó una velatón. La conmoción pública hizo que el gobierno enviara al Congreso la urgencia para la tramitación del proyecto de ley antidiscriminación. Hubo que esperar otro crimen de odio para mover al gobierno y a los legisladores.
Rolando Jiménez, presidente del Movilh, insiste en la necesidad de su perfeccionamiento: «Las propuestas trabajadas por una decena de organizaciones sociales de sectores discriminados, no sólo de minorías sexuales, busca que el Estado se comprometa en políticas públicas a favor de la igualdad y que se establezcan indemnizaciones para las víctimas de las exclusiones. Podemos decir que hay, sin duda, una mayoría favorable en la Cámara para perfeccionar la ley, según quedó de manifiesto en un documento que íbamos a presentar al Tribunal Constitucional donde se expuso la necesidad de mejorarla y que fue firmado por 52 parlamentarios».
Iván Zamudio, padre de Daniel, afirma: «Esta agresión es un crimen de odio». El 7º Juzgado de Garantía ordenó la prisión preventiva de los presuntos culpables del crimen. Aunque negaron ser neonazis, se les conoce como «los nazis del centro». Según Jaime Silva, abogado de la familia Zamudio Vera, «hubo clara intención de asesinar a Daniel. La brutal golpiza tuvo las características de odio y discriminación de los grupos neonazis». El presidente Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y la primera dama, Cecilia Morel, se reunieron con la familia Zamudio y dirigentes del Movilh. Para el Movilh, el proyecto antidiscriminación es deficiente y distinto al original. «Respaldamos un proyecto contra la incitación al odio elaborado por la senadora Lily Pérez, por cuanto la ley antidiscriminación no hace referencia a este aspecto, que consideramos de la máxima importancia para prevenir y enfrentar acciones que violan derechos humanos», dice Jiménez.
«La solidaridad que ha suscitado la agonía de Daniel es transversal, muy amplia desde todo punto de vista. Esta tragedia también ha provocado algo hermoso en nuestro país. Daniel sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, fracturas, lesiones múltiples, quemaduras de cigarrillos, cortes en forma de svastica nazi en su cuerpo, la amputación de parte de una oreja… Fue un crimen de odio, un ataque inhumano, brutal. El país y la comunidad homosexual, que ha sabido históricamente de agresiones, discriminación y violencia, están profundamente conmovidos. Gracias a Daniel y a la golpiza de la que fue objeto, gracias a la tremenda fortaleza de su familia, estamos cambiando este país. Estoy seguro que habrá un antes y un después del asesinato de Daniel Zamudio. La gente decente de este país, de Izquierda y derecha, de todos los estamentos sociales, de todas las religiones, no quiere vivir en un país que asesina a sus jóvenes con una condición sexual distinta. No tenemos odio, pero sí sed de justicia, de libertad, de igualdad ante la ley. Exigimos justicia en la mayor dimensión posible», agrega.
«Llevamos siete años tramitando una ley contra la discriminación, pero hay sectores que se han opuesto con uñas y dientes porque beneficiaría a gays y lesbianas. Son corresponsables de este asesinato. No entienden que los seres humanos nacemos todos iguales en dignidad y derechos», señala Rolando Jiménez.
CHILE SANCIONADO Por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile como «responsable internacionalmente de vulnerar los derechos a la igualdad y la no discriminación establecidos en la Convención Americana de DD.HH.». Esta dura condena la originó el fallo de la Corte Suprema que en mayo de 2004 despojó, en razón de su orientación sexual, a la jueza Karen Atala de la custodia de sus tres hijas.
Según la CIDH «el Estado chileno incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, vida privada y familiar, familia, protección especial de las niñas, garantías judiciales y protección judicial». A pesar del fallo, el tribunal chileno sigue insistiendo en que no hubo discriminación. «Junto con demandar de la Corte Suprema un mea culpa, sostenemos que en sus declaraciones se combina la ignorancia -por cuanto la homosexualidad no es una opción-, con la inhumanidad y la total falta de compromiso con los derechos humanos y para reconocer lo que es objetivo: el profundo daño causado a Karen y a sus hijas y que ha sido reconocido por una instancia internacional. Los dichos de la Suprema afectan profunda y negativamente la imagen de Chile, ya dañada con la sentencia de la Corte Interamericana, además de ser contrarios a lo planteado por el propio gobierno en orden a que cumplirá a cabalidad lo exigido por la CIDH», señala Rolando Jiménez.
