La memoria, potencia intelectual por medio de la cual se retiene y recuerda lo pasado, no es útil sólo para adquirir erudición; también es necesaria para mantener una conducta de vida adecuada a la dignidad humana. Una verdad especialmente entendida a partir de la era cristiana. Por poner un ejemplo, Plutarco, que además de historiador, […]
La memoria, potencia intelectual por medio de la cual se retiene y recuerda lo pasado, no es útil sólo para adquirir erudición; también es necesaria para mantener una conducta de vida adecuada a la dignidad humana.
Una verdad especialmente entendida a partir de la era cristiana. Por poner un ejemplo, Plutarco, que además de historiador, biógrafo y ensayista, fue un moralista extraordinario, sostenía que el recuerdo de los acontecimientos pasados da ejemplos para deliberar con más acierto sobre los venideros, o si se prefiere -decimos nosotros- para gobernar mejor.
Aunque antes de Plutarco ya se había dicho y escrito mucho también sobre el término ‘historia’, muy vinculado a la ‘memoria’ al entenderse aquél como la narración o exposición verdadera de los acontecimientos pasados y dignos de recuerdo. De hecho, en ese maridaje entre memoria e historia (que en cualquier caso significan cosas distintas), encaja esta consideración de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), político, escritor y brillante orador romano: «El que no conoce la historia -o no sabe lo sucedido antes de que él naciese- toda su vida será un niño»…
Estas citas vienen a cuento de la celebración en Madrid de la 39 Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui (Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, 14 y 15 de noviembre), coincidente con el 39 aniversario del inicio de su lucha por la independencia que le prometió el Estado español. Una historia plagada de olvidos y traiciones, en la que nuestra memoria histórica -o mejor dicho la de los gobernantes españoles- queda a la altura del betún.
La promesa incumplida de Juan Carlos I
La responsabilidad de proteger los legítimos derechos de la población saharaui, fue asumida públicamente por el entonces príncipe de España y Jefe del Estado en funciones, don Juan Carlos de Borbón, exactamente el 2 de noviembre de 1975, en El Aaiún, capital de lo que todavía era el Sahara español. Con la ‘Marcha Verde’ en el horizonte y con Franco agonizando, el hombre que apenas 20 días después (el 22 de noviembre) sería proclamado Rey de España hizo un viaje sorpresa para animar a los militares destinados en el Sáhara Occidental.
En el Casino Militar y ante el ministro del Ejército, el jefe del Estado Mayor, el capitán general de Canarias y el gobernador militar del Sáhara -entre otras personalidades que acreditaban la relevancia del acto-, quien en aquellos decisivos momentos en la historia de España oficiaba como Jefe del Estado lanzó el siguiente mensaje:
«Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor.
España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don preciso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.
Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen».
La prensa destacó el clima de máxima tensión política y militar y cómo las palabras de Juan Carlos fueron recibidas con alegría y aprobación. A las cuatro horas volvió a Madrid. Solo tres días después, según los cables diplomáticos desvelados por WikiLeaks, el príncipe de España filtraba al embajador de Estados Unidos en Madrid, Wells Stabler, «los movimientos de Franco respecto al Sahara» (Público 11/04/2013). Al mes y medio salía de El Aaiún la última compañía de la Legión y el 28 de febrero de 1976 se arrió la bandera española en el Sáhara.
Las palabras de Juan Carlos de Borbón en El Aaiún se han recordado en repetidas ocasiones, pero el monarca nunca las oyó directamente hasta el 31 de marzo de 2009. Ese día se encontraba en la Universidad de Alcalá de Henares justo presidiendo la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey de España, y lo que menos esperaba es que la mujer que se acercó a saludarle ataviada con una melfa (prenda tradicional saharaui) le dijera: «Majestad, soy saharaui y recuerdo perfectamente cuando visitó mi ciudad natal, El Aaiún, en noviembre de 1975. Su Majestad prometió que iba a defender el legítimo derecho del pueblo saharaui. Sin embargo, el pueblo saharaui aún está esperando que esa promesa se cumpla, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa promesa que no se ha llevado a cabo». Era Zahra Ramdán, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España (AMSE): recuerda que el Rey escuchó y calló…
En julio de 2013, ante el anuncio del viaje oficial que el rey Juan Carlos giraría el 15 de julio a Marruecos, al que invitó a todos los ministros de Asuntos Exteriores de España de la democracia, algo sin precedentes en la diplomacia española y que en medios políticos internacionales se entendió como un ejercicio de pleitesía ante el rey de Marruecos, los principales movimientos solidarios con el pueblo saharaui dirigieron una carta al Jefe del Estado recordándole las olvidadas palabras de compromiso con el pueblo saharaui que pronunció en El Aaiún.
