El gobierno colombiano autorizó al alto comisionado de paz a buscar un acuerdo con las FARC para una zona de encuentro que lleve, eventualmente, a un acuerdo humanitario y a un proceso de paz. En un comunicado en respuesta a una carta previa de las FARC, el gobierno de Álvaro Uribe indica que «considera viable […]
El gobierno colombiano autorizó al alto comisionado de paz a buscar un acuerdo con las FARC para una zona de encuentro que lleve, eventualmente, a un acuerdo humanitario y a un proceso de paz.
En un comunicado en respuesta a una carta previa de las FARC, el gobierno de Álvaro Uribe indica que «considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto, con previa dejación de armas».
Según el comunicado, la zona de encuentro debe ser eficaz para «el acuerdo humanitario y un proceso de paz. Con garantías de buena fe que además deberían incluir un cese de hostilidades, limitaciones de tiempo y los requisitos que propusieron los 3 países europeos».
El acuerdo humanitario propuesto busca la liberación de 59 dirigentes políticos, policías, militares y civiles en poder de las FARC, a cambio de guerrilleros presos de esa organización.
Misiva de las FARC
El comunicado es en respuesta a una carta enviada por el Estado Mayor de las FARC a las cabezas de los tres poderes públicos de Colombia, condicionando un canje de prisioneros y el inicio de conversaciones de paz.
En la misiva, fechada el 1 de octubre y publicada en internet, las FARC piden la desmilitarización, por 45 días, de dos municipios del departamento del Valle para discutir un acuerdo humanitario que permita el intercambio de guerrilleros presos por militares y civiles secuestrados.
Se trata de los mismos municipios que Uribe ha dicho en ocasiones anteriores que está dispuesto a desmilitarizar, aunque no ha dicho por cuánto tiempo. Además, está la discusión de si podrán entrar guerrilleros armados a la zona.
Las FARC también solicitaron al gobierno que, una vez hecho el canje, y «frente a la imperiosa necesidad del país por encontrar la solución política del conflicto: desmilitarice los departamentos de Caquetá y Putumayo para iniciar conversaciones de paz».
Asimismo, pidieron la suspensión de órdenes de captura de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC, que la comunidad internacional deje de calificarlos de terroristas y que Uribe reconozca la existencia del conflicto social y armado en Colombia.
La semana pasada, el presidente Álvaro Uribe dijo que está dispuesto a desmilitarizar dos municipios del suroccidente del país para hablar sobre un acuerdo humanitario, pero lo condicionó a que la guerrilla no incurra en actos terroristas.
Algunos sectores están optimistas con la carta de las FARC. El ex ministro Álvaro Leyva Durán, que ha servido de facilitador del acuerdo humanitario y que colaboró con el ex presidente Andrés Pastrana en un fallido proceso de paz con las FARC, afirmó que si el intercambio sale bien, «el país debe entrar a hablar de una paz definitiva».
Condiciones «imposibles»
Entre tanto, Hervé Marro, portavoz del comité francés de apoyo a Ingrid Betancourt -la ex candidata presidencial colombiana en poder de las FARC desde febrero de 2002- afirmó desde París que «estamos llenos de optimismo y esperanza», aunque reconoció que «habrá obstáculos que superar con paciencia, discreción y voluntad».
Por otro lado, hay pesimismo. Carlos Eduardo Jaramillo, ex consejero de paz del gobierno del presidente César Gaviria, y quien condujo las negociaciones para la desmovilización de una facción del Ejército de Liberación Nacional y de grupos de milicianos en Medellín, le dijo a la BBC que la carta de las FARC exige condiciones «imposibles de cumplir».
Para Jaramillo, «las condiciones del canje son prácticamente imposibles de salvar. Hay cosas que no están mencionadas en la carta, pero que la guerrilla ya ha exigido, como la inclusión de ‘Simón Trinidad’ y ‘Sonia'», quienes fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
Según el experto, que es sociólogo y profesor universitario, «por más que quiera ayudar a Uribe, el gobierno de George W. Bush, en vísperas de unas elecciones donde los republicanos pueden perder la mayoría en el Senado o en la Cámara, no se pondrá a pelear con la rama judicial para regresar a ‘Trinidad’ o a ‘Sonia’ a Colombia».
Además, el ex consejero de paz cree que sentarse a dialogar sobre un canje «no es garantía de éxito».
«Las FARC quieren sentarse y que el gobierno se tenga que parar, con los costos que le implica. Sin embargo, el canje le daría oxigeno al gobierno, que está pasando por un pésimo momento», añadió.
Exigencias para la paz
Las FARC dicen que si se produce la liberación de todos «los prisioneros», podrían iniciarse conversaciones de paz y discutir un cese bilateral del fuego, siempre y cuando el gobierno desmilitarice Caquetá y Putumayo, dos departamentos del sur, estratégicos para la guerrilla y cercanos a la frontera con Ecuador.
Pero, además, el Estado Mayor del grupo señala que la agenda de las conversaciones de paz deberá incluir temas, que son polémicos, como la extradición, el cambio del calificativo de grupo terrorista en el exterior, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la depuración de las fuerzas armadas, el paramilitarismo, reforma urbana y agraria, y la convocatoria a una asamblea constituyente.
«Ellos están echando anzuelos cuando dicen: ‘si nos aceptan todo lo que pedimos para el canje, entonces nos sentamos a negociar la paz’, pero piden dos departamentos y todo lo demás. Es importante tener claro que las FARC no se están moviendo de sus posiciones tradicionales y que están pidiendo cosas como si estuvieran ganando la guerra», concluye Jaramillo en su diálogo con la BBC.