Agrega que el fallo de la CIDH es un paso histórico: «Se acusa a Chile de una realidad: la violación a los derechos de no discriminación e igualdad de las personas con orientación sexual diferente. Chile queda en vergüenza, es explícito a nivel mundial que en nuestro país hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Una vergüenza graficada en que pasaremos a la historia por ser el primer país sancionado internacionalmente por discriminación basada en la orientación sexual. Demuestra que los chilenos deben salir al extranjero a buscar la justicia negada en su país. Karen Atala agotó todas las diligencias para que se revirtiera la atrocidad de ser separada de sus hijas por ser lesbiana, un hecho que dañó profundamente su integridad, con efectos que jamás podrán borrarse. Pasaron casi ocho años, tres gobiernos de por medio, y nada consiguió. Por el contrario, el Estado sigue desconociendo que hubo discriminación en su caso, aspecto que hoy la CIDH enmienda. No se vulneran sólo los derechos de las personas con diversidad sexual, sino también los de sus familias, incluidos menores de edad. Sus hijas no fueron escuchadas en el marco del proceso que las apartó de su madre», agrega. Otra demanda presentada por el Movilh a la CIDH es el caso de la profesora Sandra Pavez. Por ser lesbiana la Corte Suprema le prohibió hacer clases de religión.
FALTA EDUCAR Para Rolando Jiménez «es urgente que los establecimientos educacionales y las familias discutan con alumnos e hijos, con sinceridad y sin prejuicios, sobre el carácter diverso de la sexualidad, asumiendo que existen variadas orientaciones sexuales: homosexuales, bisexuales o heterosexuales; ninguna de las cuales son condenables, inmorales o antinaturales. En Chile, las relaciones sexuales consentidas entre heterosexuales o lesbianas que involucren a mayores de 14 años no son delito. En cambio, en el caso de relaciones sexuales consentidas entre hombres gays existe una clara desigualdad y discriminación, pues el artículo 365 del Código Penal las considera legales a partir de los 18 años, aspecto que el Comité de los DD.HH. del Niño de la ONU ha instado a Chile a corregir. Cualquier aplicación de esta norma es discriminatoria y abusiva. En 2009 fue ingresado un proyecto de ley para derogar eso, pero la iniciativa no ha sido debatida».
El año pasado la discriminación a transexuales aumentó 220%. Ni siquiera tienen la posibilidad de que en su carnet sean identificadas «con el nombre y el sexo del cual son parte, lo cual se presta para constantes burlas y obstáculos para desarrollar con normalidad su vida y diversos trámites, como el derecho a voto en las elecciones», dice. En febrero, el Movilh envió al Alto Comisionado de la ONU un informe alternativo al expuesto por el gobierno. A tres años de que Chile rindiera su examen periódico universal (EPU), el Estado ha incumplido sus compromisos sobre derechos de la diversidad sexual. «Tras presentar el EPU en mayo de 2009, Chile recibió y aceptó variadas recomendaciones, entre otras las de Nueva Zelandia, Países Bajos, República Checa y Suecia, que solicitaron cambios para la igualdad de derechos de las minorías sexuales. Se recomendó a Chile adoptar una legislación contra la discriminación, revisar el artículo 373 del Código Penal, que al sancionar las ‘ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres’ favorecen detenciones y atropellos policiales arbitrarios contra las minorías sexuales, así como adoptar políticas públicas que hagan referencia a la orientación sexual y la identidad de género y utilizar como guía de su accionar a los Principios de Yogyakarta, un documento mundial de expertos en derechos humanos que enumera 29 derechos para la diversidad sexual, llamando a los Estados a respetarlos», dice.
Pero la ley antidiscriminación no sólo no ha sido aprobada, sino que su actual versión es muy distinta de la que en 2005 ingresó al Congreso. «Contiene elementos que son contrarios a las recomendaciones de la ONU y no están a la altura de los estándares internacionales. En relación al artículo 373, desde 2007 se encuentra estancado un proyecto de ley que deroga la norma, lo cual ha implicado que lesbianas, gays, bisexuales y transexuales sean objeto de detenciones arbitrarias, humillaciones y golpizas de parte de Carabineros por la única razón de expresar su identidad en espacios públicos», agrega.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 754, 30 de marzo, 2012) [email protected] www.puntofinal.cl