En la misiva de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-SÁHARA), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) y la Coordinadora de Intergrupos Parlamentarios ‘Paz para el Sáhara’, se pidió al rey que «coherentemente con sus palabras de ayer, tenga hoy la decisión y el coraje de asumir las responsabilidades nunca asumidas y se implique decididamente en la búsqueda de una solución política que reconozca los legítimos derechos del pueblo saharaui para asumir su propia responsabilidad en el ámbito de las naciones contemporáneas«. Y se señalaba al monarca que «aún es posible enterrar el dolor y la ira y restaurar la dignidad y la justicia que sus palabras no consiguieron enmendar ni enderezar entonces».
Como quiera que en su viaje a Marruecos el Rey iba a estar acompañado por una veintena de empresarios españoles, con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a la cabeza, y por un insólito grupo de ex ministros de Asuntos Exteriores de España, también pidieron a esta última representación que en su cena prevista con el rey alauí Mohamed VI, tuvieran «la valentía de adoptar una postura conjunta en defensa del derecho de los saharauis a decidir su futuro, un pueblo al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica»…
Un sentimiento general de injusticia con el pueblo saharaui
Este recurso a la memoria histórica, entendida como concepto ideológico o en el sentido de desarrollo historiográfico que le ha atribuido recientemente Pierre Nora, notable sociólogo y miembro de la Académie Françoise, es el que también late en la conciencia de muchos testigos excepcionales de la historia compartida entre España y el pueblo saharaui. Sin duda bien visible en la entrevista al teniente general Antonio Ramos-Yzquierdo, presidente de los Veteranos del Sáhara, publicada en este mismo medio informativo (30/06/2013).
«Se puede perdonar, pero no olvidar». Con esta frase resumía el general Ramos-Yzquierdo su propio sentimiento sobre el enfrentamiento de España con el Frente Polisario. Desde su particular condición militar, sigue viendo al Polisario como el enemigo que fue y al que considera culpable en parte de la forma en que se produjo el abandono del Sáhara.
Pero en su memoria también permanece la entrega ilegal del Sáhara Occidental a Marruecos, con la indignación de los militares. Y ahora, con la perspectiva de la historia transcurrida, reprueba la postura favorable a las tesis marroquíes que mantiene el Gobierno de España, que no respaldó la propuesta que hizo Estados Unidos en 2013 para que la misión de Naciones Unidas vigile el cumplimiento de los Derechos Humanos, lamentando que nadie obligue a Marruecos a celebrar el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su futuro.
Cuando en la conclusión de la entrevista se le preguntaba sobre qué futuro deseaba para los saharauis, el presidente de los Veteranos del Sáhara respondía categóricamente: «Un futuro de independencia, por descontado. Un estado saharaui enfrente de Canarias nos favorecería. Hay opiniones contrarias como la del Embajador Javier Rupérez, que dijo en un artículo (ABC, 26/03/2010) que era mucho mejor que aquello fuera marroquí. Yo creo que no, incluso teniendo en cuenta las posibilidades de infiltración del terrorismo de Al Qaeda por una razón: los saharauis nunca han sido fanáticos religiosos, sus prácticas del Corán son bastante suavizadas. La zona natural de desenvolvimiento del Sáhara es Canarias. Y eso nos favorecería mucho, sin hablar de las posibilidades del petróleo».
Este tipo de sentimiento sobre la cuestión general del antiguo Sáhara Español, expresado incluso desde una óptica de rectitud militar, converge con otros muchos de raíz complementaria que finalmente muestran una misma frustración política, en una idéntica memoria de comportamientos indignos con el pueblo saharaui.
