Con la ocasión de la adopción del informe del Estado chileno sobre el Examen Periódico del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 24 de septiembre, la Sra. Danielle Mitterrand, representando a la ONG «France-Libertés» y la Red Solidaridad con Elena Varela y el Pueblo Mapuche, intervino en la sesión señalando el carácter abusivo […]
Con la ocasión de la adopción del informe del Estado chileno sobre el Examen Periódico del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 24 de septiembre, la Sra. Danielle Mitterrand, representando a la ONG «France-Libertés» y la Red Solidaridad con Elena Varela y el Pueblo Mapuche, intervino en la sesión señalando el carácter abusivo e injustificado de la criminalización de las manifestaciones de este pueblo por la salvaguardia de sus derechos y territorios. Indicó además que esta criminalización está ilustrada por la aplicación de la Ley antiterrorista y la detención de documentalistas que efectúan reportajes sobre los conflictos entre las comunidades mapuches y el Estado chileno y los intereses privados. Subrayó además que esta criminalización se acompaña de una cruel represión, de la cual ella fue testigo, terminando su intervención con la petición de que el Consejo de Derechos Humanos intervenga para que el Estado chileno ponga fin a esta criminalización, fin a la aplicación de la Ley antiterrorista y que garantice a través del Alto Comisariado un diálogo de igual a igual con el gobierno para resolver los conflictos existentes.
En paralelo a esta sesión, una Conferencia «Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la ley antiterrorista» fue organizada, por las mismas organizaciones en la sede de la ONU, en la cual se contrarrestaron los argumentos emitidos, previamente en la sesión del Consejo, por el representante del Estado chileno, Carlos Portales. En este evento intervino nuevamente la Sra. Mitterrand, quien habló de su visita a Chile efectuada en el marco de una Misión de su institución en abril de 2009 y ratificó sus argumentos expresados en la sesión del Consejo.
El antropólogo francés Fabien Le Bonniec situó el marco social, político y económico en el cual se están produciendo estos conflictos.
Intervino además el abogado de Elena Varela, Jaime Madariaga, quien señaló que el informe presentado por el gobierno describe a Chile como un paraíso de los Derechos Humanos y remarcó la falsedad de las afirmaciones sobre el número de casos de mapuches a quienes se les ha aplicado la ley antiterrorista. Son cinco y no dos las personas de origen mapuche a quienes se les ha aplicado esta ley durante el gobierno de Bachelet, a pesar de su promesa de no aplicar esta ley dentro del contexto de lo que ella llamo al hacer su promesa, «El Conflicto Mapuche» y se ha aplicado también a personas no mapuches que están en relación con los Mapuches en sus demandas de recuperación de tierras.
Indicó que todas las acusaciones han sido establecidas por supuestos delitos contra la propiedad o de daño material, y ninguna lo ha sido por delitos contra la vida. Existen condenas basadas únicamente en declaraciones de testigos sin rostro. Señaló además que el Estado ha perseguido a los violadores de Derechos humanos durante la dictadura, pero que no lo ha hecho contra quienes violan actualmente los derechos humanos esenciales de gente Mapuche. Dos de los últimos homicidios contra jóvenes mapuche han sido mediante disparos por la espalda y estando ellos desarmados [El abogado de Elena Varela defiende también a dos de las familias de los mapuches asesinados].
La documentalista Elena Varela testimonió sobre su detención, sobre el proceso establecido en su contra, su reclusión en la cárcel de alta seguridad de Rancagua y su situación actual (reclusión nocturna). Señaló que su caso fue un golpe en la conciencia de Chile y que éste demuestra que la libertad de expresión no existe en el país.
Christophe Harrison, documentalista francés -quien efectuó en marzo de 2008 con el realizador Joffrey Rossi, un documental sobre la situación de las comunidades Mapuche en proceso de recuperación de tierras- testimonió sobre su detención por carabineros, la confiscación de su material y su pasaporte y sobre la acusación de infracción a la ley de extranjería. No fueron expulsados, pero debieron salir rápidamente del país.
José Venturelli, pediatra, hizo alusión a las consecuencias de la represión en las comunidades, señalando además que la situación existente tiene características de comienzo de «apartheid».
Se rebatió igualmente como una falsedad la afirmación de Carlos Portales, quien señaló ante el Consejo, que la libertad de expresión está protegida por la Constitución, pues acaba de ser rechazada en el Senado la modificación a esta ley, por la que se pretendía asegurar el trabajo de documentalistas como Elena Varela, y la seguridad de la fuente en especial. Sobre lo planteado por el gobierno concerniendo la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se aclaró que su alcance está limitado, pues concierne únicamente la memoria y basado esencialmente en el pasado, lo que es importante, pero sin duda hoy en Chile también se violan derechos humanos esenciales, y parece no importarles. Miembros de la familia Calfunao testimoniaron sobre la persecución a su comunidad (familiares presos y otros exilados) e hicieron preguntas al representante del gobierno presente en la sala, sobre los presos políticos, quien respondió invocando el discurso de Carlos Portales en la sesión y evadiendo la pregunta. Finalmente, sus argumentos fueron rebatidos por el abogado Jaime Madariaga, instando al gobierno a ocuparse seriamente del conflicto.