El consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció los esfuerzos del gobierno de Colombia para mejorar la protección a los sindicalistas, pero lo apremió a adoptar disposiciones para poner fin a la violencia contra afiliados y dirigentes de las organizaciones de trabajadores. Cifras divulgadas este miércoles durante la sesión del máximo […]
El consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció los esfuerzos del gobierno de Colombia para mejorar la protección a los sindicalistas, pero lo apremió a adoptar disposiciones para poner fin a la violencia contra afiliados y dirigentes de las organizaciones de trabajadores.
Cifras divulgadas este miércoles durante la sesión del máximo organismo de gobierno de la OIT por el vicepresidente colombiano Francisco Santos colocan en 40 la cantidad de sindicalistas asesinados durante 2005 en ese país sudamericano. En 2002 fueron 196 los líderes y militantes obreros muertos de la misma manera.
La Escuela Nacional Sindical –creada en 1982 en la ciudad de Medellín por profesionales, académicos y dirigentes sindicales– distribuyó esta semana otros datos en Colombia, según los cuales los sindicalistas abatidos en 2005 fueron 70, mientras 260 recibieron amenazas de muerte, 56 fueron detenidos en forma arbitraria y siete fueron víctimas de atentados con explosivos.
Ninguno de los participantes del debate de este miércoles en la organización internacional tripartita, integrada por representantes de gobiernos y de entidades obreras y empresariales, desconoció la disminución de los actos de violencia contra representantes de los trabajadores colombianos.
Santos comentó a IPS que en los últimos tres años se ha avanzado inmensamente en proteger a más sindicatos y sindicalistas, igual que en disminuir las cifras de la violencia.
Sin embargo, el funcionario aceptó que «lo único que nos sirve es que esa cifra llegue a cero».
Colombia vive una guerra civil de cuatro décadas. Entre las víctimas civiles, los líderes sindicales son blanco favorito de la acción de algunos actores armados.
El grupo de los empresarios coincidió con la visión de Bogotá. Daniel Funes de Rioja, portavoz de ese sector en la OIT, observó que Colombia ha dado pasos muy importantes.
«Pero obviamente el tema es muy crítico y tenemos una gran preocupación», dijo Funes de Rioja a IPS. De todos modos, valoramos la contribución de Colombia, la buena disposición y la presencia del vicepresidente Santos en la sesión del consejo, añadió.
En cambio, los sindicalistas consideran reduccionista la afirmación de que la libertad sindical se respeta porque de un año a otro el número de víctimas es inferior. «Eso es perverso», sostuvo Julio Gómez, secretario general de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia (CGTD).
«Puede ocurrir que en cinco años no haya ningún sindicalista asesinado, pero también puede ser que en cinco años no quede un sindicato más en Colombia», reflexionó Gómez en diálogo con IPS.
El panorama laboral colombiano se caracteriza por un incremento de la tercerización, o sea del trabajo contratado a través de intermediarios sin responsabilidad social, por el desconocimiento de los derechos de organización, de negociación colectiva y naturalmente de huelga, describió Gómez.
«Todo eso hace que disminuya de manera vertiginosa la cantidad de organizaciones sindicales y aunque en este tema no dispongo de cifras confiables, puedo decir que son decenas los sindicatos que han desaparecido», insistió el líder de la CGTD.
La resolución aprobada por el consejo de administración de la OIT coincide con el texto del informe que le elevó el comité de libertad sindical de la misma organización, donde se da cuenta de la reducción de la violencia, pero se urge al gobierno colombiano a terminar con las violaciones.
El documento aprobado insistió también en que la OIT examinara seriamente la posibilidad de establecer una oficina propia en Colombia para facilitar el diálogo con las autoridades.
Como ocurre en el sistema de los derechos humanos, la instalación en un país determinado de una oficina de una agencia multilateral, se interpreta como una prueba de que esa nación y su gobierno se encuentran bajo escrutinio severo de la comunidad internacional.
En Colombia ya existe una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Santos declaró a IPS que le sorprendía la idea de montar la oficina de la OIT cuando «vamos en la dirección correcta». «Estamos abriendo espacios, todo mejora, pa’ qué cambiar», dijo textualmente.
Los empresarios volvieron a concordar con el gobierno en el asunto de la representación de la OIT. «Sólo ha sido una sugerencia para que la considere el consejo de administración», sostuvo Funes de Rioja.
La posición de los empresarios no es la de apoyar la creación de una oficina especial, sino la de incentivar el actual programa de cooperación técnica con Colombia, que ya es exitoso, definió.
El sindicalista Gómez observó que una oficina podría constituir una ayuda para el gobierno colombiano, «si en efecto es sincero en cuanto a sus declaraciones, y permitiría persuadir a quienes perpetran actividades antisindicales para que no las cometan».
El gobierno se pone nervioso cuando le mencionan el funcionamiento de una oficina de la OIT. Dice que los estamos comparando con Sudán y con Birmania, «siendo que nosotros somos distintos».
El dirigente de la CGTD se preguntó: «Si somos distintos, ¿cuál es la dificultad para que haya una oficina de la OIT? Creo que a ningún ciudadano suizo le molesta que la sede de la OIT funcione en su ciudad de Ginebra. Entonces, ¿por qué no puede haber una oficina en Colombia?».
De toda América Latina, el caso de Colombia es la primera preocupación de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), estimó Eduardo Estévez, secretario general adjunto de esa central sindical internacional, con sede en Bruselas.
Estévez opinó que la OIT «ha hecho y está haciendo cosas, pero debe acrecentarlas mucho más para facilitar el avance concreto y restablecer la plena vigencia de los convenios laborales internacionales».
Después de Colombia, sigue Guatemala en el orden de los países donde se verifican violaciones más graves, dijo Estévez a IPS.
«El punto en común entre los dos países es que viven situaciones de violencia muy parecidas. Aunque el caso de Guatemala todavía no es tan grave y esperemos que nunca llegue a tener la seriedad de lo que ocurre en Colombia», precisó.
También en Guatemala existe el problema de la impunidad, pues si bien se ha reducido el caso de asesinatos de dirigentes, que no han terminado, lo grave es que no hay procesos que sirvan para castigar a los responsables de este tipo de violaciones, describió.
El dirigente de la CMT precisó que, al igual que en Colombia, esos crímenes son cometidos de una manera brutal en Guatemala. «Mueren dirigentes, se liquidan sindicatos y no pasa nada. Hay una impunidad terrible», concluyó Estévez.