Así, en abril de 2014 y ante la inminente renovación por el Consejo de Seguridad de la ONU de su misión en el Sáhara Occidental, un grupo de personalidades españolas de diferentes ámbitos sensibilizadas con el problema, publicaron un manifiesto recordando al Gobierno del PP que España «sigue siendo la Potencia Administradora de iure» del territorio y que, por ello, debía «asumir de una vez sus responsabilidades» y propiciar «un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos».
El ‘Manifiesto por una Política Digna de España en el Sáhara Occidental’, lo encabezaron Jaime de Piniés Bianchi, hijo del que fue embajador de España ante la ONU cuando, en contra de su criterio, tuvo lugar en 1975 el abandono del pueblo saharaui; el teniente general Miguel Iñiguez del Moral, que tras estar destinado en el Sáhara fue en los años ochenta Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME); Carmen Díaz Llanos, viuda de Juan Garrigues y expresidenta de la Asociación de Amigos del Sáhara de Madrid; Ana María Rodríguez de Viguri, empresaria e hija del último secretario general de España en el Sáhara; Eduardo Fungairiño, ex fiscal del Tribunal Supremo; Javier Morillas, catedrático en la Universidad CEU-San Pablo…
Para ellos fue «escandalosa y vergonzosa» la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 al respaldar a Francia en su rechazo de la propuesta de Estados Unidos de ampliar a los DDHH las competencias de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Señalaron que la resolución del conflicto del Sáhara «no es ni debe ser» en España «patrimonio exclusivo de ninguna corriente ideológica», pues es «un tema de Estado que concierne a todos sus ciudadanos e instituciones», constituye «la gran asignatura pendiente de la Transición Española», y los saharauis son «los grandes sacrificados».
Se mostraron categóricos en su afirmación de que no debe tolerarse que Marruecos «chantajee continuamente a España para consolidar su ocupación ilegal» con asuntos tan sensibles como la inmigración clandestina y la política antiterrorista, y que «la política de buena vecindad con Marruecos no puede estar basada en la permanente cesión de España». También criticaron la reducción de más del 50 por 100 de la ayuda humanitaria y a la cooperación con los refugiados saharauis adoptada por el Gobierno de Rajoy, al que pidieron «oficializar», con un estatuto diplomático específico, las relaciones con el Frente Polisario y con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Con todo, el Consejo de Seguridad no atribuyó a la MINURSO, una vez más, competencias en materia de DDHH, aprobándose el proyecto de resolución con el apoyo del irónicamente llamado ‘Grupo de Amigos del Sahara Occidental’, integrado por España, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
Los saharauis que habitan los territorios ocupados por Marruecos seguirán, al menos hasta abril de 2015, sin protección para ejercer libremente los derechos de expresión, reunión y manifestación y la MINURSO sigue siendo única misión de la ONU desde 1978 sin cometido en materia de DDHH.
La actuación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el tema de la MINURSO ha sido muy criticada, especialmente cuando calificó de «inviable» la propuesta de la administración Obama en 2013 de incluir la vigilancia de los DDHH.
Dirigentes saharauis dijeron que era antidemocrática y continuación de otras del mismo signo connivente con Marruecos, como fue retirar a los cooperantes españoles de los campamentos de refugiados, cuestionar las medidas de seguridad por parte del Polisario en los campamentos de Tinduf o alinearse con el Gobierno marroquí en contra del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Chistopher Ross.
Los portavoces del Polisario afirmaron que el ministro español de Exteriores actúa al límite de la postura oficial del Partido Popular y recordaron que en su programa electoral el PP dejó claro que apoyaba los esfuerzos de Naciones Unidas «con vistas a lograr una solución conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional y a la responsabilidad histórica de España».
En esa misma línea señalan que la actitud de García-Margallo se contradice con la declaración del presidente Rajoy, realizada el 25 de septiembre de 2012 ante la 67 Asamblea General de la ONU, marco solemne en el que comunicó esta postura oficial: «España mantiene su compromiso de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable al contencioso del Sahara Occidental que prevea la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con los principio y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas».
La posición diplomática de España, en la práctica favorable a Marruecos, motivó que la Delegación Saharaui para España emitiera un comunicado en el que expresaba que, una vez más, García-Margallo «se declara a favor de las tesis anexionistas y coloniales marroquíes al expresar que la salvaguarda de los derechos humanos, por parte de la MINURSO en el Sahara Occidental, es inviable». CEAS-SÁHARA habló de la ‘traición’ personal de García-Margallo, preguntándose: «¿Nuestro ministro de Asuntos Exteriores [está] al servicio de Marruecos…?».
