Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional Once propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política En desarrollo de las propuestas sobre Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de […]
Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional
Once propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política
En desarrollo de las propuestas sobre Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al primer punto sobre Reestructuración democrática del Estado y reforma política:
1. Participación política y reestructuración democrática del Estado
2. Participación ciudadana y límites a la concentración de poder público
3. Participación ciudadana y creación del Poder Popular
4. Rediseño de los mecanismos de participación ciudadana
5. Participación ciudadana y reforma a los procesos de descentralización
6. Participación ciudadana y rediseño del orden jurídico-económico
7. Participación ciudadana y reconversión de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
8. Participación ciudadana y reforma democrática a la justicia
9. Elección popular de los representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas.
10. Reforma política democrática y electoral
11. Reforma democrática del poder electoral
1.1. Participación política y reestructuración democrática del Estado
Con fundamento en una perspectiva integral de la participación política, esto es, de la participación en las dimensiones política, económica, social, cultural, comunicativa y ambiental de la organización social, y a partir del supuesto de que en la ampliación de la democracia se encuentra uno de los pilares de la generación de condiciones para la materialización de los derechos y del buen vivir de la población y la construcción de la paz con justicia social, se emprenderá un proceso de reestructuración democrática del Estado, el cual debe producir los arreglos institucionales a que hubiere lugar a fin de garantizar la construcción efectiva, real y material, de un Estado social, democrático y participativo de Derecho. Los nuevos diseños institucionales – sustentados en la más amplia participación social y popular y sin perjuicio de mecanismos existentes -, deben sentar las bases para erradicar las actuales estructuras clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, propiciar el fortalecimiento de la institucionalidad pública y estatal, su presencia cierta en los diferentes campos de la vida social y a lo largo y ancho del territorio nacional, y asegurar el uso transparente y participativo de los recursos y presupuestos públicos con miras a superar las condiciones de desigualdad, pobreza y abandono a las que están sometidas las grandes mayorías sociales y populares.
1.2. Participación ciudadana y límites a la concentración de poder público
En el entendido que la excesiva concentración de poder en cualquiera de las ramas del poder público, o de los organismos de control, en especial del Ministerio Público, se constituye en límite objetivo a la garantía y al pleno ejercicio del derecho a la participación política y a la participación social y popular, así como a los derechos de las minorías y de los excluidos del sistema político, se proveerán los diseños institucionales para garantizar el debido equilibrio y la independencia entre los poderes públicos, y el control a quienes controlan. Con miras a restringir el excesivo presidencialismo, además de limitar su capacidad de incidencia sobre los demás poderes públicos, o sobre instituciones públicas que gozan de autonomía, se proveerán medidas para garantizar la participación y el control ciudadanos a través del Poder Popular en la tramitación de asuntos públicos que actualmente son de iniciativa exclusiva del poder ejecutivo, tales como el plan de desarrollo o el presupuesto público, entre otros. El otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo por parte del poder legislativo deberá contar con reglamentaciones precisas y con mecanismos de participación y control ciudadanos. Se generarán mecanismos institucionales de veeduría y control ciudadanos sobre los poderes legislativo y judicial y, en especial, sobre los organismos de control, particularmente sobre el Ministerio Público. En atención a que los medios de comunicación constituyen un poder público de facto, serán sometidos a regulaciones especiales, en las que se garantice la participación ciudadana, social y popular.
1.3. Participación ciudadana y creación del Poder Popular
La reestructuración democrática del Estado orientada hacia la mayor participación ciudadana, social y popular, se acompañará del diseño de un cuarto poder, el Poder Popular. Dicho poder, además de dar vida, reconocimiento y representación institucional a las múltiples formas de ejercicio autónomo y democrático de poder, directo, asambleario, comunitario, a través de juntas, cabildos, o congresos, entre otros, por parte de grupos poblacionales urbanos o rurales, o de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, participará activamente, con capacidad decisoria y de incidencia real y material en los diferentes asuntos públicos, y cumplirá funciones de veeduría y control sobre las diferentes actuaciones del Estado. Con miras a rediseñar y fortalecer los mecanismos de participación se creará el Consejo Nacional de la Participación Política y Social, conformado por representantes de los partidos políticos, los movimientos políticos y sociales, las organizaciones sindicales y agrarias, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las organizaciones juveniles y de mujeres, de pensionados, de la comunidad LGBTI, y demás sectores excluidos, designados en forma autónoma, mediante elección directa y con revocatoria de mandato.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP