A 20 años del sangriento operativo conocido también como masacre de Corpus Christi, uno de sus protagonistas revive pasajes de la horrible venganza con que Pinochet respondió al atentado del Cajón del Maipo, mientras familiares de los caídos reclaman penas más altas para los asesinos. Han pasado dos décadas de la matanza de Corpus Christi, […]
A 20 años del sangriento operativo conocido también como masacre de Corpus Christi, uno de sus protagonistas revive pasajes de la horrible venganza con que Pinochet respondió al atentado del Cajón del Maipo, mientras familiares de los caídos reclaman penas más altas para los asesinos.
Han pasado dos décadas de la matanza de Corpus Christi, de la que salió herido en el hombro y la cabeza, y a Santiago Montenegro, de 44 años, no le resulta fácil retroceder. Ni a él ni a las familias de los 12 combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que entre el 15 y 16 de junio de 1987 fueron asesinados por la CNI, en una jornada de exterminio que marcó para siempre el otoño dictatorial.
Para este padre de dos hijos, sobrevivir a las 72 horas que duró el operativo que la CNI bautizó como Operación Albania obliga a reflexionar sobre las motivaciones de fondo que desataron la ira de Pinochet y sus esbirros.
«No podemos pedirle a la justicia que reivindique el accionar político de nuestros compañeros. Tal vez sean las nuevas generaciones las encargadas de reivindicarlos. Esto es una forma de hablar por ellos y aclarar que la Operación Albania fue desarrollada con un objetivo estratégico. Ellos sabían que esta gente era de tiro largo. En Varas Mena hubo enfrentamientos, una resistencia de jóvenes valerosos y empapados de una profunda convicción revolucionaria», afirma Santiago.
Montenegro fue uno de los combatientes que estaban en una casa de seguridad de San Miguel cuando los agentes, al mando del mayor Álvaro Corbalán Castilla, llegaron tras los pasos de Patricio Acosta, un oficial del FPMR que fue emboscado a tiros y rematado en el suelo a pocas cuadras del inmueble de fachada, la tarde del día 15. A unos cinco metros de distancia, el agente Francisco Zúñiga le descargó varios tiros y lo remató en el suelo. Luego lo «cargaron», poniéndole un arma en su mano y un pasamontañas.
Era la misma escena que otra unidad de la CNI había utilizado esa mañana en calle Alhué, en Las Condes, para «eliminar» a Recaredo Valenzuela. A la misma hora que otros agentes ingresaban a un departamento del pasaje Pericles, en la Villa Olímpica de Ñuñoa, para «reventar» a Julio Guerra. Una bomba lacrimógena anuló la resistencia del rodriguista y un agente le dio un tiro en la cabeza, lo arrastró hasta el descanso de la escalera y lo «cargó» también con un arma.
Esa noche, Montenegro y sus compañeros estaban al tanto de que las cosas no andaban bien. Ya había noticias de los tres asesinatos. Santiago afirma que lo sucedido en esa casa de seguridad respondió a una decisión colectiva y planificada. Los frentistas tomaron las precauciones y acordaron la retirada al día siguiente, aunque, conscientes del alto riesgo que corrían, durmieron vestidos.
En ese enfrentamiento -el único real de toda la operación-, los discípulos de Corbalán ultimaron a los frentistas Wilson Henríquez y Juan Waldemar Henríquez, que ofrecieron fiera resistencia durante el tiroteo. Gracias a ello, otros tres rodriguistas, Cecilia Valdés, Héctor Figueroa y el propio Montenegro, consiguieron salir de la sitiada vivienda, aunque fueron detenidos en los alrededores, en medio de golpizas e insultos.
«Se hizo lo que estaba planificado. No fue una huida loca, fue una retirada. El encargado de la seguridad permanente era Juan, pero esa noche la guardia quedó a cargo de Wilson. Lo que hicieron Juan y Wilson permitió que el resto saliera con vida. Hicieron lo que prometieron. Para eso no sólo hay que tener corazón y la sangre fría, hay que tener el coraje que ellos tuvieron», señala Montenegro.
El montaje se cumplió tal cual se había planificado en el cuartel central de la CNI, en calle Borgoño. Allí, otros siete militantes del FPMR fueron interrogados, torturados y luego trasladados, durante la madrugada del 16 de junio, a una casa abandonada de calle Pedro Donoso 582, en Recoleta. Allí, Corbalán y sus hombres los mataron a tiros, no sin antes simular un «enfrentamiento». Así lo presentaron los medios de la época. Así se haría creer por varios años.
MEMORIA Y ESPERANZA
Tras largos 11 años litigando en la justicia militar, esa «verdad dictatorial» se vino al suelo. «Los ministros Milton Juica y Hugo Dolmestch [que llevaron la causa] tuvieron cojones, mantuvieron mucho coraje y dictaron resoluciones sin que les temblara la mano. Pero hay una tarea pendiente con los familiares. Imagínate lo que fue trabajar desde ese mismo instante para revertir la verdad oficial de una dictadura. Los familiares de las víctimas jamás se equivocaron al calificar como homicidio estos hechos», señala el abogado Nelson Caucoto, quien representó a las familias durante estos 20 años
A 20 años de la masacre, los familiares no ocultan su disconformidad con las sentencias aplicadas contra los agentes que, en menos de 72 horas de ese junio gris, dispararon 87 tiros contra los rodriguistas, sin contar los que quedaron alojados en árboles y muros. Penas de cárcel que van de los tres a los quince años de presidio para los más de 20 victimarios, de los cuales sólo uno (Corbalán) está efectivamente tras las rejas, aunque cumple condena por el caso de Tucapel Jiménez.
En los próximos días, la Corte Suprema debe pronunciarse sobre las casaciones penales presentadas por la defensa, que buscan recalificar los delitos en base a los elementos probatorios recopilados durante el proceso: homicidios calificados y secuestro, en el caso de los rodriguistas ultimados en Pedro Donoso. «Todavía hay impunidad, las condenas son irrisorias. La justicia no puede decir que fue homicidio simple el asesinato de 12 jóvenes a los que se quiso borrar de la historia y del recuerdo de sus familias», sentencia Claudia Correa, viuda de una de las víctimas.
El fallo podría coincidir con la conmemoración de los 20 años de la masacre de Corpus Christi, cuyo acto central se realizará el día 14 en el Galpón Víctor Jara, además de actividades en Viña del Mar y en los lugares donde se perpetraron los asesinatos. «Será un ejercicio necesario para rescatar la memoria histórica. Ellos fueron jóvenes combatientes que asumieron una opción de lucha que hoy sigue vigente, independiente de lo que la justicia diga, en las distintas luchas de hoy», advierte Correa.