De esta forma, parece claro que, en lugar de ayudar a la resolución del conflicto del Sáhara, del que España fue responsable en sus orígenes, lo que hace García-Margallo es doblegarse sistemáticamente ante los chantajes de Marruecos, arropando y oxigenando su radicalidad.
Como ejemplos de la constante violación de los DDHH de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos y la falta de respuesta española baste recordar el caso de Aminetu Haidar, cuando el ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aceptó en noviembre de 2009 la expulsión de la activista de DDHH hacia Lanzarote, después de haber estado detenida en el aeropuerto de El Aaiún. Tras 32 días en huelga de hambre, esta mujer de salud frágil por los cuatro años que estuvo detenida de forma ilegal en cárceles secretas marroquíes, pero a la que las autoridades de ocupación no lograron doblegar, consiguió regresar a su tierra gracias a las gestiones de Estados Unidos ante Marruecos, dejando en lamentable evidencia al Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿A qué se debió que el 25 de marzo de 2014 Moratinos fuera galardonado en Rabat por la Fundación Diplomática marroquí como ‘gran amigo de Marruecos’…?
España, Marruecos y el oscuro negocio de las armas
Pero desde la dirección del Polisario se va más allá de denunciar los chantajes de Marruecos a España. No faltan fundadas sospechas de que detrás de la actuación del ministro español de Asuntos Exteriores favorable a las tesis del país alauí, que se niega reiteradamente a que la MINURSO vigile las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental, tal y como han exigido distintas organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional, la Human Rights Watch o el Robert F. Kennedy Center), se cobijan, entre otros, los oscuros intereses de la industria nacional de defensa y seguridad, que por su limitado nivel de desarrollo tecnológico tiene de momento en el país alauí un cliente potencial nada desdeñable.
El 6 de noviembre de 2014 el Gobierno español ha sido denunciado por quinta vez como vendedor de armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones a países en los que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los DDHH.
En los últimos diez años, España han vendido armamento a Marruecos por un importe de 193 millones de euros, con lo que éste país se ha convertido en su principal cliente dentro del continente africano, ocupando la posición 16 en el ranking exportador de armamento español y contraviniendo sin el menor sonrojo la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Con anterioridad, ya se había producido la venta de plataformas navales (patrulleras clase ‘Vigilance’ y ‘Lazaga’ y patrulleras rápidas o guarda-costas de RODMAN, e incluso la corbeta ‘Teniente Coronel Errahmani’, de la clase ‘Descubierta’, que en su momento fue el buque insignia de la Marina Real Marroquí).
A ese comercio hay que sumar el valor de las donaciones de armamento a precio simbólico que se realizaron en 2008. El 18 de enero de ese año, el Consejo de Ministros autorizó la cesión a Marruecos de ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación, por el precio simbólico de un euro, a pesar de estar valorados en 86.848 euros. Y el inmediato 27 de junio autorizó la cesión de seis torpedos ligeros MK-46, de la clase 2, destinados a la Marina Real también por el precio simbólico de un euro…
Según las organizaciones denunciantes, en 2011 España suspendió la venta de armamento a Libia y en 2013 a Egipto y Taiwán (antigua Formosa). Pero el Gobierno nunca ha atendido las justas peticiones de la población saharaui para que no facilitara la represión marroquí en el Sahara Occidental.
Y lo vergonzoso del caso es que España promueve estas ventas de armas a Marruecos siendo nada menos que la potencia administradora del Sáhara Occidental (hasta que finalice el periodo de descolonización), tal y como ha dejado claro un auto dictado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en julio de 2014. De hecho, Marruecos no figura como ‘potencia administradora’ de dicho territorio en el catálogo de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas.
En julio de 2013 varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que Marruecos utilizaba material bélico español para reprimir al pueblo saharaui, coincidiendo con una visita oficial del rey Juan Carlos a Marruecos. La denuncia incluyó testimonios gráficos e informaciones de prensa dando fe de que el ejército marroquí utiliza vehículos VAMTAC, fabricados por UROVESA, para reprimir manifestaciones saharauis.
