Misión internacional coordinada por Amnistía y el Observatorio de los Pueblos Indígenas, entre otras entidades, detectó graves vulneraciones de los derechos de la población mapuche. Organizaciones demandaron creación de instancia que esclarezca una serie de incidentes que han afectado fundamentalmente a la comunidad de Temucuicui. Pese a las recomendaciones y advertencias que diferentes instancias de […]
Misión internacional coordinada por Amnistía y el Observatorio de los Pueblos Indígenas, entre otras entidades, detectó graves vulneraciones de los derechos de la población mapuche. Organizaciones demandaron creación de instancia que esclarezca una serie de incidentes que han afectado fundamentalmente a la comunidad de Temucuicui.
Pese a las recomendaciones y advertencias que diferentes instancias de Naciones Unidas han formulado sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, la situación se ha mantenido prácticamente invariable. Así lo establece un informe preparado una misión internacional que visitó el país a comienzos de este año, tras la serie de incidentes registrados a partir de 2004 en Temucuicui, en la Región de la Araucanía.
El documento, que ya se encuentra en manos de la Presidenta Michelle Bachelet, da cuenta de graves abusos contra las comunidades indígenas que reivindican terrenos ancestrales, entre los que se encuentran allanamientos irregulares, interrogatorios policiales a niños mapuches y desprotección policial, entre otras.
El informe fue preparado por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales (CELS) de Argentina, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis) de Bolivia, Ayuda Popular Noruega (APN) y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Chile.
Representantes de estas organizaciones visitaron en enero pasado Ercilla y la comunidad de Temucuicui, considerada esta última como una de las más afectadas por el actuar policial. Tras reunirse con altos jefes de Carabineros y dialogar con los miembros de las comunidades, llegaron a la conclusión de que todas las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la materia han sido desoídas por las autoridades chilenas.
«La misión constató múltiples situaciones que, a su juicio, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como concepciones racistas en las instituciones del estado claramente perceptibles en prácticas de maltrato verbal y físico y abuso en contra de los mapuches», señala el informe.
Entre éstas, se encuentran un uso excesivo de la fuerza pública en allanamientos; restricción al derecho a la libre circulación; interrogatorios a niños que no viven con sus familias; presencia permanente de efectivos policiales y personas de civil armadas no identificadas en las comunidades; y destrozo y apropiación indebida de bienes y documentación histórico-cultural para fundamentar sus derechos ancestrales.
También se advierte el uso de expresiones racistas; trato discriminatorio en los servicios públicos de salud; celo excesivo del Ministerio Publico y de la justicia militar cuando se investiga a mapuches; y hostigamiento a defensores de los derechos humanos de los indígenas a través de procedimientos investigativos no públicos y robo de información documental.
En ese plano, el informe insta al Estado chileno a entregar una información detallada sobre el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en 2003 por el relator especial de Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stevenhagen, así como las del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dadas a conocer este año, entre otras.
Pero, además, solicita a Bachelet a ordenar que «constituya una Comisión ad hoc que investigue, esclarezca y pueda formular recomendaciones para que cesen las violaciones a los derechos humanos aquí mencionados, se sancione a los culpables y se reparen los daños causados».
«Así te quería tener…»
El informe hace un recorrido histórico para demostrar la legitimidad de las reivindicaciones de territorios, luego de que en 1884 las tierras fueran entregadas, por medio de remates, a Juan Patterson como fundos Alaska y Temucuicui. En esa línea, recuerda que desde 1930 comenzaron a ser reclamadas por los comuneros mapuches, a través del antiguo Juzgado de Indios de Victoria y en el proceso de reforma agraria de las décadas de los ’60 y ’70.
Y si bien las comunidades lograron la restitución del fundo Alaska, «el itinerario de transferencia del predio a la comunidad estuvo marcado por diversos operativos policiales desde 1999 hasta el 2002 que violaron sistemáticamente los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad, sin distinción de género ni edad», señala.
Y pese a la devolución de las tierras, persistieron «los excesos policiales en contra de comuneros de Temucuicui, y el hostigamiento permanente de que fueron objeto por parte del Estado Chileno», motivados fundamentalmente por las denuncias presentadas por René Urban Pagnard, propietario del fundo Montenegro, colindante con la comunidad.
Urban asegura haber sido víctima de una serie de amenazas, robos y incendiarios por parte de mapuches, específicamente sus vecinos más próximos, la familia Huenchullán Cayul, razón por la que se encuentra con protección policial. Sin embargo, el informe establece que «estas denuncias han resultado invariablemente infundadas, lo que no ha impedido que los comuneros pasen largos periodos en prisión preventiva».
Al respecto, el informe pone como ejemplo la situación que afectó en septiembre de 2004 a Jorge Huenchullán Cayul y a Luis Cayul Queipul, quienes fueron acusados por el Ministerio Público de robo de animales en perjuicio de Urban. Tras permanecer tres y cuatro meses en prisión preventiva, respectivamente, en diciembre de ese año el fiscal dijo que no contaban con las pruebas suficientes y en octubre de 2005 cerró la investigación.
Uno de los hechos más graves se registró el 7 de enero de 2005, cuando seis jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron arrestados por carabineros sin una orden judicial ni menos una audiencia control de detención.
