Ciudadanos y ONG se concentraron el 23 de mayo, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, para protestar contra el racismo; en concreto, por la actuación perpetrada por agentes de la Policía Nacional y de la que fue víctima una familia colombiano-española afrodescendiente.
Ante la “brutal” agresión policial, ocurrida el 17 de mayo, cerca de 60 colectivos sociales valencianos expresaron su condena en una nota informativa.
El ataque “se inició porque la mujer, quien caminaba con su hijo –de tres años y con autismo- afeó a la policía el maltrato que estaban dando a dos jóvenes a los que acababan de detener. Ante los gritos de socorro, sus padres y un amigo de la familia bajaron al portal a preguntar qué estaba sucediendo; más de media docena de agentes de la Policía Nacional les golpearon con una virulencia extrema”, subrayaron las ONG.
La familia fue trasladada después a la comisaría, donde -según la información a la que accedieron las organizaciones-, continuaron los golpes, insultos y amenazas; “el cuerpo policial actúa con total impunidad, apaleando a personas simplemente por ser racializadas”, denunciaron las asociaciones.
El colectivo Afroféminas difundió en las redes sociales el vídeo de la golpiza, capturas y persecuciones (“Es racismo; a mujeres blancas jamás las hubieran golpeado así”).
Entre las entidades que se sumaron a la denuncia figuran Alianza por la Solidaridad; Antimilitaristes MOC-València; BDS-País Valencià; Campaña CIE No; València Acull; València és Refugi; CEDSALA; CGT; Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Regularización Ya; EntreIguales y Comisiones Obreras.
¿En qué contexto político se producen las palizas? Tras las elecciones a las Cortes Valencianas celebradas en mayo de 2023, el PP (que ganó los comicios) y el partido ultraderechista Vox formaron un gobierno de coalición, que se prolongó hasta julio de 2024; a finales de mayo de 2025, los dos partidos pactaron los presupuestos de la Generalitat para el presente año.
Dos semanas antes, el espacio València pels Drets de les Persones Immigrades -integrado por 30 colectivos- manifestó su rechazo a las enmiendas planteadas por Vox a las cuentas autonómicas; las entidades solidarias pidieron al PP que no aceptara las citadas enmiendas, presentadas en medio de una “ofensiva racista”.
El comunicado de València pels Drets de les persones Immigrades valoraba tres propuestas de Vox, insertas en una denominada “agenda de odio”.
En concreto, “pruebas médicas invasivas para determinar la edad de menores migrantes bajo tutela, tratándolos como sospechosos por su origen”; además, “la creación de partidas presupuestarias para expulsar selectivamente a jóvenes extutelados por haber nacido fuera de Europa”.
Por último, “la financiación de supuestas cooperaciones con países como Mauritania o Senegal que, en realidad, buscan reforzar la externalización de fronteras y la política del rechazo”.
No se trataba de las únicas críticas de las ONG; meses después de la DANA (228 muertes en el País Valenciano), el 21 de marzo, los colectivos impugnaron unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), calificadas como “insinuaciones racistas” y en las que el dirigente “se hacía eco de los bulos de la extrema derecha”.
En una declaración institucional en las Cortes Valencianas, Mazón manifestó que no se admitirían más repartos de inmigración ilegal, ya que el País Valenciano había visto superada su capacidad; asimismo el político derechista pidió al Gobierno español información sobre el número de personas detenidas por robo -y su nacionalidad- tras la DANA del 29 de octubre (Agencia Efe, 17 marzo).
El manifiesto de las 40 organizaciones sociales señalaba, entre otros puntos, la oposición a una de las prácticas de racismo institucionalizado en el estado español: “Los controles policiales basados en criterios raciales o étnicos; un problema endémico, que es sistemáticamente negado”.
En diciembre de 2024 se presentó el segundo balance anual Discriminació quotidiana per racisme i xenofòbia en València, que dedicaba un apartado a las “malas prácticas policiales”; estas afectan, particularmente, a las personas migrantes en situación que el Estado considera irregular. En la mayoría de los casos las victimas no denuncian la discriminación o delitos de odio.
“Temen que por denunciar a la autoridad policial haya represalias en su proceso de regularización y saben que la palabra de la policía prevalece sobre la suya”, agrega el balance de València Acull, CEAR, Movimiento por la Paz, Accem, Elche Acoge, CONVIVE-Fundación Cepaim; Campaña por el cierre de los CIE y la asociación Rumiñahui.
El informe resalta que, durante 2023, se constataron paradas, identificaciones y registros en la calle a migrantes (no europeos) por parte de la policía; se trata de una práctica cotidiana, subrayan las ONG, que tiene lugar pese a las negativas oficiales y sin que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo española o la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.
Según los colectivos, las identificaciones por perfil étnico se producen sobre todo en los barrios, pero asimismo en zonas céntricas (estaciones de transporte público); en las retenciones y solicitudes de documentación, los agentes se centran -actualmente- en migrantes concretos y pequeños grupos.
Las alertas ante las embestidas policiales no constituyen una novedad; en diciembre de 2022, un muchacho hondureño recibió un puñetazo en el estómago por parte de un policía del municipio de Burjassot, que le mantenía retenido; el joven no opuso resistencia, informó València Acull; “vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar a tu país”, espetó el agente; la víctima presentó una denuncia en el juzgado de Paterna.
En noviembre de 2023, València Acull informó sobre la detención “más de 20 horas de forma irregular” de una mujer colombiana, que tenía cita para demandar asilo; los hechos ocurrieron durante un control de tráfico en Valencia; el expediente sancionador y propuesta de expulsión, derivados de la actuación policial, fue finalmente archivado por la Delegación del Gobierno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.