Precisamente esta empresa española, ubicada en Santiago de Compostela, fue visitada en abril de 2013 por el ministro de Defensa marroquí, Abdellatif Loudiyi, para conocer los nuevos modelos VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) con aplicaciones, entre otras, de antimotines, porta-armas, plataforma lanza-misiles, transporte de personal, apoyo de vigilancia, comunicaciones, mando y control… Una gira en la que el ministro marroquí estuvo acompañado de su homólogo español, Pedro Morenés, convertido en agente comercial y de relaciones públicas de la industria privada de defensa, función desde luego muy alejada de su responsabilidad institucional…
El uso demagógico de la causa saharaui
En una entrevista a Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la RASD, publicada también en este medio informativo (16/06/2013), ya se aclaraba el trasfondo de la política falsaria y represiva de Marruecos en relación con el Sáhara Occidental, evidenciando al mismo tiempo la complicidad del Gobierno de Rajoy. Además, aclaraba que la posición personal del actual presidente español estaba más en línea con la de su predecesor en el cargo, Rodríguez Zapatero, que con la de José María Aznar («No cabe duda de que Aznar tenía posicionamientos más claros a favor de la causa saharaui»).
Lo que entonces pedía el primer ministro de la RASD al Gobierno de España, hoy cobra una especial relevancia en la antesala de la 39 Conferencia Internacional de Organizaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui. Decía literalmente: «Lo que exigimos del Gobierno de España es que, como mínimo, defienda que haya control de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. No pedimos ni que reconozca la República Saharaui ni que lleve políticas de sanciones sobre Marruecos. Simplemente un principio aceptado universalmente, que se respeten los Derechos Humanos. Y, también, que sea más activo en la implementación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui«.
Una vez llegados al Gobierno, tanto el PP como el PSOE han subordinado su posición sobre el Sáhara Occidental a su relación con Marruecos, ocupante del territorio. Aunque la causa saharaui se venga utilizando para atacar al propio gobierno español cuando cualquiera de ambos partidos políticos se encuentra en la oposición, sabiendo que de esta forma sintonizan con la opinión pública, generalizadamente simpatizante con el pueblo saharaui.
Dicho de otra forma, el sufrimiento de los saharauis se ha utilizado como un instrumento demagógico de carácter electoralista, que, una vez llegados al poder, tanto PP como PSOE olvidan afectados por el chantajismo y los oscuros intereses económicos con los que se condicionan las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.
El caso de Felipe González fue paradigmático. El 14 de noviembre de 1976 el entonces secretario general del PSOE y aspirante a presidir el Gobierno de España, dijo en los campamentos de refugiados cosas como:
«Nuestra repulsa y nuestra reprobación por el acuerdo de Madrid de 1975″; «…el Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui»; «…lo más bueno del pueblo español es solidario con vuestra lucha«; «…el Gobierno no sólo ha hecho una mala colonización sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios». Y afirmó con especial rotundidad: «Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo, sino comprometerme con la Historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final».
Pero ese mismo González, que incluso llegó a hacer más tarde gestiones verdaderamente rastreras ante el Gobierno de Colombia para que retirase el reconocimiento de la RASD y ante el de Chile para que no la reconocida, el 28 de septiembre de 2009 dijo en un debate en Madrid cosas tan contrarias como:
«No sé dónde está la expoliación de recursos que está arruinando el Sáhara»; «…el país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos… incluidas las autoridades del Sahara Occidental»; «…con lo que estoy totalmente de acuerdo: una fuerte autonomía saharaui que les permitiera ser algo que muchos de ellos no saben, lo que históricamente fueron, pero que nadie lo ha puesto de manifiesto. Históricamente fueron una parte de ese Magreb… con derechos especiales en la relación con el sultanato de Marruecos».
Y uno se puede preguntar de forma razonable a santo de qué, o a cambio de qué oscuras compensaciones, venían esas palabras después de presidir durante cuatro legislaturas seguidas el Gobierno de España. Porque es difícil olvidar que el PSOE opositor de la UCD en los primeros años de la Transición, y entonces defensor de la causa saharaui y aliado del Frente Polisario, pidió al Gobierno de Suárez la denuncia de los acuerdos tripartitos de Madrid por los que se entregó el Sáhara y que se reconociera al Frente Polisario; reivindicaciones que abandonó una vez llegado al Gobierno, en contra del sentimiento y la opinión de su militancia, pro saharaui de forma mayoritaria.