Según el relato de uno de los comuneros, fueron arrestados por efectivos de fuerzas especiales que resguardaban el predio de Urban y, posteriormente, trasladados a la tenencia de Carabineros de Ercilla, donde un efectivo les habría señalado: «Así los quería tener indios de mierda, arrodíllense delante mío, yo soy la autoridad y ustedes son indios hediondos».
Sólo fueron dejados en libertad cerca de las 4.00 horas del 8 de enero, sin que se les informara sobre las razones del procedimiento. Actualmente en los tribunales de la Araucanía existe una querella por estos hechos, sin que la investigación haya dado frutos.
El enfrentamiento de Ercilla
De acuerdo al informe, durante 2006 las situaciones de abusos policiales se registraron prácticamente todos los meses -15 de enero, abril, 24 julio, 25 de agosto, 27 y 28 de octubre, 10 de noviembre y 29 de noviembre-, fue el 7 de diciembre cuando se registró el incidente que provocó mayor conmoción pública.
Cuando una delegación de familias regresaba a la comunidad tras haber recibido pagos por los programas de generación de empleos, la comitiva fue interceptada por un convoy policial a la salida de Ercilla y cerca de 100 efectivos de fuerzas especiales. Según el informe, el motivo era una orden de detención dictada por el tribunal de garantía de Collipulli contra Oscar Catrillanca por el delito de lesiones menos graves y atentado contra la autoridad.
«Al momento de interceptar a la delegación mapuche, los policías intentaron abordar el bus, lo que fue resistido por los comuneros mapuches. El resultado: alrededor de 10 heridos a bala, entre ellos un niño de 7 años y una mujer embarazada, además de 7 detenidos que prontamente fueron formalizados por desórdenes públicos y maltrato de obra a carabineros, causa que fue traspasada a la justicia militar», recuerda el informe.
«A diferencia de otros procedimientos policiales en los cuales se denunciaba excesiva violencia, este operativo encabezado y coordinado por el Fiscal Miguel Ángel Velásquez fue realizado en las afueras e interior del pueblo de Ercilla, dejando en evidencia para el resto de los habitantes de la comuna lo desmedida de las acciones policiales en contra de comuneros mapuche», agrega.
Violación sistemática de derechos
Al respecto, las organizaciones consideran que las comunidades mapuches han sido víctimas de una «sistemática y grave violación de los derechos humanos», al estimar que el Estado chileno no ha respetado los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se deben aplicar sin ninguna distinción a todos los ciudadanos.
«Es precisamente esta condición la que no se está cumpliendo, pues la totalidad de derechos que en forma abstracta se reconocen a los ciudadanos del Estado chileno, resultan en entredicho si este ciudadano es mapuche, en especial si además es integrante de la comunidad mapuche de Temucuicui», señala el informe.
Asimismo, establece que tampoco existen las «condiciones mínimas» para que los miembros de esta comunidad puedan presentar un recurso efectivo ante la vulneración de sus derechos, toda vez que la justicia militar «jamás ha sancionado» los abusos policiales denunciados por los comuneros, mientras que en los tribunales civiles quedan a disposición del Ministerio Público, la misma entidad que ha sostenido las acusaciones de terrorismo en su contra.
«De las denuncias realizadas por comuneros mapuches de situaciones que pudieran encuadran en esta figura penal, jamás han derivado en sanciones a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad. La mayoría de las denuncias son traspasadas a la judicatura militar, declarándose incompetente el Ministerio Público para investigar de estos delitos», agrega el informe.
Según las organizaciones, las comunidades indígenas son víctima de una «permanente» persecución policial y judicial, lo que genera una «militarización de hecho de los territorios en que se encuentran las comunidades mapuches».
Aylwin: «Esto no puede seguir ocurriendo»
En conversación con El Mostrador.cl, José Aylwin, codirector del Observatorio de Pueblos Indígenas, considera «paradójico» que la autoridad no haya intervenido de una manera categórica y clara para poner término a esta situación, pese a las recomendaciones en ese sentido.
«El Gobierno está advertido de que este tipo de situaciones persisten. Ahora, lamentablemente las denuncias que hacen las propias comunidades, así como las del Observatorio y otros organismos de derechos humanos, no tienen resultados», se lamenta.
Al respecto, recuerda que puso en conocimiento del ministro del Interior, Belisario Velasco, una veintena de hechos de violencia policial registradas en 2006, sin que hasta ahora exista una respuesta de parte. Una situación similar respecto a dos casos verificados en 2007: el interrogatorio a menores de Ranquilco (Malleco) y el atropello del que fue víctima el comunero Jorge Huenchullán, de Temucuicui.
«Fue atropellado a alta velocidad con una clara intencionalidad de provocarle daño, lo que hace pensar que hay un homicidio frustrado, por el hijo de René Urban, el dueño de un predio que tiene custodia policial. Se desplazaba en vehículo con un policía uniformado que lo custodiaba… ¿A quién custodia el policía?», pregunta.
Según Aylwin, existe una «evidente discriminación racial», del que el Estado chileno se hace cómplice, por lo que esperan una respuesta del Gobierno frente a la serie de situaciones denunciadas. «De no obtenerse una protección a los derechos vulnerados, estudiaríamos acciones ante instancias internacionales, porque creemos que este tipo de hechos no pueden seguir registrándose en un estado democrático de derecho».