El PP de Rajoy (no el de Aznar) también ha hecho un recorrido de ida y vuelta. En 2005, en una conferencia de apoyo al pueblo saharaui, similar a la que se va a celebrar en Madrid la próxima semana (14 y 15 de octubre), intervino un diputado del PP, algo hasta entonces inusual. Jorge Moragas, diplomático y hoy director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, dijo entonces que la política del Ejecutivo socialista era ambigua y que se había alejado de la neutralidad activa mantenida por todos los gobiernos de España desde la Transición.
Además, la presencia de políticos populares en actos a favor de la RASD empezó a ser cada vez más frecuente durante sus ocho años de oposición; incluida alguna manifestación en la calle, como la del 13 de noviembre de 2010, en la que hizo acto de llamativa presencia el entonces vicesecretario de Comunicación Esteban y hoy eurodiputado, Esteban González Pons. Pero aquel apoyo a la causa saharaui duro, como sucedió con el PSOE, sólo hasta que el PP ganó las elecciones generales y se hizo con la Presidencia del Gobierno…
La formación política que sí se ha mantenido fiel a la causa saharaui desde el inicio de la democracia, ha sido el Partido Comunista de España, que también pidió a la UCD el reconocimiento de la RASD y que incluso rompió con los comunistas marroquíes. Después, reprochó al gobierno socialista haber abandonado al Polisario para pastelear las relaciones con Marruecos. Una línea de compromiso y apoyo al pueblo saharaui y al Polisario que Izquierda Unida sigue manteniendo constante.
Hoy, transcurridos casi cuarenta años desde que España comprometiera su dignidad de Estado en un proceso honroso de descolonización del Sáhara Occidental por mandato de la ONU, y de que el pueblo saharaui iniciara su lucha por la legítima y prometida independencia, la historia se muestra llena de frustraciones y plagada efectivamente de olvidos y traiciones, que nada bueno dicen en favor de nuestra democracia, de nuestra política exterior y, en definitiva, de nuestro sistema de convivencia.
La responsabilidad heredada por Felipe VI
Antes al contrario, las altas instituciones del Estado, con la Corona a la cabeza, han mostrado en la cuestión general del Sáhara Occidental su peor cara, especialmente oscura en cuanto su connivencia con los intereses de Marruecos ha sido de una evidencia casi constante. Se pueden excluir de este juicio los gobiernos de la extinta UCD -que más o menos toleraban las acciones entonces más agresivas del Frente Polisario- y el de José María Aznar enfrentado claramente a la actitud de Marruecos.
De hecho, en el Frente Polisario se tiene un buen recuerdo de Aznar. Como ejemplo, ahí están las declaraciones de su delegado en España, Bucharaya Beyun. En ABC (28/11/2010) afirmó: «Aznar se plantó ante Bush y le dijo que España no podía aceptar que se impusiera una solución distinta a la que permitiera al pueblo saharaui expresarse libremente». Y en el digital InfoLibre (13/05/2013) sostuvo: «El mejor posicionamiento lo tuvo Aznar»; «…hemos tenido muchos más problemas en las etapas de Rodríguez Zapatero y Felipe González».
Cosa distinta es la promesa de Juan Carlos I incumplida durante todo su largo reinado: «(…) Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen».
Con todo, Felipe VI inició el suyo siguiendo la misma senda de sumisión ante las políticas antidemocráticas de Marruecos y de los juegos económicos que se cruzan entre las oscuras sombras de nuestra relación bilateral con el reino alauí. Y no será por ignorar la realidad del sufrimiento saharaui.
A raíz de la proclamación de Felipe de Borbón como Rey de España el 19 de junio, se planteó que la Corona intermediase ante Mohamed VI en favor de los legítimos derechos del pueblo saharaui. La presidenta de AMSE, Zahra Ramdán, fue clara: «A Felipe VI le pido que intervenga, por sus estrechas relaciones con la monarquía marroquí y, por supuesto, con Francia, país que obstaculiza una solución». Dijo que la Monarquía española tiene una deuda con los saharauis y que, con Felipe VI como Jefe del Estado, había llegado el momento de saldarla. Y citó un caso más de la discriminación que sufren los saharauis: «Le están dando la nacionalidad española a los sefardíes de hace más de 500 años y de los saharauis, que eran también ciudadanos españoles, se han olvidado por el chantaje marroquí».
Con esa misma esperanza de recuperar la memoria perdida y de cambiar el injusto curso de la historia, el conjunto de las asociaciones solidarias con los saharauis también pidieron a Felipe VI (infructuosamente) que, en su primera y emblemática visita oficial a Marruecos, defendiera los legítimos derechos del pueblo saharaui, compromiso originalmente adquirido por su padre hace 39 años, aunque desde entonces el conflicto del Sáhara Occidental apenas haya interesado a la Corona.
Por su parte, Mohamed Abdelaziz, presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario, aludió a la responsabilidad histórica de España con la causa saharaui en el mensaje de felicitación que remitió a Felipe VI con motivo de su proclamación como Rey de España.
Tras enviar esa misiva, Abdelaziz vivió la curiosa circunstancia de coincidir con el presidente Rajoy en la 23 Cumbre de la Unión Africana (UA), celebrada el 26 de junio de 2014 en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española (hasta posaron juntos en la tradicional foto de familia).
En su discurso ante el pleno de la cumbre, y en presencia del dictador Teodoro Obiang Nguema, Rajoy se dirigió «a los líderes de África» para decirles que los problemas quedan atrás si se mantiene un rumbo firme. Y afirmó: «El trabajo de los líderes consiste precisamente en marcar ese rumbo y mantenerlo frente a los pesimistas. Somos amos de nuestro destino», definiendo la democracia como un «proyecto compartido al que pueden contribuir todos los ciudadanos independientemente de su raza, sexo, ideología o religión, y con pleno respeto de los Derechos Humanos».
Pero el presidente Rajoy no hizo ninguna referencia al Sáhara Occidental, quizás porque en aquella ex colonia España no se llevó a cabo el proceso de descolonización como se hizo con Guinea Ecuatorial durante el franquismo, y se entregó el territorio a Marruecos (Mauritania rehusó participar en esa usurpación). Y también fue curioso que su rey, Mohamed VI, no se encontrara entre los líderes africanos asistentes de la cumbre, dado que el reino alauí se retiró de la Organización para la Unidad Africana (OUA), predecesora de la UA, en 1982, cuando ingresó en la misma la RASD.
Esta retracción del Gobierno de Rajoy para siquiera hablar de la causa saharaui, ciertamente cobarde (y hasta enfermiza), todavía ha sido más patente en el entorno de la Casa Real española. Solo en dos ocasiones, y de forma muy apretada, el rey Juan Carlos I citó estas dos palabras: Sáhara Occidental.
La primera fue el 13 de marzo de 2007 en Argel. Ante Abdelaziz Buteflika, entonces presidente de Argelia, don Juan Carlos afirmó: «Es igualmente urgente, como ha puesto recientemente de relieve mi Gobierno, encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para la cuestión del Sáhara Occidental, que prevea la libre determinación y a la que se llegue a través del diálogo entre las partes en el marco de las Naciones Unidas».
La segunda, todavía más escueta, se produjo dos años después, el 23 de enero de 2009, en Trípoli (Libia). En el discurso que pronunció en la cena ofrecida por Muamar el Gadafi, Juan Carlos se limitó a decir: «Por otro lado, confiamos en que las negociaciones iniciadas al amparo de la Resolución 1754 del Consejo de Seguridad puedan constituir la vía para lograr una solución definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental».
En el caso de Felipe VI, llamó poderosamente la atención que en el discurso de su proclamación ante la Cortes Generales, el 19 de junio de 2014, hiciera referencia a motivos de unión de España con otros pueblos, como la historia y los lazos de afecto y hermandad y, sobre todo, por «nuestra lengua y nuestra cultura compartidas». Pero se refirió a los países iberoamericanos, no al Sáhara Occidental (ni a Guinea Ecuatorial), donde también se habla español aunque lamentablemente cada vez más desplazado por la lengua francesa.
Con anterioridad a esa proclamación de Felipe VI, las asociaciones de amistad hispano-saharaui pidieron en varias ocasiones a los entonces príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, que recibieran a los niños saharauis que cada verano viajan a España dentro del programa vacaciones en paz. Siempre se les contestó, por supuesto cortésmente, que no era posible por problemas de agenda…
La triste realidad es que, en definitiva, la primer visita oficial de los reyes de España a Rabat del pasado mes de julio, transcurrió sin referencia alguna a la situación de los Derechos Humanos, en contra de lo que habían solicitado a Felipe VI distintas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los DDHH y asociaciones de amistad con el pueblo saharaui.
Días antes del viaje regio a Marruecos, la Liga Española Pro-Derechos Humanos envió a los reyes de España, para que se lo entregasen Mohamed VI (también de forma infructuosa), el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2014 en el que se determina continuar la investigación por el asesinato del saharaui de nacionalidad española Baby Hamday Buyema, ocurrido en El Aaiún en noviembre de 2010.
El presidente de dicha organización, José Alonso Rodríguez, informaba por escrito a Su Majestad que, según la Audiencia Nacional, Naciones Unidas siempre ha considerado a España la Potencia Administradora –de iure y no de facto– del Sáhara Occidental hasta que finalice formalmente el periodo de descolonización. Y agregaba el siguiente párrafo textual de la resolución judicial: «Debe señalarse por último que si por la legalidad internacional un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción como fuero preferente del lugar de comisión del delito».
De hecho, la visita de los reyes de España se produjo dos días después de la muerte por disparos del ejército marroquí del saharaui Brahim Budda Ould Taher, en la ciudad de Oum Dreyga, cerca del muro que divide en dos el Sáhara Occidental. Según CEAS-SÁHARA, «desde 2005 trece saharauis han sido asesinados por el gobierno de Marruecos, ante la total impunidad del gobierno marroquí en los territorios del Sáhara Occidental y la cobertura que le brindan los estados francés y español». Poco antes de ese suceso esta organización se preguntaba si Felipe VI iba a defender ante Mohamed VI los derechos fundamentales de los saharauis, «que tienen la libertad de expresión secuestrada o están presos en cárceles marroquíes». Un requerimiento que muy probablemente don Felipe seguirá sin atender.
La opinión de Willy Meyer, que ha venido siendo desde IU el principal valedor de la causa saharaui, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo, fue muy negativa al respecto (y también reveladora). Dijo que Felipe VI en su primera visita oficial a Marruecos no se iba a pronunciar ante Mohamed VI a favor de los legítimos derechos del pueblo saharaui.
En declaraciones a ElEspíaDigital.Com, antes del viaje de los Reyes a Rabat, Meyer se mostró realmente escéptico sobre la posibilidad de que Felipe VI tuviera un gesto o palabras favorables hacia la población originaria del Sáhara Occidental.
Su posición fue así de clara y pesimista: «La monarquía española está totalmente unida al sátrapa marroquí y, por lo tanto, no espero nada, ninguna reivindicación fuerte, que es lo que tendría que hacer un jefe de Estado. Un jefe de Estado, si fuera republicano, lógicamente tendría que impulsar el cumplimiento del derecho internacional; y en esa visita protocolaria España, como país interesado en la administración de la descolonización, debería pedir y exigir fechas concretas para el ejercicio de la autodeterminación».
Añadió: «Pero esto no va a pasar así, porque la monarquía es hoy fundamentalmente un lobby económico. Esto es en lo que se ha convertido la monarquía en España, con grandes intereses económicos, con grandes fortunas y lo único que pretenderá hacer es que las grandes empresas españolas sigan explotando recursos que no son propiedad de Marruecos, sino de los saharauis»…
Finalmente, deseamos que la 39 Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui, que se va a centrar fundamentalmente en el papel que debe jugar España en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental y en la obligación de la Comunidad Internacional en imponer el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, constituya un éxito. Y también un firme apoyo en la lucha por la independencia del pueblo hermano que España entregó a Marruecos de forma injusta e indigna, hace casi 40 años y en un tránsito plagado hasta hoy de olvidos y traiciones.
Una de las mayores grandezas de los seres humanos (o racionales), es el privilegio de poder sentir el dolor de la esclavitud y el ansia de libertad. Sólo por esa razón, hay que ser muy mezquinos para no apoyar un Sáhara libre.
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